Ley 1448

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La restitución de tierras consagrada en la Ley 1448 de 2011, a la luz de la teoría neoconstitucionalista

La restitución de tierras consagrada en la Ley 1448 de 2011, a la luz de la teoría neoconstitucionalista

Asimismo, en su artículo 95 (Ley 1448, 2011) establece una posibilidad procesal que permite a los jueces y magistrados integrar los litigios que se estén tramitando ante otras jurisdicciones u entes administrativos, de tal forma que su sentencia puede resolver en forma definitiva el derecho sobre el bien inmueble, aunque este haya estado pendiente en otros estrados. Se considera que esta acumulación tiene como finalidad propiciar fallos integradores, que definan de fondo y en una sola oportunidad los derechos respecto a los predios, superando la desarticulación y pulverización normativa que se había tenido hasta le fecha, otorgándole a los jueces, una facultad jurisdiccional ilimitada en lo atinente a resolver los conflictos sobre las tierras reclamadas en restitución o formalización.
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Orientaciones generales sobre política de seguridad y reparación a las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011, municipio de Villavicencio - Meta

Orientaciones generales sobre política de seguridad y reparación a las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011, municipio de Villavicencio - Meta

Tener el conocimiento de la normatividad (Ley 1448 de 2011) conlleva a identificar las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, sus principios generales, derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales, ayuda humanitaria, atención y asistencia, reparación de las víctimas, restitución de vivienda, créditos y pasivos, indemnización por vía administrativa, medida de rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, otras medidas de reparación. Aspectos todos estos que tienen por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en la presente ley objeto de estudio.
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¿El derecho para quién? La titularidad de la acción de restitución en la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras

¿El derecho para quién? La titularidad de la acción de restitución en la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y restitución de tierras

El capítulo I buscó explicar el procedimiento consagrado en la Ley 1448 de 2011 para la restitución de tierras. Así, se encontró que existen dos etapas: una administrativa y una judicial que idealmente debe culminar con la sentencia de restitución. Por su parte, la etapa administrativa contiene una serie de pasos, términos y requisitos que como objetivo último buscan inscribir los predios de las víctimas del artículo 3º y específicamente del artículo 75, en el Registro de Tierras Presuntamente Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Se explicó también, de qué manera el Registro de Tierras pretender ser implementado y, para ello, se mostraron los conceptos – y zonas – de macrofocalización y microfocalización, para afirmar por qué únicamente cuando una zona geográfica haya sido microfocalizada, podrán iniciarse acciones de restitución de tierras en dicho sector. Sin embargo, se mencionó que aún hoy en día no hay claridad acerca de las zonas microfocalizadas que solo pueden ser determinadas por el gobierno.
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Ley 1448 de 2011: perspectivas de las victimas del corregimiento de Ciénaga del Opón

Ley 1448 de 2011: perspectivas de las victimas del corregimiento de Ciénaga del Opón

La presente investigación tuvo como objetivo principal, describir las representaciones sociales con respecto a ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La muestra estuvo conformada por nuevehabitantes de la vereda Cabecera- corregimiento Ciénaga del Opón quienes participaron de manera voluntaria,reconocidas por el Estado como víctimas de desplazamiento y desaparición forzada. El enfoque de la investigación fue cualitativo etnográfico, permitiendo a través de las técnicas interactivas, profundizar en fenómenos sociales, sobre las representaciones y símbolos expresos en los discursos orales que ayudan a resolver o desentrañar experiencias vivenciadas por la comunidad antes, durante y después de los eventos victimizantes. Los resultados de la investigación indican que la población participante tiene una percepción no favorable sobre la Ley, puesto que consideran que la justicia transicional ha desarrollado un proceso ineficaz que no ha logrado responder con legitimidad a las violaciones delos derechosfundamentales dela comunidad habitante de Ciénaga del Opón sufrió. Sienten que no están protegidos verdaderamente por las autoridades estatales y perciben a los encargados de protegerlos como aquellos que se aprovechan de sus necesidades para su lucro personal, situación que los hace seguir sintiéndose vulnerado por el Estado y sus entes de control.
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Responsabilidad del estado por omisión en aplicación de la ley 1448 de 2011 en materia de educación

