Ley General del Sistema Concursal

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Últimas reformas de la ley concursal

Últimas reformas de la ley concursal

El régimen de revalorización de las pensiones conforme al IPC se encontraba regulado en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. En este sentido, el método tradicional de revalorización era bastante sencillo y consistía en el abono a principios de año del porcentaje de IPC estimado para ese ejercicio económico. Posteriormente, si al final de ese año el IPC real resultaba ser superior al pronosticado inicialmente la diferencia se abonaba durante el año venidero a través de un pago único con fecha tope del 1 de abril. A sensu contrario, si el resultado final era inferior al pronosticado a principios de año los pensionistas consolidaban el incremento inicial. Esta forma de proceder operó en nuestro sistema prácticamente sin fisuras hasta la promulgación del RDL 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en cuyo artículo 4 se procedió a suspender la revalorización de las pensiones para el año 2011 -excepto para las pensiones mínimas y las de carácter asistencial-.
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Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

La Ley General del Sistema Concursal regula el procedimiento concursal preventivo, los requisitos para iniciarlo y su aplicación, de forma que resulta valido hacernos la pregunta acerca de qué significa y como afecta la aplicación de dicho procedimiento para una persona jurídica, cuáles son sus repercusiones económicas para la empresa desde que el mismo se inicia hasta más allá de su fin para una empresa y cuando conviene realmente usarlo o someterse a él: asimismo da pie a indagar más sobre la información esencial de la empresa como sus estados financieros, sus métodos de pagos, su organismos de control y supervisión y sus planes de prevención de crisis que para el presente tema es muy importante ya que implica la aceptación de un estatus en donde la misma persona jurídica acepta y evalúa los pagos de sus obligaciones y como es la forma más favorable de cesarlos sin que esto signifique su salida del mercado o su reestructuración como la empresa que se constituyó desde su nacimiento.
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La evolución del sistema concursal peruano y su (probada) tendencia liberal

La evolución del sistema concursal peruano y su (probada) tendencia liberal

La Ley Procesal de quiebras fue promulgada el 02.08.1932, y deroga las disposiciones que sobre esta materia contenía el Código de Comercio (C. Co). La fuente principal de esta norma fue la Ley Procesal de Quiebras chilena 32 . La norma tenía por finalidad realizar en un proceso único, todos los bienes del deudor a fin de proveer el pago de sus obligaciones. Es importante recalcar que la norma expresamente se reconoce dirigida a personas naturales o jurídicas tuviesen o no la calidad de comerciantes. FLORES POLO, señalaba que desde la institución de la quiebra persigue dos finalidades muy concretas, la primera el pago a todos los acreedores del quebrado con arreglo al principio de la par conditio creditorum, y la segunda la sanción o represión penal de la culpa o dolo (fraude) del deudor en sus relaciones con los acreedores. Señala este autor que “ambas finalidades son de suyo importantes y no podrían quedar libradas exclusivamente a las decisiones de los particulares, porque la dimensión que tienen hoy las relaciones comerciales, elevadas al nivel más amplio de “relaciones empresariales” superan el mero interés particular; y junto con el concepto del interés general del comercio convive el concepto de interés social, cuya tutela corresponde al Estado” 33
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Características de las empresas del sector agropecuarios que están en proceso concursal de la Ley 550 de 1999

Características de las empresas del sector agropecuarios que están en proceso concursal de la Ley 550 de 1999

Según lo anterior de las cinco empresas que aun se encuentran dentro del proceso concursal el 60% son grandes empresas, las cuales cuentan con capital extranjero y utilizan última tecnología en el desarrollo de sus actividades. Las empresas para tener estas tecnologías se tuvieron que apalancar, lo que las llevo a tener muy bajos niveles de liquidez y un nivel de endeudamiento alto, el 40% restante de este sector agrícola que ingreso en ley 550 son las pequeñas empresas, pertenecientes a agricultores rurales que trabajan sus terrenos de forma artesanal y al no contar con la infraestructura requerida ni el capital necesario para modernizarse se genera una desventaja frente a las empresas grandes y al mercado internacional que ofrece productos de buena calidad y a bajo precio.
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Funciones desempeñadas en la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo de la ciudad de Trujillo (Período 2013   2017)

