Medida cautelar de embargo

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LA EJECUCIÓN DE REMATES SOBRE BIENES SOCIALES AFECTADOS CON MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO POR DEUDA DE UNO DE LOS CÓNYUGES

LA EJECUCIÓN DE REMATES SOBRE BIENES SOCIALES AFECTADOS CON MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO POR DEUDA DE UNO DE LOS CÓNYUGES

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que el año de 1997, en la ciudad de Trujillo, se realizó un Pleno Jurisdiccional Civil, en la cual los jueces participantes asumieron una posición mayoritaria, optando por el primer supuesto, reconociendo la posibilidad de que los bienes sociales puedan ser embargados por las deudas personales de uno de los cónyuges, únicamente sobre los derechos y acciones que le corresponderían al cónyuge deudor, supeditando así, su ejecución, a que la sociedad fenezca y se determine lo que le corresponde al cónyuge deudor. Sin embargo, a pesar de este acuerdo plenario, existen algunos Jueces, quienes en ejercicio de su libertad de criterio, vienen asumiendo la segunda posición, argumentando que de otorgarse la medida cautelar de embargo sobre un bien de carácter social, no se estaría cumpliendo con la finalidad garantizadora de las medidas cautelares, señalada el artículo 608 del Código Procesal Civil, debido a que la ejecución forzada de la decisión definitiva, sea una sentencia o un auto final, se verá obstaculizada, por lo menos hasta que la sociedad de gananciales, de la que forma parte el deudor, se encuentre vigente.
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Análisis del actuar del Secretario Judicial interviniente en la medida cautelar de embargo en forma de retención con relación al Acta de Embargo en el Distrito Judicial de Piura-Piura, en el periodo 2015-2016

Análisis del actuar del Secretario Judicial interviniente en la medida cautelar de embargo en forma de retención con relación al Acta de Embargo en el Distrito Judicial de Piura-Piura, en el periodo 2015-2016

en su acepción de ahorro, está referido a su vez a tres áreas distintas: ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo. Intentemos una explicación separada de cada una de estas. El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el proceso. Casi no es posible encontrar algún proceso en donde, adicionalmente al conflicto que tienen las partes, no exista otro referido a la urgencia que una de ellas tiene de acabar pronto el proceso, necesidad que es inversamente proporcional a la misma urgencia de la otra, pero de prolongado. El cumplimiento de los actos con prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión adecuada de este principio. Esta es la economía de tiempo. La economía degasto es la necesidad de que los costos del proceso no impidan que las partes hagan efectivos todos sus derechos al interior de este. Lo expresado no obsta para reconocer que un Estado pobre y con una fuerte dependencia externa -el caso de los países latinoamericanos, por ejemplo-, no puede darse el lujo de tener una administración de justicia absolutamente gratuita. Sin embargo, la economía procesal en este rubro debe tender a evitar que las desigualdades económicas que presenta nuestra sociedad, sean lo suficientemente determinantes como para que quien se encuentre en una condición inferior deba soportar las consecuencias procesales por dicho estado. La economía de esfuerzo está referida a la posibilidad de concretar los fines del proceso evitando la realización de actos que, aun' estando regulados, tienen la calidad de innecesarios para tal objetivo. De alguna manera, un recuento de la evolución histórica del proceso nos enseña que esta ha consistido en solventar métodos para lograr su simplificación, esa búsqueda es la llamada "economía de esfuerzo". Y también citando a PODETTI define esta "economía de esfuerzo" al expresar: "Como economía de esfuerzo, este principio no es menos importante y decisivo para la obtención de una buena justicia. La supresión de trámites superfluos o redundantes, aminorando el trabajo de los jueces y auxiliares de la justicia y simplificando cada proceso en particular, debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la buena justicia".
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El uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, como medida cautelar y el principio de inmediación

El uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, como medida cautelar y el principio de inmediación

