Ley 100 de 1993

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Responsabilidad del estado por la falta de información en los cambios de régimen pensional en Colombia a partir de la ley 100 de 1993

Responsabilidad del estado por la falta de información en los cambios de régimen pensional en Colombia a partir de la ley 100 de 1993

Es pertinente manifestar que la Ley 100 de 1993 mejoró algunos aspectos pero empezó a mostrar falencias en otros como cobertura y equidad. La cobertura real en 2001 fue del 25% de la PEA y los subsidios se distribuían de manera regresiva, pues éstos estaban destinados, en su mayoría, a los menos vulnerables, y quienes más los necesitaban, recibían muy poco. (Santa María, 2010). Esto porque la sostenibilidad del sistema depende entre otros, del flujo de fondos de los afiliados. (Arrieta Mendoza, 2011).

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El IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos sin régimen pensional especial en Colombia

El IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para los servidores públicos sin régimen pensional especial en Colombia

La expedición de la Ley 100 de 1993 hace parte de lo que se conoce como ―reforma refundación‖, es decir, una modificación sustancial al sistema pensional que venía operando; a partir de la promulgación de esta Ley se estableció en Colombia un curioso sistema paralelo, en el cual la persona puede escoger entre un régimen público o de prima media con prestación definida (la mesada pensional esta en relación con el salario) y un régimen privado de ahorro individual (la mesada o tasa de remplazo depende del ahorro del cotizante); esta situación y los atropellos que se han cometido contra los pensionados han dado lugar a miles de acciones de tutela y a una jurisprudencia garantista de la Corte Constitucional, sin contar las numerosas acciones de inconstitucionalidad interpuestas no solo en contra de la ley 100 de 1993 sino sobre las normas que posteriormente la han modificado (Cortes et al, 2009).
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Reliquidación pensional antes y despues de la ley 100 de 1993.

Reliquidación pensional antes y despues de la ley 100 de 1993.

Al establecerse una multiplicidad de posiciones y en aras de unificar su criterio en materia laboral pasa así dar a los empleados públicos un mismo trato, el Consejo de Estado al percatarse algunas de las tesis expuestas iban en contraposición con los derechos del trabajador y en ese sentido, era menos garantista dentro de un estado social de derecho, según los diversos pronunciamientos que existían sobre la materia como es el caso de organismos internacionales, fue variando su posición y determinó que si bien las Leyes 33 y 62 de 1985 establecieron que la pensión de los empleados oficiales se liquida con base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y la Ley 100 de 1993 estableció que se hacía con el promedio de los factores de salario devengado en los últimos 10, ello no podía impedir que, atendiendo a los derecho del trabajador, dicha prestación se calculará efectivamente con el último año de trabajo y en segundo lugar, que se excluyeran otros factores de salario efectivamente percibidos por el trabajador en su último año de servicios, así sobre los cuales no se hubiere realizado descuento alguno, ya que siempre es posible ordenarlo.
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Controversia a la reforma de la Ley 100 de 1993, Ley 1122 de enero de 2007

Controversia a la reforma de la Ley 100 de 1993, Ley 1122 de enero de 2007

El motivo principal de la reforma de la Ley 100 de 1993 fue alcanzar la cobertura universal en los próximos tres años, para lo cual se incrementaron los recursos destina- dos a financiar la afiliación de la población pobre aún no afiliada, de los niveles del Sisben 1 y 2. Con este fin se subió la cotización de los afiliados al Régimen Contributivo en 0.5% a cargo del empleador. La Ley 1122 en el caso de los trabajadores independientes y de los pensionados o jubilados, que son responsables del pago completo de 12.5%, disminuye los ingresos reales de esta población después de los pagos de salud, sobre todo de quienes dependen de una mesada. Además, al aumento de 0.5% de la cotización, el Artículo 11 de la Ley modifica el porcentaje de los recursos del Sistema General de Parti- cipaciones (SGP) que los entes territoriales deben destinar a la afiliación en el Régimen Subsidiado (RS). Esta decisión incrementa el gasto territorial en la afiliación al Sistema y disminuye proporcionalmente la del Gobierno Nacional, lo que facilita así centralizar las inversiones que puede dirigir el alto Gobierno según su conveniencia, o sea la asignación de recursos en los denominados Consejos Comunitarios que orienta el Presidente de la República.
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Análisis teórico práctico de los requisitos y presupuestos de la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Análisis teórico práctico de los requisitos y presupuestos de la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003

