Legislación procesal civil

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La prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en los juicios de ínfima cuantía y la reconvención en la legislación procesal civil Ecuatoriana

La prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en los juicios de ínfima cuantía y la reconvención en la legislación procesal civil Ecuatoriana

Por cuanto así se colige de los resultados de las preguntas 6, 9 y 10 de la encuesta realizada y contestadas de forma afirmativa unánime por los señores jueces y en los siguientes porcentajes por los abogados en libre ejercicio: 91.3%, 89.13% y 82.6% respectivamente, quienes ostentan el rol de actores diarios e importantes en la administración de justicia, por lo que, de un universo de 50 encuestados, 45 aproximadamente responden a la necesidad de contar con una reforma clara y precisa del Art. 407 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establezca el procedimiento para la reconvención en los procesos de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de ínfima cuantía, lo que se verifica al analizar las pregunta 9 que con un 90% están de acuerdo tanto jueces y abogados en libre ejercicio que se reforme el Art. 407 del Código de Procedimiento Civil por cuanto al prever el trámite y términos para reconvenir se garantizaría el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, esta respuesta está en estrecha relación con la pregunta 6 que con un porcentaje del 91.3%, en el estrato abogados en libre ejercicio (total 46) y del 100% en el estrato de jueces (total 4), se confirma que con el establecimiento en la legislación civil ecuatoriana del término para reconvenir en los juicios de ínfima cuantía, se garantizaría el derecho a la legítima defensa, y también con la pregunta número diez que con la aceptación de 42 encuestados que significan el 84% insisten, que; la reconvención en los trámites de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de ínfima cuantía, permite la igualdad de las partes para precautelar sus derechos durante el litigio razón por lo cual, al haber los encuestados contestado favorablemente a la necesidad de una reforma a la indicada disposición legal y las garantías que ello conlleva, se verifica de manera concluyente la Idea a Defender.

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Proceso monitorio como expresión de tutela jurisdiccional efectiva en las obligaciones de dar en la legislación procesal civil peruana

Proceso monitorio como expresión de tutela jurisdiccional efectiva en las obligaciones de dar en la legislación procesal civil peruana

- Mejora en la administración de justicia y disminución de la carga procesal. Esto debido a que, si se pretende realizar una modificación a los diversos dispositivos legales, es necesario que estas estén acorde a la realidad en la cual se pretende incorporar. Siendo así, y viendo la realidad en la administración de justicio se encuentran varios defectos. Tales como la excesiva carga procesal razón por la cual no se logra emitir las diversas resoluciones dentro del plazo establecido en los diversos códigos. Lo que genera una desconfianza en la población. Conforme a ello sería factible la incorporación del monitorio dentro de la legislación civil peruana. Debido a que en los diversos países se puede percibir los beneficios que trajo el monitorio, siendo así y conforme lo establece Balbuena que, en Italia, Francia, Alemania, Austria y Suecia, existen más procesos monitorios que otros procesos, logrando así aminorar la carga procesal, de igual manera Perella da a conocer que en caso de las obligaciones de dar suma de dinero casi un 44.6% termina en el pago de la deuda o ejecución de la misma. Cumpliendo así, su finalidad la cual es solucionar la controversia en el menor tiempo posible.

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Recurso de reposición de la sentencia y su tratamiento jurídico en la legislación procesal civil nicaragüense de 1912 a 1965

Recurso de reposición de la sentencia y su tratamiento jurídico en la legislación procesal civil nicaragüense de 1912 a 1965

Alfredo fue notificado el quince de Julio, habiéndose llevado ese mismo día los autos para contestar agravios, cumpliéndose los seis días del traslado para dicha contestación el veintiuno de Julio y que por lo tanto el término para declarar la caducidad no empezó a correr para él sino a las doce de la noche en que concluyó ese día ya que según su criterio ese es el intervalo entero que corre de media noche a media noche y porque los plazos de días no se cuentan de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su fecha por lo que el día civil veintidós de Julio, comenzando a las doce de la noche del veintidós al veintitrés y concluyendo a las doce de la noche del veintitrés al veinticuatro, corresponde la día natural veintitrés, quedando por lo tanto como dies a quo el día natural veintidós. La respuesta de la Corte Suprema de Justicia es que el artículo XXVI C., sólo se puede aplicar en los casos en que el principio de un término ocurra durante el curso de un día y no como en el presente caso en que éste comienza en el instante mismo que lo separa del día anterior.

