Ley 1676 de 2013

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Barreras de acceso a la administración de justicia y vulneraciones al derecho a la defensa contenidos en la ley 1676 de 2013 garantías mobiliarias

Barreras de acceso a la administración de justicia y vulneraciones al derecho a la defensa contenidos en la ley 1676 de 2013 garantías mobiliarias

27 Otro aspecto relevante, se encuentra en el CAPITULO III del TITULO VI artículo 60 de la Ley 1676 de 2013 en el que se establece el pago directo como una de las formas de ejecución de las garantías mobiliarias, en virtud del cual el acreedor puede satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía, cuando se haya pactado por las partes o cuando el acreedor garantizado sea el tenedor del bien. Para ello, un perito escogido por sorteo de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de Sociedades realiza un avalúo y si el valor del bien supera el monto de la obligación, el acreedor deberá entregar el saldo correspondiente, deducidos los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, al deudor o al propietario del bien, lo que se lleva a cabo sin intervención judicial.

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Garantías mobiliarias Ley 1676 de 2013

Garantías mobiliarias Ley 1676 de 2013

de leasing, si se llega a la conclusión de que el derecho de propiedad en este tipo de contratos cumple una función de garantía cuando la misma se mantiene en cabeza del arrendador, en caso de incumplimiento del contrato de leasing, y si nada se ha pactado en él, ¿el acreedor anticrético puede y debe perseguir el bien dado en garantía (leasing) conforme con los derechos que le son conferidos por la Ley 1676 de 2013? ¿se debe incluir expresamente el proceso de restitución de tenencia como una facultad de ejecución en caso de incumplimiento? Como se evidencia en este ejemplo, la tipificación de un negocio jurídico como garantía mobiliaria podría ser un asunto de interés para los contratantes, lo que podría generar espacios de discusión judicial acerca de este punto. Ahora bien, en efecto el contrato de leasing tiene una función de garantía y por lo tanto, según la definición que del concepto hace la Ley 1676, encaja perfectamente dentro de los supuestos de las llamadas garantías mobiliarias. Así mismo, bajo el entendido que la ley mencionada permite a las partes de una relación de garantía pactar diversos mecanismos de ejecución y en caso de no hacerlo aplicar los previstos en ella, la posibilidad de solicitar la restitución de la tenencia de los bienes entregados en garantía deberá pactarse expresamente para poder ser aplicada de forma concordante con el régimen legal de las garantías mobiliarias (lo cual no representa un cambio sustancial en la práctica en la medida que los contratos de leasing suelen celebrarse mediante formatos preestablecidos por entidades profesionales dedicadas a esta materia y en los que es usual pactar dicha facultad de restitución).

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Ejecución de garantías mobiliarias en Colombia según la Ley 1676 de 2013

Ejecución de garantías mobiliarias en Colombia según la Ley 1676 de 2013

Esta ley busca entonces que se pueda dar un cambio en el régimen de garantías, para que este tipo de empresas pueda acceder de forma efectiva a canales de financiación que aumenten su productividad y los ayuden a estabilizarse financieramente. En Colombia se ha buscado constantemente por parte del gobierno nacional que las personas tanto naturales como jurídicas puedan acceder a productos del sistema financiero con mayor facilidad, y esto va ligado de manera especial al cambio impulsado en la ley 1676 de 2013. 3

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Análisis de las implicaciones del pago directo y de la ejecución directa contemplados en la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias

Análisis de las implicaciones del pago directo y de la ejecución directa contemplados en la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias

Aplicación de la ley 1676 de 2013, respecto de la prelación de créditos: “ La presente ley tiene como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas ” . 6 “Las garantías mobiliarias se constituyen mediante contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes en garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos presentes o futuros, corporales o incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de la operación o quien sea el titular de los bienes en garantía.