Por lo tanto, la principal menta que se pretende cumplir es analizar el sistema pensional en Colombia, al recopilar los conceptos, parámetros y procedimientos creados para acceder a las pensiones en las diferentes situaciones fácticas contempladas en el ordenamiento jurídico al hacer énfasis en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. Para lograr esto se debe establecer la importancia del régimen de transición que surgió a partir de la vigencia del sistema general de pensiones en Colombia y la coexistencia temporal con regímenes anteriores, al igual que realizar un análisis de los parámetros y procedimientos establecidos en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 1993 y tener claros los cambios y diferencias conceptuales y procedimentales contempladas en las dos normas mencionadas.
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				Obstinación jurídica: el caso de la Ley 100 de 1993

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El artículo hace reflexiones respecto de algunos aspectos éticos e interrogantes de la Ley 100 de 1993. El análisis gira alrededor de sus antecedentes y fundamentos, la salud como un derecho, la educación médica, la crisis de los hospitales, y la crisis y el colapso de la referida Ley. Plantea que los principios que inspiran el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, base de esa Ley, provienen de fuentes filosófi- cas diversas y contradictorias, y constituyen el núcleo del conflicto ético persistente. Destaca que el modelo neoliberal no tenía como propósito fundamental la búsqueda de la salud, sino la disminución del gasto público y se olvidó que la salud, como un derecho, hace alusión a una noción moral, no solo a una realidad jurídica. El modelo excluye toda actitud holista o biopsicosocial del ser humano y fomenta los conflictos que vive la medicina orientada hacia la epistemología biologista. Finalmente, se concluye que la asignación de los recursos de salud es un asunto en el cual los valores éticos juegan un papel importante en el proceso de asignación, la salud en la sociedad democrática es un bien colectivo e individual que debe tener acceso universal y el sistema de salud debe cumplir con los criterios de solidaridad y equidad.
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El régimen pensional solidario de prima media y el principio de progresividad desde la Ley 100 de 1993

El régimen pensional solidario de prima media y el principio de progresividad desde la Ley 100 de 1993

Lo anterior conduce a establecer una responsabilidad en cabeza del Estado, conforme al cual este debe generar los mecanismos institucionales y herramientas jurídicas necesarias, para la mejor realización posible de este propósito (Titelman y Uthoff, 2003, p. 8), siendo allí desde donde se deriva el problema jurídico a estudiar en el actual documento, tendiente a establecer si la actual configuración normativa de los principios de solidaridad y progresividad, que se desprenden de lo consignado en la Ley 100 de 1993, es armónica con lo consignado en la Constitución Política de 1991, sobre la tendencia al reconocimiento universal y solidario de derechos sociales, más específicamente, al derecho a la pensión.
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Estado del arte sobre el deterioro en la calidad del servicio de las EPS en Colombia, después de la implementación de la ley 100 de 1993

Estado del arte sobre el deterioro en la calidad del servicio de las EPS en Colombia, después de la implementación de la ley 100 de 1993

Para el mismo año (1996) Esguerra [49] en su avaluación de la ley 100 advierte que había información incompleta sobre esta, teniendo en cuenta que existían confusiones en cuanto a derechos, deberes y formas de participación, las EPS e IPS eran insuficientes, no se mantenían unificadas lo que afectaba directamente al sistema, también expresaba datos relacionados con el año 1993 solo el 18% de los colombianos se encontraban afiliados a la seguridad social, el 17% contaba con servicios privados, el 40% dependía del sector oficial, y el 25% no tenía ningún aseguramiento de prestación de servicios, la situación habría cambiado en ese momento se consideraba que de los 38 millones de colombianos aproximadamente la mitad estarían involucrados con el sistema, de esta manera se había avanzado, para ese entonces el régimen Subsidiado contaba con 5’500,000 afiliados y el régimen Contributivo con 13 millones de personas aproximadamente, a finales de 1996 se especulaba con que habría más de 6 millones de personas en el régimen Subsidiado, cubriendo a más de 19 millones de personas (el 50 % de la población aproximadamente), habían dudas para el Régimen Contributivo, que tenían que ver con la falta de información de la más grande EPS ISS, ya que las EPS de carácter privada registraban hasta el momento un crecimiento de afiliaciones para el primer semestre del año 1996, en Junio de ese año pasarían de los 2’200,00 de personas afiliadas, relacionando a aproximadamente 500,000 afiliados nuevos entre enero y junio, pero no era posible determinar cuántas de esas personas se encontraban con el ISS, por esta razón no se consideraban nuevas para el sistema. [49, pp. 77-85]
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La reforma del sector salud y los conflictos clasistas en Colombia: El caso de la ley 100/1993