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La falta de demanda a todos quienes conforman el litis contestatio necesario frente a la nulidad procesal y la sentencia inhibitoria en la legislación procesal civil Ecuatoriana

La falta de demanda a todos quienes conforman el litis contestatio necesario frente a la nulidad procesal y la sentencia inhibitoria en la legislación procesal civil Ecuatoriana

consiste en poder obligarse por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra: artículo 1448 inciso final del Código Civil). 2) La que afirma ser representante legal y no lo es (‘Son representantes legales de una persona, el padre o la madre bajo cuya patria potestad vive; su tutor o curador; y lo son de las personas jurídicas, los designados en el artículo 589: artículo 28 del Código Civil). 3) La que dice ser procuradora y no tiene poder (‘Son procuradores judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer ajuicio: artículo 41 del COGEP). 4) La procuradora cuyo poder es insuficiente. 5) La que gestiona a nombre de otro y ésta no aprueba lo hecho por aquella, pues se puede comparecer a juicio a nombre de otra sin poder, pero con oferta de ratificación (gestión de negocios) quien comparece lo hace a nombre de una persona incapaz, o en la falta o insuficiencia de poder de la persona que se muestra en juicio como procuradora judicial. La personería jurídica constituye una solemnidad sustancial común a todos los “procesos” prevista en el artículo 107.3 del COGEP; su omisión ocasiona la nulidad procesal, siempre que concurran por lo menos los principios de especificidad, de trascendencia y de no convalidación, a los que, en ocasiones pueden sumarse los principios de protección y de conservación, a costa del Juez acorde al artículo 287 del COGEP.

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La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso = Fairness of the expert opinion as an element of due process

La imparcialidad del dictamen pericial como elemento del debido proceso = Fairness of the expert opinion as an element of due process

En la actualidad, la forma como nuestra legislación procesal civil protege la imparciali- dad de la prueba pericial, es haciendo aplicable al perito las normas sobre inhabilidades de los testigos. Así, señala el artículo 417 del Código de Procedimiento Civil que “el perito que acepte el cargo, deberá declararlo así, jurando desempeñarlo con fidelidad”, mientras que el artículo 413 del citado cuerpo legal, dispone expresamente en su numeral 1°, que no podrán ser peritos aquellos que sean inhábiles para declarar como testigos en el juicio.

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El desalojo express como mecanísmo para que el arrendador recupere de forma inmediata el bien en la legislación Civil Peruana

El desalojo express como mecanísmo para que el arrendador recupere de forma inmediata el bien en la legislación Civil Peruana

contiene el admisorio de la demanda es notificada por un auxiliar jurisdiccional y este al advertir que existe otra persona ocupando el predio materia de litis tiene la obligación de instruirlo del proceso iniciado, además informarle los efectos de la sentencia respecto a èl. Entonces difícilmente estaremos ante un caso de un tercero al que se le vulneró sus derechos. Por ello en los procesos actuales de desalojo se ordenan los lanzamientos a todos los ocupantes, sean estos demandados o no y esto porque si en la notificación del admisorio el auxiliar no advirtió que existían un ocupante distinto del demandado podría ser que este nuevo ocupante haya ocupado la propiedad después de iniciado el proceso. Resultando incluso una práctica común la transferencia de posesión en nuestro medio, si esto es así y si no fuera posible el lanzamiento contra todo ocupante, entonces se tendría que iniciar tantos procesos de desalojo cuanto ocupante nuevo se encuentre. Resultando absolutamente imposible la recuperación de la posesión por el arrendador. Por lo que concluimos sobre este punto que en un proceso ejecutivo, donde se respete un debido proceso (notificación al tercero ocupante que no es demandado) no se transgrede el derecho de posesión del tercero que no fue parte de la relación obligatoria (contrato de arrendamiento). Más aun considerando que tiene el derecho expedito en el artículo 605 del Código Procesal civil, los interdictos.