Al evidenciarse estas disposiciones, el uso del dispositivo de vigilancia electrónica se encuentra suspendida su aplicación como medida cautelar debido a los numerosos casos que ha presentado como fallas en el mismo; lo que indico el Ministerio en un oficio, el dispositivo no puede ser utilizado hasta determinar el proceso del mismo. Aun no se determina que organismo es el encargado de controlar el dispositivo de vigilancia electrónica; ya que, dentro del reglamento, se señala que la instalación o colocación lo realiza el Ministerios de Justicia, llamado ahora Secretaria de Derechos Humanos, y el monitoreo o vigilancia está encargado por el ECU 911, sin embargo, dentro del mismo documento se estipula que a partir de la publicación del mismo en el Registro Oficial tienen 120 días para establecer protocolos y procesos las instituciones involucradas del dispositivo de vigilancia electrónica, sin embargo, hasta 2019, aún no se ha establecido estos protocolos y procesos. El reglamento es muy ambiguo, en el cual no se establece reglas claras en cuanto a las funciones para cada organismo; el monitoreo lo realiza ECU 911, sin embargo, esto no garantiza el control del dispositivo, debido que se habla de manera general sobre las funciones, pero se debería especificar sobre la persona o un departamento determinado que garantice el buen funcionamiento de este instrumento. Actualmente las instituciones relacionadas han sufrido cambios, por esta razón, este estatuto simplemente se encuentra en estudios, sin determinarse aún su derogación, hasta disponer quién llevará el control del dispositivo que garantice la vigilancia electrónica como una medida cautelar adecuada.
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Medida cautelar de secuestro en el proceso de extinción de dominio

Medida cautelar de secuestro en el proceso de extinción de dominio

Sin embargo, este sistema es prohibicionista en lo que respecta a la producción y oferta de estupefacientes, exceptuando la producción y oferta para fines médicos y científicos. Sugiere que, todo estupefaciente, sustancia y utensilio empleados en la comisión de delitos o destinados a tal fin, podrán ser objeto de aprehensión y decomiso, y que cuando las personas hagan uso indebido de los estupefacientes y hayan cometido delitos, el estado adopte las medidas necesarias para que se castigue en forma adecuada, pero también buscando una rehabilitación y readaptación social. (Convención-ONU, Unica de 1961 sobre Estupefacientes, 1961, pág. 19). Aunado lo anterior, fue imperiosa la necesidad de un nuevo tratado ya que se sintió preocupación por el uso indebido de estas sustancias, lo cual estaba generando problemas sanitarios y sociales y por ende se debía restringir el uso de esas sustancias para el tráfico ilícito. Así pues, debía reconocerse que el uso de sustancias sicotrópicas era para fines médicos y científicos y por tanto no debía restringirse su disponibilidad para tales fines.
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La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el delito de estafa

La aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el delito de estafa

Con los resultados de la investigación, se verifican, tanto de manera directa como indirecta, que el marco propositivo del presente trabajo de grado, en este caso la elaboración de un anteproyecto de política pública, que sirva como un documento referencial y de análisis sobre la importancia que tiene la adecuada aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva, dentro del proceso judicial penal del delito de estafa, en virtud que constituye una medida de carácter restrictivo de un derecho fundamental como es el de libertad. Si bien es cierto este mecanismo jurídico, que es considerado como una sanción o un pena impuesta por la autoridad judicial, canaliza en lo principal la comparecencia del procesado dentro del trámite judicial, sin embargo la Constitución de la República del Ecuador establece que la aplicación de esta medida será de carácter excepcional siempre y cuando se hayan agotado todo los recursos judiciales alternativos.
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La medida cautelar del dispositivo electrónico en la reincidencia de delitos y la seguridad ciudadana

La medida cautelar del dispositivo electrónico en la reincidencia de delitos y la seguridad ciudadana

Para que una sociedad se pueda desarrollar necesita orden, dicho orden se consigue a través de la elaboración de una norma legal que la regule, estableciendo cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, la simple redacción del mismo no es suficiente. El publicar un cuerpo legal que contenga penas severas a un cierto comportamiento no ha impedido el irrespeto a la vida humana o a la propiedad humana, es por ello que el Estado en conjunto con otros órganos sociales, tales como, las juntas vecinales y las agrupaciones de barrios quienes en coordinación con la Policía Nacional, los Gobiernos Locales y los Gobiernos Regionales entre otros velan por la seguridad de los ciudadanos.
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El proceso administrativo disciplinario y la medida cautelar en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el periodo 2014 - 2015

El proceso administrativo disciplinario y la medida cautelar en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el periodo 2014 - 2015

