Ley agraria

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Análisis Iniciativa de Reforma a la Ley Agraria

Análisis Iniciativa de Reforma a la Ley Agraria

SEGUNDA OBSERVACIÓN: Se realiza un cambio en cuestiones de redacción, por lo que la redacción vigente del artículo 46 de la Ley Agraria, a la letra dice: “El núcleo de población”, para con esta nueva redacción que proponen, a la letra quedar como “El ejido”. Usted lector, quizás note que no hay mucho cambio, pero si analizamos la magnitud de este cambio, primeramente necesita usted saber que el artículo 46 de la ley agraria vigente, ya estipula que se podrán entregar en garantía las tierras de uso común y las parceladas en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. Ahora bien para mayor entendimiento, imaginémonos un escenario en el que la reforma a la ley Agraria fuera aprobada y que en un ejido o comunidad llegase a suceder un fuerte problema donde requieran una cantidad de dinero para resolverlo y que en lo individual o de manera colectiva, tengan la necesidad de pedir un préstamo de dinero a un banco; por supuesto que el banco otorgará el crédito que le pidan con los respectivos intereses, pero para otorgarlo exigirá que ya sea de manera individual o colectiva según lo hayan solicitado, otorguen en garantía las tierras de uso común o parceladas, esto significa que deberán entregar los certificados de derechos parcelarios o de uso común ante notario público para darle más certeza al acto, debiéndose además inscribirse esa garantía en el Registro Agrario Nacional 12 y además

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Para leer el Informe de Ley Agraria de Jovellanos

Para leer el Informe de Ley Agraria de Jovellanos

también una de las primeras tentativas oficiales de reforma agraria general en la historia de España. Se pretendía obtener un diagnóstico de la deca- dente situación agraria y establecer un programa de reforma para su resta- blecimiento por medio de una ley agraria codificadora. Para ello reunió el Expediente muchas protestas y denuncias surgidas en el seno de la socie- dad rural y los informes de las autoridades y órganos territoriales. Pero también integró algunos análisis económicos relevantes como el del perua- no Pablo de Olavide que generó un fuerte impacto en Jovellanos. Para la ordenación del amplio abanico de opiniones muy diversas y con el fin de obtener un diagnóstico unitario, el conde de Campomanes decidió en 1777 –diez años después de iniciado el proceso– remitir el Expediente a la Socie- dad Económica Matritense para que lo informase previamente a su resolu- ción. La dilación del proceso fue elevada al tardar la Sociedad diez años más en encargarle la redacción a Jovellanos y demorarse éste otros siete años en cumplir el encargo. La lentitud en la tramitación tuvo importantes consecuencias pues el contexto político de la publicación del Informe era muy distinto al de la primera etapa del Expediente, e incluso del momento en que fue encomendada a Jovellanos la redacción del Informe en 1787.

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La constitución de un nuevo ejido con la nueva ley agraria

La constitución de un nuevo ejido con la nueva ley agraria

Estos pueden utilizarlas y disponer de ellas sin más restricciones que la propia ley establece, al respecto cabe destacar que la delimitación que se lleva a cabo al interior del ejido para el mejor aprovechamiento debe ser en su mayoría en tres partes: Tierras parceladas, Tierras de asentamiento Humano y Tierras de uso Común, debe mencionarse que la Ley Agraria define al ejido como el núcleo de población con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por las tierras que les han sido dotadas o las que hubieren adquirido por cualquier otro medio; así como por los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales (Artículos 9 y 12), esta Ley establece cambios importantes en cuanto a la organización interna del ejido ya que reconoce autonomía al núcleo de población y da seguridad en la tenencia de la tierra a sus integrantes; como uno de los principios básicos de la organización al interior del ejido, ya que son los propios órganos del ejido es decir la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, como Órganos de decisión, representación y vigilancia respectivamente, los que determinan la forma de organización que más le convenga al núcleo de población; siempre y cuando no violen los limites amplios y mínimos que para cumplir con el ordenamiento Constitucional le impone la Ley, la voluntad de los ejidatarios, en cuanto a su organización interna queda plasmada en su Reglamento Interno.