Funciones desempeñadas en la empresa Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo de la ciudad de Trujillo (Período 2013 2017)

El ahorro es igualmente importante para el futuro económico de cualquier nación. La producción de una empresa, por ejemplo, involucra algunos recursos que son limitados, como la tierra. Si ésta quiere mejorar su producción y tiene problemas con recursos limitados, debe buscar cómo mejorar su producción basándose en inversiones (por ejemplo, en tecnología o en máquinas). Si la empresa ahorra durante un periodo determinado, tendrá la posibilidad de acceder más fácilmente, a través de créditos, a esas maquinarias o a esa tecnología o a otros recursos económicos. Igualmente, si los bancos tienen más ahorros en las cuentas, tendrán más dinero para prestar y no será necesario que las personas, las empresas o el Estado pidan recursos en el exterior. Esto, en general, facilita e incentiva la actividad económica y el crecimiento en un país.
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Administración y gestión de los procesos político-electorales : El caso de la organización de las elecciones federales del año 2000, la consolidación del Instituto Federal Electoral

Administración y gestión de los procesos político-electorales : El caso de la organización de las elecciones federales del año 2000, la consolidación del Instituto Federal Electoral

Este es el punto clave. Tiene sentido reivindicar la participación ciudadana en la nueva gestión y política pública, sólo si se espera, se promueve o se prescribe que la participación controle predisposiciones particularistas y tenga además la capacidad y la disposición de perseguir fines públicos, de traducir o de condenar con honradez las múltiples voces públicas y de operar con miras a lograr los resultados del mayor beneficio general realmente posible. La respuesta se encuentra en el principio de ciudadanía. Ciudadanía es fundamentalmente la especifica calidad de ser miembro de una sociedad que se ha organizado como Estado de leyes: leyes para garantizar y encauzar el ejercicio de las libertades públicas y privadas, y leyes para limitar y controlar a los poderes públicos y privados (Villanueva, 1999: 147). Y ciudadanía es además –cosa que suele olvidarse- el derecho y debe (o la libre opción) de involucrarse en la realización del bien de la república.
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La repercusión de las crisis empresariales en el régimen económico matrimonial en la nueva Ley Concursal

La repercusión de las crisis empresariales en el régimen económico matrimonial en la nueva Ley Concursal

Pero ninguno de los dos Textos legales citados abordaba específicamente la cuestión de la repercusión de la crisis patrimonial o empresarial de un cónyuge en esa masa de bienes común que se había ido generando con las ganancias, frutos, rentas y adquisiciones de ambos cónyuges. Esto es, no se referían a los problemas relativos a la responsabilidad de los bienes gananciales en caso de quiebra o concurso y su posible inclusión o no en la masa activa de la quiebra. En el caso del Código de comercio, ello era lógico, puesto que la redacción del art. 909 no había sido modificada tras la reforma del régimen económico del Código civil operada por Ley 13 de mayo de 1981, y se refería a su regulación originaria en la que el marido, que normalmente era el comerciante quebrado, tenía todas las facultades posibles de vinculación del patrimonio ganancial, por lo que la inclusión de los gananciales en la masa activa, en principio, sería la norma general. En lo que al Código civil se refiere, al no contener, como decimos, normas específicas de vinculación aplicables a los procedimientos colectivos de ejecución, había que concluir que sería aplicable el régimen general de responsabilidad de la masa ganancial, como si de procedimientos de ejecución individual se tratase, es decir, el régimen de vinculación de los gananciales establecido fundamentalmente en los arts. 1365 a 1373. Ésta, como veremos, en líneas generales, es la solución adoptada por la Ley Concursal, en relación a la inclusión o exclusión de los gananciales en la masa activa. Es decir, los gananciales estarán incluidos en la masa activa, cuando, conforme a las reglas generales de responsabilidad, dichos bienes estén
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Régimen Jurídico de la Administración Concursal

