Laudos arbitrales

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Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

doctrina consultada para dar respuesta al problema jurídico ¿Cuál es el procedimiento para que un laudo arbitral proferido en el extranjero sea reconocido como una decisión arbitral expedida por un tribunal nacional? se indicó que la homologación de laudos arbitrales en Colombia es un proceso que está regulado por la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras y por la Ley 1563 de 2012 que expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional. Ahora bien, para el procedimiento de homologación se tiene preestablecido el cumplimiento de unos requisitos, los cuales son de obligatorio cumplimiento y cuyas normas son imperativas al ser consideradas de orden público por lo tanto las partes no pueden modificarlas. Entre los requisitos, se encuentra que la única autoridad autorizada para el estudio y declaración de efectos jurídicos de un laudo extranjero y/o internacional en Colombia es la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil.
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La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

El Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencia o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuere atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”. Disposición constitucional de la que se colige no procede contra los laudos arbitrales, pero sin embargo la Corte Constitucional, realizando una interpretación extensiva de la norma, ha aplicado sobre los mismos, lo que personalmente considero podría vulnerar el debido proceso, la seguridad jurídica, y el principio de legalidad, toda vez que universalmente es conocido que en Derecho Público, se puede realizar únicamente lo que éste permite, sin que en este campo sea aplicable la interpretación extensiva de la norma, en consecuencia resulta procedente la propuesta planteada por la maestrante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, previa a la obtención del grado académico de magister en Derecho Constitucional, quien de conformidad la investigación efectuada ha dado cumplimiento con los objetivos específicos, entre los que se cuentan: 1. La Fundamentación jurídica y doctrinaria del Derecho Constitucional, las garantías constitucionales, la acción extraordinaria de protección, los medios alternativos de solución de conflictos, y el arbitraje; 2. Determina a través de la investigación de campo la incidencia de la normativa constitucional relacionada con la aplicación de la acción extraordinaria de protección respecto de los laudos arbitrales; y, 3. Establece las bases para la elaboración del documento crítico jurídico sobre la acción extraordinaria de protección, y su aplicación en los laudos arbitrales.
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Ponencia los errores de motivacion en los laudos arbitrales RLP

Ponencia los errores de motivacion en los laudos arbitrales RLP

Agradezco entusiasta a la Asociación Zambrano y a la Cámara de Comercio del Cuzco por esta gentil invitación al II Congreso Internacional de Arbitraje en las Contrataciones Públicas. He visto conveniente estudiar y presentar algunas reflexiones sobre cómo los jueces de Lima están controlando el razonamiento de los árbitros, en especial cuando una de las partes alega que se ha violado el deber de motivación jurídica en un lado. La discusión es muy relevante porque un control intenso y extenso de parte de los jueces llevaría inevitablemente a que los laudos arbitrales pierdan eficacia, en la medida en que los debates se extenderían ante el sistema judicial, cuestión que, al asumir un convenio arbitral, se pretende evitar.
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Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el derecho internacional de inversiones

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el derecho internacional de inversiones

Ya se ha visto que los estados permiten el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en las cortes de cada uno de ellos, sin que el tribunal arbitral pueda tener los poderes de estas cortes. Por esto mismo, los estados inversionistas más importantes, que continuamente sometían sus controversias a arbitraje, buscaban seguridad y uniformidad en las decisiones sobre el reconocimiento y ejecución de sus laudos; por consiguiente, crearon tratados intencionales, como la Convención de Nueva York de 1958, y el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otras. Por la importancia de estas convenciones en el ámbito del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrajes, estas serán tratadas en los siguientes capítulos de este artículo.
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El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

Por otro lado, conocer si la referida modificación, es decir la protocolización que ahora se exigen de los laudos arbitrales en el registro de predios, ha contribuido a frenar los incidentes de falsificación que se han venido incrementado en la última década; ya que es palpable que gran número de personas, realizan estos trámites frecuentemente, lo que hace posible el aprovechamiento de los delincuentes que intentan apropiarse de lo que no les pertenece, es por ello se ha tomado la población y muestra, para darnos una mejor visión del problema, todo ello es materia de nuestro investigación, según Córdova Isaac (2013, p.40) quien sostiene: “Que la investigación se realiza con un propósito definido aquí se trata de establecer la justificación de la inversión del tiempo y de los recursos que comprometen al investigador para desarrollar la investigación”.
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EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, SUS LIMITACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA

EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES, SUS LIMITACIONES EN LA JUSTICIA ORDINARIA

El procedimiento arbitral es sencillo y ágil, por lo que permite a las partes rápidamente resolver sus conflictos; el laudo o sentencia arbitral, que pone fin al litigio y a la jurisdicción de los árbitros, tiene el mismo status que una sentencia judicial, puede ejecutarse como tal y tiene efecto de cosa juzgada. Sin embargo, en caso de incumplimiento, su ejecución no puede ser llevada a cabo por el árbitro o tribunal arbitral que lo emite, sino que la justicia ordinaria es la encargada de ejecutar lo juzgado por los árbitros, a través de un trámite especial y vía de apremio; y, es en este punto donde surge la problemática del presente trabajo, los límites de la ejecución de los laudos arbitrales en la justicia ordinaria.
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La eficacia de los métodos alternos de solución de conflictos en España y México: Perspectiva integral de los acuerdos de mediación y los laudos arbitrales

La eficacia de los métodos alternos de solución de conflictos en España y México: Perspectiva integral de los acuerdos de mediación y los laudos arbitrales

17. Muchos éxitos se han conseguido en el arbitraje internacional a partir de la aparición de la CNY58. La convención ha significado un factor decisivo para dar al arbitraje la anhelada eficacia terminal, pues fija reglas claras y sencillas para el reconocimiento de laudos arbitrales. En la actualidad ha sido ratificada por más de 140 países, además de ser el primer instrumentos que ha logrando establecer consonancia en el mundo del arbitraje internacional 243 . Los tratados multilaterales normalmente causan un efecto unificador del derecho internacional. Por ello los Estados normalmente son cautelosos en su ratificación, pues significa un sólido vínculo a un régimen estricto muchas veces difícil de asimilar. El tendón de Aquiles de esta clase de instrumentos radica en su rigidez, si bien atenuada por las reservas que los Estados puedan llegar a formular. Las convenciones son instrumentos firmes y sólidos que sirven para ordenar y redireccionar tendencias en el marco internacional, al establecer pilares básicos que soporten una institución jurídica en su aplicación cotidiana al tráfico jurídico internacional.
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Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

En la LAmed(2010) se deberá reformar el artículo 32, que trata sobre la ejecución de los laudos arbitrales ecuatorianos por la vía de apremio, que no es la correcta para estos procesos, ya que se ha demostrado que se demora mucho más tiempo y no existen la garantías necesarias para el imputado. De igual manera, otro artículo a reformarse sería el 41, que trata sobre el arbitraje internacional, señala: “sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales” (p.12), se debe incorporar los tratados internacionales en la ley. Uno de los más importantes a reformar sería el artículo 42, sobre la regulación del arbitraje internacional y del procedimiento, efectos, la forma y el fondo de los laudos arbitrales extranjeros dentro de la legislación ecuatoriana. Es preciso señalar que es una norma que no se acomoda a los tratados y convenciones internacionales sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, por tanto exhorto a que se modifique el último párrafo de éste artículo ya que se necesita un procedimiento diferente y exclusivo para los laudos arbitrales emitidos por tribunales extranjeros, ya que a éstos se les debe reconocer antes de ejecutar como se señala en los tratados y convenciones de arbitraje internacional y a la vez del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. De igual manera el que no solo quede en letras lo que señala el primer párrafo de éste artículo, sobre que “el arbitraje internacional quedará regulado por los tratados, convenciones, protocolos y demás actos del derecho internacional (…)” (p.12), y tenga congruencia con esta misma ley y con el código de procedimiento civil y demás normas legales pertinentes o supletorias a esta.
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Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

En este trabajo se pretende analizar si en la actualidad el ordenamiento jurídico en materia de arbitraje nacional vulnera uno de los principios importantes del derecho como es la autonomía de la voluntad cuando establece que un laudo arbitral puede ser anulado excepcionalmente por la autoridad judicial de acuerdo a unas causales taxativas dentro de la ley, cuando es anulado el laudo arbitral hay unos casos donde la autoridad judicial continuara con el proceso para finalizarlo a través de sentencia, pero porque si las partes decidieron que querían un proceso arbitral se anula el laudo y termina decidiendo la autoridad judicial, todo depende de que tan limitantes sean las causales por medio de las cuales se anulan los laudos arbitrales a favor de las partes y del ordenamiento jurídico.
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Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

