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Recurso de agravio constitucional, a favor del precedente vinculante y el orden constitucional

Recurso de agravio constitucional, a favor del precedente vinculante y el orden constitucional

35. 35. En consecuencia cuando el artículo 202.2 de la Constitución no hace expresa referencia a la competencia de este Tribunal para conocer el caso de las sentencias estimatorias de segundo grado, tal silencio sólo supone una presunción iuris tantum a favor de la constitucionalidad de dichas decisiones, mas no su imposibilidad de control vía el recurso de agravio constitucional cuando se haya dictado al margen del orden jurídico constitucional, desacatando un precedente vinculante. De ahí que la precisión establecida en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que el recurso de agravio procede contra “la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda”, en la medida en que sólo hace referencia a la dimensión subjetiva del concepto de decisión judicial “denegatoria” (esto es referido a la pretensión contenida en la demanda) y no a la dimensión objetiva (esto es referida al respeto de los derechos fundamentales y el orden constitucional en su conjunto); no puede decirse que limita las posibilidades del recurso de agravio, también tratándose de decisiones estimatorias que sean abiertamente ilegítimas, por desconocer el carácter de órgano supremo de control de constitucionalidad de este Colegiado (art. 201 de la Constitución y 1 de su Ley Orgánica), así como la consecuente potestad de dictar precedentes vinculantes reconocida en el artículo VII del título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
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Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo controlador del orden constitucional

Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo controlador del orden constitucional

196 libertad, la salud, la integridad moral, etc; por otro lado, y refiriéndose al planteamiento de fondo en el habeas corpus demandado, cuestiona la gravedad de que a través de este proceso, se deslice la idea de invadir competencias del juez penal al aplicar la eximente de responsabilidad penal del error culturalmente condicionado, pues decidir sobre la responsabilidad del imputado no es atribución de un juez constitucional, cuya función es de carácter tuitivo a fin de cautelar los derechos, en este caso de los niños, precisamente el nivel de protección constitucional de los menores de 13, 12 o menos años de edad en “edad de concebir” que conviven en comunidades nativas o indígenas cuando un adulto (también perteneciente a éstas) pretende tener relaciones sexuales con ellos, pues aun siendo una costumbre ancestral, ya no puede ser permitida por el ordenamiento constitucional, siendo inaceptable argumentar el libre consentimiento para favorecer impunidad, ello en tanto el respeto de la indemnidad sexual debe ser de aplicación a los menores de catorce años en todo el territorio peruano, sin admitir excepciones, pues las costumbres de aquellos grupos humanos deberían cambiar a partir de los respectivos procesos educativos comunales y nacionales; ello se condice con una verdadera interpretación acorde a los derechos fundamentales de todo niño, niña o adolescente, máxime si en un Estado Social y Democrático de Derechos, el Tribunal Constitucional cumple una función de órgano de cierre de la interpretación constitucional, realizándola con eficacia vinculante tanto para el ciudadano como para el resto de poderes públicos.
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LIMITES A LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ORGANISMO CONTRALOR DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

LIMITES A LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ORGANISMO CONTRALOR DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

consiste en hacerlas efectivas, no en construir nuevos derechos…” (p, 45). Ello se explica desde una lógica contractual rousoneana, asumiendo a la Constitución como una especie de contrato, que a diferencia de un estatuto, solo puede cambiar con el consentimiento de las partes, es decir que los cambios requeridos por la sociedad solo pueden materializarse con el consentimiento unánime y no solo con una mera preferencia mayoritaria (Posner, 1998, p, 577-580). Por ello el juez Richard Posner se atrevía a afirmar que si la Corte Suprema interpretaba con mayor amplitud las disposiciones constitucionales que restringen las facultades de los poderes elegidos, lo que conseguiría es mover a la nación hacia un modelo de gobierno limitado, en el que la Corte se irroga el lugar del pueblo para limitar al gobierno; lo contrario, esto es si la Corte interpreta con mayor rigidez estas disposiciones, moverá a la nación hacia un verdadero gobierno democrático, el cual es más congruente con la posición de quienes representa y que carecen de poder político. En esa misma línea, Bork citado por Arias (2013) planteaba que ante una situación jurídica no desarrollada por el poder constituyente, no correspondía que el judicial – debe entenderse el órgano encargado de interpretar en última instancia a la Constitución- emita algún pronunciamiento, pues ello sería motivado por móviles subjetivos; por lo que ante el silencio constitucional corresponde que sea el órgano legislativo como representante del pueblo y haciendo uso del proceso democrático previsto por la Constitución, quien se encargue de desarrollarla, posición que se trasluce en lo que los juristas americanos denominaron strict constructionism. (p, 256).
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Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