Régimen Jurídico de la Administración Concursal

De esta forma, es necesario aclarar que la extensión del régimen de responsabilidad concursal al representante no excluye a la de la propia persona jurídica, puesto que es esta quien ostenta el cargo de AC. Dada esa responsabilidad compartida su aplicación se debe traducir en una responsabilidad solidaria frente a las posibles indemnizaciones. Responsabilidad solidaria respaldada en la definición de la indemnización como deuda social derivada de un acto profesional, tal y como determina la propia ley de sociedades. Una vez aplicada esa responsabilidad solidaria, se abre la posibilidad de determinar las circunstancias concretas que enmarcan la relación interna entre las partes para distribuir de forma adecuada la indemnización impuesta. Para ello, será de aplicación subsidiaria la legislación propia de la sociedad jurídica.
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Visión y análisis de las propuestas de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, vigencia 2012-2013

Visión y análisis de las propuestas de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, vigencia 2012-2013

Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación.
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El portal de compras públicas, análisis del sistema actual y posible alternativas para mejorar la contratación pública a través de este sistema.

El portal de compras públicas, análisis del sistema actual y posible alternativas para mejorar la contratación pública a través de este sistema.

Este artículo tiene como fundamento el hecho de que, a criterio del asambleísta existen determinadas contrataciones que, por ciertos motivos, no deben o no pueden ser tramitadas siguiendo los procedimientos precontractuales comunes. Así, en el caso de las necesarias para la seguridad interna y externa porque puede haber situaciones en las que deben aplicarse principios de reserva o confidencialidad; en las actividades de comunicación por que involucra operaciones en un campo específico y especializado, como la publicidad y la participación de los medios de comunicación; en la asesoría y patrocinio legal, materias que ya estaban tratadas en la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero cuyo elemento diferenciador es el factor de la confianza que rige este tipo de servicios; las obras artísticas literarias o científicas, en las que la comparación se torna subjetiva; los repuestos y accesorios, porque en su adquisición se debe considerar un elemento que en los demás casos no es factible hacerlo, ya que contrariaría el principio de igualdad, y es que debido a su naturaleza en estos caso la marca del bien es un factor preponderante a ser tomado en cuenta; las de correo por estar regida por normas específicas.
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LEY 561 LEY GENERAL DE BANCOS

LEY 561 LEY GENERAL DE BANCOS

Arto. 147. Para los fines de esta Ley son Empresas Financieras de Régimen Especial aquellas constituidas en la República de Nicaragua o en el extranjero que mantienen con bancos e instituciones financieras no bancarias vínculos de propiedad, administración o uso de imagen corporativa, o bien sin existir estas relaciones, deciden el control efectivo de común acuerdo. El carácter especial de estas empresas radica en que, no obstante no prestar servicios de intermediación bursátil o servicios financieros con recursos del público, quedan sujetas a los requisitos de supervisión consolidada en los términos de este Título. Las Empresas Financieras de Régimen Especial deberán tener objeto social único. Entre estas empresas se encuentran las de:
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Aspectos concursales de la Ley de emprendedores

Aspectos concursales de la Ley de emprendedores

Si finalmente, se declara el concurso consecutivo, el art.242.2ª de la LC establece que el mediador, nombrado administrador concursal no podrá percibir más retribución que la fijada en el expediente extraconcursal. En este apartado, caben dos posibles interpretaciones; que el administrador concursal no va a recibir retribución alguna por esta nueva actuación, incentivando así, a que se intente alcanzar con éxito el acuerdo extrajudicial de pagos. Pero este supuesto pierde sentido, en el caso excepcional previsto por la Ley, de que el administrador concursal no sea el mismo que el mediador concursal, en cuyo caso, debería ver sus servicios retribuidos. Por tanto si este administrador tiene derecho a remuneración, el mediador que pasa a ser administrador no debería recibir una sanción económica al realizar el trabajo. En este sentido se manifiestan Aznar Giner, E., Baena, P.J o Alonso Sánchez, R. que entienden, que el mediador concursal convertido en administrador concursal, tendrá derecho a dos remuneraciones, una por el expediente extranconcursal, y otra, que no podrá superar a la fijada en dicho expediente, por su actuación en el concurso consecutivo. La Ley Concursal, establece este límite a la retribución del administrador debido a la complejidad para establecerla en un concurso en el que es simultánea la fase común y la de liquidación 25 .
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LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