Responsabilidad del estado por omisión en aplicación de la ley 1448 de 2011 en materia de educación

Es claro que el Gobierno nacional ha sido acucioso en la implementación de los programas dirigidos a la población víctima y ha procurado en la implementación de diversos estrategias para que las mismas lleguen a toda esa población es allí donde se ha demostrado que ha existido una responsabilidad del estado colombiano en proveer e ejecutar todos y cada uno de las políticas públicas creadas y dirigidas a la población víctima, es si como en el artículo 51 de la Ley 1448 de 2011 “ordena las medidas en materia de educación; en educación superior establece que las Instituciones de Educación Superior, en el marco de su autonomía, definirán los procesos de selección, admisión y matricula que posibiliten a las víctimas en los términos de la Ley, acceder a los programas académicos ofrecidos por las IES.” 17
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Implementación de la política pública de victimas (bajo el marco de la ley 1448 de 2011) en el departamento del Meta.

Implementación de la política pública de victimas (bajo el marco de la ley 1448 de 2011) en el departamento del Meta.

La ley 1448 de 2011 fue la respuesta a las constantes quejas de la población victima colombiana frente a la implementación de políticas públicas que en realidad tuviesen un efecto en las comunidades afectadas, es por eso que en el marco actual de un pos conflicto debido a los acuerdos de paz logrados entre el Gobierno Colombiano y la Guerrilla de las FARC – EP , es imperioso realizar un descripción de los elementos que componen la política pública de víctimas en el departamento del Meta, abordado desde el ámbito nacional, en el cual se intenta describir el Sistema Nacional de Atención para las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, pues de allí parte las funciones y objetivos que deben cumplir las entidades estatales y privadas para la no re victimización de la población víctimas y garantía de sus derechos reparación, justicia y verdad, además de ello, la Ley 1448 trae inmerso unos componentes, lo cual son necesarios para poner en marcha la política pública de víctimas, la ley los determina de la siguiente manera: Prevención Protección y Garantías de No Repetición; Asistencia y Atención; Reparación Integral: Verdad y Justicia, como ejes trasversales : Sistemas de Información; Fortalecimiento Institucional; Enfoque Étnico y Diferencial; Participación. Una vez realizado lo anterior, en razón a las herramientas dadas desde el orden nacional, una de las tareas fundamentales de los departamentos es la articulación entre la nación- territorio, para con ello cumplir los objetivos trazados en el Plan de desarrollo Nacional – Departamental y municipales, de los cuales uno de los objetivos y la apuesta para la no re victimización de la población víctima del conflicto armado en Colombia, por tal motivo la implementación de la política pública de víctimas debe abordarse desde el territorio pues de allí donde surgen las verdaderas necesidades de la población víctima, también es allí donde se verifica la verdadera eficacia de la política pública de víctimas, a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional (CTJT) y los Subcomités técnicos se verifica el funcionamiento de las herramientas dadas con el objetivo de llevar a mayor plenitud los derechos de reparación, justicia y garantía de no repetición de la población víctima del conflicto armado.
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Respuesta desde la experiencia de las víctimas sobre la Ley 1448 de 2011, en el marco del conflicto armado colombiano en el municipio de Soacha

