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Las asambleas a distancia en el Régimen de la Oferta Pública

Las asambleas a distancia en el Régimen de la Oferta Pública

Y finalmente, el art. 26 del mencionado capítulo refiere a otros supuestos de accionistas que sean “trust, fideicomiso o figura similar” en donde para poder votar en la asamblea se deberá presentar un certificado que individualice “…El negocio fiduciario causa de la transferencia e incluya el nombre y apellido o denominación, domicilio o sede, número de documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equivalentes según el régimen legal bajo el cual aquel se haya constituido o celebrado el acto. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos en el párrafo anterior con respecto al fundador y, si fuere persona diferente a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio…”. Una vez más, la norma obliga que dicha información se encuentre disponible y que sea agregada en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia. Los motivos detrás de la exigencia de la CNV podrían identificarse con la “…Demanda universal y progresivamente creciente, el suministro de cada vez mayor información en beneficio del mercado en general…”. 7
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Análisis empírico descriptivo de empresas bajo el régimen de oferta pública

Análisis empírico descriptivo de empresas bajo el régimen de oferta pública

b) las restantes entidades bajo control de la CNV, tales como sociedades gerentes y depositarias de fondos comunes de inversión; fondos comunes de inversión; fiduciarios ordinarios públicos y fiduciarios financieros, inscriptos en los registros que lleva la CNV; fideicomisos financieros autorizados a la oferta pública; mercados de futuros y opciones; entidades autorreguladas no bursátiles; bolsas de comercio con o sin mercado de valores adherido; cajas de valores; entidades de compensación y liquidación, y cámaras de compensación y liquidación de futuros y opciones.”
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El derecho a la salud de los y las jóvenes en Bogotá: un análisis sobre su materialización en la oferta pública de la ciudad

El derecho a la salud de los y las jóvenes en Bogotá: un análisis sobre su materialización en la oferta pública de la ciudad

De igual forma, en la segunda administración de Antanas Mockus (2001-2003), se re-inicia un proceso de construcción de política pública de juventud con un enfoque participativo amplio, en el marco de un proyecto distrital de políticas sociales participativas de enfoque poblacional llamado cartas de navegación. Es así como en el documento de política titulado Política Publica de Juventud de Bogotá: Escenarios y estrategias para el próximo decenio, se explicitan lineamientos de acción y compromiso y se compromete como objetivo central ― brindar a los y las jóvenes bogotanos, sin exclusión, un conjunto de oportunidades individuales y colectivas que les permita elevar sus capacidades para que, mediante la acción que ellos y ellas mismas realicen, puedan convertir en realidad sus proyectos de vida en beneficio propio y de la sociedad de la que hacen parte‖ (DACC 2002: 169). En desarrollo de lo anterior se establecen como ejes estratégicos de trabajo con jóvenes los siguientes:
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Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

En cumplimiento de los preceptos anteriormente señalados, la presente Oferta de Empleo Público comprende plazas vacantes hasta el límite de la tasa de reposición de efectivos, calculada conforme a los apartados uno.7 y seis del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como plazas correspondientes a la tasa adicional del cinco por ciento prevista en el párrafo segundo del artículo 19.Uno.4 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

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Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en el artículo 19 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en el artículo 47 de la de la Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 en los términos que se establecen en el presente acuerdo.

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La comparación entre los securities de los Estados Unidos de América y los títulos valores masivos colombianos

La comparación entre los securities de los Estados Unidos de América y los títulos valores masivos colombianos

Se considera como oferta pública de valores, aquella que se dirija a personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías. No se considerará pública la oferta de acciones o de bonos obligatoriamente convertibles en acciones que este dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean menos de quinientos (500) los destinatarios de la misma. Tampoco se entenderá como pública la oferta de acciones resultante de una orden de capitalización impartida por autoridad estatal competente, dirigida exclusivamente a accionistas de la sociedad, o la que tenga por objeto capitalizar obligaciones de la misma, siempre y cuando se encuentren reconocidas dentro de un proceso concursal en el que haya tomado tal decisión, en ambos casos sin importar el número de personas a quienes se encuentre dirigida. Las ofertas que a la vez tengan por destinatarios a las personas indicadas en el inciso segundo de este artículo y a cien o mas personas determinadas serán públicas... 25
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Diseño de un método de monitoreo para la administración del proceso de titularización de la cartera hipotecaria en el sector Bancario del Ecuador