La reforma del sector salud y los conflictos clasistas en Colombia: El caso de la ley 100/1993

Para comprender el proceso de debate que se dio, en el marco de la promulgación de la Ley 100 de 1993, se buscaron, ordenaron y analizaron documentos correspondientes a la discusión nacional e internacional alrededor de la reforma al sistema de salud y de seguridad social. Las instituciones internacionales seleccionadas fueron: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), responsables de apoyar técnicamente a los países en el tema de salud; y el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), instituciones financieras multilaterales que a partir de los ochenta venían liderando los procesos de ajuste estructural en al región, así como ganando importancia en el debate de la política de salud. Los documentos internacionales incluidos como fuentes primarias fueron aquellos cuyos temas centrales eran la situación de salud y las propuestas frente a la reforma sectorial. Los documentos consultados circularon ampliamente y fueron publicados en distintos sitios: revistas institucionales de la OMS y la OPS, revistas científicas regionales, informes de las entidades y libros de compilación de ponencias desarrolladas en foros internacionales de carácter académico y político. Para el análisis de los actores nacionales y sus posiciones frente al debate fueron buscados, ordenados y analizados los documentos correspondientes a eventos académicos que se desarrollaron en el país para motivar el debate alrededor de la reforma, se encontraron especialmente las memorias de los foros realizados por las universidades y los gremios económicos; las ponencias presentadas a la Cámara y al Senado de la República; compilaciones de las ponencias presentadas durante el debate, realizadas por el Ministerio de Salud y FESCOL; actas de la comisión transitoria de la Asamblea Nacional Constituyente; las Gacetas Constitucionales del período; y prensa de circulación nacional (El Tiempo y El Espectador).
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Pensión por invalidez por enfermedad de origen común a partir de la Ley 100 de 1993: análisis  jurisprudencial

Pensión por invalidez por enfermedad de origen común a partir de la Ley 100 de 1993: análisis jurisprudencial

““[…]La circunstancia de que la trabajadora, con anterioridad a Ley 100, cotizara para el riesgo de invalidez, bajo el imperio de los reglamentos del ISS no significa que estos sean los aplicables para definir su situación, ya que en virtud del principio de la aplicación inmediata de la ley y su efecto retrospectivo acogido en el art. 11 de la citada ley 100 de 1993, el régimen propio del denominado sistema general de pensiones produce un efecto derogatorio inmediato de la reglamentación anterior quedando desde luego a salvo los derechos adquiridos con arreglo a esta. De otra parte, en materia de invalidez no se previeron mecanismos de transición que hicieran ultractivos en el tiempo los requisitos determinados en los acuerdos del ISS. Consiguientemente, si conforme a los hechos aceptados por el Tribunal, la invalidez de la demandante se definió bajo el nuevo régimen de seguridad social, corresponde reconocer tan solo los derechos que en este se definen. No surge de estas pruebas que el sentenciador ad-quem haya incurrido en una equivocación manifiesta al establecer que la invalidez de la trabajadora se estructuró el 29 de septiembre de 1994, como lo determinaron los médicos del ISS, pues una cosa es que la enfermedad hubiese aparecido varias años atrás y otra muy distinta la fecha o la época en que dicha afección generó la invalidez o incapacidad para laborar de la actora”
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La involución del sistema general de pensiones en Colombia a partir de la Ley 100 de 1993 y sus reformas

La involución del sistema general de pensiones en Colombia a partir de la Ley 100 de 1993 y sus reformas

En este artículo, se exponen primeramente las circunstancias por las que fue impulsada la Ley 100 de 1993 y los objetivos que esta ley marco de la seguridad social en Colombia, pretendía alcanzar en materia de sistema pensional en el país. Seguidamente, se abordan las reformas más trascendentales hechas a la Ley 100 en los años 2003 y 2005, para posteriormente evidenciar los problemas persistentes del sistema pese a la nueva normatividad implementada para salvaguardar el equilibrio y preservación del sistema, reformas estas que contradijeron el supuesto principio de progresividad que debía enmarcar el régimen pensional colombiano, toda vez que vulneraron derechos adquiridos, expectativas de edad y tiempo cotizado, entre otros detrimentos para los aportantes y beneficiarios, para finalmente, hacer una propuesta al sistema desde la revisión y análisis hechos en el trabajo.
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Propuesta para reformar la ley 100 de 1993