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Introducción al proyecto de la Ley Agraria de Jovellanos (1955)

Introducción al proyecto de la Ley Agraria de Jovellanos (1955)

Quienes citicaron su progresismo avanzado, por haber propugnado muchas veces lo más nuevo contra lo viejo, no advieten que otras tantas defendió lo más viejo contra lo nuevo. Un buen ejemplo de esto, entre los muchos que pueden sacarse de su obra variadísima, es la comedia «El delincuente honrado». La paradoja del título no hace más que expresar la contradicción entre una novedad extranjera y una vieja tradición españo- la: el conflicto entre la ley francesa, introducida por los Borbones, que prohibía los duelos y el españolismo «honor calderoniano», que los fomentaba, conflicto en que el «delincuente» para la ley francesa, es «honrado» para la tradición española. El personaje principal de la obra, «Don Justo de Lara», alcalde de Casa y Corte, que tiene en su mente las ideas del siglo y en su alma los sentimientos de la tradición (Jovellanos mismo), dice en una réplica: «Para un pueblo de filósofos sería buena la legislación que castigase con dureza al que admite un desafío, que entre ellos fuera un delito grande, pero en un país donde la educación, el clima, las costumbres, el genio nacional y la misma constitución inspiran a la nobleza estos sentimientos fogosos y delicados a que se da el nombre de pundonor; en un país donde el más honrado es el menos sufrido, y el más valiente el que tiene más osadía..., ¿será justa la ley que priva de la vida a un desdichado sólo porque piensa como sus iguales; una ley que solo podrán cumplir los muy virtuosos o los muy cobardes?» 4 . Y remata su

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Adicion a la Ley agraria, de un capitulo que regule de manera exclusiva el procedimiento agrario

Adicion a la Ley agraria, de un capitulo que regule de manera exclusiva el procedimiento agrario

Del Análisis de la información se desprende que de acuerdo a lo establecido en el Objetivo del presente trabajo se ha establecido que es necesario que la Legislación Agraria cuente con sus propios procedimientos; así mismo con una marcada Legislación, del cual éste pueda ser independiente y no recurra supletoriamente a otras legislaciones, que en grandes ocasiones no se tiene la relación o los efectos que se tuvieran que dar en una u otra legislación, ya que al igual se establezcan causas y efectos de las actuaciones procesales desarrolladas en un procedimiento o juicio agrario; así mismo se prevé que se contemplen procedimientos que no se tomaron en cuenta supliendo algunas lagunas de Ley que muchas de las ocasiones las Leyes y Códigos no han podido regular correctamente; así mismo se manejaron dos variables que son la causa y efecto del trabajo como lo es que no exista en la Legislación Agraria, un compilado de Leyes que establezca su desarrollo y procedimiento y que a su vez al realizarse se prevea una mejor impartición de justicia para los destinatarios del Derecho Agrario, los cuales por sus propias características y de acuerdo a lo estipulado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se prevé un trato distinto de los demás. Es por ello que al realizar el presente análisis

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El régimen de la propiedad agraria en México: primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales

El régimen de la propiedad agraria en México: primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales

Inclusive el artículo 93 de la Ley Agraria expresa que los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o algunas de las siguientes causas de utilidad pública: establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo; realización de acciones para promover y ordenar el desarrollo y la conservación de los recursos agropecuarios, forestales y pesqueros; explotación del petróleo, su procesamiento y conducción, la explotación de otros elementos naturales pertenecientes a la nación y la instalación de plantas de beneficio asociadas a dichas explotaciones; regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios de indudable beneficio para la comunidad; la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes.