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Pasado y presente de las Garantías Mobiliarias: del Código Civil de 1887 a la Ley 1676 de 2013

Pasado y presente de las Garantías Mobiliarias: del Código Civil de 1887 a la Ley 1676 de 2013

En primer lugar y para lograr una mayor claridad a lo largo este estudio, es importante destacar que el inciso segundo del artículo tercero de la Ley define la garantía mobiliaria como “(…)toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar, incluyendo compras, cesiones en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley” 114 . En otras palabras, el concepto de garantía mobiliaria podría ser definido como aquella operación tendiente a constituir un derecho real sobre bienes muebles, que según la Ley pueden ser materiales o inmateriales, presentes o futuros, específicos o genéricos, con el objetivo principal de garantizar una obligación actual o proyectada, a cargo ya sea del mismo garante o de un tercero.

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Las competencias locales: balance de situación

Las competencias locales: balance de situación

Para ello, tal y como expresa el Preámbulo de la LRSAL, la metodología que se emplea para realizar esta reforma se centra en la realización de “un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio”; pues el legislador de la LRSAL entiende que “las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuye la ley y para las que no cuenten con la financiación adecuada” y, además, concluye afirmando que “por tanto, solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública”.

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Análisis del déficit presupuestario en el municipio Mayarí

Análisis del déficit presupuestario en el municipio Mayarí

La ley 114 del presupuesto del estado para el año 2013 tiene como base el tercer año de la Proyección de la Economía y del Presupuesto del Estado para el período 2011-2015, encauza la actualización del modelo económico en lo referido a que el sistema de planificación socialista sea la vía principal para la dirección de la Economía Nacional, se incremente la eficiencia a partir de proyectarlos ingresos que respalden el gasto público en los niveles que se planifiquen y mantenga un adecuado equilibrio financiero. El proyecto dispone los tributos que regulados en la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, de fecha 23 de julio de 2012,serán de aplicación total o parcial en el año 2013,en correspondencia con las condiciones en queoperará la economía del país y en aras de incrementar el conocimiento y la cultura tributaria, así como la adopción de otras medidas tributarias, con el objetivo de continuar promoviendo el desarrollo ordenado de las formas de gestión no estatal y estimular la producción de bienes y prestación de servicios; refleja, además, las restricciones económicas que continuará enfrentando el país, derivadas del efecto de la crisis económica internacional y del recrudecimiento del bloqueo por el gobierno delos Estados Unidos de América.

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Ley de convivencia escolar: Estrategia pedagógica y didáctica para su comprensión y apropiación en el grado sexto

Ley de convivencia escolar: Estrategia pedagógica y didáctica para su comprensión y apropiación en el grado sexto

Sumado a lo anterior, a nivel nacional se establece desde el Plan Decenal de Educación (PNDE) 2006 – 2016 “Pacto Social por la educación”, la educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, haciendo énfasis en el propósito No 10 que enuncia “El sistema educativo debe garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto a la diversidad de su etnia, género, opción sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo, desplazamiento, reclusión, reinserción o desvinculación social y generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo requieran, dando lugar a la expedición de la Ley 1620 de 2013 “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar” y de su decreto reglamentario 1965 del 2013, lo que configura una apuesta por la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de nación en una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural; con esta ley el Gobierno Nacional pretende atender a la población escolar mediante mecanismos de prevención, protección, detención temprana y denunciar conductas que atenten contra la convivencia como lo son la violencia, la deserción escolar, el embarazo en la adolescencia, entre otros.

