Ley 1258 de 2008

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Las S A S: una reseña de las críticas que ha tenido la Ley 1258 de 2008 y de los proyectos de ley para reformar el régimen societario

Las S A S: una reseña de las críticas que ha tenido la Ley 1258 de 2008 y de los proyectos de ley para reformar el régimen societario

Muy pocos autores, se han referido a la importancia de la Revisoría Fiscal en las S.A.S porque el gobierno aclaró el art. 28 de la Ley 1258 de 2008 a través del Decreto 2020 de 2009. El hecho de que fuera declarado exequible el art. 28, no significa que no se pueda reformar para que sea obligatoria la Revisoría Fiscal en todas las S.A.S desde su constitución como lo es para las S.A y en Comandita por Acciones. El Revisor Fiscal está obligado a servir de garante para los accionistas, los terceros y las entidades de vigilancia y control como La Dian y las Superintendencias, según lo ordena el art. 207 del Código de Comercio; con su firma en los Estados Financieros da Fe Pública de la situación financiera de las Empresas conforme con las Normas de Información Financiera y no debe faltar en la estructura organizacional de las Compañías. La obligatoriedad de un Revisor Fiscal en los tiempos modernos es más necesaria que hace 25 años desde que se creó la Ley 43 de 1990 especialmente porque las modalidades de corrupción son mayores hoy día que hace 47 años cuando se creó el Código de Comercio con el Decreto 410 de 1971.

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Los acuerdos de accionistas bajo la ley 1258 de 2008

Los acuerdos de accionistas bajo la ley 1258 de 2008

Resulta esta restricción, como bien lo dice la controversia planteada por la doctrina, presumir a todo administrador como actor de mala fe frente a los móviles que mejor gobiernan y dirigen la sociedad. Personalmente, considero que aún cuando la intención de la norma fue bien intencionada en tratar de proteger al ente social sobre todo interés particular de sus accionistas, concomitante generó un efecto adverso que, como veremos más adelante, fue mitigado en su totalidad por la Ley 1258 de 2008. Sin embargo, a hoy en cuanto a sociedades anónimas nos referimos, la restricción subjetiva de que trata el presente aparte sigue vigente y de plena aplicación.

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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

40. ¿Dónde debe reunirse la asamblea general de accionistas de una S.A.S.? R/ La asamblea general de accionistas puede reunirse en el domicilio social de la compañía o en cualquier otro lugar, aunque no se encuentre representada la totalidad del capital social, siempre y cuando se halla permitido el ejercicio del derecho de inspección que no podrá ser menor de cinco (5) días hábiles a la realización de la misma, salvo que los estatutos estipulen una antelación superior y la convocatoria en la cual debe incluirse el orden del día, se halla realizado conforme lo consagrado en los artículos 20 y 21 de la ley 1258 de 2008 (Artículos 18, 20 y 21 de la Ley 1258 de 2008).

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Solidaridad en las obligaciones laborales de las sociedades por acciones simplificada cuando celebran contratos con contratistas independientes para que ejecuten labores que no son del giro ordinario de sus actividades

Solidaridad en las obligaciones laborales de las sociedades por acciones simplificada cuando celebran contratos con contratistas independientes para que ejecuten labores que no son del giro ordinario de sus actividades

A partir de la década de los 90’, la legislación comercial colombiana ha intentado aproximar los tipos societarios al contexto mercantil acorde con los nuevos conceptos jurídicos internacionales, introduciendo modelos como la empresa unipersonal de responsabilidad limitada [3] y la sociedad unipersonal [4] , que en realidad se han tratado de un hibrido de tipos societarios ya existentes. De esta manera, fue necesario crear una forma societaria que no se amoldara al régimen actual, dado que su esencia no compaginaría con las normas de los tipos societarios ya existentes, sino que conviviera con el mismo pero regulado por normas propias en cada uno de sus aspectos y cuyas normas en esencia se rigieran en principio por la voluntad de las partes. De este modo, hoy en día, a través de la Ley 1258 de 2008 se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Sociedad por Acciones Simplificada (S A S)

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Registro de la situación de control en las sociedades por acciones simplificadas en eventos de accionista único y mayoritario

Registro de la situación de control en las sociedades por acciones simplificadas en eventos de accionista único y mayoritario