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Tierras comunales, regulación agraria y el costumbre en La Cañada de los Once Pueblos en Michoacán a principios del siglo XXI

Tierras comunales, regulación agraria y el costumbre en La Cañada de los Once Pueblos en Michoacán a principios del siglo XXI

Las comunidades que no cuentan con carpeta básica son: Carapan, Huáncito, Zopoco, Urén, Ichán y Tacuro. De las cinco que tienen carpeta básica, tres ya fueron certificadas: Chilchota, Santo Tomás y Etúcuaro (ver Cuadro 1). Sin embargo, todas ellas tienen conflictos agrarios, una por posesión y todas por límites (ver Cuadro 2). Las comunidades de hecho no han dejado de solicitar ante las instituciones agrarias —antes Secretaría de Reforma Agraria, ahora Tribunales Unitarios Agrarios— el reconocimiento de la propiedad de sus tierras, por lo que todas ellas tienen un procedimiento en curso o pendiente. Algunos de los procesos jurídicos se han prolongado cerca de un siglo; innumerables han sido los oficios y documentos que han entregado a las distintas burocracias agrarias con la esperanza de obtener la carpeta básica. Por ejemplo, en el contexto de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, la comunidad de Ichán inició en 1917 los trámites para la restitución de sus tierras. Desde entonces han realizado gestiones ante las distintas instituciones agrarias tanto para lograr el reconocimiento de la propiedad de las tierras que poseen, como para la resolución del conflicto de límites que sostienen con la comunidad vecina de Tacuro desde 1925. Dicho conflicto sigue vigente hasta el año 2018, como lo están también todos los conflictos de límites del resto de las comunidades de La Cañada.

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ANALISIS DE LA PRIVATIZACION DE LA TIERRA DE REGIMEN SOCIAL EN MEXICO./

ANALISIS DE LA PRIVATIZACION DE LA TIERRA DE REGIMEN SOCIAL EN MEXICO./

Las atribuciones son representar a las personas en asuntos y ante autoridades agrarias, asesorar en las consultas jurídicas que tengan que ver en la aplicación de la ley agraria, promover y procurar la conciliación entre personas que estén en litigio agrario, prevenir y denunciar la violación de la leyes agrarias y hacer respetar el derecho agrario, emitir las recomendaciones que considere pertinentes para el mejor funcionamiento y conciliación de los ejidatarios y demás integrantes del ejido y comunidad; estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica del campo, ejercer las medidas de inspección y vigilancia encaminadas al derecho de los asistidos, investigar y denunciar los casos donde se encuentre excedentes mayores de tierras, asesorar a las personas para la regularización y titulación de sus derechos agrarios ante las autoridades administrativas y judiciales que corresponda, denunciar los hechos que se le hagan a su conocimiento ante las autoridades competentes, así como obligados a asistir en las asambleas de carácter especial que incurra su asistencia (Procuraduría Agraria ,1992).

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Estudio de las mujeres venezolanas . Las mujeres campesinas en la Reforma Agraria (1960-1969)

Estudio de las mujeres venezolanas . Las mujeres campesinas en la Reforma Agraria (1960-1969)

La Constitución de Venezuela de 1961 no menciona subordinación alguna sobre las mujeres•, el derecho objetivo contempla la igualdad ante la ley y no se permiten “discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo o la condición social”5. Las normas del derecho civil, parte del derecho subjetivo continúan esta línea de igualdad jurídica no obstante si bien la ley establecía la igualdad para ambos sexos, la costumbre rural deja en claro la “inoperancia de ejercer sus derechos”6; a este machismo rural se agrega el alto numero de mujeres analfabetas

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La necesaria integración de la mujer en la actividad agraria