El artículo 92 de la Ley Servir, hacer alusión a las autoridades que ya han sido mencionadas en el cuadro, pero también prescribe el apoyo del Secretario Técnico, el cual debe encontrarse presente dentro de la institución pública, el cual, según la ley, deberá ser de preferencia abogado y designado por el titular de la entidad, pudiendo ser un servidor civil. Este órgano es el encargado de calificar las posibles faltas cometidas, además de documentar los medios de prueba, proponer fundamentación y administrar los archivos que nazcan de la actividad sancionadora. Sin embargo, no tiene potestad sancionadora, por lo que las recomendaciones que emita no son vinculantes, además esta oficina depende de la oficina de Recursos Humanos. La denuncia que inicia el procedimiento administrativo sancionador se interpone ante la Secretaría Técnica, pudiendo ser esta verbal o escrita, pero necesariamente deben estar expresados claramente los hechos y también adjuntar las pruebas que se consideren pertinentes. Entonces, se tiene que la Secretaría Técnica es el apoyo durante todo el procedimiento administrativo disciplinario, cumpliendo la función de mesa de partes, en donde se hace llegar la denuncia de la presunta falta cometida, el cual debe ser preferentemente abogado para que conozca cómo recepcionar la denuncia y tener el suficiente cuidado en el archivo de documentos y elaboración del informe pertinente.
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La suspensión de los actos tributarios como medida cautelar en vía económico-administrativa

La suspensión de los actos tributarios como medida cautelar en vía económico-administrativa

En este sentido, la carga de la prueba del perjuicio referido, correrá a cargo del recurrente. Sin embargo, no puede olvidarse que la tutela cautelar forma parte indisoluble del principio de tutela judicial efectiva, la cual es un derecho fundamental recogido por la CE, por lo que, únicamente en caso de que el perjuicio fuese de cualificada gravedad, podrá justificar la denegación de la medida, siendo, en todo caso, de intensidad superior a los del administrado. Tal y como se desprende de lo vertido hasta el momento, en relación a esta cuestión, al margen del periculum in mora y de la correspondiente ponderación, la doctrina y la jurisprudencia han venido considerando también la apariencia de buen derecho de la pretensión del recurrente que solicita la suspensión, lo que trataremos a continuación. En cualquier caso, ya prevalezca, a la hora de conceder la suspensión, la referida apariencia o el periculum in mora, deberá considerarse también el resultado de la ponderación de intereses del conflicto en concreto 19 .
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				Las medidas cautelares en el proceso ambiental.

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En este punto es importante hacer la distinción que hace el profesor López Blanco (2004, p. 848) entre la taxatividad y la innominatividad, ya que en varias obras se suelen confundir estos dos elementos. Tal como se expuso, cuando se dice que las medidas cautelares son taxativas, se está indicando que las mismas requieren de una norma que las contemple de antemano, pero cuando la norma no solo autoriza que se decrete la medida cautelar sino que, además, señala el proceso y regula la medida que se debe practicar, la misma adquiere el carácter de nominativa, como ocurre, por ejemplo, con el embargo en los procesos ejecutivos o la ins- cripción de la demanda en algunos procesos de conocimiento. Pero existen otros procesos donde se autoriza al juez para ordenar la cautela que estime pertinente; en este caso, se cumple con el requisito de taxatividad, pero la medida cautelar será innominada, pues el legislador dejó al criterio del juez la elección del medio idóneo para garantizar la efectividad de la sentencia; es lo que sucede en las acciones populares, como se profundizará más adelante.
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La tutela de urgencia de lo urgente: Analisis del prejuzgamiento en la medida cautelar del proceso de amparo

La tutela de urgencia de lo urgente: Analisis del prejuzgamiento en la medida cautelar del proceso de amparo