Respuesta desde la experiencia de las víctimas sobre la Ley 1448 de 2011, en el marco del conflicto armado colombiano en el municipio de Soacha

sociales” (CHCV.2015.Pág 13), Esta situación tuvo incidencia en la creación de guerrillas que se contraponen a tales problemáticas a causa de ello, el Estado con sus fuerzas armadas responde de manera violenta a aquellas ideas que son opuestas a lo que establece el mismo, estas acciones de hecho han dejado secuelas en las personas que han tenido que vivir de manera reiterativa e inclusive generacional, cabe resaltar que a través de la historia la ciudadanía ha exigido la consolidación de estamentos que permitan defender los derechos de las mismas, una de las formas de dar garantía a estos se da por medio de la creación de leyes comprendidas históricamente como “una prescripción de la razón, en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad” (Santo Tomás de Aquino. Citado por Universidad Santo Tomás. Sf. Pw) En Colombia particularmente se han diseñado una gama de leyes, que comprenden distintas necesidades y grupos poblacionales, en este momento nos referiremos a la Ley 1448 de restitución de tierras y víctimas del conflicto armado de 2011, la creación de esta ley dio visos de esperanza a las poblaciones afectadas directamente por la guerra, el papel y la utilidad de las leyes se visibiliza al momento de su aplicación y de la respuesta que ésta genera frente a los motivos por los cuales fue creada, es por ello, que evidenciar desde las voces de quienes deben verse beneficiados, permite realizar un análisis juicioso en contraste con lo que se ha comprometido el Estado en cuanto a las garantías que deben obtener las víctimas de desplazamiento de cara con el restablecimiento de derechos reales que han o no recibido algunos de estos sujetos.
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La mujer y el conflicto: la reparación desde un enfoque de género a partir de la ley 1448 de 2011

La mujer y el conflicto: la reparación desde un enfoque de género a partir de la ley 1448 de 2011

Ahora bien en el tema de restitución de tierras, también subsiste otra problemática, y es la titularidad de la tierra. Como se señala en líneas anteriores, en las zonas rurales, aun se maneja con frecuencia el tema de los regímenes patriarcales. En dicho contexto, la titularidad y propiedad de la tierra se encuentra por lo general en nombre del padre, esposo o compañero permanente. Ahora bien en el caso hipotético de que la violencia que se haya generado contra la mujer, haya consistido en el asesinato de su cónyuge, padre o compañero permanente, estas se ven limitadas cuando tratan de obtener la restitución de sus tierras. En ese sentido lo evidencia el Centro Nacional de Memoria Histórica al referirse al proceso de reparación integral de víctimas establecido en la ley 1448 de 2011:
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Mujer rural entre el Estado y la tierra - Un análisis a la Ley 1448 de 2011 desde el enfoque de género

Mujer rural entre el Estado y la tierra - Un análisis a la Ley 1448 de 2011 desde el enfoque de género

Siendo repasados los elementos de la distribución inequitativa de las tierras en el país, la triple discriminación de las mujeres rurales, la desigualdad de género en cuanto a la propiedad de la tierra y el hecho de que el Estado tenga una configuración sexista en su accionar, el propósito de este trabajo es analizar bajo la metodología de la Transversalización de Género y del Análisis del Discurso, la medida de Restitución de Tierras de la Ley 1448 de 2011. Lo anterior se realizará teniendo en cuenta que el Estado debe adoptar un enfoque de género, implementando estrategias afirmativas que permitan el empoderamiento económico de las mujeres rurales, ya que ellas han sido víctimas directas del conflicto armado. Esta situación demanda una atención diferencial por parte de las instituciones estatales, ya que “si no existen mecanismos concretos de inclusión, es difícil, si no imposible, aumentar la propiedad de la tierra para las mujeres”. (Deree y León, 2001: 408)
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NOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE VICTIMAS (LEY 1448 DE 2011) EN COLOMBIA

NOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE VICTIMAS (LEY 1448 DE 2011) EN COLOMBIA

La reparación como criterio transversal de la justicia transicional, se realizará por dos vías, una administrativa y otra judicial. La primera de ellas, regulada por el artículo 132 de la ley 1448, que consiste en indemnizar a las víctimas mediante el pago de cierto número de salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) que se celebra mediante el acuerdo bilateral entre la víctima y el Estado, quien podría aceptar de forma expresa y voluntaria el pago, el cual incluiría todas las sumas que se le deben reconocer por concepto de su victimización. En cuanto a la población desplazada, este tipo de reparación sugiere, de esta misma forma, la indemnización en dinero de acuerdo con los montos que señalará el Gobierno Nacional, y que se “haría conforme a los siguientes mecanismos: subsidio integral de tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada, el subsidio de vivienda de interés social rural”.
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Ley 1448 de 2011: análisis crítico a la restitución de tierras como mecanismo de reparación integral

