Ley 80 de 1993

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Los regímenes excepcionales de contratación previstos en la ley 80 de 1993

Los regímenes excepcionales de contratación previstos en la ley 80 de 1993

Ahora bien, como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma Ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública, en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito, o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales. Lo cual, encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales.
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Incidencia de la planeación como “Principio Innominado” en la Contratación Estatal en Colombia a partir de la ley 80 de 1993

Incidencia de la planeación como “Principio Innominado” en la Contratación Estatal en Colombia a partir de la ley 80 de 1993

De la presente investigación se concluye que, a pesar de que el principio de planeación no está reglado normativamente puesto que no se encuentra tipificado o señalado de manera expresa en la ley 80 de 1993 y en las demás que la modifican como principio nominado e independiente de la contratación estatal o de la función pública, el mismo ha sido reconocido jurisprudencialmente, siendo posible mencionar que dicho principio es la columna vertebral de la contratación estatal en Colombia, pues este es determinante en el triunfo o fracaso que este puede tener en cualquier actividad que adelante el Estado, ya que genera el uso adecuado de los recursos públicos, celeridad en las actuaciones que adelante la entidad estatal y adquisiciones convenientes. La falta de este principio con lleva a la administración inadecuada de los recursos públicos e incumplimiento de los fines esenciales del Estado.
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Transparencia y legalidad en la contratación estatal desde el registro único de proponentes. 

Transparencia y legalidad en la contratación estatal desde el registro único de proponentes. 

Según Navarro y Rivera (2001) en su estudio “Instituciones del Derecho Privado en la Contratación Estatal” La capacidad de los contratistas, se rige por las reglas generales de capacidad, contenidas en la legislación civil. No obstante, el contratista, tiene un requisito adicional establecido por la Ley 80 de 1993 sin el cual no puede contratar con una entidad estatal. Este es la inscripción en el Registro Único de Proponentes, que se debe realizar en la Cámara de Comercio del domicilio del interesado. Este registro ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos doctrinantes, como el tratadista argentino Roberto Dromi y el Dr. Rodrigo Escobar Gil, sostienen que el registro es un requisito esencial que el contratista debe cumplir para poder contratar con el Estado y por lo tanto si se omite, carece de capacidad. Mientras que el Dr. Nestor Raul Correa controvierte esta posición al sustentar que la capacidad del contratista se rige por la legislación civil, considerando así el registro como un requisito meramente formal. Por consiguiente, la no-inscripción en el registro podría verse como una inhabilidad especial para el contratista, pues aunque jurídicamente tiene capacidad para contratar, no podrá celebrar el contrato válidamente con una entidad estatal.
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE GRADO Introducción

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE GRADO Introducción

Por su parte señala el artículo 32 de la ley 80 de 1993 con respectos de los contratos estatales lo siguiente: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo”, 26 y para efecto del presente artículo únicamente nos referiremos al contrato de obra: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización
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Urgencia manifiesta causal de contratación directa o excusa para contratar a dedo

Urgencia manifiesta causal de contratación directa o excusa para contratar a dedo

presencia de circunstancias especiales, se abre la posibilidad de excepcionar la regla general que es la licitación pública o concurso público, para elegir a los particulares que puedan ( una vez reunidos los requerimientos específicos), prestar sus de servicios a la sociedad, permitiendo de esta forma a las Entidades, echar mano al mecanismo de contratación directa. El presente ensayo tiene como propósito esencial el estudio sobre la viabilidad de la institución de la Urgencia Manifiesta, fenómeno jurídico contemplado en el artículo 42 de la ley 80 de 1993 para eventos taxativamente allí mencionados, al mismo tiempo se pretende analizar la forma como de no cumplirse con los supuestos facticos y legales puede incurrirse en una indebida aplicación en la órbita contractual Estatal, por aplicar la figura en contrataciones a dedo, generando consecuencias jurídicas lamentables en cabeza del funcionario contraventor y para Entidad Estatal.
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De la Capacidad Jurídica como Requisito Habilitante en el Marco de la Jurisprudencia del Consejo de Estado

De la Capacidad Jurídica como Requisito Habilitante en el Marco de la Jurisprudencia del Consejo de Estado

