Ley De Concurso Preventivo

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Subrogaciones parciales en el concurso preventivo. Acuerdos en fraude a la ley / Subrogation in bankruptcy proceedings. Agreements as a  legal fraud

Subrogaciones parciales en el concurso preventivo. Acuerdos en fraude a la ley / Subrogation in bankruptcy proceedings. Agreements as a legal fraud

Si bien el artículo 914 del Código Civil y Comercial (CCC) admite el pago por subrogación, lo cierto es que existe un entramado de normas a considerar; la solución a esta emboscada judicial no debe limitarse a si la subrogación está legalmente permitida o no. Admisión o permisión aparte, la ley pretende –y debe– evitar la vulneración de los derechos. Consentir esta clara violación al régimen de indivisibilidad del voto, implica negar todo tipo de protección al derecho de los acreedores a no aceptar la propuesta formulada por el concursa- do. Permitir que la ley sea utilizada en forma abusiva, para fines no tenidos en miras por el legislador, representa la posibilidad de que el concursado, arbitraria y autoritariamente –sin ningún tipo de acuerdo– decida el porcentaje y el modo en que pagará a sus acreedores.
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VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO. -ACREEDORES POR BIENES y SERVICIOS- RECONQUISTA (Santa Fe), 13 de Enero

VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO. -ACREEDORES POR BIENES y SERVICIOS- RECONQUISTA (Santa Fe), 13 de Enero

I) INTERESES: Que, conforme a las atribuciones establecidas por la ley concursal (Art. 274 LCQ) y merced a una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, coherente con el diálogo de fuentes que debe imperar en el derecho privado de base constitucional, debo abocarme al análisis de la procedencia de los intereses devengados, insinuados por los pretensos acreedores, en mérito a la pauta del art. 771 del CCC, cuestión que también ha sido materia de análisis y observación por parte de la Sindicatura.

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Una necesaria y beneficiosa ampliación del presupuesto objetivo en el concurso preventivo

Una necesaria y beneficiosa ampliación del presupuesto objetivo en el concurso preventivo

para la apertura del procedimiento concursal. A la regla general no escapa el concurso en caso de agrupamiento. Sin embargo, la insolvencia tiene en tal trámite un tratamiento diferenciado, no en cuanto a sus caracteres esenciales y notas tipificantes, pero sí en cuan- to a cómo ella debe operar en el marco del agrupamiento. En este sentido, la ley no exige que todos los sujetos agrupados sean insolventes, sino que se conforma con que al menos uno lo sea… La ley de concursos y quiebras pretende que se demuestre la mera posibilidad de una futura afectación —contagio— a los demás integrantes del grupo económico.” (GARCIA PAZOS, Pablo L., “Concursabilidad preventiva del grupo. Concurso del garante”, Publicado en LA LEY2006-D, 1314)
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Vista de El arbitraje en los procesos concursales

Vista de El arbitraje en los procesos concursales

Una vez presentado (y a fortiori abierto) el concurso preventivo, las partes no podrán pactar válidamente un compromiso arbitral res- pecto de obligaciones concursales (esto es, de causa anterior a la presentación en concurso preventivo). Ello es así, pues de lo contra- rio el arbitraje podría utilizarse como un medio de sustracción del conocimiento de las pretensiones de los acreedores. En este caso, el artículo 20, LCQ tendría natural aplicación, pues sería una estipu- lación contraria a la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado (art. 21, inc. 3, LCQ). De todas formas, parece prudente entender que, si se trata de un arbitraje forzoso (v. gr., arts. 1627 y 1781, Cód. Civ., y 491, Cód. Com.), la cuestión es diferente y la inteligencia permitiría la sumi- sión de la contienda a un arbitraje constituido con posterioridad. La razón es evidente y comulga con los fines de la interpretación ante- rior, ya que la causa del conflicto que dio origen al arbitraje es anterior a la presentación concursal. Las partes no tenían necesidad de pactar la cláusula arbitral, pues la ley así lo imponía obligatoriamente.
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Index of /objetos_digitales/368