Existe, en primer lugar, una «redefinición de los elementos esenciales de la sociedad» (Reyes Villamizar, 2018) entre los cuales se encuentran: (i) La posibilidad de configurar la sociedad con un solo accionista (shareholder) tal como lo establece el artículo 1 de la (Ley 1258, 2008), situación vedada en las sociedades desarrolladas en el Código de Comercio (Decreto 410, 1971). (ii) La posibilidad incorporada en el artículo 12 de la (Ley 1258, 2008) de que las acciones se entreguen a un patrimonio autónomo (como el caso de una fiducia mercantil) siempre y cuando se identifique plenamente a los beneficiarios del patrimonio, lo cual marca una diferencia con los tipos societarios del Código de Comercio (Decreto 410, 1971) en los cuales por las voces del artículo 98, la propiedad accionaria necesariamente debe estar radicada en cabeza de personas bien sea naturales o jurídicas. (iii) Posibilidad de constituir acciones en las cuales el reparto de utilidades no necesariamente esté vinculado al monto del aporte. (iv) facilidad de negociación de acciones sin necesidad de reforma estatutaria, (v) ausencia de máximos para el número de socios como en el caso de la sociedad limitada, (vi) responsabilidad limitada de los accionistas frente a obligaciones tributarias, laborales y de derecho privado que contraiga la sociedad (Sentencia C-090, 2014) (Sentencia C-237, 2014); (vii) incorporación de nuevos tipos de acciones; (viii) facilidad en el trámites como la «fusión abreviada», entre otros. (Reyes Villamizar, 2018)

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El Estado autonómico y propuestas de mejora de la calidad democrática

El Estado autonómico y propuestas de mejora de la calidad democrática

Enoch Albertí Rovira crítica la composición del Tribunal Constitucional, circunstancia que según él ha marcado el contenido de la sentencia. Así, destaca la no renovación de los magistrados con mandatos caducados en casi tres años, la no sustitución de un magis- trado fallecido y, sobre todo, la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps por motivos que considera no razonables. Albertí Rovira también crítica la brevedad de los fundamen- tos de la Sentencia, que le confiriere un tono apodíctico. Afirma que el Tribunal Constitu- cional no tiene en cuenta el hecho de que la ley ha sido previamente aprobada por un re- feréndum en Cataluña, lo que le confiere un mayor grado democrático. En último lugar, crí- tica que la sentencia tenga un carácter preventivo, para evitar hechos futuros contrarios a la Constitución que no reconoce el Estatuto.

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Versión actualizada de la Constitución francesa
de 4 de octubre de 1958

Versión actualizada de la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958

en las colectividades de ultramar referidas en el artículo 74 y en nueva Caledo- nia, el Gobierno podrá, en aquellas materias que sigan siendo competencia del esta- do, extender mediante ordenanzas con las necesarias adaptaciones, las disposiciones de naturaleza legislativa en vigor en la metrópoli o adaptar las disposiciones de natu- raleza legislativa en vigor en la organización particular de la colectividad correspon- diente, bajo reserva que la ley no haya excluido expresamente, para dichas disposi- ciones, el recurso a dicho procedimiento.

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Relación del nivel de seguridad alimentaria con indicadores socioeconómicos caso: familias de productores de quinua de la parroquia de San Isidro, cantón Espejo, provincia del Carchi

Relación del nivel de seguridad alimentaria con indicadores socioeconómicos caso: familias de productores de quinua de la parroquia de San Isidro, cantón Espejo, provincia del Carchi

En el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) aborda a la soberanía y seguridad alimentaria desde el diagnóstico, pasando por las estrategias y objetivos hasta llegar a las políticas que permiten garantizar la seguridad y soberanía alimentaria como un derecho; todo esto sustentado en el marco de la Constitución del 2008. Como estrategias fundamentales relacionadas con la soberanía y seguridad alimentaria en el PNBV se definen: la democratización de los medios de producción , la re distribución de la riqueza y la diversificación de las formas de propiedad y organización , donde uno de los lineamientos hace mención al apoyo al acceso de formas diversas de propiedad privada, pública, comunitaria que cumplan la función social de garantizar la soberanía alimentaria, la re- distribución de la riqueza y sean generadoras de empleo, este plan considera 12 objetivos de desarrollo, de los cuales los objetivos 1, 5 y 7 reflejan la seguridad y soberanía alimentaria de forma explícita. En particular, en el objetivo 1 se hace referencia al tema cuando se habla de la democratización de los medios de producción como elementos de apoyo al desarrollo rural y soberanía alimentaria; y, en las políticas 1.1 y 1.82 se concreta la dimensión de acceso de la seguridad alimentaria.