3.10. Finalmente, según el articulo II y V del TITULO PRELIMINAR del Código Procesal Civil, prescribe que el Juzgador tendrá que impulsar el proceso procurando que su desarrollo sea en el menor número de actos procesales, a fin de no perjudicar los derechos fundamentales de los justiciables; por lo que, en este orden de ideas y conforme a los considerandos señalados, el solo hecho de que la entidad ejecutada INTER QUALITY FOOD S.A. (Deudora Principal), este en DISOLUCION y LIQUIDACION, NO es motivo suficiente y coherente para impedir la prosecución del presente proceso, aun mas si el Bien inmueble dado en garantía NO es de su PROPIEDAD; en ese sentido, no se trata de una cuestión prejudicial por el cual justifique suspenderse el presente proceso, ni mucho menos impide la continuación del proceso de ejecución de garantías, razón por la cual y de conformidad con el artículo señalado en el segundo considerando parte in fine, la solicitud de suspensión del proceso debe declararse improcedente
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Costos, beneficios y orden constitucional   crítica a la Misión Alesina   Salazar, M, 2001 pdf

Costos, beneficios y orden constitucional crítica a la Misión Alesina Salazar, M, 2001 pdf

1. Establecer una jerarquía clara en la toma de decisiones entre los tres sistemas de cortes (la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado). Los sistemas constitucionales basados en la división de poderes suelen ser vulnerables a problemas como los que señalan Kugler y Rosenthal, como ilustra la colisión de competencias entre las Cortes Supremas de los Estados Unidos y del Estado de la Florida con ocasión de la elección presidencial de 2000. Pero el caso colombiano es más complejo de lo que plantean. En la década del noventa coincidieron varios procesos de ajuste que felizmente se han ido resolviendo. La creación de la Corte Constitucional hizo necesario redefinir las esferas de competencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. La Constitución de 1991 dio lugar a muchos casos de inconstitucionalidad en razón de normas que la Corte Suprema declaró exequibles durante la vigencia de la Carta Política de 1886. Y el gobierno Gaviria promovió en forma activa la elevación de la jurisprudencia constitucional a la categoría de fuente del derecho (antes era apenas fuente auxiliar) 9 . La acción
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EL MUNICIPIO Y SU AUTONOMIA

EL MUNICIPIO Y SU AUTONOMIA

de competencias concurrentes o cuando menos compartidas, por no ha- blar de la confluencia en todo caso sobre un mismo objeto de competen- cias en principio distintas. La imbricación de las gestiones de sus respec- tivos intereses (ejerciendo las correspondientes competencias) por las distintas instancias territoriales del Estado es, así, inevitable y desde lue- go usual. Por ello mismo las reglas de distribución de competencias de- ben ser completadas en primer término con las que —desde el principio de lealtad y cooperación institucionales— impulsen la colaboración recí- proca y aseguren en todo caso la coordinación, pero también, en último término, el o los mecanismos de resolución de los conflictos que inevita- blemente han de seguirse de la diferente percepción subjetiva por las dis- tintas instancias territoriales del único interés público objetivo a perse- guir y realizar, conforme exige la unidad misma del orden constitucional y la reconducción de todas aquellas a un mismo Estado servidor de éste. Cualquiera que sea el contenido competencial en cada momento del autogobierno municipal, éste mismo, en tanto que organización de la au- toadministración democrática de la pertinente colectividad territorial, opera siempre como instancia estatal con responsabilidad universal sobre las condiciones de vida de los miembros de ésta dotada, por ello, de la creatividad necesaria para hacer frente a tal responsabilidad. Quiere de- cirse que el Municipio es siempre capaz, traduciendo en decisiones las necesidades y aspiraciones de la correspondiente colectividad, de ocupar, en cada momento, las tareas no desempeñadas por ninguna otra instancia del Estado. Para el caso de la República Federal de Alemania así lo tiene sentado el Tribunal Federal Constitucional en la Sentencia conocida como Rastede (BverfGE 79). Aquí radica justamente la esencia de la identidad misma del autogobierno local.
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107 “Derechos Humanos”, como soporte del orden constitucional de igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por motivo de género, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; al mismo tiempo, obliga a todas las autoridades del país y dentro de su ámbito de competencia, velar por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y los lineamientos rectores de la Convención de Viena de adoptando (por aplicación del principio internacional “pacta suntservanda”), la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, aplicando el principio “pro persona” como eje rector para la admisión de normas internacionales incorporándolas al orden interno, para la impartición de justicia es decir, convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.
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El acto administrativo  Parte general