La necesaria integración de la mujer en la actividad agraria

La Ley 45/2007, aunque no concreta muchas de sus acciones generales para el desarrollo rural sostenible, fomenta en ellas el tratamiento prioritario a las mujeres, cuando se trata del apoyo a las ayudas que se reciban por su condición de titulares o como cotitulares de explotaciones (artículo 16.1 de la LDSMR). Pero, sin embargo, esta Ley tampoco afronta la medida estrella de la cotitularidad de las explotaciones agrarias sino que, por segunda vez en un mismo año, nos recuerda (mediante su dis- posición final tercera de la LDSMR) que se va a promover y desarrollar el llamado régimen de cotitularidad de bienes, de derechos y obligaciones en el sector agrario y su correspondiente protección de la Seguridad Social. Precisamente, es gracias a la nueva protección social agraria, mediante la que de algún modo se ha regulado esa cotitularidad en el artículo 2.3 de la Ley 18/2007, de 4 de julio, cuya redacción definitiva ha sido la siguiente: «La incorporación al sistema especial regulado en este artículo afectará, además de al titular de la explotación agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre que sean mayores de 18 años y realicen la actividad agraria de forma personal y directa en la corres- pondiente explotación familiar» y, en cierto modo, se apoya esa inclusión mediante el otorgamiento de bonificaciones (temporales) a las cotizaciones a la Seguridad So- cial, contempladas en la disposición adicional primera de la misma Ley de 2007 (10) ,

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Nogueira, Juan – La cuestión agraria en Corea del Norte (1945-1965)

Nogueira, Juan – La cuestión agraria en Corea del Norte (1945-1965)

La cuestión agraria se analizará en dos partes. En el primer artículo se analiza cómo se estructura el modelo agrícola norcoreano y qué características propias tiene respecto al chino y al soviético. Aunque, obviamente, este es un proceso ininterrumpido, la evolución más grande se da en el periodo 1945-1965. En 1965 se procede a una reforma de la estructura interna de las granjas y el método de trabajo. Se busca con ello pasar a un modelo intensivo de economía. Aunque la búsqueda de mayor productividad que se da durante toda la historia norcoreana es a partir de 1965 cuando se hace más evidente. Por eso, lo analizo en un segundo artículo (que se publicará en Kaosenlared). También en él se analizarán diversos problemas que afectan a la agricultura norcoreana durante los 90 y que provocan lo que en Corea se conoce como la “Marcha ardua”.

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La cuestión agraria durante la Segunda República

La cuestión agraria durante la Segunda República

Los propietarios, ante las circunstancias económicas, y ante una nueva cadena de cierres, y la agresiva política laboral puesta en macha por el gobierno, cuando no el sindicato tomaba directamente el poder local, decidieron oponerse abiertamente a la República. Macarro Vera se apoya para llegar a estas conclusiones en el análisis de dictámenes de la patronal, así como correspondencias de Gil Robles y de otros miembros de la CEDA. Evidentemente, la legislación laboral en el marco agrario durante el último bienio vino a mermar de forma importante los beneficios de los propietarios. Por tanto el debate está en si estos abusos que se produjeron en algunos municipios por parte de los socialistas fueron lo suficiente generalizados para ocasionar una oposición subversiva a la acción del gobierno, o si como expresa Espinosa Maestre "(la rabia que producía a los propietarios) ver a los campesinos y a sus representantes sindicales junto con las autoridades municipales y los delegados del IRA y del Catastro llevando adelante la reforma agraria" 133 . Ciertamente, los autores no hacen una distinción entre grandes, pequeños y medianos, y lo reducen todo de nuevo a una lucha entre dos clases antagónicas. Tengamos en cuenta que, como señala Macarro Vera aunque con una base algo escueta, pequeños propietarios sufrieron las consecuencias del aumento del coste laboral en una situación de malas cosechas y contracción del mercado. Lo que sí que está claro es que la mayoría de los autores reflejan un ambiente de extrema violencia, acusando a unos u otros de estar detrás de la misma.