Diseño de un método de monitoreo para la administración del proceso de titularización de la cartera hipotecaria en el sector Bancario del Ecuador

d.3) No existe una evaluación entre los gastos reales del Fideicomiso y los gastos proyectados por el Originador. Es importante mencionar que dentro de los Prospectos de Oferta Pública de los Fideicomisos se encuentran detallados los gastos proyectados mensuales, los cuales podrían ser utilizados por el Originador para la medición de resultados; sin embargo, identificamos que dicha proyección no es adecuado debido a que algunos gastos no se encuentran considerados para la proyección, tales como: Registro en el mercado de valores, Premio en la cartera comprada, Inscripción y mantenimiento en el registro de mercado de valores, Gastos extraordinarios. Con este antecedente, el Originador debe diseñar su proyección de gastos independientemente, en base a lo establecido en el “Anexo de Especificaciones” 57 , para poder realizar su análisis comparativo entre lo proyectado y lo real, y de esa manera poder controlar adecuadamente que los gastos reales no superen a lo planificado, y que estén dentro de lo establecido en los Reglamentos de Gestión.
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Viabilidad de acceso de la pequeña y mediana empresa al mercado de valores

Viabilidad de acceso de la pequeña y mediana empresa al mercado de valores

� SBICs requieren una inversión de capital privado mínimo de US$ 5 millones.para una SBIC o de US$ 10 millones si tienen la intención de invertir en valores de participación. ·un mínimo de 30 por ciento de su capital debe provenir de fuentes no afiliadas a la administración. En cuanto al apalancamiento del fondo, una SBIC de buen desempeño, con una necesidad de fondos justificada puede recibir un apalancamiento de hasta 300 por ciento de su capital privado. Sin embargo, en ningún caso una SBIC o SSBIC podrá apalancarse por encima de US$ 105,2 millones. Para obtener apalancamiento, una SBIC emite obli ga ciones, las cuales son garantizadas por la SBA. Estas obli ga ciones garantizadas son agrupadas en un pool con cargo al cual luego se emiten certificados de participación garantizados por la SBA que representan un interés indivisible en estas agrupaciones, los cuales son vendidos a los inversionistas vía oferta pública. Bajo los procedimientos actuales, las obli ga ciones tienen un plazo de vencimiento de 10 años y proporcionan pagos de intereses semestrales y amortización del principal al vencimiento de la deuda. Luego de los primeros cinco años, la obli ga ción puede ser prepagada sin penalidad, no ocurre así en caso contrario. En ambos casos, la tasa de interés sobre la obli ga ción es determinada por las condiciones de mercado en el momento de la venta.
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Análisis del marco normativo del gobierno corporativo para la Argentina

Análisis del marco normativo del gobierno corporativo para la Argentina

El gobierno corporativo (GC) describe cómo una empresa debe ser administrada, dirigida y controlada, lo cual involucra los roles de sus accionistas y directores, y la integridad de los reportes financieros. El objetivo de este trabajo es analizar el marco normativo del GC para las empresas sujetas al régimen de oferta pública en los Mercados de Valores de la Argentina, en forma comparativa con los principios de GC de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El análisis se agrupa en función de cinco dimensiones: 1) composición y funcionamiento del directorio, 2) transparencia e integridad de la información, 3) partes relacionadas, ética, conflictos de interés y responsabilidad social empresaria, 4) protección de los accionistas y 5) medición, administración y divulgación del riesgo. Se destacan como aspectos relevantes el derecho a un trato equitativo de los accionistas, incluidos los minoritarios y extranjeros; la obligación de designar un comité de auditoría, con el propósito de garantizar la integridad de los sistemas de presentación de informes contables y financieros de la sociedad, y la disponibilidad de sistemas de control adecuados y, en particular, el énfasis en los sistemas de gestión del riesgo. Por último, se observa solapamiento y duplicación en los requerimientos informativos, que llevan a plantear la necesidad de revisión de la normativa vigente.
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Factores determinantes en las OPI (Determining Factors in Initial Public Offers)

Factores determinantes en las OPI (Determining Factors in Initial Public Offers)

Sanjai Bhagat (2002) en su estudio determina que las variables que se relacionan directamente con el precio de la oferta pública inicial son los ingresos, ventas, investigación y desarrollo, comparativos del precio de venta en la misma industria, y la retención interna. Por otra parte, existen estudios opuestos a los señalados anteriormente como el de Chang y Tang (2002) que hacen una investigación en empresas de Taiwán, y encuentran que existe una relación baja entre la variable ventas y el efecto ”underpricing”.