Ahora bien, en cuanto al requisito habilitante de la capacidad jurídica, este se puede definirse como aquella aptitud que tiene una persona natural o jurídica para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, que se encuentra facultada para ejercer o exigir los primeros y contraer los segundos. En tal sentido, una persona es legalmente capaz para celebrar contratos con las entidades del orden estatal cuando se reputa apta para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 80 de 1993 el cual incluye a los consorcios y uniones temporales en materia de contratación estatal.
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El contrato de prestación de servicios en la legislacion contractual administrativa colombiana

El contrato de prestación de servicios en la legislacion contractual administrativa colombiana

“La Ley 80 de 1993 en el artículo 29, reguló el principio de selección objetiva del contratista, como aquel que permite efectuar la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y los fines que se buscan, describiendo los factores que permiten determinar a la administración esta situación, e indicando los medios para efectuar comparaciones entre los cuales se encuentra el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos. La escogencia del contratista impone a la administración efectuar el proceso de selección con transparencia, por ello regula que debe efectuarse por vía de proceso licitatorio o concurso público, y por contratación directa, describiendo el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 las reglas para la licitación o concurso, que se predica como regla general, y las excepciones a su aplicación en el artículo 24 ídem, entre las cuales se encuentra la menor cuantía desarrollada en el literal a) del numeral 1”. PGN, Sala Disciplinaria, Fallo enero 29 de 2004, Rad. 161-2100, P.D Dr. León Danilo Ahumada Rodríguez.
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La contratación directa en Colombia una alternativa para agilizar los procesos contractuales o una vía para defraudar a la administración pública

La contratación directa en Colombia una alternativa para agilizar los procesos contractuales o una vía para defraudar a la administración pública

A su vez está apoyado bajo el principio de eficacia en conexidad con el principio de celeridad de la contratación estatal, toda vez que en muchas ocasiones no existe desarrollo económico de la población de ni de la entidad territorial a causa de los múltiples tramites y procedimientos para poder celebrar un contrato con la entidad estatal. Contempla la ley 80 de 1993 articulo 3 numeral 11 “en virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.” Ibidem en el numeral 13 bajo el principio de celeridad “En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” Así acelerar el cumplimiento de los fines del estado. Teniendo en cuenta los principios igualmente de transparencia y planeación del estado.
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De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

de septiembre de 2000 de expediente No. 6140 del Magistrado Ponente Silvio Fernando Trejos Bueno se puso fin a la discusión planteada por la Ley 80 de 1993. - No hay que perder de vista que el seguro de cumplimiento que garantiza contratos estatales se encuentran regidos por principios que tiene su base en la prestación de un servicio público y en las prerrogativas que tiene el Estado que como se ha visto difieren del régimen privado en donde sobresale la autonomía de la voluntad. Si bien es cierto que el propósito de la Ley 80 de 1993 pretendía reducir las potestades excepcionales del Estado respecto a lo que establecía el Decreto 222 de 1983, y así eliminar posibles arbitrariedades del Estado, por lo que le deja al juez de lo contencioso administrativo asuntos que le correspondían a la entidad estatal, y de esta manera incentivar a los contratistas para que colaboren con las funciones del Estado, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se establecieron características especiales, las cuales se encuentran fundadas en la prevalencia del interés público que se aplican con preferencia al régimen comercial entre las cuales pueden destacarse la irrevocabilidad del contrato y la no terminación del unilateral del contrato de seguro por el no pago de la prima, ratificado mediante la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012. - En cuanto al riesgo deben prevalecer las normas especiales contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 734 de 2012 frente a lo consagrado en el artículo 1055 del Código de Comercio como norma general de los seguros. - El Decreto 734 de 2012 unificó la reglamentación de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en lo que se refiere a los tipos de garantías y a los modos de contratación e innovando en el tema de fraccionamiento y combinación de garantías. - Aunque las Entidades del Estado tienen la potestad sancionatoria frente al incumplimiento del contratista; esto no quiere decir que siempre deban imponerse multas aunque estas hayan sido pactadas; pues la administración pública no puede desgastarse cuando el contratista mismo no muestra interés alguno de reparar el daño causado con su incumplimiento. - Quedó demostrado que ante la compañía de seguros solo podrán hacerse exigible tanto las multas como la cláusula penal siempre que estas hayan sido pactadas por las partes entendiéndose que esta última constituye una tasación anticipada de los perjuicios la cual es impuesta por la entidad contratante al contratista cuando hay incumplimiento severo y grave de las obligaciones contraídas dentro del contrato estatal. - Finalmente se dice que si la cláusula penal pecuniaria ha sido mal pactada o al respecto no se ha dicho su valor el pago de esta no podrá ser superior al diez (10%) por ciento del valor del contrato y en todo caso la entidad contratante será responsable por ello.
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Evaluar los registros integrados de contratos estatales, reglamentados por el estatuto general de la contratación pública ley 80 de 1993

