Norma de orden público

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NOM-010-SSA2-2010 SIDA

NOM-010-SSA2-2010 SIDA

1.2 Las disposiciones de esta norma son de orden público e interés social y por tanto de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todas las instituciones y personal del Sistema Nacional de Salud involucrado en la atención a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, incluyendo al personal que realice acciones de promoción y prevención de la salud, protección específica, tratamiento, atención primaria y control epidemiológico, así como para el personal que labore en unidades de salud que incluye a quienes laboren en laboratorios públicos y privados.

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Registro de marcas y orden público: consideraciones de la dirección de signos distintivos de Indecopi

Registro de marcas y orden público: consideraciones de la dirección de signos distintivos de Indecopi

Por otra parte, se considera también que, en el caso de calificación marcaria, el estándar que resulta recomendable llevar a cabo es el público al que va dirigido el producto o servicio marcado y aquel estándar debe ser realizado pensando en la sensibilidad del mercado en específico en el que se puede ejercer el análisis y determinar si es que la marca está pasando los límites de lo que el estado puede garantizar, entonces, se tiene como resultado que una determinación efectiva resulta aquella que se determina en función al público al que va dirigido. Asimismo, de determinarse la contrariedad del orden público en función a la motivación particular de la persona más sensible del Perú se denegarían cualquier clase de marcas que pudiesen encontrarse compuestas de jergas, palabras criollas y vocablos peruanizados (lo enunciado no es limitativo) ergo no resultando discriminatorias ni contrarias a la ley sino que trata de la dificultad que se tiene para la comprensión de lo que refiere orden público hoy, el mismo que es constante, dinámico en el tiempo, desenvolviéndose para vitalizar la norma, amoldándola en el tiempo de su aplicación o para desecharla cuando aquella interpretación discrecional impide el progreso.

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La concepción del orden público internacional en el reconocimiento de laudos extranjeros en el derecho colombiano

La concepción del orden público internacional en el reconocimiento de laudos extranjeros en el derecho colombiano

Sin embargo, esta noción que resume la defensa de la empresa colombiana, en el ámbito arbitral según lo expresa Gaillard citado por Moreno Rodríguez, es reticente de aplicación. Las leyes de policía, normas imperativas de protección, no corresponden a una norma generalmente reconocida por la comunidad internacional sobre las disposiciones del derecho elegido por lar partes, de esta manera en el caso CCI Nº 7047 de 1994, que enfrentaba a una empresa estatal con una empresa extranjera, se negó a examinar la violación de una ley de policía del estado de la empresa, a partir de que no pertenecía al derecho escogido por las partes, alegando que desconocer esta disposición no podría ser considerado como una vulneración al orden público internacional.

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El orden público como motivo de anulación del laudo

El orden público como motivo de anulación del laudo

que no se limite a la fiscalización de aspectos procedimentales, basta con preservar la configuración de la acción de anulación –y, en concreto, interpretar de forma correcta los motivos que permiten su formulación– para que resulte harto difícil privar de validez un laudo por motivos sustantivos, sin que sea necesario postular la imposibilidad de entrar a analizar el fondo. En este sentido, es la recta aplicación de la norma la que impide que se terminen estimando pretensión de nulidad por cualesquiera infracciones del derecho aplicable, sin que sea de recibo constreñir el alcance de la acción a aspectos exclusivamente formales. Por tal razón, resulta completamente innecesario postular la imposibilidad de revisar el fondo de lo resuelto por árbitros sin el don de la infalibilidad para neutralizar las peticiones de nulidad interpuestas por quienes, sin fundamento alguno, pretenden revolverse frente a la situación creada por el laudo: si el laudo incurre en algún vicio de fondo determinante de su nulidad habrá de ser anulado, todo lo demás –lo cual, dicho sea de paso, constituye la inmensa mayoría de supuestos–, estará abocado a la desestimación de la acción de anulación, sin riesgo alguno para el arbitraje. No se niega que podría apreciarse una cierta desnaturalización –por emplear un término usado de forma recurrente en defensa de la tesis mayoritaria– si el legislador hubiese introducido un modelo de impugnación del laudo similar a la configuración de la apelación o, en el ámbito forense, si nuestros tribunales vinieran considerando que cualquier discrepancia de los jueces con la respuesta de fondo dada a la controversia terminara determinando la anulación del laudo. Sin embargo, no siendo ello así con carácter general, no puede compartirse la asociación de ideas entre la posibilidad de que los órganos judiciales puedan valorar la justicia del laudo y el hecho de que el arbitraje corra el riesgo de perder su razón de ser.