Index of /objetos_digitales/368

El instituto del “cramdown” o “salvataje por terceros” se encuentra actualmente previsto en el art. 48 de la Ley de concursos y quiebras 24.522 (según texto incorporado por la Ley 25.589) y está orientado a posibilitar un ultimo intento de evitar la quiebra de ciertos deudores frente a determinadas hipótesis de fracaso del concurso preventivo 5 . En esos casos, el juez no debe declarar la quiebra, sino habilitar una nueva instancia tendiente a otorgar, esta vez a terceros, la posibilidad de obtener el acuerdo que no logró el deudor concursado durante el denominado “ periodo de exclusividad”. Este novedoso mecanismo preventivo de la quiebra esta dirigido a preservar la empresa en funcionamiento, sin que se proceda a su necesaria liquidación como consecuencia de la declaración falencial. Para ello, se posibilita que otras personas, distintas de la concursada, adquieran las cuotas, acciones o participaciones representativas del capital social, como consecuencia de
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GHIGLIONE ADRIANA CARMEN. s/ CONCURSO PREVENTIVO

GHIGLIONE ADRIANA CARMEN. s/ CONCURSO PREVENTIVO

Una factura, aún reconocida por la concursada -y en esto la jurisprudencia es conteste-, resulta insuficiente para tener por debidamente acreditada la causa de la acreencia. Como se dijo, el art. 32 de la ley concursal impone a los acreedores la carga de acreditar la causa en que fundamentan su demanda de verificación, la que debe consistir en un acto jurídico serio, real y comprobable. "E s exigencia insoslayable para cualquier acreedor que pretenda ser incluido en el pasivo concursal, probar la legitimidad del crédito que desea verificar"
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Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

La primera etapa del Derecho Concursal Peruano, lo podemos encontrar en el código de comercio del 15 de febrero de 1902, donde se regula la figura de suspensión de pagos, la misma que se trataba de un concordato preventivo, seguidamente con la ley Nº 7566 (Ley Procesal de Quiebras de 1 de agosto de 1932, en la que se legislaba los convenios de liquidación extrajudicial, entre ellos se encontraba uno de naturaleza preventiva. Pero a raíz de la expedición del Decreto Ley N° 26116, Ley de Reestructuración Empresarial, de 30 de diciembre de 1992, la vía del procedimiento concursal preventivo tuvo un cambio radical, y es que solo se optó por la declaración de insolvencia, descartándose en todo momento el concurso preventivo. Sin embargo INDECOPI se pronunció al respecto y estableció que el sistema concursal no estaba siendo accesible a todos los agentes económicos, sobre todo, para los pequeños deudores, razón por la cual se promulgó el Decreto Legislativo Nº 845 (Ley de Reestructuración Patrimonial de 21 de septiembre de 1996, con el que se implementó nuevos procedimientos concúrsales destinados a cubrir distintas necesidades, encontrándose entre ellos el denominado concurso preventivo.
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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

(BOE de 6 de octubre de 2007), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE de 8 de octubre de 2007), que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de La Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio, de la Comuni- dad Autónoma de Canarias (BOC de 26 de julio de 2004), convocar a concurso de acceso la plaza vacante que se detalla en el Anexo I de la presente Resolución, dotada en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de La Laguna, incluida en su vigente relación de puestos de trabajo con sujeción a las bases que acompañan a la presente Resolución.
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TítuloEl aspecto social del concurso  Proyecto de reforma de la Ley concursal

TítuloEl aspecto social del concurso Proyecto de reforma de la Ley concursal

resolver lo que proceda conforme a la legislación laboral ex art. 64 11º de la LC, debe señalarse que en la actualidad y tras la reforma laboral ya vigente (Ley 35/2010) será difícil encontrarnos ante tales supuestos pues hallándonos ante una extinción colectiva de los contratos de trabajo, el juez deberá valorar si dicha extinción está fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de conformidad al art. 51 1º del E.T. y aún cuando el art. 64 contiene su propia fórmula, que es la de que “habrá que justificar que las medidas extintivas aseguran la viabilidad futura de la empresa y del empleo”, la misma ya no se contiene en el art. 51 1º E.T. tras su reforma por la Ley 35/2010 donde ahora se establece, en relación a las causas técnicas, organizativas o de producción, que “las medidas adoptadas contribuyan a prevenir una evolución negativa o a mejorar su situación”. Cuando las causas sean económicas (una situación económica negativa), el art. 51 1º sólo exige que las medidas propuestas contribuyan a “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado” (antes “superar una situación económica negativa” ), lo que evidentemente no es tan exigente como lo que exige el art. 64 4º LC. Es razonable pensar, sin embargo, que por aplicación supletoria de la legislación laboral, el juez mercantil podrá apreciar también dicha finalidad.
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Los efectos directos de la declaración del concurso en la esfera patrimonial del deudor: administración y disposición de sus bienes y continuidad en su actividad productiva