Propuesta para reformar la ley 100 de 1993

Puede concluirse, sin exageraciones y sin ánimos apasionados contra la Ley 100 de 1993, que la problemática del sistema de salud colombiano en el período descrito se resuelve en estos tres factores: desintegración, limitaciones en la accesibilidad y crisis financiera de las instituciones, a pesar del aumento de recursos para salud en relación con el PIB. Estas variables a su vez están estrechamente relacionadas con otras, bien como causa o como efecto: organización institucional, aseguramiento, universalización, equidad, capacidad gerencial, entre otras variables que también han presentado debilidades, por momentos insalvables dentro del sistema.
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Investigación de mercados sobre las expectativas del servicio por parte de los clientes de las aseguradoras de riesgos profesionales en la ciudad de Ibagué

Investigación de mercados sobre las expectativas del servicio por parte de los clientes de las aseguradoras de riesgos profesionales en la ciudad de Ibagué

Con base en la investigación de mercados desarrollada el servicio esencial que se ofrece respaldado por la ley 100 de 1993 y que se despliega en todo el territorio nacional, es la prestación asistencial dada la situación de un accidente de trabajo, también indemnización económica bien sea por incapacidad o invalidez y por ultimo promoción y prevención de riesgos; sin embargo lo que la investigación arroja es una visión totalmente antagónica, debido a que como servicio esencial se percibe solo la primera de estas 3 características que es aquel momento en donde el colaborador se accidenta y acude a un centro asistencial o una IPS, junto con el cumplimiento y la responsabilidad que implica el respaldar una incapacidad, estas estiman los entrevistados es la función principal, logrando que el mercado empiece a sufrir una dicotomía en el concepto de servicio ya que un servicio esencial como lo son las campañas de promoción y prevención pasen a ser una oferta de servicio incrementada mejorando la participación del cliente ya que se está incluyendo en el servicio que percibe, así, el espectro de oferta por parte de la ARP deja de ser plano y pasa a ser mucho más robusta con un valor agregado más marcado, influyendo la calidad funcional y afectando la percepción por parte de los clientes, es por eso que aumentar las propuestas hacia la prevención dinámica y mas receptiva para los colaboradores es un punto fundamental de crecimiento en la penetración, porque se aportan retribuciones establecidas pero sobrevaloradas que genera una impresión positiva en la experiencia de servicio que afronta el usuario al momento de la interacción.
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Plan de gestión para el fortalecimiento institucional de la caja de previsión social de la universidad de Cartagena 2010   2012

Plan de gestión para el fortalecimiento institucional de la caja de previsión social de la universidad de Cartagena 2010 2012

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA; en ese entonces mediante la Ordenanza 33 de diciembre 5 de 1966 y el acuerdo 75 del 10 de diciembre de 1968, correspondiente al antiguo Sistema Nacional de Salud Colombiano y en el contexto de la conceptualización de la seguridad y previsión social de dicha época. En virtud de la Ley 100 de 1993 que reorganizó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, se estableció en el ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. <Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.
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El principio de corresponsabilidad en salud en Colombia

El principio de corresponsabilidad en salud en Colombia

3.4.1.4. Deberes del Estado: un Estado Social de Derecho debe establecer políticas efectivas que conlleven a alcanzar la justicia y la equidad. Para ello debe proporcionar los recursos necesarios de índole económica, jurídica, educativa, social, entre otros. Lo anterior se concreta mediante las políticas de salud pública. Este ideal se ve reflejado en los programas desarrollados por el Ministerio de Salud y Protección Social, que pretende hacer concreto el Plan Nacional de Salud Pública. como por ejemplo: educación en hábitos saludables, atención a la primera infancia, prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud sexual y reproductiva, salud ambiental, salud mental y programas de vacunación. Otro ejemplo es el Plan de Beneficios establecido por la ley 100 de 1993 en sus artículos 162 a 167, los cuales se materializan en: Plan de atención básica en salud, que pretende realizar acciones de saneamiento ambiental por medio de la educación y el fomento de la salud, complementación nutricional, desparasitación escolar, control de vectores y campañas nacionales de prevención y detección temprana de enfermedades transmisibles; El Plan obligatorio de salud (POS), que busca la protección de los colombianos desde la promoción y prevención, hasta el tratamiento y rehabilitación de todas las patologías; Atención en accidentes de tránsito y eventos catastróficos, por medio del cual se cubren los servicios médico- quirúrgicos, indemnización por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencia y finalmente la Atención inicial de urgencias, la cual debe ser prestada en forma obligatoria a toda persona que lo requiera independientemente de su capacidad de pago.
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Problemas derivados de la financiación sucesiva de pensión de invalidez y vejez en el RAIS