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Modelos culturales en la obra de arte ‘Goya y la muerte de la verdad’

Modelos culturales en la obra de arte ‘Goya y la muerte de la verdad’

Goya llega a Madrid en 1775, a los 29 años. Carlos III morirá tres años más tarde, dejando la corona a su hijo Carlos IV. La juventud de Goya en Zaragoza y Roma, coincide a grandes rasgos con la etapa más innovadora del Despotismo Ilustrado de Carlos III. "Una nueva era se alza sobre los cimientos de la utilidad, prosperidad y felicidad". (12) Pero aquellos notables esfuerzos sabemos con cuánta frecuencia fracasaron. Cuando Goya llegó, ya hacía años que, tras el motín de Esquilache, se habían frenado muchas reformas. El año de su llegada es el mismo en el que se publican las Ordenanzas gubernamentales contra la vagancia. Estamos en ese último cuarto del siglo XVIII en el que "legiones de pobres y vagabundos inundan las ciudades [...]: son hijos de la quiebra social y de la enfermedad crónica del agro. Lanzados desde Valencia, Extremadura y Andalucía, más de 140.000 hombres se agolpan a las puertas de las casas de beneficencia madrileñas [...] La caridad cristiana del XVII se transforma lentamente en actitud represiva contra los marginados". (13) Al año siguiente encarcelan y procesan a Pablo de Olavide con gran escándalo local e internacional, ya que se trataba de uno de los más activos ilustrados (creador de un nuevo plan de estudios para la universidad, de la primera escuela de arte dramático, repoblador de Sierra Morena, promotor de la reforma agraria). En esos primeros años madrileños Goya es un pintor de cartones para los tapices que le encargan como a otros de los pintores del rey. No será pintor de cámara sino con Carlos IV, y sólo en 1799, a los 53 años, llegó a ser primer pintor de cámara. Su carrera, aunque le llevó al éxito, fue más lenta que la de Velázquez y, a diferencia de su admirado maestro, dada su longevidad, llegó conocer su propia decadencia pública, muriendo en el exilio.

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El programa de asistencia familiar

El programa de asistencia familiar

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones? Esto es lo que innovó esta ley. Antes las Asignaciones Familiares se pagaban a todos los beneficiarios independientemente del monto de remuneración que ellos percibieran. En el año 96, se genera un cambio que persigue una mejor redistribución a quienes menos tienen, con lo cual se generó un tope para percibir las asignaciones; un tope de remuneración que varía según la zona geográfica donde el trabajador se desempeña. Ahora bien, para percibir esta prestación tienen que estar trabajando; esto si incide en los rurales temporarios. Es decir, ellos reciben esta prestación sólo cuando están efectivamente trabajando.

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Afectaciones en zonas ejidales a partir de la Ley de Reforma Agraria de 1992, en Tehuacán, Puebla

Afectaciones en zonas ejidales a partir de la Ley de Reforma Agraria de 1992, en Tehuacán, Puebla

Pedro Acoquiaco, quienes denotaron arraigo cultural en el uso de los recursos naturales que proveen sus tierras comunales, como los son plantas medicinales y comestibles, estas últimas siendo consumidas principalmente en días de campo; otra contribución fue constatar y respaldar que los análisis espaciales hechos en las zonas ejidales confirman que efectivamente las tierras parceladas han sido empleadas para vivienda y sobre todo después de la Ley de Reforma Agraria de 1992, sumando a dicha confirmación, los entrevistados externaron dos cosas muy importantes, los cambios de usos de suelo, y las transacciones, fueron entre familiares y para destinarse, sobre todo, a la construcción de vivienda, ya sea el que ocupase la parcela o el que la vendiese, es decir, quien vendía ocupaba el dinero para construir su casa o ampliarla, y el que adquiría la parcela, por el medio que fuese (venta o donación), también ocupo dicha parcela para hacer su casa; además, todos estos movimientos fueron realizador principalmente entre familiares. También se confirmó que actualmente y en tiempo pasado, el campesino de San Pedro Acoquiaco ha tenido que recurrir a la venta de fuerza de trabajo u otras actividades laborales que le remuneren de manera más segura, y que el mantener el oficio campesino es parte de su vida, demostrando un arraigo a dicho oficio. Aunque este trabajo de entrevistas no fue cuantitativo, es notable que la gran mayoría externó que las nuevas generaciones, no están interesadas en continuar el oficio campesino, en parte porque las parcelas ya no son rentables, y porque muchas de ellas se les ha dado otra ocupación. Finalmente es notable, que los productos de la parcela, son cosechados sobre todo para el auto consumo, por lo tanto los productos más sembrados son el maíz, frijol, calabaza y chile, pero sobre todo el maíz es un producto del campo que los campesinos entrevistados (comentando fuera de las preguntas planteadas), no se ven consumiendo cotidianamente sino provienen de su trabajo.