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Eficacia de la terminación anticipada en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín   2015

Eficacia de la terminación anticipada en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín 2015

El trabajo de investigación realizado nos permite tener una visión clara del proceso especial de terminación anticipada y su aplicación en los procesos penales en el Distrito Judicial de Junín, ya que como sabemos la finalidad la Terminación Anticipada es reducir los tiempos del proceso respecto a lo que ocurre en el procedimiento ordinario. El criterio de economía procesal que inspira este proceso, tiene como presupuesto el acuerdo entre el imputado y el Fiscal sobre el proceso y la pena, obligando al Juez a fundar su convencimiento sobre la verdad de los hechos en base a las investigaciones prejurisdiccionales o actos sumariales, sin dejar de formar las pruebas en el contradictorio de las partes propias del juicio oral; y, como efecto evitar la celebración del juicio oral y una exclusiva función premial al conceder una rebaja de pena si la causa culmina por esta vía.

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El procedimiento monitorio civil en la Reforma Procesal Civil: ¿puro o documental?

El procedimiento monitorio civil en la Reforma Procesal Civil: ¿puro o documental?

Sin embargo, existen algunos elementos que nos hacen cuestionar esa diá- fana declaración de puridad del monitorio. En primer lugar, por algo que po- dríamos denominar coherencia procesal. Efectivamente, entre nosotros ha sido habitual presentar escritos de discusión sin otros requisitos que los formales y sin la necesidad de acompañar documentos. Esta situación nos ha llevado al absurdo nunca estar completamente seguros del material probatorio del que dispone la parte contraria. Así, bajos fórmulas como la de «como en la oportunidad procesal pertinente se acreditará», vivimos situaciones en las que ni los litigantes, ni el juez conocen a cabalidad todos los hechos del proceso y, de ninguna forma, se puede obtener una solución temprana del conflicto. Como esta circunstancia, no se concedía con un Derecho procesal moderno, ni mucho menos con el principio de la colaboración con el proceso, ni la buena fe, el legislador siguiendo lo realizado en otras reformas ha incorporado la obligación de acompañar documentos.

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El abandono procesal y su relación con las pretensiones imprescriptibles en el código procesal civil peruano

El abandono procesal y su relación con las pretensiones imprescriptibles en el código procesal civil peruano

Entre las posturas a favor tenemos, en general a las teorías mixtas surgen de algunos autores que admitieron más de un fundamento para explicar la razón de ser de la caducidad de la instancia o abandono, entre ellas tenemos a Sacarino Viterbo, Poderte, Maurino y Loutayf Ranea y Ovejero López. Estos autores mezclan determinados elementos de las corrientes doctrinarias tratadas, como los referidos a la presunción del abandono del proceso que hacen los litigantes, a la inactividad procesal y al interés público por el que se quiere evitar la prolongación indefinida de los procesos. Actualmente, es casi unánime la aceptación de las teorías mixtas y, en los sistemas que ordenen la declaración de oficio.

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La Regulación Normativa de la Pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en el Código Procesal Civil Peruano de 1993

La Regulación Normativa de la Pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en el Código Procesal Civil Peruano de 1993

Otra semejanza entre estos ordenamientos jurídicos la encontramos en el artículo 619 del CPC costarricense, que consagra el “recurso de revisión”, este recurso sólo procede contra sentencias firmes, por una serie de causales taxativas, las cuales son: i) si la parte no pudo recusar al juez o presentar un medio probatorio por causa de fuerza mayor, ii) que la sentencia hubiera recaído sobre pruebas falsas (comprobado judicialmente) o aparezcan medios de prueba que se desconocían en su oportunidad, iii) si la sentencia se hubiera dictado en virtud de declaraciones testimoniales, y los testigos hubieras sido condenados por falsedad de testimonio, iv) si la sentencia hubiera sido dictado con base a peritajes y los peritos correspondientes hubieran sido condenados por falsedad, v) si la sentencia se hubiera dictado por alguna maquinación fraudulenta, cohecho, o violencia, vi ) en los procesos que carezcan de recurso de casación siempre que haya vicios en el emplazamiento, vii) indebida representación, viii) contradicción de la sentencia con una anterior, en cuyo caso debe demostrarse que el interesado estuvo impedido de plantear la excepción correspondiente o ix) si en procesos seguidos con un curador procesal, el recurrente justifica haber estado ausente del país desde el principio, de manera que no hubiere podido presentarse en tiempo hábil para rendir prueba.