Ley 1448 de 2011: análisis crítico a la restitución de tierras como mecanismo de reparación integral

conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente”. En otros términos, la progresividad en la restitución consiste en que dicho restablecimiento de derechos debe ir aumentando a medida que transcurra el tiempo. El gobierno no cumple con ese principio si luego de pasado un tiempo razonable los resultados son mínimos o nulos. Por su parte, el principio de gradualidad “implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad”. A diferencia de la progresividad, este mandato constitucional obliga al Estado a diseñar planes y estrategias para que la restitución efectivamente pueda llevarse a cabo en el tiempo previsto por la ley 1448 de 2011; esto es, 10 años (p.19).
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Conservación de zonas de reserva forestal vs derecho a la restitución de tierras

Conservación de zonas de reserva forestal vs derecho a la restitución de tierras

Para el año 2009, el PPTP se propuso integrar a la documentación del caso el análisis sobre los posibles mecanismos para la reversión del despojo, consolidando finalmente unas rutas de restitución que operaron con los mecanismos legales existentes hasta ese momento. Por medio de estos mecanismos se pudo dimensionar la magnitud y el impacto del desplazamiento, además dejó al descubierto la presencia de varios inconvenientes relacionados en primer lugar con la complejidad para obtener la información sobre el despojo además de la escasa denuncia de delitos contra el patrimonio, en segundo lugar se logró evidenciar que aún persiste el temor por parte de las victimas debido a las amenazas, asesinatos y otras acciones delictivas por parte de los grupos armados y tercero las dificultades que se presentan para las víctimas de demostrar el despojo. Sin embargo, este proyecto ha generado grandes avances en el desarrollo y documentación de las dinámicas del desplazamiento y despojo de tierras que sirve como base para los proceso de reparación y restitución que actualmente la Ley 1448 de 2011 a través de la Unidad de Restitución de Tierras realiza. (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2010, pág. 15)
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Análisis de la ley de víctimas y restitución de tierras (1448 de 2011) desde los aspectos fiscales

Análisis de la ley de víctimas y restitución de tierras (1448 de 2011) desde los aspectos fiscales

Sin embargo, a partir del primer debate, surtido en la comisión primera de la Cámara de Representantes, se eliminó dicho trámite, y se señaló que para adquirir la calidad de víctima “[…]bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa” para que en consecuencia, “ésta proceda a relevarla de la carga de la prueba”, es decir, que para la reparación administrativa de las víctimas, siempre que se acredite de manera sumaria el daño, se podrá acceder a los programas de ‘reparación’, esta es una medida mucho más amplia que las existentes en anteriores esfuerzos para reconocer la calidad de víctima, por vía de ejemplo, el Decreto 1290 de 2008, que en su artículo 24 xlv , traía una lista de criterios, de obligatoria revisión para la administración, de los cuales bastaba que se diera uno de ellos para el reconocimiento como víctima. Sin embargo, es importante aclarar, que el hecho que dicha lista tuviera un carácter enunciativo, daba una amplia libertad probatoria para la calidad de víctima, lo cual no es distante del mecanismo sumario de la Ley 1448, la diferencia mas ostensible radica entonces en que el proceso de verificación en dicho decreto, era reglado en su totalidad, la Ley 1448 de 2011, por su parte es más laxa en la elaboración del registro de víctimas.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTÁ 2018

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FACULTAD DE POSGRADOS ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTÁ 2018