El Juzgador al evaluar la viabilidad de la medida (prejuzgar) debe verificar el cumplimiento de los requisitos extrínsecos e intrínsecos para la concesión de la medida cautelar. En el caso de autos el juzgador realiza el análisis del cumplimiento del requisito extrínseco de la oportunidad adecuada para dictar un cautela y al respecto nos dice: “De la revisión de la solicitud cautelar presentado por el demandante y copias adjuntadas se advierte que el solicitante pretende se dicte medida cautelar a fin de que se deje sin efecto la orden de lanzamiento contenida en la resolución número veintidós; sin embargo, de la revisión del proceso principal de amparo a través del Sistema de Información Judicial- SIJ, se aprecia que la demanda interpuesta por el demandante ha sido declarado improcedente, por tanto, teniendo en cuenta ello y que en los procesos constitucionales no son procedentes las medidas cautelares fuera del proceso, conforme a lo establecido en la parte final del artículo 15° del Código Procesal Constitucional, corresponde declarar improcedente la medida cautelar interpuesta al no existir proceso admitido en trámite en el que se haya que garantizar el cumplimiento de decisión definitiva”. Como es evidente en este caso no existe una ardua motivación pues solo se verifica el cumplimiento de la norma procesal, lo cual es adecuado pues se da cumplimiento a la norma y se evidencia que el juzgador ha realizado las diligencias necesarias al investigar en el SIJ el estado del proceso principal.
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La prisión preventiva ¿medida cautelar excepcional o medida represiva de aplicación general?

La prisión preventiva ¿medida cautelar excepcional o medida represiva de aplicación general?

En la presente causa, en su momento se concedió comparecencia con restricciones para los procesados, sin embargo, siendo que incumplieron con el pago de la caución que ascendía a S/. 200.000.00 (Doscientos Mil con 00/100 Soles), la Jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pomabamba, revocó el mandato de comparecencia con restricciones por el de Prisión Preventiva por el plazo de 9 meses contra Juan Víctor Ponte Carranza, y los funcionarios ediles Miguel Torres Campomanes, Marcelo Ponte López, Norma María Moreno Ruíz y Víctor Constantino Ayala Moreno. La misma que fue confirmado por la Sala Penal de Apelaciones de Ancash. Tal como lo informa el Diario Virtual Chimbotenlinea.com en su edición de fecha 29/09/2013.
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La medida cautelar y sus efectos en el proceso de alimentos en los juzgados de paz letrados del Cercado de Lima

La medida cautelar y sus efectos en el proceso de alimentos en los juzgados de paz letrados del Cercado de Lima

o más medidas que sumadas entre si estén –juntas- en aptitud de garantizar la efectividad de la sentencia que se vaya a dictar. Esta posibilidad es clara, por ejemplo, en los casos de medidas para futura ejecución forzada, en los que el dictado de solo una de las medidas no satisface la garantía de eficacia de la pretensión. Así, es posible, solicitar un embargo en forma de depósito y un embargo en forma de retención respecto de bienes distintos, con la finalidad de asegurar la eficacia de una misma pretensión. Ello también puede darse se disponga la suspensión de los efectos de un contrato, y al mismo tiempo se solicite la inscripción de esa medida cautelar en los Registros Públicos. Es claro que en estos casos el juez debe estar especialmente atento a que no se vulnere la proporcionalidad de la medida solicitada. En cualquier caso, si el demandante considera que para garantizar la eficacia de la pretensión, es fundamental solicitar dos o más medidas cautelares, estas deben ser solicitadas al mismo juez.
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La medida cautelar de la prisión preventiva y el derecho constitucional de presunción de inocencia en el delito de estupro

La medida cautelar de la prisión preventiva y el derecho constitucional de presunción de inocencia en el delito de estupro

“Los Estados Partes de los distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto universales como regionales, se comprometen a reconocer y proteger cada uno de los derechos en ellos recogidos, y si es necesario adecuar su derecho interno a las exigencias del derecho internacional. Ecuador, como Estado partes del Sistema Universal e Interamericano de protección de los derechos humanos, ha dado pleno cumplimiento a la incorporación de los derechos reconocidos en el ámbito internacional en su derecho interno tal y como se desprende de su Constitución. De este modo se obliga a reconocer y proteger los derechos humanos a todos aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción. Sin embargo, en los últimos tiempos, específicamente a finales del año 2012, paradójicamente como consecuencia del conflicto armado ha adoptado el Acto Legislativo Nº 2 de 27 de diciembre de 2012 mediante el cual reforma los arts. 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia, y procede a la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares, lo que puede atentar contra el derecho al juez natural. Por ello, este trabajo tiene por objeto analizar el derecho internacional de los derechos humanos y su incorporación en el derecho interno, así como la compatibilidad de las reformas internas con la normativa internacional de los derechos humanos. Para ello se hará uso de la doctrina, de la legislación nacional e internacional, y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de derechos humanos, para concluir con unas reflexiones”. (Quishpe, 2012, pág. 31)
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La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de pretensión de la medida cautelar