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La fijación de los límites de la comunidad de villa y tierra de Portillo en 1258  La reorganización de un territorio por el poder regio a través de los documentos y la arqueología

La fijación de los límites de la comunidad de villa y tierra de Portillo en 1258 La reorganización de un territorio por el poder regio a través de los documentos y la arqueología

Th ere are recorded some extant documents from year 1258 that attest the go- vernment action of King Alfonso X to reorganize the limits and boundaries of a particular region of his kingdom: Tierra de Pinares, in castilian Extremadura. Th is reordering of the space aff ected several “comunidades de villa y tierra”, but probably the most important intervention took place in Portillo, because the fi xed boundaries with the places of Tudela, Cuéllar and Mojados covered most of the Eastern and Southern sector of its “tierra”.

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El portal de compras públicas, análisis del sistema actual y posible alternativas para mejorar la contratación pública a través de este sistema.

El portal de compras públicas, análisis del sistema actual y posible alternativas para mejorar la contratación pública a través de este sistema.

Este artículo tiene como fundamento el hecho de que, a criterio del asambleísta existen determinadas contrataciones que, por ciertos motivos, no deben o no pueden ser tramitadas siguiendo los procedimientos precontractuales comunes. Así, en el caso de las necesarias para la seguridad interna y externa porque puede haber situaciones en las que deben aplicarse principios de reserva o confidencialidad; en las actividades de comunicación por que involucra operaciones en un campo específico y especializado, como la publicidad y la participación de los medios de comunicación; en la asesoría y patrocinio legal, materias que ya estaban tratadas en la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero cuyo elemento diferenciador es el factor de la confianza que rige este tipo de servicios; las obras artísticas literarias o científicas, en las que la comparación se torna subjetiva; los repuestos y accesorios, porque en su adquisición se debe considerar un elemento que en los demás casos no es factible hacerlo, ya que contrariaría el principio de igualdad, y es que debido a su naturaleza en estos caso la marca del bien es un factor preponderante a ser tomado en cuenta; las de correo por estar regida por normas específicas.

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LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 LEY Nº 29142

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 LEY Nº 29142

DÉCIMA TERCERA.- Exclúyese, por única vez, del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, a que hace referencia el literal f) del artículo 6 de la Ley Nº 29125, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL, los recursos que corresponden a la Región Junín, producto de la venta de las acciones de la empresa Cemento Andino S.A. Para tal efecto, facúltase al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, incorpore en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma los citados recursos en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, según lo

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Implicaciones jurídicas del proyecto actual de plan especial de manejo y protección del centro histórico de Cartagena de indias (PEMP) 2014

Implicaciones jurídicas del proyecto actual de plan especial de manejo y protección del centro histórico de Cartagena de indias (PEMP) 2014

La Ley 1185 de 2008, define al PEMP como                   ​ “el instrumento de gestión del           patrimonio cultural     ​ por medio del cual se establecen las acciones necesarias                   para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo                 ​ .”   ​ (Presidencia de la       República, 2008) Instrumento, que según los propósitos de su creación, propende                       por la protección de los bienes de interés cultural (BIC) muebles e inmuebles de                             naturaleza pública o privada en el país, de los cuales se habla en la Ley 397 de                                   1997 (Ley General De Cultura). No obstante, al hacer una comparación entre el Plan                             de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena y el proyecto de PEMP [U1] para el                             centro histórico de la misma ciudad, hemos observado cómo ciertas temáticas                       abordadas en la creación del antes mencionado proyecto (PEMP), ejercen influencia                       directa sobre inmuebles de valioso interés cultural y patrimonial para la ciudad,                         generando controversia al respecto de los beneficios y ventajas que podría generar                         la aprobación de este. 