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Número 30 (1 y 2) 2018

Número 30 (1 y 2) 2018

Por otro lado, algunos autores como Eynon (2013) advierten que la sobreutilización de estas tecnologías relacionadas con big data en la educación pueden generar una creencia falsa, según la cual la solución a todos los problemas que nos rodean está en esta tecnología, y que cualquier tipo de contenido puede ser impartido con ella, en lugar de encontrar formas de empoderar a •˜œȱ˜ŒŽ—ŽœȱŽ—ȱŽ•ȱ™Ž›ŽŒŒ’˜—Š–’Ž—˜ȱŽœ™ŽŒ’ęŒ˜ȱŽȱ™›˜ŒŽœ˜œȱŽž- cativos que realmente lo necesiten. No obstante, los resultados de los meta-análisis realizados por Chien et al., (2016); Hunsu et al., (2016) y Kay y LeSage (2009) coinciden en señalar que las LA ofrecen al docente la posibilidad de optimizar de manera efectiva secuencias de enseñanza individualizadas para cada estudiante. Hunsu et al. (2016) aboga por la utilización de técnicas de LA para ayudar a los estudiantes a superar conceptos erróneos pro- fundamente arraigados y fomentar el cambio conceptual en el aprendizaje. A pesar de ello, Kay y LeSage (2009) consideran que aún debe determinarse si los ARS son más adecuados para con- tenidos más conceptuales o si se necesita un conjunto diferen- te de estrategias para las clases más pequeñas y los estudiantes más jóvenes. Entre sus conclusiones estos estudios reivindican la necesidad de nuevas investigaciones que ofrezcan metodologías diferentes que optimicen estas secuencias y hagan posible un aprendizaje individualizado para todo el alumnado.

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La persona y su dignidad al inicio de la vida: el concebido por técnicas de fertilización in Vitro en Chile

La persona y su dignidad al inicio de la vida: el concebido por técnicas de fertilización in Vitro en Chile

También este proyecto prohíbe el uso de técni- cas de reproducción asistida con fines distintos al procreativo. Y se refiere expresamente a la crio- preservación y destrucción de embriones, con- templando sanciones penales y administrativas; considera además la posibilidad de adopción de embriones criopreservados, de acuerdo con la Ley Nº 19.629, una vez transcurridos cinco años des- de el estado abandono (artículo 9 letra b). El tercer proyecto de ley que considera sujeto al concebido se titula “Sobre reproducción humana asistida” (boletín Nº 4573-11 del 3 octubre de 2006, autor Guido Girardi, archivado el 5 enero de 2009)(44). Los principios que fundamentan la moción son la protección del hijo desde la fecun- dación, los derechos y libertades reproductivas de la mujer y del varón que se someten a las técnicas de reproducción asistida, y el principio de no dis- criminación en el acceso por razones económicas (considerandos 5 y 8).

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La Debida Ejecutoriedad de las sanciones en el régimen de la Reforma Magisterial según las Garantías Constitucionales y su vinculación con la Implementación del Proyecto Educativo Nacional

La Debida Ejecutoriedad de las sanciones en el régimen de la Reforma Magisterial según las Garantías Constitucionales y su vinculación con la Implementación del Proyecto Educativo Nacional

46 fondo de la decisión, sobre la facultad de actuar o no actuar o de decidir entre varios contenidos posibles de actuación, con el fin de preservar la libre voluntad del Ejecutivo a la hora de decidir, pero ello no permite, a mi parecer, distinguir estos actos de los realizados en el ejercicio de potestades discrecionales, porque en el caso que la decisión del Ejecutivo esté de alguna manera limitada o condicionada por el legislador con “conceptos jurídicamente asequibles”, los Tribunales podrían entrar, según lo expuesto, a controlarla (...) y en el caso de que no exista ninguna relación legal atinente al fondo de la decisión, no es que el acto esté exento de control judicial, sino que, al no estar vinculado su contenido en un sentido determinado, no infringe el Derecho (...) Considero, por todo lo expuesto, que los actos que la doctrina citada del Tribunal Supremo define como “actos políticos” o “de dirección político” no son sino decisiones para cuya adopción el ordenamiento jurídico atribuye un amplísimo – máximo si se quiere –, margen de discrecionalidad al Ejecutivo para apreciar “lo que sea de interés público”, pero sin que ello comporte una distinta naturaleza de estos actos en cuanto a su control jurisdiccional ni justifique, por consiguiente, una denominación diferenciada de los mismos, pues están sometidos a las reglas generales de vinculación a la Ley y al Derecho y de control jurisdiccional de los actos discrecionales de la Administración”. LOZANOCUTANDA, B., “El control judicial de los secretos de Estado: las sentencias del Tribunal Supremo sobre los documentos del CESID”, REDA 94, 1997, p. 274.”