Problemas derivados de la financiación sucesiva de pensión de invalidez y vejez en el RAIS

En relación con el caso, las principales características aplicables del RAIS son las siguientes: primero, los afiliados al RAIS tendrán derecho al reconocimiento de las prestaciones de vejez, invalidez y de sobrevivientes, además de las indemnizaciones a que haya lugar, cuyo monto dependerá de los aportes efectuados y sus rendimientos financieros. De los aportes sufragados, una parte se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado y otra, se destinará al pago de primas de seguros para los riesgos de invalidez y muerte, la asesoría para la contratación de renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y el costo de la administración del Régimen. (Literales a) y b), Artículo 60, Ley 100 de 1993).
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El gasto y la prioridad de la salud en Colombia

El gasto y la prioridad de la salud en Colombia

La síntesis presentada en el libro de Restrepo (2008), considerando además los trabajos que se han realizado desde entonces, se mantiene vigente en cuanto al conocimiento que se ha adquirido en el país sobre el inanciamiento y el gasto en salud (Restrepo, 2008). Se destaca la evidencia sobre el aumento del gasto a partir de la Ley 100 de 1993, y sobre todo el carácter más público de los recursos y su aplicación por la vía de las empresas promotoras de salud (EPS), lo cual resulta coherente con el aumento de la cobertura del seguro de salud, la notoria reducción de los pagos de bolsillo y los efectos positivos sobre la equidad en salud, pues al dar cubrimiento con el seguro se reduce la presión sobre la familia para afrontar el gasto en atención médica (Bernal & Gutiérrez, 2012) (Pérez & Silva, 2015). Se destaca también, a la luz de las recomendaciones internacionales (OMS, 2010) y de la literatura sobre los sistemas de salud en países de ingresos medios y bajos (Mills A. , 2011) (Mills A. , 2014), las bondades de concentrar recursos en el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el cual ha mostrado una evolución que depende principalmente del ciclo económico y el mismo que ha sido estudiado especialmente en cuanto al equilibrio inanciero.
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ESTUDIO PROSPECTIVO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD AL AÑO 2015 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD AL AÑO 2015 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA

Con la aprobación de la Ley 100 de 1993, donde se crea el Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, se asignan recursos para la puesta en marcha del programa de las Empresa Solidarias de Salud, logrando la creación de 182 ESS – ARS en Colombia, de las cuales 17 le correspondieron al Departamento del Cauca, y para el Municipio de Balboa Cauca, se denomino AMUNEB (asociación Mutual la Nueva Esperanza de Balboa), cuyo objeto era lograr que la población más pobre y vulnerable del país, clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN, tomara parte activa en la solución a su problemática de salud, mediante la constitución de las ESS, sin ánimo de lucro, en las cuales sus beneficiarios fueran a la vez sus mismos asociados y por ende sus propietarios; cuyo objeto era asumir por primera vez (al interior del sector salud) la administración directa de recursos destinados exclusivamente para tal fin, con los cuales debía garantizar a sus afiliados un Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POSS.
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listado  Req legales  SySO 26 sept.doc

listado Req legales SySO 26 sept.doc

1999 Dec 917 Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995. El Manual Único para la Calificación de la Invalidez contenido en este decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decreto ley 1295 de 1994 y el 5o. de la Ley 361/97.

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Los clusters como mecanismo para la generación de economías a escala en el sector de medicamentos de alto costo en Colombia

Los clusters como mecanismo para la generación de economías a escala en el sector de medicamentos de alto costo en Colombia

Este panorama general del desarrollo del sistema de salud, permite ver un sistema excesivamente cambiante en materia de normas. Teniendo en cuenta que desde la Ley 100 de 1993, la cual creó el Sistema de Seguridad Social; hasta la fecha, se han emitido gran número de normas que regulan, modifican o derogan las mismas y que las recientes disposiciones en la materia, se han centrado en tratar de solucionar un grave problema que tiene en “etapa terminal” el sistema de salud en el país, situación que se resume en un déficit que supera los cinco billones de pesos, esto es, más de dos reformas tributarias para cubrir dicho déficit; se presenta en esta investigación el denominado cluster como una posible respuesta a uno de los principales aspectos que han generado crisis financiera del sistema de salud colombiano, como lo es el excesivo precio los medicamentos de enfermedades de alto costo y el impacto que esto genera en todo el sistema, definido el cluster por Michael Porter, como una herramienta de análisis que permite determinar los factores de uso de nuevas tecnologías y los factores que generan actividades de aglomeración y la competencia sostenida basada en capacidades conectadas a una región particular (Porter, 1998).
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