Evaluar los registros integrados de contratos estatales, reglamentados por el estatuto general de la contratación pública ley 80 de 1993

Para desarrollar una auditoría a los estados contables de una entidad, es de vital importancia conocer las normas básicas que rigen la actividad contable (Vasquez, 2000). Los aspectos de mayor relevancia en el desarrollo de dicha actividad, no sin antes recomendar a quienes pretenden realizar labores de auditoría en este campo, la consulta permanente del régimen contable colombiano bajo la Ley 2649 de 1993- y del Plan General de la Contabilidad Pública, adoptado por el Contador General de la República.

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Estudio comparativo de la normatividad contractual vigente en aplicación a los medios tecnológicos para la contratación estatal

Estudio comparativo de la normatividad contractual vigente en aplicación a los medios tecnológicos para la contratación estatal

Dentro del análisis que se plantea en este proyecto sobre la utilización de los medios electrónicos frente a los procesos de contratación pública es muy importante destacar la estructura del pliego electrónico en donde está configurado toda la información que establece la Ley 80 de 1993 , Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, además se encuentra pertinente que con esa herramienta damos la oportunidad a todas las empresas del Estado Colombiano que desean participar en procesos para lo cual no tienen que desplazarse hasta la Entidad a entregar la oferta en físico si no que con esta plataforma tiene la oportunidad de presentar su oferta por vía electrónica para lo cual hay mayor participación de Proveedores y se alinea con las políticas presidenciales de cero papel.
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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Esta reforma, de la cual fui designado ponente, introduce importantes modificaciones a la Ley 80 de 1993 en temas trascendentales, como lo son los referentes a las modalidades de selección, mecanismos de publicidad, registro único de proponentes, proceso de evaluación de ofertas y garantías del debido proceso que envuelven el quehacer contractual del Estado.

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La caducidad de la acción contractual frente a los derechos de los contratistas

La caducidad de la acción contractual frente a los derechos de los contratistas

Así las cosas, tal y como lo manifestara el Congreso de la República en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 149 de 1992, que se convertiría en la Ley 80 de 1993, el nuevo Estatuto de Contratación surge de la necesidad de la Administración de contar con instrumentos de contratación ágiles y eficientes. Este nuevo Estatuto se aparta del anterior, al hacer a un lado la clasificación de los contratos en privados y administrativos, estableciendo un concepto genérico de “Entidades Estatales” sobre las cuales recae la nueva Ley de contratación, señalando la forma de distinguirlas incluso por la participación mayoritaria del Estado en el caso de las empresas de economía mixta, de suerte que de ser clasificada como “Entidad Estatal”, celebra contratos estatales. Igualmente regula temas tan importantes como la ecuación contractual, la consagración de los principios de Transparencia, de economía, de responsabilidad, de selección objetiva, entre otros tantos avances que hacían presumir que finalmente nuestro Estado contaba con una herramienta ideal para el manejo de la contratación pública, libre de maniobras corruptas que afectaran el interés general, radicado en la necesaria e ineludible obligación de los funcionarios públicos de proteger y respetar los recursos públicos.
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La supervisión de los contratos estatales en las entidades autónomas del nivel nacional de la administración pública

La supervisión de los contratos estatales en las entidades autónomas del nivel nacional de la administración pública

agosto de 2003. Rad. 1453. C. P. Augusto Trejos Jaramillo: “El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía. La partes deben en esta etapa acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y en la correspondiente acta hacer constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias presentadas y poder así declararse a paz y salvo. Esta ley prevé, así mismo, distintos procedimientos para tal liquidación, a saber: a) La liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes. b) Liquidación unilateral por la administración. c) Liquidación por vía judicial. e) En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro de los términos previstos por el artículo 60 citado y transcurran los dos años "siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar", sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere el C.C.A., artículo numeral 10, letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma”
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Contratos atípicos en la administración pública

Contratos atípicos en la administración pública

No obstante lo anterior, también se puede identificar un contrato estatal por medio de la actividad a desarrollar, la cual no es otra que todos los actos jurídicos señalados dentro del marco establecido por la ley 80 de 1993; en otras palabras, para la identificación del contrato estatal por medio de la actividad a desarrollar, se debe tener en cuenta todos aquellos actos jurídicos que generen obligaciones contractuales entre las partes, así como también, todos aquellos que surjan en desarrollo de la autonomía de la voluntad.