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Transparencia en la gestión del Agua.

Transparencia en la gestión del Agua.

Podemos afirmar que no se rinden cuentas, o sea, no se publican, ni tampoco los acuerdos que se toman, ni de las obras adjudicadas, ni de consumos reales, ni de utilización total de los caudales. No se conocen, no se divulgan. Es un escenario opaco, sobre una estructura de casi quinientas “autoridades públicas”, según las define la Ley 27/2006, en su art. 2, que concibe tanto a las Confederaciones Hidrográficas como las Comunidades de Regantes, como “autoridades” y esa condición es para ejercer las competencias y prestar los servicios públicos relacionados con el medioambiente. Y a estos efectos son responsables del ejercicio de esas funciones públicas que prestan por delegación y deberían estar obligados a rendir cuentas de su gestión. Sin embargo, no se comprende que solo seis hayan solicitado el alta en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas, y desconocemos los de otras Confederaciones por no estar disponibles.

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LEY+1620+DEL+2013+MATONEO.doc

LEY+1620+DEL+2013+MATONEO.doc

4. Establecer en conjunto con el MEN la reglamentación necesaria para que las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado y las instituciones prestadoras de servicios de salud, diseñen e implementen estrategias que puedan ser verificables de manera cuantitativa y cualitativa, para el desarrollo de los servicios de atención integral a los niños, niñas y adolescentes desde el primer control médico periódico y a lo largo de todo el ciclo educativo, así como la atención prioritaria y el inicio del control prenatal para la estudiante embarazada, de conformidad con los parámetros establecidos en la presente ley.

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COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

El artículo 440 LEC señala que una vez se haya contestado la demanda y, en su caso, la reconvención o el crédito compensable, o transcurridos los plazos correspondientes, el secretario judicial, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes a tal fin dentro de los cinco días siguientes. La vista habrá de tener lugar dentro del plazo máximo de un mes. Otra de las novedades de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la introducción de la posibilidad de acordar en el juicio verbal un trámite de conclusiones, que permitirá a ambas partes hacer sus alegaciones al término de la vista.

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Ley 4470 Ley Tarifaria 2013 CABA AGIP

Ley 4470 Ley Tarifaria 2013 CABA AGIP

1. Derecho de certificación anual de aptitud técnica, previsto en el artículo 5º inc. f) de la Ley 1913, para los agentes comprendidos en los articulos 5º y 13 de la misma norma (incluye curso y examen) …………………………………………..……….$ 125,00 2. Realización del curso teórico-práctico de Capacitación y Perfeccionamiento para los agentes comprendidos en los artículos 5º y 13 de la Ley 1913………………... $ 150,00 3. Realización de cursos, seminarios, jornadas, talleres, diplomaturas o similares, referidos a la capacitación práctica, especialización, actualización y/o nivelación en seguridad pública o privada (con excepción de los que por su naturaleza y alcance deban dictarse en forma gratuita), por alumno, por hora cátedra de duración de los mismos………………………...……………………………………………$ Hasta 1.188,00 4. Matrícula anual Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, aprobada por

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Procedimiento de presentación de facturas y codificación de unidades tramitadoras

Procedimiento de presentación de facturas y codificación de unidades tramitadoras