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Llamamiento del demandado al proceso y su rebeldía

Llamamiento del demandado al proceso y su rebeldía

infracción de normas sobre actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley o le hubiere provocado indefensión, pudiendo ampararse en los motivos previstos para que un acto se declare nulo de pleno derecho como es que “se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre, que por esa causa, haya podido producirse indefensión” (arts. 469.1.4º y 225. 3 LEC y 238.3 LOPJ). Sin embargo en la práctica, se han ido incorporando otros supuestos en los que puede establecerse una sanción de nulidad en caso de concurrir una infracción procesal, entre estos supuestos procede en caso del declarado en rebeldía “la infracción del deber de presencia judicial en la práctica de los medios de prueba, así como en las vistas y comparecencias que tengan por objeto la audiencia de las partes antes de dictar una resolución” 89 . Un ejemplo de esta situación sucede cuando la parte demandada se tiene por no comparecida en el momento de la audiencia previa en un juicio ordinario. El problema se plantea cuando el demandado si asiste junto con su Abogado pero sin la presencia de su Procurador, entrando en conflicto esta situación con los arts. 414 y 469.1. 3º y 4º LEC. Ante esta situación el Juzgado de Primera Instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid consideraron a la parte demandada como no comparecida, amparándose en el art. 23 LEC donde se regula la asistencia preceptiva de las partes con letrado y procurador. Una vez presentado el recurso por infracción procesal el Tribunal Supremo, en concreto, su Sala de lo Civil entiende que si el demandado (declarado en rebeldía) se personó personalmente, será facultativa la asistencia de procurador y que los Tribunales competentes de conocer del asunto en instancias anteriores han incurrido en infracción de la norma procesal, ya que la parte demandada además de comparecer denunció dicha situación en los momentos procesales pertinentes, de manera que se había causado indefensión al impedirle practicar los medios de prueba que había propuesto y admitido, actuando dichos Tribunales en contra de las garantías procesales como del art. 24.2 C.E 90 .

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Iniciativa probatoria del juez en el proceso civil colombiano para el cumplimiento del derecho sustancial

Iniciativa probatoria del juez en el proceso civil colombiano para el cumplimiento del derecho sustancial

Dentro de los primeros pronunciamientos que realizó la Corte Suprema de Justicia sobre la iniciativa probatoria del juez en el proceso civil para asegurar el cumplimiento del derecho sustancial, se destaca aquel en el que con ocasión de la impugnación de una sentencia que había declarado la inexistencia de una escritura pública por carecer de la firma del notario, no se habían decretado pruebas de oficio para tener por firmado el referido documento, a pesar de que durante el trámite se había obtenido autorización de la Superintendencia de Notariado y Registro para tal efecto; allí, se puntualizó que, cuando en la providencia se había omitido valorar la copia auténtica de la escritura pública firmada por el notario actual, se había configurado un error de derecho por omisión del decreto oficioso de pruebas (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia, Exp. 4293, 1994).

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Luces y sombras de la propuesta de modificación del art. 96 CC prevista en el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.

Luces y sombras de la propuesta de modificación del art. 96 CC prevista en el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.