El acto administrativo Parte general

(…) no todos los aspectos de regulación del derecho de petición deben estar con- tenidos en una ley estatutaria, como quiera que existen aspectos propios de una ley ordinaria —vgr. valor de formularios— y otros meramente operativos que corres- ponden a los reglamentos administrativos que se dictan en desarrollo de la ley para su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, la facultad conferida en la ley no ofrece en principio reparo de orden constitucional (…) la Corte considera que la facultad de las autoridades para determinar los casos en que las peticiones deben presentarse por es- crito, tiene que ejercerse por parte de la autoridad correspondiente mediante la expe- dición de un acto administrativo de carácter general, el cual debe estar debidamente motivado, acorde con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 superior y en particular, de igualdad, publicidad, economía, eficiencia y celeridad, así como el debido proceso administrativo. De esta forma, se armoniza la garantía en el ejercicio del derecho de petición con la potestad de las autoridades para disponer lo pertinente al cumplimiento eficaz de sus funciones y especialmente, lo relacionado con la respuesta oportuna a las peticiones que se les formule. Solo así, esta exigencia resulta conforme a la Constitución.
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La antinomia entre el principio dispositivo y el principio de celeridad vulnera la seguridad jurídica

La antinomia entre el principio dispositivo y el principio de celeridad vulnera la seguridad jurídica

Se observa a menudo que los operadores de justicia no tienen elemento de juicio para identificar los supuestos de antinomias, así como también rechazar supuestos de conflictos normativos aparentes por lo que desconocen que son ellos los que deben dar una solución a un caso concreto cuando existen conflictos de aplicación entre normas legales. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo, Diseñar un documento de análisis crítico jurídico de las consultas que realizan los operadores ante la Corte Constitucional al identificar antinomias entre normas legales en la sentencia 008- 2016, y establecer los parámetros que inciden en los principios dispositivo - de celeridad y la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
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Constitucionalismo multinivel, interacción judicial y control de convencionalidad para la protección de derechos humanos en Colombia

Constitucionalismo multinivel, interacción judicial y control de convencionalidad para la protección de derechos humanos en Colombia

Esta concepción del bloque de constitucionalidad presenta varias ventajas sobre aquella usualmente aceptada. En primer lugar, permite conciliar su existencia con la letra de la Constitución, en la medida en que la lectura de su articulado no sugiere la existencia de normas intermedias entre la Constitución y la Ley ni de otras normas jurídicas que medren hasta llegar a la cúspide del ordenamiento. Sólo los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y las normas de derecho internacional humanitario merecen una consideración diferente, que surge de la redacción lapidaria empleada por el constituyente e impone su ubicación en el nivel constitucional. (Gutiérrez, 2007, p. 28.)
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SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sergio Santibáñez Catalán y Katherine Vargas Araujo Salamanca, 03 de diciembre de 2018

SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sergio Santibáñez Catalán y Katherine Vargas Araujo Salamanca, 03 de diciembre de 2018