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Libertad de circulación comunitaria y orden público en España

Libertad de circulación comunitaria y orden público en España

visado de entrada a dos personas nacionales de terceros países casadas con ciu- dadanas españolas. En la resolución el TJCE recuerda como el acervo Schen- gen solo resulta aplicable de conformidad con el Derecho Comunitario (arts. 134 y 96 CAAS), de forma que en caso de aplicación a personas que resultan beneficiarias de la libertad de circulación comunitaria, por ser ciudadanos eu- ropeos o familia de ciudadanos europeos habrá de tenerse en cuenta la norma- tiva sobre la citada libertad y la propia doctrina del TJCE. Así, en los casos que dieron lugar al recurso por incumplimiento no debía de haberse rechazado la entrada en España de los dos nacionales extracomunitarios casados con ciuda- danas españolas simplemente por estar incluidos en el sistema de información de Schengen (SIRENE), sino que debía de haberse consultado con el país que procedió a la inclusión para conocer el motivo de la inclusión, puesto que «el concepto de orden público en el sentido del artículo 2 de la Directiva 64/221 no se corresponde con el del artículo 96 del CAAS» y, en el caso en cuestión, tras la consulta pertinente, se debería haber procedido a admitir su entrada en el España al no suponer el motivo de su inclusión en el sistema de información por parte de Alemania una amenaza para el orden público en el sentido que ha de aplicarse a ciudadanos comunitarios o sus familias.

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Orden Público y Arbitrabilidad: Dúo-Dinámico del Arbitraje

Orden Público y Arbitrabilidad: Dúo-Dinámico del Arbitraje

normas imperativas dentro de la noción ‘orden público’ implicaría permitir que el juez de nulidad o de ejecución realice un análisis sobre el fondo del asunto. En segundo, lo más probable es que si se está en presencia de una norma imperativa el tribunal arbitral la haya contemplado y aplicado. Podría replicarse que en caso de que el Tribunal no haya actuado así debe existir un mecanismo para impedir que sea ejecutado en México. Contestaría que, dado que el error de derecho no es una causal de nulidad o no ejecución, para que el orden público pueda ser el mecanismo idóneo, será necesario que verse sobre una de las nociones más básicas de moralidad y de justicia de derecho mexicano. De lo contrario, el resolutivo será final e irrecurrible.

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ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL Y NORMAS IUS COGENS

ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL Y NORMAS IUS COGENS

Finalmente la discusión en torno a las normas ius cogens se ventila en la segunda sesión del Committee of the Whole de la Conferencia de Viena de 1969, que recoge en términos generales el ambiente en medio del cual se aprueba el artículo 53. Un catalizador del sentimiento generalizado en la conferencia se puede percibir en la delegación francesa encabezada por el Sr. Hubert. El gobierno francés fue un opositor permanente de la codificación del principio ius cogens, -no por el principio en si mismo sino por su indefinición-, y en su declaración de 1969 manifiesta que “siente mucho tener que oponerse al artículo que ha atraído a un gran número de Estados que lo han acogido en la primera lectura”. Es claro para el gobierno francés que los tratados pueden llegar a ser nulos por su contradicción con una norma ius cogens, sin embargo considera que el articulo falla al no especificar de qué normas se trata y que mecanismos de defensa tendría el Estado en caso de ser cuestionado por estas razones 67 . Para el gobierno francés la incorporación

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La guerra preventiva : Escuela Santa María de Iquique : las razones del poder

La guerra preventiva : Escuela Santa María de Iquique : las razones del poder

A primera hora del sábado 21, Carlos Eastman recibió por segunda vez a los directores de la Combinación Salitrera. Al comunicarles la propuesta de los trabajadores, la apoyó y les informó que el Presidente de la República lo había autorizado cablegráficamente para comprometer al gobierno en el pago de la mitad del aumento de salarios que se acordara durante el mes de negociaciones. Pero los representantes patronales fueron inflexibles en su negativa. El problema, argumentaban, no era cuestión de dinero, sino de principios: negociar bajo la presión de la masa "significaría una imposición manifiesta de los huelguistas y les anularía por completo el prestigio moral que siempre debe tener el patrón sobre el trabajador para el mantenimiento del orden y la corrección en las faenas delicadas de las oficinas salitreras” 5 .