El dilema aún existe en la realidad nacional, porque nos ha introducido en un estado de desconocimiento respecto a la calificación de laudos arbitrales, estando aun con la condición (el registrador) de no poder calificar la validez ni eficacia objetiva o subjetiva del laudo o actos procedimentales realizados por los árbitros o tribunal arbitral. (Lohmann, 2007). De igual modo la norma, jurisprudencia o doctrina, hasta hace poco, no establecía respecto al laudo, qué es calificable por el registro, con lo cual, dejaba a la primera instancia (entiéndase como primera instancia al Registrador Público y como segunda instancia al Tribunal Registral) amarrada respecto a la prohibición de calificación del laudo, contraviniendo el propio mandato legal establecido en el primer párrafo del artículo 2011 del Código Civil al cual está obligada por disposición legal. (Ayarza, 2014).
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Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

Este trabajo se desarrolló mediante al análisis de leyes, jurisprudencias y casos sobre los cuales se trataron casos específicos de revisión de laudos arbitrales. El desarrollo de la figura arbitral, ha permitido que los particulares cuenten con una vía diferente a la ordinaria, con el fin de re manera legal, ágil y vinculante. Jurisprudencialmente, se ha presentado una importante estructuración de esta figura, dando alcance a los posibles factores de interpretación legal, en especial sobre los factores de revisión judicial de los arbitramentos. Así las cosas lo que se busca con trabajo es analizar cuál sería la situación de esta figura en el caso en el cual se establezca una revisión judicial como segunda instancia. This work was developed through the analysis of legislation, case law and cases in which specific cases were discussed review of arbitral awards.Th development of arbitration figure, has allowed individuals have a way different from ordinary to resolve a legal, fast and binding. Jurisprudence, there has been a major restructuring of this figure, overtaking the possible factors of legal interpretation, especially on the factors of judicial revi arbitration. This being the case what is sought in this work is to analyze what the situation of this figure in the case in which judicial review is established as the second instance
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La Nueva Forma de Convenio Arbitral en el Texto de la Ley de Expropiación: A Partir de la Revisión Judicial de los Laudos Arbitrales Emitidos Sobre la Expropiación del Proyecto de Gran Envergadura de los Terrenos Aledaños a la Construcción del Puente Chil

La Nueva Forma de Convenio Arbitral en el Texto de la Ley de Expropiación: A Partir de la Revisión Judicial de los Laudos Arbitrales Emitidos Sobre la Expropiación del Proyecto de Gran Envergadura de los Terrenos Aledaños a la Construcción del Puente Chilina 2012 2015

No obstante, cabe también aclarar que la teoría jurisdiccional en el arbitraje admite un control que la jurisdicción ordinaria pueda realizar, pero solamente por cuestiones formales, como se apuntó en párrafos precedentes. La teoría admite que se pueda revisar, pero el estándar de revisión no es igual al de la sentencia judicial, por el contrario, se parte de actos procesales completamente distintos por su propia naturaleza. En tal sentido no objetamos la idea que el laudo arbitral este al margen de la legalidad por ser una institución fundada en el acuerdo de las partes. Pero si debemos aclarar que tiene un nivel de revisión diferente. Es cierto, que universalmente, es aceptada la teoría de revisión de los laudos arbitrales, pero también lo el estándar de revisión internacional es sobre la forma, pero nunca sobre el fondo del asunto discutido, por ello sería desnaturaliza la institución que nos alberga a los operadores del arbitraje.
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La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. Como el concepto de "orden público" no se encuentra definido en la Constitución ni en el Código de Comercio, ello deja claro que es preciso determinar su significado en cada caso concreto pues no basta con asimilarlo a las normas imperativas, sino que es necesario proteger nuestra cultura jurídica mexicana de intromisiones que la desvirtúen. Esto es así, dado que una interpretación conjunta de la fracción II del artículo 1457, con la fracción II del artículo 1462 del Código de Comercio, incluso con el precepto V, inciso 2, de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, lleva a la conclusión de que son dos las hipótesis que pueden ocasionar que el juzgador de oficio declarare que un laudo arbitral es nulo o que no lo reconozca como una resolución acorde al sistema jurídico mexicano y por ende deniegue su ejecución, y es cuando: a) Según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no sea susceptible de solución por vía del arbitraje; o, b) Cuando el laudo sea contrario al "orden público" mexicano. Así las cosas, la referencia a la legislación mexicana es para guiar al juzgador quien debe velar que el objeto de la controversia pueda ser objeto de arbitraje, es decir, que no exista alguna disposición legal mexicana que lo impida; mientras que por otra parte, el concepto de "orden público" es más amplio, pues no basta con afirmar que en un laudo arbitral se está dejando de aplicar una disposición legal que se autodefine como de "orden público" para que se tenga necesariamente que concluir que se transgrede el mismo, sino que es necesario un estudio más profundo, caso por caso, que permita concluir que con su reconocimiento y ejecución es evidente que sí se transgrede nuestro orden jurídico. En conclusión, se reitera deberá ser el juzgador quien en cada caso concreto determine si se transgrede o no el "orden público".
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Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