Es así como todo análisis gubernativo relativo a la prohibición o no del derecho en cuestión debe ser interpretado a la luz del principio del favor libertatis, aspirando siempre a la realización plena del derecho fundamental. La doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la interpretación de las limitaciones es conteste en la aplicación de este principio y señaló al respecto “Por ello, la limitación del ejercicio del derecho de reunión requiere de una motivación específica. Así, “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre). Y en este sentido “no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad (STC 170/2008)” (STC 96/2010, de 15 de noviembre, relativa al ejercicio del derecho de manifestación durante la jornada de reflexión), en aplicación del principio favor libertatis.
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Análisis del precedente vinculante en la justicia constitucional peruana: Propuesta para su emisión democrática

Análisis del precedente vinculante en la justicia constitucional peruana: Propuesta para su emisión democrática

Las mismas reglas, en cuanto sean pertinentes, se aplican a las sesiones de las Salas. De acuerdo a lo referido en este artículo, se observa que el pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional y las sesiones de las Salas en cuanto sea pertinente debaten y deliberan sus ponencias a nivel interno; sin embargo; al respecto es importante mencionar el Fundamento de voto del magistrado Carlos Ramos Núñez del expediente N.° 04082-2012-PA/TC, caso Emilia Rosario Del Rosario Medina De Baca, publicada el 27 octubre del 2016 en el Portal del Tribunal Constitucional -sobre los pagos de intereses que se siguen en sedes administrativas por procedimientos contenciosos administrativo y hasta la última instancia mediante recurso de amparo-; en el que anota ciertos lineamientos respecto a la publicidad en la deliberación de los casos durante los plenos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional citando para esto la tendencia actual del derecho comparado de superar el hermetismo y propiciar la publicidad de los procesos deliberativos que tienen lugar en el seno judicial, como una forma de garantizar la legitimidad de las decisiones de las altas Cortes. Por ello estima necesario que esta tendencia sea replicada en los debates de casos que se suscitan en los Plenos Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, pues no considera que esta pueda acarrear un detrimento en la unidad e independencia del Tribunal, sino que, por el contrario, contribuiría a su consolidación y al interés de mantener la transparencia en el ejercicio de sus funciones, así como evitar cambios inesperados de posición de sus integrantes que no obedezcan razones de envergadura.
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Actuación del Ministerio Público investigador, como órgano procurador de justicia en el Estado de México

Actuación del Ministerio Público investigador, como órgano procurador de justicia en el Estado de México

“dicha disposición establece la atribución del Ministerio Público de perseguir los delitos, esta, se refiere a dos momentos procedimentales: el preprocesal y el procesal; el preprocesal abarca precisamente la Averiguación Previa constituida por la actividad investigadora del Ministerio Público, tendiente a decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal, el mencionado artículo 21 Constitucional, otorga por una parte, una atribución del Ministerio Público, la función investigadora, auxiliado por la Policía Judicial; por otra, una garantía para los individuos, pues solo el Ministerio Público puede investigar delitos de manera que la investigación se inicia a partir del momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho posiblemente delictivo a través de una denuncia, una acusación o querella y tiene por finalidad optar en sólida base jurídica por el ejercicio o abstención de la acción penal, no necesariamente ejercitar la acción penal” 1
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El primer periodo constitucional floreano : entre el orden interno y la defensa exterior

El primer periodo constitucional floreano : entre el orden interno y la defensa exterior