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Introducción

Introducción

En todos los casos, los trabajos que presentamos forman parte de in- vestigaciones de largo aliento y, en ese sentido, vienen a sumar nuevos elementos a los ya conocidos. En su mayoría, abordan el estudio de espacios “nuevos” (a excepción de la zona trabajada por Valeria Ciliberto y, en parte, el territorio abor- dado de Luis Farinatti), que se iban incorporando a las economías provinciales y nacionales. En el caso del estudio sobre los partidos de Arenales y Ayacucho y el del sureste de Córdoba, el contexto que se aborda es concretamente el de la expansión de la frontera productiva sobre esos territorios. Esto lleva a plantear una primera dimensión de estos mercados, que es la apropiación por particu- lares de tierras del Estado, ya que en todos los casos, la incorporación de los nuevos territorios la protagoniza y iscaliza el Estado, nacional o provincial. En este sentido, una pregunta recurrente es si la oferta pública de tierras afectó o condicionó el funcionamiento (e incluso la existencia misma) del mercado de tierras, tal como la historiografía clásica lo había sugerido.(1) Inclusive el trabajo de Ciliberto, sobre las tierras de La Chacarita en el partido de San José de Flores, zona de “antiguo asentamiento”, se reiere centralmente a la oferta estatal de tierras ya que, aunque ocupadas desde la etapa colonial, no habían pasado al dominio privado.
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Análisis Financiero de Cinco Empresas Representativas del Mercado Alternativo de Valores 2011 2015

Análisis Financiero de Cinco Empresas Representativas del Mercado Alternativo de Valores 2011 2015

El MAV está diseñado para la realización de ofertas públicas, que según la Ley de Mercado de Valores se define como una invitación adecuadamente difundida que tiene por objeto realizar una colocación o una transferencia de valores. Esta invitación está dirigida al público general o a un segmento de este. El criterio más importante al momento de elegir si la oferta a realizar es pública o privada es la necesidad de tutela del público al que se dirige la oferta, es decir si los inversores van a necesitar orientación e información relevante para entender las implicancias positivas o negativas de las transacciones que se propongan mediante la oferta.
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El acceso a la salud pública en rosario en un contexto de recuperación económica

El acceso a la salud pública en rosario en un contexto de recuperación económica

En el año 2012, la situación era diferente, el 60,0% tiene obra social 1 como cober- tura médica, mientras que quienes cuentan con una mutual, prepaga o algún servi- cio de emergencia ascienden al 13.0%; finalmente alrededor del 27.0% se encuen- tran dentro de la población que revisten una situación en la que no pagan ni le des- cuentan ningún tipo de aportes para acceder a alguna cobertura. Podría decirse que un cuarto de la población son los que, por sus condiciones en este indicador, recurren al sistema de salud pública. Según este indicador, en el período bajo aná-
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LA IDENTIDAD DE LOS DOCENTES Una mirada histórica en Chile

LA IDENTIDAD DE LOS DOCENTES Una mirada histórica en Chile

Un Reglamento de 1844, le encargaba la dirección de todos los establecimientos de instrucción científica y literaria, como entonces se denominaba a los liceos, “cierto grado de jurisdicción sobre todos los empleados en la instrucción pública”, en virtud de lo cual se podía “reprender, suspender por algún tiempo o pedir al Gobierno la separación de los empleados ineptos, inmorales o que falten en materia grave a sus deberes”. El mismo Reglamento creaba “juntas provinciales de educación” e “inspecciones de instrucción pública” y detallaba las obligaciones de los directores de colegios y seminarios y de los maestros de escuela, cuyo control entregaba a las referidas juntas e inspecciones. La moderna práctica de la evaluación docente era prefigurada cuando se encargaba a las inspecciones “informes periódicos” que debían hacer “mención especial de las aptitudes intelectuales y morales de los directores, profesores i maestros” y recomendar a los individuos que lo merezcan “por su celo i contracción, i el aprovechamiento de sus alumnos” 17
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MACROECONOMIA II “MODELO IS-LM()”

MACROECONOMIA II “MODELO IS-LM()”

(5.2) Las ecuaciones diferenciales de comportamiento indican cómo evolucionan (temporalmente) las variables endógenas a partir de los excesos de oferta y demanda (desequilibrios) en los mercados. Observar que los niveles de Y,r se determinan simultáneamente tal que equilibren los mercados de bienes y de dinero (en el análisis del equilibrio estático). Pero los cambios de Y,r a través del tiempo se determinan por los excesos de demanda en un mercado particular para cada variable (bienes y dinero respectivamente).