29 acciones del Estado que contribuyen al goce efectivo de los derechos. En este orden de ideas, la presente ley: i) incluye nuevos hechos victimizantes adicionales al desplazamiento forzado, ii) unifica los múltiples sistemas de información existentes, con el fin de crear un registro oficial (RUV), iii) implementa estrategias de articulación nación – territorio y entre las diferentes entidades responsables de la oferta estatal, iv) establece criterios temporales para la entrega y suspensión de la atención humanitaria, v) y establece como prioridad la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta establecida en el artículo 67 de esta ley24. El siguiente cuadro resume las principales diferencias entre la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011.
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Caracterización de la población estudiantil víctima del desplazamiento forzado en el centro tutorial Carmen de Bolívar de la universidad de Cartagena, el Carmen de Bolívar 2015

Caracterización de la población estudiantil víctima del desplazamiento forzado en el centro tutorial Carmen de Bolívar de la universidad de Cartagena, el Carmen de Bolívar 2015

De la mano con estas políticas de atención a la ley 1448 de 2011, y teniendo en cuenta que el Centro Tutorial Carmen de Bolívar de la Universidad de Cartagena es receptor de personas en situación de desplazamiento, quienes provienen de distintos lugares del departamento de Bolívar y en especial de la región de los Montes de María, surge el interés de diseñar una propuesta de investigación que permita la caracterización de la población estudiantil víctima del conflicto armado, en particular, aquellas que han sufrido procesos de desplazamiento forzado, de tal manera que se logre analizar el nivel de vida de cada uno de estos estudiantes, así como también las percepciones que dichos estudiantes han construido sobre la Universidad como institución garante de derechos en el marco de la educación superior tomando como muestra el Centro Tutorial Carmen de Bolívar y las distintas facultades que lo conforman, considerando así mismo que en esta población, las personas poseen distintas prácticas, costumbres, valores y hábitos sociales y culturales que los identifica como únicos.
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Veeduría ciudadana, solución a la ineficacia de la ley nacional de víctimas

Veeduría ciudadana, solución a la ineficacia de la ley nacional de víctimas

Las veedurías ciudadanas son un mecanismo de participación cuyo origen se da con la constitución de 1991; la ley 850 de 2003 les permite a los ciudadanos realizar un control fiscal sobre la inversión de los recursos públicos mencionado control consiente que todo ciudadano sea garante de que las obras que se realizan para el desarrollo social puedan ser vigiladas con el fin de garantizar la óptima inversión de recursos. La ley 1448 de 2011 es la base legal fundamental de la reparación integral para las víctimas del conflicto armado de Colombia, sin dejar a un lado la jurisprudencia de la corte constitucional que ha desarrollado una línea especial sobre temas de genero recalcando la especial protección que estas tienen, combinando estos dos temas hemos desarrollado como semillero de investigación un diversidad de medios que permiten la efectividad de la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto armado de Colombia lo que les permiten a ellas empoderarse por sus derechos para hacer así eficaz la reparación integral a la que la tienen derecho; siendo ellas las garantes del cumplimiento de los objetivos de las normas.
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Reconstruyendo lazos de comunidad nuestra propuesta  Estudio de caso de seis veredas de los montes de maría en el marco de un proceso de reparación colectiva

Reconstruyendo lazos de comunidad nuestra propuesta Estudio de caso de seis veredas de los montes de maría en el marco de un proceso de reparación colectiva