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Límites del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público

Límites del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público

Lo primero a tener en cuenta es que la inexistencia de armas en las reuniones no califica de por sí a éstas como pacíficas. Una reunión no armada deja de ser pacífica en el momento en que los participantes acudan a ella con la intención de usar la violencia, violencia que no tiene porque ser exclusivamente física sino que puede ser incluso moral 7 . En este sentido el Tribunal Constitucional afirma “que ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral (arts. 10 y 15 de la Constitución) que han de respetar no sólo los poderes públicos, sino también los ciudadanos, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Norma Fundamental” (STC 2/1982, de 29 de enero).

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Una propuesta de la nobleza para la preservación del orden público y la paz. Venezuela 1808

Una propuesta de la nobleza para la preservación del orden público y la paz. Venezuela 1808

RESUMEN: Motivado a la situación de debilidad institucional monárquica existente en Es- paña durante la coyuntura del año de 1808 y la inseguridad que se vivió en Venezuela desde finales del siglo XVIII, los nobles de esta jurisdicción realizaron una propuesta de conformación de una junta gubernativa para salvaguardar el orden público y la paz en la misma. Sin embargo, esta propuesta de aplicar la misma tradición institucional de contingencia a la que se apeló en distin- tas jurisdicciones de España generó reacciones de rechazo entre las diferentes clases y castas que conformaron esta estratificada sociedad y que terminaron por debilitar a este grupo social, el cual quedó reducido y debilitado por las exigencias de estos sectores y las presiones del gobierno provincial. El interés de la investigación es analizar los fundamentos e intereses de la nobleza caraqueña durante esta etapa.

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El Unificador Fragmentado  La fenomenología de las normas de ius cogens en un contexto de cambio

El Unificador Fragmentado La fenomenología de las normas de ius cogens en un contexto de cambio

el Relator Especial Waldock de la Comisión de Derecho Internacional, quien señalara: «(...) Imperfect though the international legal order may be, the view that in the last analysis there is no international public order —no rule from which States cannot at their own free will contract out— has become increasingly difficult to sustain. (...) The Commisssion will therefore, it is believed, be fully justified in taking the position in the present articles that there are certain rules and principles from which States cannot derogate by merely bilateral or regional treaty arrangements». Al respecto, véase: Document: A/CN.4/63 Report on the Law of Treaties by Mr. H. Lauterpacht, Special Rapporteur Topic: Law of Treaties Extract from the Yearbook of the International Law Commission: 1953, vol. II. p. 155. Esta misma perspectiva se encuentra en los comentarios del relator especial sobre los Actos Unilaterales de los Estados, Victor Rodríguez Cedeño, quien en los comentarios del borrador de los Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados indicaría: «Moreover, in order for the act to be legally valid and to have legal effect, its object must be lawful. This is related to acceptance of the existence of international public order and to peremptory or jus cogens norms, as we shall see below. Without doubt, the lawful object of unilateral legal acts of States must be consistent with the norms of so-called international public order, or, as Georges Scelle calls it, international common law, in order for such acts to be considered valid and, consequently, to have legal effect» [Comisión Internacional de Derecho Internacional. Second report on unilateral acts of States By Victor Rodríguez Cedeño, Special Rapporteur – A/CN.4/500/ Add.1. 10 May 1999. Para. 114-115.] Entonces, si sostenemos que las normas de ius cogens constituyen parte del «Orden Público Internacional» se hace necesario dejar en claro su relación con los Principios Generales del Derecho Internacional, los cuales constituyen las unidades básicas del mismo. Véase, igualmente: O RAKHELASHVILI , A., «International Public Order and

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Una lectura del transporte público concesionado en Ciudad de México desde la visión del orden urbano

Una lectura del transporte público concesionado en Ciudad de México desde la visión del orden urbano

El presente artículo propone una lectura del transporte público concesionado de Ciudad de México desde la perspectiva de análisis del orden urbano –concepto desarrollado por Emilio Duhau y Ángela Giglia en diversos estudios–. Para ello, se definen cinco operadores espaciales a partir de los cuales entrará en diálogo la estructura funcional del transporte concesionado con el ámbito normativo y las prácticas espaciales de los usuarios de las rutas de autobuses. De esta forma, es posible tener una visión del transporte público de Ciudad de México que, alejándose de la mirada tradicional del caos, reconozca la existencia tanto de continuidades como de rup- turas en la estructura de este servicio público. Este enfoque de trabajo propuesto busca aportar a la comprensión del proceso de implementación del sistema de transporte Metrobús (Bus Rapid Transit) que opera en la ciudad desde hace diez años.