Historia y evolución del recurso de anulación contra laudos arbitrales en Colombia

El artículo 40 de ley 1563 de 2012, establece la procedencia del recurso de anulación contra laudos arbitrales. Este es un recurso de naturaleza extraordinaria, cuya finalidad será la verificación y corrección de errores in procedendo (por violación de leyes procesales) pero no por errores in iudicando (por violación de leyes sustanciales) 15 , el cual deberá ser presentado por el apoderado de parte que considere que se ha configurado alguna de las causales que veremos a continuación, otorgándole un plazo de 30 días contados a partir de la notificación del laudo, o de la providencia que resuelva sobre la aclaración, corrección o adición del mismo, si hubiese sido solicitada alguna de estas actuaciones. Por su lado, la parte pasiva de este recurso contará con un término de 15 días, período dentro del cual se dará traslado del recurso extraordinario para su pronunciamiento sobre el mismo.
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La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

En el presente artículo se reflexiona en torno a la atribución de competencias al Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación en contra de laudos arbitrales por la causal primera del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, específicamente, frente a la anulabilidad de la providencia por inexistencia de pacto arbitral. El mismo se divide en dos acápites; en el primero se indaga por la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria a fin de determinar si se trata de una norma de derecho sustancial o de derecho procesal; ello por cuanto los defectos que puede analizar el Consejo de Estado en sede de anulación, por disposición expresa del legislador, deben ser procedimentales y no sustanciales, posteriormente, se reflexiona desde el punto de vista teórico la imposibilidad de que una autoridad no competente decida sobre los fundamentos que sirvieron de soporte para que un operador jurídico asumiera conocimiento de un caso. La cláusula compromisoria, se concluye, no es susceptible de entenderse como una norma procedimental pues al otorgar competencia a un determinado operador jurídico se convierte en una garantía del debido proceso, específicamente, la del juez natural.
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La ejecución de laudos arbitrales anulados

La ejecución de laudos arbitrales anulados

Por otro lado, los tribunales franceses 260 en sus diferentes sentencias fueron profundizando un criterio basado en la doctrina deslocalizada según el cual, si un laudo es internacional entonces no está integrado en el orden jurídico del Estado donde se dictó si no que es una decisión de justicia internacional que emana de una jurisdicción autónoma. En efecto, el laudo internacional no tiene foro y mantiene su vida internacional a pesar de su nulidad. En mi opinión, las afirmaciones hechas por los tribunales francesas, especialmente por la Corte de Casación en el caso Putrabali, son difíciles de fundamentar en la práctica. No queda claro cuál es el sistema legal internacional autónomo al que se refiere la Corte o de dónde surge que el laudo se funda exclusivamente en derecho internacional. Además, si se atiende a la Convención de Nueva York, los laudos sí pueden distinguirse en nacionales y extranjeros; la Convención sí permite rechazar un laudo por haber sido anulado; y la Convención hace mención a derechos nacionales en su texto, como por ejemplo en el artículo V.1.a., V.1.d. y V.1.d. La doctrina totalmente deslocalizada que sostienen los jueces franceses es difícil de fundamentar y pareciera más lógico seguir vertientes más moderadas.
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La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