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Diagnóstico de la aplicabilidad de los comparendos ambientales, ley 1259 de 2008, en el municipio de Saladoblanco Huila entre los años 2009 a 2014

Diagnóstico de la aplicabilidad de los comparendos ambientales, ley 1259 de 2008, en el municipio de Saladoblanco Huila entre los años 2009 a 2014

Con relación al tipo de infracción de los nueve (9) comparendos aplicados, siete de ellos corresponden a la infracción No. 14, según la ley 1259 de 2008 y que refiere que es motivo de infracción darle mal manejo a sitios donde se clasifica, comercializa, recicla o se transforman residuos sólidos, como conclusión a esto se puede decir que en el Municipio de Saladoblanco, existen sitios en los que se recolecta, almacena y se da tratamiento a los residuos sólidos y que quienes administran estos lugares o no conocen la ley, han hecho caso omiso de la misma o no han recibido educación frente a las acciones a realizar para prevenir infringir la ley, es más probable que se haya dado esta última opción, si se tiene en cuenta los resultados de la encuesta aplicada, la cual arrojo, que la población es conocedora de la ley y la aplicabilidad del comparendo ambiental, pero no han recibido educación por parte del ente territorial y las entidades medio ambientales o de control ambiental.

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Manual Instrumentos de Gestión forestal sostenible en CLM.

Manual Instrumentos de Gestión forestal sostenible en CLM.

Por último, la posibilidad de mejora en los cantones en principio asignados a los grupos de preparación y de mejora se suele tomar como indicativa. Aunque este método se está empleando, dejando a un lado en los casos en los cuales existan producciones de otros productos tangibles como los piñones o el corcho, en aquellas masas donde existen objetivos protectores o donde presentan una evidente importancia algunas de las externalidades positivas que proporcionan los sistemas forestales, en no pocas ocasiones el gestor se verá en la disyuntiva de elegir entre el método del tramo único y el método del tramo móvil, aunque algunos autores consideran al tramo único un caso particular del tramo móvil (Garacitelaya, 2008). A este respecto conviene realizar una serie de precisiones. Así, en primer lugar, es preciso señalar que el tramo móvil ha surgido, entre otras razones, como respuesta al cambio de objetivos que han sufrido muchas masas forestales al modificarse la demanda que de los montes espera la sociedad. Su mayor flexibilidad hace que se pueda adaptar mejor ante estos hechos pero, por otro lado, es preciso recordar que son todavía pocos los montes en España en los que ha transcurrido más de un período en el que se han ejecutado este método. Esto significa que todavía es pronto para proceder a realizar una evaluación del éxito o del fracaso de este método en muchas masas forestales. Este mismo razonamiento se puede replicar para el caso del tramo único, aunque su mayor similitud con el método de tramos permanentes le pueden hacer acreedor de una respuesta más previsible. Por otro lado, es preciso resaltar que en muchas ocasiones los gestores están optando por el tramo móvil en detrimento del tramo único, aún cuando la decisión, sin considerar las restricciones anteriormente expuestas debe estar fundamentada por las características selvícolas y estructurales de la masa. En definitiva, y siguiendo a Borrero y Montero (2004), “no debe usarse para enmascarar una falta de voluntad ejecutiva de las cortas de regeneración”.

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El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio : comentario al Dictamen del Consejo de Estado 1.119/2008, de 3 de julio de 2008 - e-spacio

El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio : comentario al Dictamen del Consejo de Estado 1.119/2008, de 3 de julio de 2008 - e-spacio

En particular, observa el Consejo de Estado, por lo que atañe a la pre- gunta b) del apartado 1 del artículo único de la Ley 9/2008, los esfuerzos ar- gumentales no velan, sino que evidencian con nitidez, la realidad. La exposi- ción de motivos declara que se trata de «abrir una negociación entre todos los partidos políticos con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases de una nueva relación entre la Co- munidad Autónoma del País Vasco y el Estado español». Pero, dado que los términos de la articulación del Estado y de las entidades territoriales en que se organiza están constitucionalmente predeterminados, cualquier cambio en los mismos llevaría a una confrontación con la Constitución vigente. Además, someter a consulta del electorado de una Comunidad Autónoma una decisión que pretende alterar la estructuración misma del poder del Estado implicaría quebrantar la Constitución en lo que respecta a su reforma con vulneración de su artículo 168 que prevé, para tal reforma, un referéndum de ratificación con participación de todo el cuerpo electoral. A lo que debe añadirse que el artículo 166 de la Constitución, al regular la iniciativa de reforma constitucio- nal, se remite a los apartados 1 y 2 del artículo 87 que excluye la iniciativa po- pular, lo que constituye una manifestación más de la primacía de la demo- cracia representativa.