El gobierno mediante la ley 1448, se ha lavado las manos con un tema bastante espinoso para el país, y es la reactivación del paramilitarismo, bajo la denominación de Bandas Criminales, por su acrónimo BACRIM, pues dentro de la Ley 1448 queda condensado que no serán consideradas víctimas, personas que sean afectadas por bandas delincuenciales. Este factor es realmente problemático, pues las condenas a paramilitares se están cumpliendo y muchos saldrán a la libertad, con este nuevo panorama de la reactivación paramilitar y con la salida de sus ex combatientes muchos empezaran a engrosar las filas de estas organizaciones ilegales, formando parte de ejércitos privados de actores económicos que hacen presencia en territorios donde se va hacer grandes devoluciones de tierra, por tanto, al no considerar a las BACRIM como un actor del conflicto y sobre todo un actor activo, implica que se extienda una salvedad para que el “neo paramilitarismo” asegure el control de los territorios, sin el temor de verse condenados dentro sanciones que profesa la Ley. Aunque muchos defensores de la Ley, han denominado esta como una herramienta para la verdad, justicia y reparación, que superara los errores de la ley de justicia y paz de un gobierno que negó el conflicto y dio grandes beneficios al paramilitarismo, en este contexto la ley 1448 no se aleja del todo de esta realidad.
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La reparación administrativa a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La reparación administrativa a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ahora bien, en cuanto a la razonabilidad, la cual es referida a la utilización del principio de equidad conforme a las particularidades de cada caso, sin que se establezcan montos rígidos que no guarden mínimamente una relación con las violaciones, se tiene que las indemnizaciones de la ley 1448 de 2011, al estar enmarcadas en un programa administrativo de reparación con carácter masivo, si bien no responden a la situación particular de cada víctima antes de la violación, la fijación de los montos por la ley, implica una categorización de derechos, la cual podría crear situaciones de desigualdad entre las mismas víctimas de diferentes violaciones. Además de ser unos montos extremadamente bajos frente al porcentaje del cálculo global del daño inmaterial que podría fijarse en la vía judicial ante el sistema de peticiones de la Corte IDH o en la jurisdicción interna, teniendo en cuenta que en su mayoría las víctimas no acceden a esta último tipo de reparación.
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Retos institucionales para la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras en el Departamento del Putumayo: balance y perspectivas

Retos institucionales para la implementación de la ley de víctimas y de restitución de tierras en el Departamento del Putumayo: balance y perspectivas

73 “Art. 137. Tortura en persona protegida. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, inflija a una persona dolores o sufrimientos, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación (….)” ( Código Penal Colombiano; Ley 599 , 2000). El Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional, proscribe en el artículo 8 (2) (a) (ii) y (iii), “la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos” y el “causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud”, conductas a su turno reprochadas en el Derecho Internacional Humanitario a través de los Convenios III (relativo al trato dado a los prisioneros de guerra) y IV (relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra) ambos celebrados en Ginebra en el año 1949, en sus artículos 130 y 147, respectivamente.
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Análisis de la atención psicosocial del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en el municipio de Quibdó (2013-2016)

Análisis de la atención psicosocial del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) en el municipio de Quibdó (2013-2016)

Este documento está dividido en seis capítulos: el primero es el estado del arte. El segundo presenta un contexto general del conflicto armado en Colombia, especialmente en Chocó y en Quibdó, donde se evidencia que la guerra comienza a ahondar en los años 90 en el Departamento, siendo su capital una de las ciudades más inseguras en la actualidad dado que, entre otros factores, la tasa de homicidios supera los promedios nacionales. Además, se ocupa de las víctimas y el desplazamiento, uno de los principales problemas de orden social en Colombia, producto de la violencia y del conflicto armado, que deja en las víctimas una huella imborrable, afectando su salud mental y física. El tercer capítulo aborda la normatividad jurídica con que se soporta el PAPSIVI, que forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación emanadas en la Ley 1448 de 2011, en su artículo 137, y del Decreto Reglamentario 4800 del mismo año, en sus artículos 164, 165, 166. Esta normativa va de la mano de la Constitución del 1991 y la normatividad internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario. El cuarto capítulo da cuenta de las generalidades del PAPSIVI, específicamente de sus dos líneas: atención psicosocial y salud integral a víctimas. La primera línea se ocupa de la atención individual, familiar y comunitaria y la segunda, de asistencia en salud, rehabilitación física y mental, promoción y prevención, a través de IPS y EPS-S. El quinto capítulo realiza un análisis de la atención psicosocial del PAPSIVI, donde se evidencia la baja cobertura del programa, recursos económicos insuficientes y algunas fallas en su implementación como la no ejecución del programa en forma continua, entre otros aspectos. Finalmente, el sexto capítulo plantea una propuesta para el mejoramiento del diseño del componente de atención psicosocial del PAPSIVI.
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