Libre” 318 , el mismo que no tuvo eco en los titulares de los órganos de administración de justicia de la época; en razón de que estos “llevados por el odio a Flores, por el odio a los extranjeros y por el miedo a los fogosos escritores, declararon a estos libres de culpa” 319 . Con estos antecedentes que erosionaban paulatinamente la Autoridad del Régimen Central; el Gobierno acudió necesariamente a través del Primer Mandatario a solicitar del Congreso Constitucional 320 la petición de las denominadas “facultades extraordinarias” 321 , las mismas que aunque no contaban con el apoyo de varios sectores de la sociedad ecuatoriana de la época fueron, como manifiesta Jorge Núñez, “concedidas por la dócil mayoría oficialista con violación de la Constitución (pues se consideraba que la petición presidencial no se ajustaba normativamente al precepto constitucional invocado)” 322 , el 14 de septiembre del año 1.833. En este punto debemos acudir a la investigación de la información primaria que reposa en nuestros Archivos Históricos para conocer el contenido de dicha concesión emitida por la Función Legislativa. Siguiendo esta línea metodológica, podemos evidenciar que las facultades extraordinarias que confirió el Congreso de Diputados al Poder Ejecutivo fueron oficialmente otorgadas vía Resolución Legislativa; la misma que en su contenido esencial disponía lo siguiente: “El cuerpo legislativo después de oír los informes que a nombre de V.E. (abreviatura de Vuestra Excelencia, refiriéndose de esta manera al Primer Mandatario) le han presentado los señores ministros del despacho, y de convencerse por ellos que la tranquilidad interior del Estado se halla amenazada probablemente; ha declarado en la sesión secreta tenida hoy al objeto, que el Poder Ejecutivo se halla en el caso de la atribución 5° del art. 35 tit. 4° de la Constitución; y que en su conformidad debe tomar V.E. todas las medidas que estime necesarias (aquí
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Los símbolos religiosos ¿son legítimos en los edificios públicos? Los peligros del laicismo cuando desconoce la historia de un pueblo y su constitución vigente

Los símbolos religiosos ¿son legítimos en los edificios públicos? Los peligros del laicismo cuando desconoce la historia de un pueblo y su constitución vigente

“La interpretación de los derechos fundamentales no puede hacerse al margen del contexto: nuestra historia y nuestras tradiciones. Pretender lo contrario supondría eliminar la esencia social que acompaña a los derechos humanos en su nacimiento y posterior desarrollo. Este Tribunal, más allá de las convicciones religiosas de sus miembros, se esfuerza racionalmente por ubicarse en un punto en el que pueda garantizar de la manera más sensata el pluralismo que le ordena la Constitución. Al hacerlo, sin embar- go, no puede soslayar la cultura, la historia y la inevitable presencia de los símbolos católicos en nuestra vida cotidiana. Su deber es, pues, garantizar un modelo de pluralismo, pero sin hacer abstracción de la historia y la rea- lidad. La garantía del pluralismo, sin embargo, sólo es posible en el marco del principio de tolerancia. Este último, que es consustancial a la fórmula del Estado constitucional de derecho, permite la convivencia, también en los espacios públicos, sin tener que llegar al extremo de negar nuestra tradición y nuestra historia” 37 .
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La necesidad de incorporar en la constitución política a la Pacha mama como sujeto de derecho

La necesidad de incorporar en la constitución política a la Pacha mama como sujeto de derecho

El orden de los seres vivos incluye más que animales humanos y no humanos; incluye plantas, algas, organismos unicelulares, quizás virus y, según han sugerido algunos, ecosistemas e incluso el conjunto de la biosfera. La complejidad de una ética centrada en la vida dependerá de cómo se responde la pregunta ¿qué es vivir?». Se responda como se responda esta cuestión dará idea de un sistema autorregulado que persigue, de forma no necesariamente consciente, determinados fines. Una ética centrada en la vida considera moralmente relevantes a todos los seres vivos, aunque no necesariamente con igual significación moral. Así, podría ser mejor salvar a una tortuga nariz de cerdo que a un arbusto waratah, aun cuando ambos sean moralmente relevantes. Sin embargo, la primera puede ser moralmente más relevante por su condición de ser vivo complejo. Aquí la complejidad sirve de intensificador: de dos seres vivos, será moralmente más significante el más complejo. Por considerar un caso diferente, podría ser preferible salvar a una planta que salvar a una tortuga nariz de cerdo, porque sólo aquella planta puede ocupar su nicho ecológico particular, mientras que la tortuga nariz de cerdo ocupa un nicho que quizás podrían ocupar tortugas parecidas de diferente especie. Aquí la diferenciación se basa en una valoración moral de las consecuencias respectivas de la eliminación de la planta y de la tortuga nariz de cerdo y no de las características internas de ambos seres vivos.
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Niveles de Percepción de la ciudadanía acerca del orden Interno y seguridad Ciudadana frente al Incremento de la Delincuencia Común

Niveles de Percepción de la ciudadanía acerca del orden Interno y seguridad Ciudadana frente al Incremento de la Delincuencia Común