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El Decreto ley en tiempo de crisis: análisis de la jurisprudencia constitucional sobre el decreto ley desde 2008

El Decreto ley en tiempo de crisis: análisis de la jurisprudencia constitucional sobre el decreto ley desde 2008

El RDL es una herramienta legislativa que permite al poder ejecutivo dictar normas provisionales con rango de Ley. El RDL no es una particularidad del sistema democrático español, otros países europeos como Francia, Italia y Alemania también cuentan con figuras similares y, al igual que España, han subrayado la necesidad de establecer estrictos límites y controles legales. Porque, en caso contrario, un empleo indiscriminado del mismo podría dañar la separación de poderes y con ello a uno de los contrapesos más importantes de las democracias modernas. De ahí, la importancia que tiene el estudio sobre el empleo del mismo y el control que realiza el TC.

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LegisLación y normas generaLes para La gestión, protección y saLvaguardia deL patrimonio cuLturaL en coLombia

LegisLación y normas generaLes para La gestión, protección y saLvaguardia deL patrimonio cuLturaL en coLombia

También podrá solicitarse la declaratoria de áreas arqueológicas prote- gidas por las entidades territoriales, las comunidades indígenas y las comuni- dades negras de que trata la Ley 70 de 1993 cuando dichas áreas se encuentren dentro de su jurisdicción. Esta solicitud, que podrá ser individual o conjunta entre las señaladas autoridades, deberá adjuntar el Plan de Manejo Arqueoló- gico correspondiente para aprobación del ICANH, para cuya realización podrá solicitar la información que el ICANH tenga sobre el área, así como su asistencia en la formulación del Plan. En estos casos la obligación de socializar el Plan de Manejo Arqueológico será de la entidad o comunidad que lo haya propuesto. Parágrafo 1°. Para los efectos del Decreto 833 de 2000, cuando se alude a zonas de influencia arqueológica se entenderá referirse al término “áreas arqueoló- gicas protegidas”

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LEY 1259 DE 2008

LEY 1259 DE 2008

DE LAS INFRACCIONES OBJETO DE COMPARENDO AMBIENTAL. ARTÍCULO 5o. DE LA DETERMINACIÓN DE LAS INFRACCIONES. Todas las infracciones que se determinan en la presente ley, constituyen faltas sancionables mediante el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo para la convivencia ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el tránsito vehicular y peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las ciudades, las actividades comercial y recreacional, en fin, la preservación del medio ambiente y la buena salud de las personas, es decir, la vida humana.

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Ley 1259 de 2008 Comparendo Ambiental.pd

Ley 1259 de 2008 Comparendo Ambiental.pd

Artículo 1°. Confirmar en todas y cada una de sus partes el contenido de la Resolución número 403 del 1° de agosto de 2008, en la cual se “declarar que la Compañía Protección In- dustrial C.I.S.A. con NIT 8600682866, representada legalmente por Luis Mario Varón Ramírez identificado con la cédula de ciudadanía número 19226795, en desarrollo de la ejecución del Contrato número 179 de 2006, ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones contractuales de conformidad con lo consignado en la parte motiva del presente acto administrativo. Como consecuencia de la anterior declaración, hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA del Contrato de obra número 179 de 2006, por el valor determinado por la interventoría el cual corresponde a la suma de trescientos sesenta y un millones seisciestos cincuenta y nueve mil cincuenta y cinco pesos moneda corriente ($361.559.055,00), según lo dispuesto en la Cláusula Novena del contrato y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, siendo beneficiaria la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, D. C.”.

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Competencias de los entes territoriales frente a las víctimas del conflicto interno armado colombiano

Competencias de los entes territoriales frente a las víctimas del conflicto interno armado colombiano

En el 2008 se produce la (Ley 1190 de 2008 ) que determino que dicho año sería en el cual se garantizarían lo derechos de la población desplazada, se creó en su artículo 2 el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia “Cnaipd”, el cual tiene con fin vigilar que los entes territoriales cumplan con la garantía y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia, dando un término perentorio de 5 meses para que los entes territoriales con sus propios presupuestos, diseñaran, implementaran y aplicaran estrategias para garantizar los derechos, así como definir metas de cumplimiento de las mismas y rendir informes trimestrales detallado sobre ubicación, caracterización, necesidades y situación actual de la población en condición de desplazamiento y de los avances logrados, como lo estableció el artículo 4° a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, así mismo se determinó que debía existir una estrategia de participación oportuna y efectiva de las organizaciones de población desplazada en el territorio.

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