VI. Promover la realización periódica de estudios sobre las prácticas lectoras en el Sistema Educativo Nacional y sobre el impacto de la inversión pública en programas de fomento a la lectura en este sistema, así como la difusión de sus resultados en los medios de comunicación, en colaboración con las autoridades educativas locales, otras autoridades, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior e investigación, organismos internacionales y otros actores interesados;

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El título del libro expresa de forma precisa lo que el lector encontrará al interior del mismo; un análisis exegético, con comentarios artículo por artículo, de la LGSC. Han participado en la obra noventa y un especialistas en derecho concursal, la mayoría abogados, aunque se han incluido también a profesionales de la contabilidad o con estudios de economía, que comentan los ciento cuarenta y dos artículos de la ley, sus dieciséis Disposiciones Complementarias y Finales, a sus dos Disposiciones Transitorias y a sus tres Disposiciones Modificatorias; el análisis de la legislación concursal es, en ese sentido, integral y detallado.
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Análisis de las instituciones del sistema de protección de menores

Análisis de las instituciones del sistema de protección de menores

[53] Así lo dispone el Preámbulo de la Ley 26/2015. [54] En este sentido puede mencionarse la sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, de 18 de Julio de 2002 (LA LEY 6237/2002), la cual conoce de un recurso de amparo contra una sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a unos testigos de Jehová, padres de un menor de 13 años que murió tras negarse a que le realizasen una transfusión de sangre, por no haberlo disuadido de la decisión que adoptó pese a tener una posición de garantía respecto a su hijo. El centro hospi- talario, al entender que peligraba la vida del menor, so- licitó del Juzgado de guardia autorización para la prác- tica de la transfusión, la cual fue concedida y acatada por los padres. No obstante, al disponerse los médicos a efectuar la transfusión, el menor la rechazó violenta- mente por lo que los médicos estimaron contraprodu- cente su realización debido a que podía precipitar una hemorragia cerebral. Fue entonces cuando el personal sanitario pidió a los padres que trataran de convencer al menor, a lo cual no accedieron por dichos motivos reli- giosos, pese a desear la curación de su hijo. En este caso, el Tribunal Constitucional estimó el amparo por consi- derar que a los padres no les era exigible una conducta distinta, ya que resultaría una actuación radicalmente contraria a sus convicciones que vulneraría su derecho fundamental a la libertad religiosa, recogido en el artí- culo 16 de la Constitución.
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Análisis de riesgo y estrategias para su disminución en el Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo   IDER CV

Análisis de riesgo y estrategias para su disminución en el Instituto de Desarrollo Regional César Vallejo IDER CV

Por medio de esta resolución estas entidades estaban en capacidad de otorgar préstamos y garantías; así como recibir fondos de organizaciones multilaterales, donantes internacionales, instituciones financieras y de COFIDE. Una provisión general establecía que la SBS podía autorizar a estas instituciones a realizar otras operaciones. Las EDPYMES nacieron con la promesa tácita de un acceso rápido al financiamiento. Sin embargo, las ONG se trasformaron lentamente porque poner en práctica los procedimientos y las habilidades necesarias para manejar instituciones reguladas era complicado.
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La familia y el desarrollo educativo de los hijos: una mirada sistémica