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La subsanabilidad de requisitos en la licitación pública y su impacto frente a los principios de la contratación estatal en Colombia

La subsanabilidad de requisitos en la licitación pública y su impacto frente a los principios de la contratación estatal en Colombia

55 medidas como son: i). La adopción de pliegos tipo 40 para las entidades instituidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, para lo cual otorga un plazo de seis (6) meses para su reglamentación. Medida considerada para generar eficiencia, estandarizar criterios y agilizar la etapa precontractual, a su vez como una medida para contrarrestar la corrupción y generar mayor participación en los procesos de selección, lo cual se traduce en pluralidad de oferentes. ii). Estatuye también para los procesos licitatorios la presentación de dos sobres 41 , uno con los requisitos habilitantes, y el otro con la oferta económica, este último con apertura el día de la audiencia de adjudicación, lo cual busca generar transparencia. Y iii) finalmente frente al tema que nos ocupa que es la subsanabilidad de requisitos, la Ley 1882 de 2018 en su artículo 5 Modificó el Parágrafo 1 e incluyó los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, instituyendo la posibilidad de subsanar todos aquellos requisitos de la propuesta que no afectan la asignación de puntaje, poniendo como fecha límite para su entrega por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación en cualquiera de las modalidades de selección de contratistas salvo en los de Mínima cuantía y los de selección a través del sistema de subasta. A su vez establece la consecuencia de la no entrega de los documentos solicitados por la entidad estatal, que es el rechazo de la oferta.
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Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

Aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública

El principio de preclusividad se encuentra consagrado en el artículo 25, numeral 1° del Estatuto de Contratación, Ley 80 de 1993, estableciendo que los términos de la contratación son preclusivos y perentorios: en las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán las etapas estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Sin embargo, se encuentra que el incumplimiento de tal principio ha generado en materia contractual una serie de inconvenientes, en el normal funcionamiento de la Administración. El presente ensayo tiene por objeto determinar la aplicación del principio de preclusividad en la contratación pública.
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Estudio de los factores en el proceso de contratación precontractual con entidades pymes en el municipio del Espinal   Tolima

Estudio de los factores en el proceso de contratación precontractual con entidades pymes en el municipio del Espinal Tolima

Marco normativo sector público La ley rectora de la contratación Estatal es la ley 80 de 1993, la cual tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos con las entidades estatales; busca la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. En esta ley se estipulan los derechos y deberes de las entidades estatales, la definición de los servidores públicos, los derechos y deberes de los contratistas, del proceso de licitación, y los medios y conceptos para toda la regulación necesaria en el ejercicio de la contratación Estatal Junto con la ley 80, se encuentra la ley 1150 de 2007, que tiene como propósito introducir modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos,
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Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

No fueron suficientes más de 9 años que han transcurrido desde la reforma a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007, para percatarnos que definitivamente con más de 6 decretos reglamentarios principales y con la intervención del Consejo de Estado mediante distintos fallos, no son suficientes los esfuerzos y por tanto, la seguridad jurídica y la eficiencia en materia económica y social (desgaste administrativo), acarrean serios problemas que se traducen en potenciales afectaciones al principio de transparencia.

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PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

Sin embargo este registro a atravesado por un sin número de modificaciones de tipo legal, la reglamentación del estatuto general de contratación de la administración pública ha tenido cambios importantes en los últimos años, como lo son la ley 80 de 1993, cuando el estado traslada el registro único de proponentes a las cámaras de comercio, inicialmente este proceso requería un mínimo de requisitos realizando un control formal del formulario establecido para inscribirse en este registro; sin embargo con el pasar de los años y las reformas realizadas ley 1150 de 2007, reglamentada por los decretos 4881 de 2008 y 836 de 2009, este proceso pasa a ser más dispendioso por cuanto requiere verificación documental en donde lo certificado por la cámara de comercio resulta ser plena prueba, posteriormente en el año 2010 es reglamentada por el decreto 1464 en el 2012 por el decreto 734 y finalmente en el 2013 por el decreto 1510.
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