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La oferta como negocio jurídico y Los requisitos de subsanabilidad en la contratación pública

La oferta como negocio jurídico y Los requisitos de subsanabilidad en la contratación pública

No pueden confundirse la ‘oferta’ esto es, el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra (artículo 845 del Código de Comercio) (que en cuanto reúna los requisitos allí previstos, además de ser irrevocable, da lugar al nacimiento del contrato, una vez ha sido aceptada por el destinatario), con cualquier invitación a emprender negociaciones que una persona exponga a otra u otras, manifestación, ésta última que abarca múltiples posibilidades tales como los avisos publicitarios y propagandísticos por medio de los cuales el comerciante anuncia sus productos, y a los que el artículo 847 del mismo Código les niega la obligatoriedad, hasta las proposiciones que una persona hace a otras para que le formulen verdaderas ofertas, conductas todas ellas que apenas insinúan, como su nombre lo sugiere, el deseo serio y leal de querer contratar y que solamente darán lugar a la responsabilidad propia de quien quebrante los deberes de corrección y buena fe que gobiernan la actividad preparatoria de los contratos. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil y Agraria, Exp. 5716, 2001). En consecuencia, débase estudiar con algo de minuciosidad el tema de los elementos estructurales de la oferta como negocio jurídico, dadas sus connotadas implicaciones en el tráfico comercial cotidiano, debido a que, como se pudo apreciar, no toda invitación constituye oferta y, en ese sentido, no puede hablarse de fase tratativa del contrato con sus consecuencias naturales en materia de responsabilidad precontractual. Entonces, convenientemente se procede al análisis de los elementos constitutivos de una oferta (Ver 1.1.2).
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¿Estado débil, Estado ausente o reconfiguración del campo estatal local? : aproximaciones al fenómeno "Bacrim" en Cáceres, Caucasia, y Tarazá, Bajo Cauca antiqueño, entre los años 2006-2013

¿Estado débil, Estado ausente o reconfiguración del campo estatal local? : aproximaciones al fenómeno "Bacrim" en Cáceres, Caucasia, y Tarazá, Bajo Cauca antiqueño, entre los años 2006-2013

Como tecnología, la implementación de la Política de Consolidación Territorial implicó la creación de instancias gubernamentales que articularan los programas, proyectos y políticas desarrolladas por las diversas entidades estatales para el Bajo Cauca antioqueño. Así, mediante Decreto-Ley 4161 del 3 de noviembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial de Consolidación Territorial -Uact-. Su objetivo fundamental es implementar, ejecutar y hacer seguimiento de los planes trazados por la Política de Consolidación. Para el logro de este objetivo, la Uact ha desarrollado una estrategia que busca: a) institucionalización del territorio, entendida como el establecimiento de capacidades institucionales para el imperio de la Ley y del ordenamiento constitucional; b) integración regional a la vida económica del país; c) buen gobierno local y participación ciudadana. Previo a ello se crearon el Centro de Consolidación Regional (CCR) del Bajo Cauca (mediante circular 232 del 2 de septiembre de 2009); y el Centro de Fusión Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño. Cabe señalar que la regi ó de o solida ió Nudo de Pa a illo o e t a los u i ipios de: A o í, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Tarazá, Valdivia y Zaragoza. A través de los centros de fusión se articulan y se oferta una amplia gama de servicios estatales para las poblaciones de estos diez municipios, que va desde la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas alternativos; la implementación del primer laboratorio de formalización de minería de hecho, pasando por acciones de formalización de la tenencia de la tierra, fortalecimiento del sistema judicial y del aparato coercitivo (Ejército y Policía), hasta la implementación de programas que conlleven a reducir la pobreza y la desigualdad de la región.
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Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 8º a 11º de una comunidad educativa

Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 8º a 11º de una comunidad educativa

20 Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes en Conflicto con la ley en Colombia. A finales de 2009, la DNE y el Ministerio de la Protección Social (MPS), en asocio con UNODC y la CICAD/OEA realizaron el tercer estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Los objetivos principales del estudio fueron establecer la magnitud y las características del consumo de psicoactivos según variables sociodemográficas, conocer la percepción social de riesgo asociado a las distintas sustancias de abuso y determinar la disponibilidad y oferta de las sustancias ilícitas más conocidas. De acuerdo con los resultados del estudio, cerca de la mitad de la población colombiana utiliza frecuentemente sustancias legales como el cigarrillo y el alcohol, y no menos de la quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con problemas asociados al abuso. De otro lado, alrededor de 10% de la población ha usado sustancias ilícitas alguna vez en la vida, y casi 3% (que representa aproximadamente 540.000 personas), lo hicieron en el último año. El consumo reciente de sustancias ilícitas entre los hombres es tres veces mayor que entre las mujeres. El grupo de edad con mayor prevalencia de uso de psicoactivos ilícitos es el de 18 a 24 años (6%), seguido por el grupo de 25 a 34 años (3,9%) y el de 12 a 17 años (3,4%). Según este estudio, las sustancias ilícitas más consumidas en Colombia son:
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