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La sociedad agraria de transformación a la luz de los principios cooperativos de la ACI y de la ley de economía social

La sociedad agraria de transformación a la luz de los principios cooperativos de la ACI y de la ley de economía social

El Real Decreto Ley 31/19777, que extinguió la sindicación obligatoria, previó la necesidad de regular, adaptar y sistematizar dichos Grupos, que pasaron a deno- minarse SAT. Empero, hubo que esperar hasta 1981, cuando se aprobó la norma- tiva sustantiva de las SAT, el RDSAT, siguiéndole la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 19828 que desarrolló dicho Estatuto (OMSAT en lo sucesivo). Era voluntad de los responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el diseño de una entidad que sin perder el componente mutualista y societario, respondiera con más flexibilidad a los retos de una agri- cultura mucho más moderna (Román, 2008:73). La exposición de motivos del RDSAT informa que “se establecerán las normas definitorias de su carácter y básicas de su funcionamiento, así como las que permita salvaguardar los dere- chos del socio y regular la participación debida del mismo en la empresa agraria común”. Todos los GSC existentes a la fecha, así como las SAT que se hubieren creado con anterioridad a la aprobación de este Real Decreto, debían adaptar sus estatutos a los preceptos contenidos en esta nueva normativa, o quedarían disueltas de pleno derecho.

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EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE DERECHOS EJIDALES Y TITULACION DE SOLARES URBANOS (PROCEDE), EN ABASOLO, GTO./

EL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE DERECHOS EJIDALES Y TITULACION DE SOLARES URBANOS (PROCEDE), EN ABASOLO, GTO./

Hoy dos terceras partes de la propiedad ejidal repartida en el país corresponden a áreas comunes, y una tercera parte a zonas parcelarias. Al proponer esta reforma que el área común sea inalienable, se establece constitucionalmente que la propiedad social en México sea permanente. Por eso, el ejido no está en riesgo ni va a desaparecer. La reforma plantea que se respete la libertad del ejidatario para decidir sobre el dominio de la parte parcelaria, pero establece, y lo propone como ley reglamentaria, que los ejidatarios del núcleo ejidal sean quienes decidan por mayoría calificada, es decir de dos terceras partes, y además certificada por la autoridad para asegurar que estas decisiones sean libremente, sin influencia indebida ni abusos. Si los campesinos deciden seguir siendo ejidatarios, así será; si deciden cambiar, se respetará su decisión. El Estado no impone opción alguna, porque los ejidos no son del gobierno sino de los ejidatarios. Estos merecen su respeto y su apoyo. Desde hace varios años, en los hechos, ya se han tomando estas decisiones pero de manera ilegal. Reconozcamos y orientemos por medio de la ley lo que los campesinos ya hacen y deciden en la realidad.

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A tribute to Willem Assies (1954-2010): reflections on his contribution to peasant and indigenous studies

A tribute to Willem Assies (1954-2010): reflections on his contribution to peasant and indigenous studies