La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de pretensión de la medida cautelar

pese al rechazo liminar de la demanda por las dos instancias judiciales, no obstante han tomado conocimiento del trámite procesal de la demanda. En tal sentido, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, se ha apersonado y presentado sus alegatos e incluso la empresa Backus, que en estricto no era la parte emplazada con la presente demanda, ha presentado informes y escritos sustentando su posición [3] . De este modo, el Tribunal considera que si bien los jueces de las instancias precedentes debieron admitir la demanda, sin embargo al no hacerlo, no se ha generado un supuesto de nulidad que amerite retrotraer el estado del proceso a la etapa de su admisión, pues ello podría resultar más gravoso aún para la parte que ha venido solicitando tutela urgente para sus derechos a través del proceso de amparo. Esta postura encuentra fundamento además, en el hecho de que en el caso de autos; a) en primer lugar, se recogen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo; b) el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados, quienes fueron notificados, y si bien no participaron directamente, sí lo hicieron a través del procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial; c) por último, no debe olvidarse que en el caso de autos se cuestiona una decisión cautelar, es decir, una decisión que ha sido adoptada con la inmediatez y urgencia propia de su naturaleza procesal y que viene surtiendo efectos desde su adopción, lo que requiere también una respuesta rápida que no convierta en irreparable la posible afectación si es que así se comprobara.
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTÁ, D.C. 2017

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO BOGOTÁ, D.C. 2017

Sin embargo, el objetivo del presente artículo investigativo es plantear el establecimiento de una medida cautelar sobre los bienes inmuebles que sean objeto de afectación ambiental, que esta sea objeto de registro en el respectivo certificado de libertad del mismo a fin de garantizar la comparecencia del presunto infractor, ya que, para la comisión de esta falta puede atribuirse por acción u omisión, y, como quiera que, la Constitución Política de Colombia regula en su artículo 58 la función ecológica de la propiedad privada, establece obligaciones a los propietarios de los predios, debe garantizarse la prevalencia del interese genera sobre el particular, y así, efectivizar la responsabilidad del Estado frente a los recursos naturales.
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La arbitrariedad e ilegalidad de la prisión preventiva como medida cautelar en el caso Javier Rojas

La arbitrariedad e ilegalidad de la prisión preventiva como medida cautelar en el caso Javier Rojas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en una sentencia de 24 de junio del 2005 en el caso Acosta Calderón Vs. Ecuador que la prisión preventiva como medida cautelar es una medida severa dentro de un proceso, a cual debe tener como principal característica la excepcionalidad para poder ser aplicada como se ha determinado en las normas y tener en cuenta los principios que la rigen como es el principio de necesidad y de proporcionalidad, además sin olvidar que el principio de inocencia más aún si el individuo no representa el mas minimo peligro (Vergara Acosta, 2015) 20 ; cómo podemos apreciar una de las características principales de la prisión preventiva es el carácter excepcional de la misma por lo que debería ser utilizada solo cuando sea estrictamente necesario y cuando exista la certeza que no son suficientes las medidas no privativas de libertad que el Código presenta en su texto.
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PLAZO LEGAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN UN PROCESO EJECUTIVO CON  EMBARGO SOBRE DERECHOS DE CRÉDITO EJECUTADA

PLAZO LEGAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN UN PROCESO EJECUTIVO CON EMBARGO SOBRE DERECHOS DE CRÉDITO EJECUTADA

Al respecto nuestro Código Procesal Civil estable que, “Resuelto el principal en definitiva y de modo favorable a quien obtuvo la medida cautelar, la contracautela ofrecida queda cancelada de pleno derecho” (Art. 620°). Entonces si la contracautela fenece de pleno derecho, ¿cómo se protegería al ejecutado si existen daños y perjuicios posteriores?, por tanto se evidencia así que el ejecutado queda en un estado de indefensión, en cuanto a la protección de su derecho a la disponibilidad sobre el saldo remante del patrimonio sujeto al embargo. Es por ello que proponemos la dación de un plazo legal para realizar la liquidación de los costos y costas del proceso; mecanismo legal con el cual el ejecutado podrá: i) Impulsar el proceso, solicitando se cumpla el plazo legal fijado para la liquidación de los gastos procesales, y ii) Proteger su derecho patrimonial sobre el saldo remanente existente una vez cancelados los costos y costas del proceso.
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“Secuelas de la problemática de la prisión preventiva en el Distrito de Juliaca al año 2017”