La calidad de ser árbitro de parte, o bien presidente, no es óbice para que todos ellos estén alcanzados por la obligación de conducirse en forma imparcial y neutral. Es decir, los árbitros como tales deben actuar con imparcialidad e independencia, tal como se les exige a los funcionarios judiciales. Además, internacionalmente se han dictado diversos instrumentos que ayudaron a reglamentar ciertos patrones de conducta esperados por parte de los árbitros. Si bien éstos no tienen carácter vinculante a nivel internacional, son tenidas en cuenta por la mayoría de las instituciones arbitrales encargadas de la coordinación de éstos procesos y por los países en cuyas cortes se busca la ejecución de laudos arbitrales. Podemos nombrar así el Código de Ética de la American Arbitration Association (AAA) y las Directrices de la International Bar Association (IBA), donde se enumeran patrones de conducta esperados en los árbitros, así como situaciones particulares relativas a (i) conflicto de intereses con las partes, (ii) obligación de informar sobre determinadas situaciones preexistentes –Duty of Disclosure-; (iii) relaciones entre las partes y los árbitros y los árbitros entre sí.
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La anulación de laudos por arbitrariedad: la desvirtuación del arbitraje comercial

La anulación de laudos por arbitrariedad: la desvirtuación del arbitraje comercial

Es oportuno señalar que este trabajo se desenvuelve únicamente en el marco de la LA, esto es, en sede de anulación de laudos arbitrales españoles ante tribunales españoles. En cualquier caso, es de notoria importancia subrayar que, al igual que el artículo 41.1.f) de la LA, el artículo V.2.b) de la Convención de Nueva York permite la oposición al reconocimiento y ejecución de un laudo por razones de orden público. Si bien se trata de cuerpos normativos aplicables en supuestos distintos, la jurisprudencia y conclusiones relativas a la LA en materia de anulación pueden ayudar a esclarecer casos relativos al exequátur en los que una de las partes ejercite la acción de anulación por vulneración del orden público por arbitrariedad, pues la Convención se refiere al orden público del lugar en el que se pretende ejecutar el laudo (‘public policy of that country’).
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Eficacia de sentencia de quiebra extranjera : la desarmonía de Brasil frente a mayoría de los países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Eficacia de sentencia de quiebra extranjera : la desarmonía de Brasil frente a mayoría de los países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Uruguay (las dos ciudades son separadas apenas por una avenida), o cual ocasionó la decisión proferida por el Ministro Celso de Mello, en el juzgamiento de la Reclamación RCL-717/RS, publicada en el DJ de 04/02/98, en cuyo relatorio consta o siguiente: “(...) hoy, en el Brasil, se aplica, al reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera emanada de cualquier de los Estados integrantes del MERCOSUL, subscritores del Protocolo de Las Leñas, la disciplina ritual pertinente a las cartas rogatorias, razón por la cual hay que tener presente, en el tema, la norma inscrita en el Artículo 19 de esa Convención Internacional, que así dispone: "la solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencias y de laudos arbitrales por parte de las autoridades juridiciales, será procesado por vía de cartas rogatorias y por intermedio de la Autoridad Central."(grifei) Se impone advertir, que, aunque simplificada a su disciplina ritual, el reconocimiento de sentencias extranjeras oriundas de países del MERCOSUL, para viabilizarse, instrumentalmente, mediante simples carta rogatoria, deberá, necesariamente, observar y satisfacer las exigencias formales impostas por el Protocolo de Las Leñas, notablemente aquellos requisitos fijados en sus Artículos 20 y 21. Más que eso, la propia concesión de exequatur - incluso con fundamento en el Protocolo de Las Leñas - no dispensa y ni aleja la necesaria intervención del Presidente del Supremo Tribunal Federal, con exclusión, por efecto de expresa regla constitucional de competencia, de cualquier otro magistrado brasileiro. (...)”
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Arbitraje en derecho, el recurso de apelación y la seguridad jurídica

Arbitraje en derecho, el recurso de apelación y la seguridad jurídica

La Constitución en el artículo 76 numeral 7 literal m), determina el derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, por consiguiente los laudos arbitrales deben ser susceptibles del recurso de apelación por mandato constitucional, sin embargo en la práctica los Tribunales de Arbitraje no conceden el recurso de apelación sobre los laudos teniendo como fundamento la disposición legal antes transcrita, vulnerándose el derecho a recurrir y la seguridad jurídica, esta última que se encuentra determinada en el Art. 82 de la Constitución, y que expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 3
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