Que la prestación alimenticia y de habitación a favor del hijo mayor aparezca desvinculada del derecho a usar la vivienda familiar mientras sea menor de edad, se traduce en que, una vez alcanzada la mayoría de edad, la subsistencia de la necesidad de habitación del hijo no resulte factor determinante para adjudicarle el uso de aquella, puesto que dicha necesidad del mayor de edad habrá de ser satisfecha a la luz de los artículos 142 y siguientes del CC, en el entendimiento de que la decisión del hijo mayor sobre con cuál de los padres quiere convivir, no puede considerarse como si el hijo mayor de edad ostentase algún derecho de uso sobre la vivienda familiar, de manera que dicha elección conllevara la exclusión del otro progenitor del derecho a la utilización de la vivienda que le pudiera corresponder. En definitiva, ningún alimentista mayor de edad, cuyo derecho se regule conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, tiene derecho a obtener parte de los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que no haya elegido convivir. En dicha tesitura, la atribución del uso de la vivienda familiar ha de hacerse al margen de lo dicho sobre los alimentos que reciba el hijo o los hijos mayores, y por tanto, única y exclusivamente a tenor, no del párrafo 1º sino del párrafo 3º del artículo 96 CC, según el cual ‘no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponde al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección»” 23 .

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La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad civil del notario en la legislación ecuatoriana

Para el Abogado Freddy Jaramillo: “La responsabilidad civil establece una sanción para el que la comete que a diferencia de la responsabilidad penal no va contra la persona sino que va dirigida contra su patrimonio, la sanción por ende va a consistir en el pago de una suma de dinero que repare, ya sea materialmente o moralmente, el daño sufrido por el ofendido, dicha suma tomará en cuenta el lucro cesante y daño emergente señalado por el juez competente considerado la prueba presentada por el actor. Tal acotación es posible vincularla con el resarcimiento que el Notario debe realizar a la víctima por la responsabilidad civil de su acto, quien deberá de su patrimonio restituir económicamente el perjuicio sufrido por el ofendido. No obstante de los otros tipos de responsabilidad en los que puede incurrir por el acto. La valoración de la sanción, será dada en la medida de que el perjuicio causado, obteniendo de ésta manera la indemnización correspondiente 101 ”.

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APROXIMACIONES A LOS PRINCIPIOS DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL

APROXIMACIONES A LOS PRINCIPIOS DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL

Pero sin duda, en este nuevo modelo de escritura propuesto en el Proyecto de Código Procesal Civil encontramos una ventaja extra. En sede de contestación de la demanda, el artículo 249 del Proyecto regresa (contra la más arraigada tradición) al modelo del “quien calla otorga”. Sabemos que en derecho hoy, quien calla no dice nada. Sin embargo, el Proyecto prescribe que el silencio, la ambigüedad o las respuestas evasivas podrán entenderse como admisión de hechos o autenticidad de documentos. Y, solo excepcionalmente, el juez podrá considerar no aplicar esta nor- ma. De modo, que se está incentivando –por decirlo muy correctamente– a que el demandado sea activo, conteste, lo haga meditadamente y, por lo tanto, se requiere de un escrito que nos ayude a determinar los alcances del objeto litigioso.

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Tratamiento del contrato administrativo de servicios en el Perú como acto jurídico

Tratamiento del contrato administrativo de servicios en el Perú como acto jurídico

Las jurisconsultas Keysi Kalondy Becerra Atauconcha en el texto “El contrato administrativo de servicios y la jurisprudencia de la justicia ordinaria post sentencia stc n°00002-2010-/pi-TC” señalan el Tribunal Constitucional, en vía de interpretación, nos da más luces de lo que se debe entender por el Decreto Legislativo 1057, mediante sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad N.º 00002-2010-PI/TC, en cuyo fundamento 12, define al CAS, inicialmente con la misma temática que el Decreto Legislativo 1057, excluyéndola de otras formas de contratación, al señalar que la contratación administrativa se aparta del régimen general de contratación contenido en la legislación civil, concluyendo que es un régimen especial, el mismo que tiene una peculiaridad, es que se encuentra vinculado a la particular posición que tiene

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La celebración del matrimonio civil en el Ecuador y la desconcentración ante la funcion notarial

La celebración del matrimonio civil en el Ecuador y la desconcentración ante la funcion notarial