“Secuelas de la problemática de la prisión preventiva en el Distrito de Juliaca al año 2017”

lógica cautelar, y nos detenemos en este punto, debido a que la forma en la que se norma la Prisión Preventiva en el Código Procesal Penal, en su art. 253 al final del párrafo se menciona “…evitar el peligro de reiteración delictiva” que le da a la norma un carácter de prevención y finalidad propia de la pena, que en palabras del autor antes citado “con ello, el legislador nacional ha atribuido a las medidas cautelares una finalidad propia de la penas, finalidad que si bien es cierto pertenece a la tradición punitiva, va en contra de la lógica cautelar” (Villegas Paiva E. , 2016, p. 219), se ha intentado dar una salvedad a este apartado, desarrollando también Villegas Paiva que “debe hacerse una comparación entre el comportamiento del sujeto en un proceso anterior, y el comportamiento que tiene en un proceso actual, de forma que el primero sirva como dato que permita colegir que el comportamiento actual se subsume en el peligrosismo procesal, pues se asemeja al que tuvo en el proceso anterior. Queda claro, en resumidas cuentas, que lo que se toma en cuenta es el comportamiento que adopto el agente con respecto a un proceso anterior y que genero un peligro procesal concreto, y se toma en cuenta en términos comparativos con respecto a su comportamiento que desarrolla en un proceso actual, comparación que haría denotar una aptitud para frustrar el proceso penal actual” (Villegas Paiva E. , 2016, p. 223), salvedad que no termina de dar en el problema específico de la mescla en la normatividad del art. 253.
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Arresto domiciliario, el principio de igualdad y el derecho transitar libremente por el territorio nacional

Arresto domiciliario, el principio de igualdad y el derecho transitar libremente por el territorio nacional

Si bien es cierto que el principio de inmediación debe cristalizarse, es necesario comprender que este jamás debería inobservar otros principios y derechos constitucionalmente reconocidos, pues el administrador de justicia está necesariamente facultado para garantizar el principio de igualdad entre otros y lógicamente evitar que se vulneren derechos previstos en nuestra Constitución, pues empleando aquí también al momento de resolver sobre las medidas cautelares que serán empleadas al procesado, iniciar un analítico ejercicio de ponderación para establecer que principios y derechos prevalecerán considerando que el arresto domiciliario al ser una medida auxiliar a la prisión preventiva, no deja de ser una medida privativa del derecho a transitar libremente por el territorio nacional y también vulnera otros derechos como el de desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, el derecho a la libertad del trabajo, el derecho a la intimidad personal y familiar, entre otros.
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Subsistema Medida Cautelar para el Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos

Subsistema Medida Cautelar para el Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos

El SITPC, en sus primeras versiones contemplaba el desarrollo de seis subsistemas. 3 Este proyecto fue cerrado por el incumplimiento de los objetivos según el alcance definido. Con el propósito de cumplir los acuerdos realizados con el cliente, se ha reajustado el alcance del proyecto hacia el desarrollo del subsistema Penal en una primera versión de la proyección total. Este subsistema consta de varios procedimientos entre ellos el Ordinario, que ocupa en sí un conjunto de procesos que se deben informatizar para llevar a cabo la implementación íntegra del sistema. Este procedimiento pretende automatizar, entre otras, las funcionalidades contenidas en el paquete Medida Cautelar. Estos procesos toman lugar cuando, durante un juicio o proceso, se adoptan medidas, a instancia de parte o de oficio, para proteger, precaver o prevenir un fallo principal, evitando los perversos efectos de la duración del proceso, puesto que es precisamente esta duración la que determina la necesidad de ésta. Así se provee mayor seguridad jurídica, en el sentido de precaver que un fallo judicial quede ilusorio o no pueda ejecutarse cabalmente.
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