La familia y el desarrollo educativo de los hijos: una mirada sistémica

Ahora puede constatarse que aquellas buenas intenciones de consenso en materia educativa no se han mantenido, que el espíritu de concordia y de aceptación de las diferencias no pervivió indefinidamente percibiéndose este hecho, por ejemplo, cuando analizamos el desarrollo posterior de la legislación sobre educación hasta la actualidad. Para consensuar el artículo 27 de la Constitución fue necesario hacer ejercicios de concesiones miméticas y simétricas entre unos y otros de los diputados constituyentes. Se presentaron a su redacción dos concepciones totalmente opuestas. Por un lado, como señala Viñao (2011b), la derecha política, encarnada en la UCD, representaba los intereses de los patronos de la educación en España, formados principalmente por la Iglesia Católica y sus instituciones y también por empresarios privados. Para la derecha política y para la Iglesia eran innegociables la enseñanza de la religión, la capacidad de crear libremente centros educativos privados y que los fondos públicos financiaran esa labor. Para las fuerzas de izquierda, encabezadas por el PSOE, lo importante era que la educación se extendiera a toda la población, que se reconociera ese ejercicio como un derecho, que se lograra con una programación general de la enseñanza y, acorde con esta universalización, que fuera el sector público el encargado de garantizarla. Así, el énfasis se situaba en la democratización del sistema, con la participación de los padres, los alumnos y los profesores en el control y en la gestión de los centros y en la igualdad de oportunidades como motor de una sociedad más justa (Viñao, 2011b).
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TítuloEl aspecto social del concurso  Proyecto de reforma de la Ley concursal

TítuloEl aspecto social del concurso Proyecto de reforma de la Ley concursal

El art. 64 10º de la LC tal y como está redactado en la actualidad establece que “Las acciones individuales interpuestas al amparo de lo previsto en el artículo 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores tendrán la consideración de extinciones de carácter colectivo a los efectos de su tramitación ante el juez del concurso por el procedimiento previsto en el presente artículo, cuando la extinción afecte a un número de trabajadores que supere, desde la declaración del concurso, los límites siguientes”. Al margen de los umbrales numéricos que establece, muy similares a los del art. 51 1º del ET aunque no idénticos, cabe afirmar que respecto a las demandas interpuestas con anterioridad a la declaración del concurso ante el Juez de lo Social, éste no pierde su competencia desde la declaración del concurso a favor del Juez de lo Mercantil, pues tal consecuencia no se deriva de la literalidad del citado artículo donde la referencia a un momento concreto -la declaración del concurso- lo es a efectos del cómputo de los umbrales numéricos. Ni se deriva de la generalidad de redacción de los artículos 8.2 y 64.1 de la Ley Concursal, donde se alude literalmente a “acciones sociales”, y no a acciones individuales que, atendiendo al artículo 64.10 de la Ley Concursal, se asimilan a colectivas, pero que no lo son más que a efectos de esa norma.
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Nuevas reformas de la ley concursal

Nuevas reformas de la ley concursal

discrecional para el juez, en el Proyecto de Ley que se está tramitando); 2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por determinados delitos contenido patrimonial; 3.º Que, reuniendo los requisitos, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos; 4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios; 5.º Que, alternativamente al número anterior: i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6. ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42. iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años. iv) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad (este requisito no será exigible hasta después del 28 de febrero de 2016). v) Acepte de forma expresa, la publicación del beneficio obtenido en el Registro Público Concursal, por un plazo de cinco años.
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				La acción concursal de responsabilidad en el derecho argentino

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Ambas acciones tienen características que son comunes y, claro está, otras que son diferen- ciales. De las particularidades que comparten, la más importante es, sin duda, que todas ellas se rigen por las normas y principios que conforman la denominada teoría general de la responsabi- lidad civil, razón por la cual la procedencia de cualquiera de ellas presupone la confluencia de los extremos previstos en esa teoría, es decir, la existencia de un hecho antijurídico, el daño, la relación de causalidad y un factor de imputación. Las características diferenciales, por su parte, aparecen cuando se analiza cuál es el objetivo de cada una de esas demandas de responsabilidad, quiénes son sus titulares, quiénes están procesalmente legitimados para interponerlas y quiénes son, en definitiva, los destinatarios de la indemnización que poten- cialmente se obtenga 4 .
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