Los efectos directos de la declaración del concurso en la esfera patrimonial del deudor: administración y disposición de sus bienes y continuidad en su actividad productiva

En cualquier caso, no es aventurado suponer, especialmente en el caso de que el deudor sea persona jurídica, que en el ejercicio por parte de la Administración concursal de sus facultades de intervención de la actua- ción del deudor, podrán surgir más de un problema y discrepancias en- tre los administradores de la Entidad concursada y dicha Administración concursal, pues al fin y al cabo –y por mucho que, de acuerdo con los ob- jetivos legales, su actuación debiera traducirse en aunar esfuerzos comu- nes–, las dos clases de administradores representan y defienden, de hecho, intereses distintos. Y, en la confrontación de éstos, no es ocioso considerar que deben prevalecer los que la Ley defiende con prioridad, que son los intereses colectivos del concurso y, por tanto, de los acreedores. Intereses representados por la Administración concursal, encargada de intervenir –por las distintas vías o formulas de autorización antes indicadas– todos los actos de la persona jurídica concursada y, por tanto, los de los admi- nistradores que la representan y administran, y es interesante tener en cuenta, sobre este particular, lo resuelto por la SAP de Madrid de 16 de febrero de 2.009, en recurso 356/2008. A los efectos indicados, téngase en cuenta, sin embargo, que los administradores concursales tienen derecho de asistencia y voz (no voto) en las sesiones o Juntas de los administra- dores de la deudora concursada, según dispone el art. 48.1. LCon, que priva a aquéllos, por tanto, del derecho político por excelencia que tiene el socio de una sociedad mercantil. Previsión legal, la expuesta, un tanto inane, sin embargo, pues la autoridad y fuerza vinculante de las decisiones interventoras de la Administración concursal le vienen atribuidas por el propio mecanismo de la intervención tal como está diseñado legalmente, y no por su presencia en unas Juntas en las que dicha Administración carece de voto, que no necesita, por tanto, para llevar debidamente a cabo su función interventora 22 . En efecto, el mayor poder de decisión que la
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I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma

A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se apoyan en dos ámbitos normativos previos que tiene que ver, respectivamente, con el derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación y el respeto a la intimidad y la consideración de su dignidad, a los que tiene derecho todo trabajador, según recoge el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por un lado. Y por otro, con el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
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ConCurso soBrE BuEnas PráCtiCas En rEhaBilitaCión y rEinsErCión DE aDolEsCEntEs infraCtorEs DE lEy

ConCurso soBrE BuEnas PráCtiCas En rEhaBilitaCión y rEinsErCión DE aDolEsCEntEs infraCtorEs DE lEy

Aproximadamente 25% de las familias presentan miembros, ya sea padres o hermanos con consumo problemático de drogas y/o alcohol. La totalidad de los jóvenes evidencia algún tipo de consumo pro- blemático de diversas drogas, siendo la marihuana la más consumida (100%); alcohol (72%) y de menor prevalencia la cocaína y psicofármacos (27%). Casi la totalidad presenta reincidencia legal y/o crimi- nológica, siendo los 12 años la edad promedio de ini- cio de las conductas delictivas. La mayoría se encuen- tra calificado con mediano compromiso delictual. El delito de mayor prevalencia es el robo con violencia, seguido del robo en lugar habitado; hay también casos de robo con violación y homicidio. Casi la mitad de los jóvenes tiene condenas posteriores, ya sea en sección de adultos, en el sistema semicerrado o abierto. Con la complejidad de la población y como una forma de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley se ha im- plementado un programa integral de tratamiento que contempla áreas de responsabilización, habilitación y competencias personales. Estas áreas son trabajadas transversalmente a través de las diversas actividades implementadas, logrando los recursos materiales, profesionales y técnicos por gestiones del equipo que trabaja en la Sección Juvenil, con el apoyo del jefe de unidad. Cabe hacer notar que se han debido triplicar los esfuerzos en la implementación de estas áreas, ya que ha sido necesario dividir en 3 dormitorios la po- blación juvenil debido a las dificultades de relación existentes entre ellos, lo que ha implicado elaborar 3 rutinas diarias que contemplen, en la medida de lo posible, actividades que den cumplimiento a lo dis- puesto por la ley, las que deben desarrollarse en for- ma independiente y paralela, a pesar del escaso espa- cio disponible (Anexo 1, Rutina Diaria Dormitorio 1). De esta manera, se involucró a la SEREMI de Justi- cia, Chiledeportes, Municipalidad, Hogar de Cristo, Molinera Temuco, Empresas Rosen, Escuela penal,
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Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Recurso Preventivo

Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Recurso Preventivo

Fórmese con el curso de Técnico en PRL Recurso Preventivo, con el que adquirirá los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar las funciones que tanto la Ley de PRL 31/1995 [r]

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Acceso a la informacion sobre intereses de los jueces: Un problema pendiente

Acceso a la informacion sobre intereses de los jueces: Un problema pendiente

Pero, además de las consideraciones generales vinculadas a los conflictos de in- terés y al control preventivo respecto de la corrupción, en el caso de los jueces la ley establece una serie de prohibiciones específicas destinada a prevenir conflictos de interés o afectaciones a su independencia o imparcialidad. Algunas de ellas, especial- mente las previstas en los artículos 316, 317, 321 y 322 del Código Orgánico de Tribu- nales, se refieren a actividades profesionales o económicas diferentes al ejercicio de su función. También hay algunas que se refieren a las relaciones de parentesco entre diversos jueces o entre estos y funcionarios del sistema judicial, como son las de los artículos 258, 259 y 469 del Código Orgánico de Tribunales. La información personal vinculada a las prohibiciones establecidas en la ley también debiera incluirse en las obligaciones de transparencia activa que deben cumplir los jueces.
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paper Administracion regalias

paper Administracion regalias

territoriales en los ingresos nacionales [3] Es importante además anotar, que gran parte de la población rural se está desplazando como consecuencia de la violencia a los centros urbanos. Esta población debería ser tenida en cuenta para recibir los beneficios de las regalías. “La Ley de Regalías no es una política pública que propicie que los que tienen menos reciban más. Por lo tanto no es equitativa” [4]. Es indispensable, que las desigualdades naturales y sociales se dispongan de forma tal que procuren el mayor beneficio a la población colombiana, dado que el actual esquema institucional genera grandes inequidades y desequilibrios regionales. Para lograrlo, es necesario repartir los recursos equitativamente, conciliar los intereses de las regiones, grupos étnicos y sectores políticos. El grado de concentración territorial de las regalías lo demuestran las siguientes cifras: Desde 1994 hasta el año 2006 el departamento de Casanare ha recibido de forma directa, el correspondiente al 25% del total de las regalías generadas en este periodo, es decir $1,807,014,279,963 seguido por el departamento de Arauca con el 10% correspondiente a $722,221,556,115 lo cual quiere decir que sólo estos dos departamentos han percibido durante este periodo el equivalente al 35% del total de regalías generadas. En total, de los 32 departamentos que tiene Colombia, 22 acceden directamente a las regalías.
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RAYON MANZANO  UNAM pdf

RAYON MANZANO UNAM pdf

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. Determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.
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Modelo de gestión de seguridad de la información para la corporación financiera nacional basado en gestión de riesgos

Modelo de gestión de seguridad de la información para la corporación financiera nacional basado en gestión de riesgos

ANEXO F – CRITERIOS PARA CALIFICAR LA EFICACIA DE CONTROLES Eficacia Preventivo Automático Constante Si No Preventivo Automático Por demanda Si No Preventivo Automático Diario Si No Prev[r]

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ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RÚSTICA PATRIMONIAL POR CONCURSO VIÑEDO EN ESPALDERA

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE NATURALEZA RÚSTICA PATRIMONIAL POR CONCURSO VIÑEDO EN ESPALDERA

Todo ello con arreglo al Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

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Mantenimiento y operación de una máquina de corte de cuero a presión de agua

Mantenimiento y operación de una máquina de corte de cuero a presión de agua

preventivo, para una máquina de corte de cuero a presión de agua3. Para la implementación del mantenimiento preventivo se utilizó el.[r]

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