Tanto la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente como La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, entre otras; consagran con gran amplitud el principio de inmediación, en esa estructura hoy consolidada como la más adecuada, que es el proceso "por audiencias". En efecto, las referidas leyes adjetivas regulan un sistema procesal en el que, luego de la demanda, las partes y el juez se reúnen. En audiencia, frente a frente, los litigantes y sus abogados, con la presencia e intervención activa del juez como director, se trata de llegar prioritariamente a una conciliación total o parcial y, en su defecto, se realiza el debate y se fijan los puntos en disputa de manera clara y concreta. Se hacen efectivos así los principios procesales fundamentales y, especialmente, se garantiza la inmediación. Se trata de un proceso que realizan efectivamente y en su conjunto, sus tres principales sujetos (las partes y el juez), juntos con los auxiliares y sujetos complementarios, obteniendo así un efectivo acercamiento a la realidad concreta que forma el objeto sustantivo del proceso, concentrándose sus actuaciones.

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Apunte de Derecho Procesal Civil  Salvadoreño

Apunte de Derecho Procesal Civil Salvadoreño

Padilla y Velasco nació el 10 de septiembre de 1907, y el 6 de septiembre de 1935 presentó ante la consideración de las autori- dades de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales -Salón de Actos Académicos-, como su trabajo de grado, la mencionada obra, habiendo merecido Medalla de Oro y Diploma de Honor por su erudito contenido. Dos años y medio dilató en estructurar su tesis con la cual destacó su privilegiada inteligencia y su cultura jurídica sobre el Derecho Procesal Civil. Había obtenido excelentes FDOLÀFDFLRQHVHQVXVWUHVH[iPHQHVSULYDGRV\SDUDHVFULELU dicha tesis, se trasladó exclusivamente a su natal Ahuachapán. $OOtSXGRFRQWDUFRQHOWLHPSRVXÀFLHQWHFRPRSDUDDQDOL]DUFRQ detenimiento y verdadera devoción, la jurisprudencia existente de la época; las leyes derogadas; los informes y los trabajos de los jurisconsultos nacionales; el Derecho Comparado, etc., etc. El UHVXOWDGR GH HVH VDFULÀFLR \ HVIXHU]R IXH HO GH FRURQDU XQD REUD completa cuyos méritos se ha encargado el tiempo de rubricar. En VXPD XQD REUD DVHTXLEOH \ D OD SDU FLHQWtÀFD HVFULWD FRQ WRGR HO rigor de un catedrático.

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Acumulación de los procesos

Acumulación de los procesos

C. Acumulación de procesos: Indistintamente se habla de acumulación de posesos, sin advertir que esta terminología tiene un tratamiento especificado dentro del tema de la acumulación procesal. La acumulación del proceso (conocida también como acumulación de autos) se presenta cuando se reúne o acumula dos o más procesos que se han iniciado de manera independiente o por separado, con la finalidad de preferir una sola sentencia y evitar así fallos contradictorios. Sobre este punto hay varios autores que sostiene este fenómeno de acumulación de acciones, mientras que para otros continúa siendo una acumulación de pretensiones, aunque calificada por estar discutiéndose ya en un proceso. Cualquiera sea la naturaleza jurídica que se suma respecto a esta figura. Utiliza el termino genérico “Acumulación de procesos” para referirse al contenido del fenómeno de la acumulación procesal, implicaría una confusión y superposición de conceptos que es preferible evitar.

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CODIGO PROCESAL CIVIL INTRODUCTORIA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

CODIGO PROCESAL CIVIL INTRODUCTORIA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

► Con la oralidad, la otra gran novedad inmediatamente perceptible del nuevo Código Procesal Civil de Honduras es la simplificación de los procedimientos, con la subsanación de insuficiencias de regulación y una nueva ordenación de los procesos declarativos, de los recursos, de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares, que busca ser clara, sencilla y completa en función de la realidad del litigio, y de los derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los justiciables y a quienes han de colaborar con la Administración de Justicia; todo ello se ha pretendido redactar en un lenguaje técnico pero que no olvide la necesidad de una fácil comprensión para cualquier ciudadano, ante el cambio tan grande que implica.

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