Como en su artículo anterior sobre la reforma agraria en Perú, Assies se refiere al texto clásico de Alain de Janvry (1981). Esta vez está en gran parte con la categorización que hace De Janvry de la reforma agraria boliviana de 1953 como una transición desde el precapitalismo (o semifeudalismo) a una vía Junker, (latifundistas prusianos) o terrateniente, al capitalismo agrario. Mi opinión es que era en gran parte una vía campesina o transición de pequeños productores mercantiles al capitalismo agrario en el altiplano, es decir, un capitalismo desde abajo, y una transición de terrateniente en las tierras bajas del Oriente, es decir, un capitalismo desde arriba. Pero esto es un tema para discutir. Aunque las propiedades en las tierras altas fueron expropiadas y los colonos campesinos de los latifundios se convirtieron en los propietarios de las parcelas que cultivaban, en las tierras bajas la reforma agraria generó un proceso masivo de adquisición de terrenos (muchas veces de tipo fraudulento) y de concentración de la tierra. Aunque en las tierras altas la mayoría de los beneficiarios de la reforma fueron campesinos indígenas que siguieron sumidos en la pobreza y se aferraron al mercado doméstico, en las tierras bajas fueron los nuevos terratenientes y capitalistas los mayores beneficiados de la exportación de soya y madera, así como de la ganadería (Kay y Urioste, 2007). Así pues, la reforma agraria en Bolivia tiene una característica doble y, paradójicamente, me parece que la caracterización hecha por Assies sobre la pequeña producción mercantil en la reforma agraria peruana es más apropiada para caracterizar el proceso de la reforma agraria en las tierras altas de Bolivia que la categorización de una vía de transición prusiana o terrateniente hecha por Alain de Janvry, a la que se adhiere Assies en términos generales (Assies, 2006, p. 587). Sin embargo, estoy de acuerdo con Assies (2006, p. 598) en que el impacto de la reforma en las tierras altas puede haber creado las condiciones para una vía campesina de desarrollo capitalista en la agricultura, por medio de un proceso de diferenciación económico-social entre los campesinos, emanada de las reformas. Dicho desarrollo, sin embargo, se vio truncado en varias formas debido a la política de mantener los alimentos en bajos precios, seguida por los gobiernos.

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La ley de modernización agraria o la "guillotina sobre la economía campesina" (Debate agrario)

La ley de modernización agraria o la "guillotina sobre la economía campesina" (Debate agrario)

Si uno observa con detenimiento los diversos proyectos de ley presentados tanto por el ejecutivo (4-V-94), el Parti­ do Social Cristiano (17-V-94) y el apro­ bado por el Congreso Nacional (26-V- 94), todos tienen el mismo denomina­ dor común: hacer desaparecer del esce­ nario de la legislación agraria nacional todo lo que tenga relación con la Refor­ ma Agraria. Y es que a pesar de que a lo largo de 30 años de la expedición de esta controvertida ley y a los sucesivos procesos de amputamiento de la misma, todavía significaba una "pesadilla" le­ gal que no dejaba dormir a nuestros pro­ pietarios de la tierra, ahora denomina­ dos "empresarios agrarios". Las decla­ raciones de los representantes de las Cá­ maras retomaban el viejo estribillo de "falta de seguridad" y ahora inclusive de que las comunidades de indios son los terratenientes modernos. Esta última tesis avalada, "pseudo-científicamente". por estudios muy parciales de institu­ ciones asesoras del actual gobierno. En casi ninguna de estas intervenciones muy favorecidas por los medios de comuni­ cación se insistía sobre la necesidad de la moderoizadón en relación a la efi­ ciencia, a la productividad y a la com­ petitividad, razones más actuales para justificar una desregulación. Y es que nuestros t:mpresarios,lo menos que pue­ den argumentar es el ser modernos en el

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Iniciativa de una reforma agraria para la ley 160 de 1994

Iniciativa de una reforma agraria para la ley 160 de 1994

Es de aclarar que frente a los bienes baldíos, no podemos hablar de posesión sino de Ocupación, que es la figura jurídica que sirve para solicitar la adjudicación de los mismos a través del Incoder o la entidad competente establecida por el Estado. Ya que la prescripción adquisitiva de dominio no prospera frente a esta categoría de bienes del Estado, ya que el Estado es su único dueño, por consiguiente el particular debe demostrar y acreditar determinados requisitos establecidos en la Ley, como lo es explotación económica de la tercera parte del bien del que se está solicitando su adjudicación para lograr obtener su adquisición. En lo relativo al requisito de la ocupación y explotación, no debe ser inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación.

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