Consecuente con estas nuevas obligaciones legales, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, por acuerdo de Pleno de 4 de junio de 2014, aprobó la adhesión al Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Ese mismo año se tramitó la obtención del código DIR3, y poder así identificar los tres niveles exigidos por el punto general de entrada de facturas electrónicas: Órgano Gestor, Oficina Contable y Unidad Tramitadora, y por Decreto de Alcaldía 2014006445, de 14 de diciembre, la implementación de la tramitación electrónica de Contratos Menores. En virtud del artículo 4 de la Ley 25/2013, procedió igualmente a registrar y tramitar, desde el 15 de enero de 2015, las facturas en formato electrónico, con plena integración del registro administrativo (FACe) y del propio registro contable. Además, en febrero de 2015 fue aprobada la Resolución 2015001000, de 19 de febrero de 2015, por la que se excluía de la presentación en formato electrónico aquellas facturas generadas por importe no superior a 5.000 euros. Por último, por Decreto de Alcaldía 2017004909, de 26 de octubre de 2017, se dispuso la obligatoriedad del uso por todas las unidades administrativas, del Ayuntamiento de Arganda del Rey, del gestor electrónico de expedientes en todas y cada una de las fases de los procedimientos administrativos de los que sean responsables.

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Autos contra Domingo Metapí por brujo y hechicero, 1676

Autos contra Domingo Metapí por brujo y hechicero, 1676

se consideraban delicados generalmente eran denunciados de manera secreta y después se instruían autos formales para saber sus pormenores y a la postre dictar la sentencia correspondiente. Estando de visita el obispo don Marcos Bravo de la Serna y Manrique en el pueblo de Chiapa, habiéndose enterado por denuncia secreta, ordenó a su notario, don Nicolás de Reyes, que formara los autos para ventilar el asunto de Metapí, indio casado y vecino del calpul de Santiago, señalado de grave falta y digna de todo remedio por hechicero y brujo. Se afirmaba por voz pública que en esta calidad causaba enfermedades y muertes por tener pacto con el diablo. Sabedor de esto, el obispo Bravo de la Serna mandó practicar las diligencias de estilo que se iniciaron el 13 de diciembre de 1676 y concluyeron el 23 del mismo mes. Se hizo comparecer a varios testigos a quienes, previamente juramentados, se interrogó sobre la vida y costumbres de Metapí.

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Propuesta de estructuración estratégica a una organiación de base comunitaria al cuidado de pacientes con enfermedad mental  comuna 13 Santiago de Cali [recurso electrónico]

Propuesta de estructuración estratégica a una organiación de base comunitaria al cuidado de pacientes con enfermedad mental comuna 13 Santiago de Cali [recurso electrónico]

Experiencias comunitarias como las ofrecidas por la Asociación, que funciona hace 20 años en la Comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali, a pesar de que han venido dando una respuesta desinstitucionalizada a los pacientes con enfermedad mental mayor, no han podido ser suficientemente visibilizadas, pues se tiende a considerar que es la institucionalidad la única garante de la atención y es hacia donde se dirigen los esfuerzos de la planeación administrativa y financiera, y lo comunitario sigue funcionando con mecanismos de gratuidad sobrellevadas por los esfuerzos de líderes comunitarios, sin costo, para sostener en el tiempo estas iniciativas. A pesar de que las leyes en Colombia indican la creación de servicios comunitarios y de técnicas de rehabilitación basadas en la comunidad, no solo para dar solución a estas barreras de acceso, sino para buscar el empoderamiento de la sociedad en el conocimiento y participación del tratamiento para la rehabilitación de los trastornos mentales, en ningún caso se pretende que estos ejercicios comunitarios se basten a sí mismos, sino que sean fortalecidos con herramientas administrativas y financieras que les permitan ser viables y no depender solo de la caridad de las personas, sino que hagan parte de la red de servicios integrales e integrados que plantea el Sistema de salud en Colombia (Ley 1438 de 2011 y Ley 1616 de 2013).

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LEY 1620 DEL 2013 MATONEO.doc

LEY 1620 DEL 2013 MATONEO.doc

Artículo 34. Divulgación y difusión. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional a través de los programas institucionales de televisión y de las páginas web oficiales de las entidades públicas que integran y están vinculadas al Ministerio de Salud y la Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, divulgarán permanentemente el contenido de la presente ley y, en todo caso, el contenido a que hace referencia la Ruta de Atención Integral, deberá ser entregado en medio impreso o por vía electrónica a los padres de familia al momento de matricular a sus hijos en cualquier establecimiento educativo del país.

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