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Modelo de gestión documental para entidades del sector público del orden distrital – Bogotá

Modelo de gestión documental para entidades del sector público del orden distrital – Bogotá

La Gestión Documental debidamente implementada busca reducir costos y mejorar los tiempos de respuesta ante una solicitud, teniendo en cuenta las 24 entidades del orden distrital analizadas se evidencia que estas carecen de personal calificado para la ejecución de las labores en materia archivística, a lo cual se suma la falta de rubros para esta área, lo cual dificulta tener la gestión documental al día y cumplir con la normatividad archivística.

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Modelo multifactorial dinámico para la medición del capitañ intelectual en la dirección de personal de una de las entidades de seguridad ciudadana y orden público reguladas por el código de entidades de seguridad ciudadana y orden público (COESCOP)

Modelo multifactorial dinámico para la medición del capitañ intelectual en la dirección de personal de una de las entidades de seguridad ciudadana y orden público reguladas por el código de entidades de seguridad ciudadana y orden público (COESCOP)

Para definir cuál es el aporte del Capital Intelectual en el área de investigación, se realizó un análisis de indicadores y variables que permiten la medición del mismo y con este resultado establecer su influencia en el eficiente desarrollo de los procesos diarios, así mismo se espera en un futuro contar con políticas de desarrollo institucional del sector público que permitan analizar, elegir y estandarizar el mejor modelo para medir los intangibles institucionales y hacer de esta autoevaluación una práctica común y periódica en el sector público, a fin de incrementar los niveles de eficiencia eficacia y efectividad en la entrega de resultados a la ciudadanía.

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La necesidad de intervención del estado en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia

La necesidad de intervención del estado en la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia

El presente artículo de investigación realiza un análisis desde las teorías de intervención del Estado en la economía, refiriéndose al caso específico de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Colombia. Se considera en el análisis, que los servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, tal como se expresa en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991 y que es deber del Estado asegurar la prestación de los mismos a todos los habitantes, diseñar la regulación y considerar las condiciones de mercado para definir las reglas sobre las cuales se desarrollaran las actividades que hacen parte de la cadena de valor de servicio público domiciliario de energía eléctrica. En un mercado globalizado que busca avanzar hacia la liberalización de la economía y en el cual Colombia pretende entrar ampliando su sector eléctrico hacia Sudamérica mediante relaciones internacionales, es necesario determinar cómo la intervención del Estado en las actividades del sector eléctrico en Colombia, han contribuido a que el mercado de energía mayorista sea uno de los más desarrollados y competitivos de la región.

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Arquitectura y educación popular: perspectivas para la construcción de una ciudad educadora [recurso electrónico ]

Arquitectura y educación popular: perspectivas para la construcción de una ciudad educadora [recurso electrónico ]

93 Relacionando la postura de los autores con la educación popular, la revisión de la aproximación de un arquitecto a la visión de las problemáticas del espacio público y desde la óptica de la educación popular, podría entonces permitir pensar en dar un enfoque en las prácticas pedagógicas de la arquitectura en el desarrollo de competencias para el aprendizaje de la realidades complejas de nuestras ciudades y acercarse a construir una pedagogía del público, de la decisión, de la construcción de un sentido común Castilho y Osorio (1997) Una competencia a desarrollar en la enseñanza de la arquitectura, sería como aprender a relacionarse con los sujetos, intercambiar información, escuchar, hacer negociaciones”( 1997 :.42-43) Castilho y Osorio(1997) una clave es “suscitar la necesidad de pensar en nuevos horizontes y orientaciones para la práctica educativa en todos los espacios sociales”.

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Orden público y ejército en el Estado Soberano de Santander: 1857 1886

Orden público y ejército en el Estado Soberano de Santander: 1857 1886

La presencia de Eustorgio Salgar en la presidencia del Estado y en la conducción de la guerra, le imprimió un carácter racional. Para el manejo de los recursos humanos y económicos la Asamblea le había dado facultades de contratar un empréstito por 100 mil pesos, de ellos sólo prestó 48.000, tenía autorización para un pie de fuerza de 3.000 hombres y solo incorporó 2.000 de acuerdo a la situación de orden público; estrategia que le dio buenos resultados administrativos; y en la guerra aseguró el triunfo sobre los rebeldes en la batalla de la Concepción. El balance del combate (según los documentos oficiales del Estado), fue el siguiente, hubo 217 muertos, 169 rebeldes y 48 de las fuerzas estatales, más de trescientos prisioneros, entre ellos los hermanos Canal y Estévez, y militares como Melchor Corena y Eusebio Mendoza. Les decomisaron dos cañones, 400 fusiles, 6 cargas de municiones, el archivo y la moneda falsa.

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Los delitos contra el orden público

Los delitos contra el orden público

En lo ateniente al derecho de reunión y manifestación reconocidos en el artículo 21.2, recurriendo a la Ley Orgánica 9/1983 que regula el propio derecho de reunión, en su artículo 5 se reitera lo dispuesto en la Constitución puesto que establece la facultad de la autoridad gubernativa para suspender y disolver las reuniones y manifestaciones cuando se produzcan alteraciones de orden público, con peligro para personas y bienes (artículo 5.b). Además, en el artículo 10 de dicha ley se vuelve a hacer mención del orden público, facultado a la autoridad gubernativa en los casos en que considere que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas y bienes (misma situación que la referida en el artículo 5), para prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. Una interpretación de la noción de orden público relativa a este derecho de manifestación y reunión la ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional en la STC 66/1995, de dicha sentencia podemos obtener que “interpretado ese concepto de orden público con peligro para personas y bienes a la luz de los principios del Estado social y democrático de Derecho consagrado por la Constitución, debe entenderse que esa noción de orden se refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del orden en sentido material en lugares de tránsito público, no al orden como sinónimo de respeto a los principios y valores jurídicos y metajurídicos que están en la base de la convivencia social y son fundamento

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El orden público en el derecho privado

El orden público en el derecho privado

La intervención del Estado en las reglas del intercambio y la iniciativa económica de los particulares son dos dimensiones complementarias del libre mercado, siendo cada operación de intercambio en algún grado libre y en algún grado reglada. La economía es esencialmente única aunque en ella puedan distinguirse sus elementos reglados y los libres. La intervención del Estado en las reglas del intercambio económico sólo puede concebirse en función de la libre iniciativa privada de todos y cada uno de los sujetos económicos. Se trata de un orden público para el ejercicio de la iniciativa privada y el intercambio. Asimismo, cada operación económica particular de intercambio en el mercado sólo es posible dentro del marco de un orden jurídico-económico que la sustenta, que distribuye titularidades, que garantiza los pactos coercitivamente, etc. De modo análogo, las relaciones pertenecientes al ámbito de la Economía Política sólo tienen sentido en función de la superación de la pobreza y del desarrollo económico de cada uno y todos los gobernados. La “creación” del libre mercado consiste en un refrenar o encauzar el tipo de comportamiento económico personal que subyuga a un individuo respecto de otro, reconociendo que el intercambio sujeto a ciertas reglas de orden público es la base esencial de la equidad y de la eficiencia en la distribución de los recursos escasos, necesario aunque sea como punto de partida para el mayor beneficio económico individual de cada cual. La contratación es la base esencial de la eficiencia en el reparto del poder para la distribución de los recursos escasos y es siempre en algún grado libre y en algún grado reglada, intervenida.

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Las Fuerzas... ¿de qué orden? Policial, orden público y socialismo del siglo XXI en Venezuela

Las Fuerzas... ¿de qué orden? Policial, orden público y socialismo del siglo XXI en Venezuela

Las rupturas con el derecho liberal en las nuevas legislaciones se expresan en primer lugar en la aparición de un ideario de orden construido, frente a la idea naturalizada del mismo que presentaba el derecho. En los manuales de la UNES se expresa una caracterización del estado real de la sociedad basada en la desigualdad (explicada por las consecuencias del neoliberalismo) y se construye a partir de esto a la tarea policial como un servicio en la causa de la construcción de una sociedad justa. El Plan Simón Bolívar marca claramente que la justicia está por encima del derecho por lo que los agentes policiales antes que defensores de la ley son interpelados a trabajar por la construcción de un orden justo. Aparece en esta definición la antinomia entre justicia formal y material. De esta manera la formación universitaria de los mismos a través de la educación popular, las teorías críticas y la evaluación atendiendo al apego al cambio y la construcción colectiva está orientada en la búsqueda de la constitución de los futuros policías como sujetos históricos y políticos. En el estatuto policial esta apuesta se expresa en la idea de protección de las personas más débiles como un mandato central para los agentes policiales, rompiendo de esta forma con la igualación artificial del derecho burgués para tener en cuenta las necesidades diferenciadas de las personas.

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