Otro de los asuntos cuestionados es la facultad que se brinda a las Fuerzas Armadas para usar la fuerza letal para el restablecimiento del orden interno, el cual se encontraba regulado en el artículo 7º de la Ley impugnada. Al advertir que se trataba de una disposición ambigua, exhorta al Congreso de la República a que, en un plazo de seis meses, de una ley por la cual se regule claramente el uso de la fuerza en dos partes; a) en atención a situaciones que son reguladas por el Derecho Internacional Humanitario; y b) en atención a situaciones en las que rigen las normas propias de cada Estado para el restablecimiento del orden interno así como por las normas internacionales de Derechos Humanos. Precisó con énfasis, que el uso de la fuerza letal, de ser necesario, debe emplearse como último medio para lograr el fin perseguido; la protección de la seguridad de todos; y también su uso debe estar solamente dirigido contra quienes afecten o amenacen gravemente esta seguridad.
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Los juicios de sustitución constitucional como causal de inexequibilidad de los actos legislativos: ¿dictadura constitucional o constitucionalismo democrático?

Los juicios de sustitución constitucional como causal de inexequibilidad de los actos legislativos: ¿dictadura constitucional o constitucionalismo democrático?

sólo le han permitido sentar unas premisas para avanzar en la difícil tarea de precisar los contornos de ese límite competencial al poder de reforma constitucional. En este sentido se trata de un control de tipo inductivo y no deductivo, porque la Corte analizará en cada caso concreto si el principio estructural fue sustituido, pero al mismo tiempo el precedente en torno a la definición del principio servirá para resolver si se presentó o no la sustitución de la Constitución en casos posteriores. 4. Que la sustitución de la Constitución puede ser total, parcial, temporal o definitiva. En todos los casos se debe analizar si la sustitución es de tal magnitud que se ha producido un cambio o reemplazo de la Constitución existente. 5. Que para determinar si la Constitución fue sustituida por otra -parcial, total, transitoria o permanentemente- se debe realizar el llamado ‘juicio o metodología de la sustitución’ que está compuesto de tres premisas. En primer lugar la Premisa mayor (i) en donde se aprecia si la reforma introduce un nuevo elemento esencial a la Constitución; en segundo término la Premisa menor (ii) en donde se analiza si éste reemplaza al originalmente adoptado por el constituyente y, finalmente, la Premisa de síntesis (iii) en donde se compara el nuevo principio con el anterior para verificar, no si son distintos, lo cual siempre ocurrirá, sino si son opuestos o integralmente diferentes, al punto que resulten incompatibles. 6. Que para la verificación del cumplimiento de la Premisa mayor, la Corte debe comprobar a través de una lectura transversal e integral de la Constitución de 1991, si dicho elemento que se establece como sustituido es un elemento estructural o axial de la Constitución. Este
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ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Los Planes de Ordenamiento Territorial constituyen una herramienta fundamental para la planificación del territorio, y es a partir de estos como se da un adecuado desarrollo ambiental, cultural, productivo y estructural. La dinámica del territorio varía constantemente y es aquí donde debe buscarse una adecuada adaptación a las nuevas necesidades, tanto para el aprovechamiento como para la protección de los recursos naturales, los cuales deben encontrarse acorde con las nuevas realidades exigidas por la dinámica del territorio. Surgiendo la pregunta para determinar ¿Qué ocurre cuando las autoridades competentes desconocen su obligación constitucional de garantizar una adecuada planificación para la protección y goce de los recursos naturales? Resulta pertinente enfrentar la situación descrita, con la finalidad y papel de Estado frente a la necesidad de la planificación ambiental territorial, y los posibles tipos de responsabilidad del Estado.
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El artículo 170 de la Constitución Suiza; ¿Qué se ha logrado y qué queda por hacer?

El artículo 170 de la Constitución Suiza; ¿Qué se ha logrado y qué queda por hacer?

- En segundo lugar, el artículo 170 CS emplea conscientemente la noción amplia de “Medidas de la Confederación”. Este concepto incluye todo tipo de acción, toda actividad de los órganos de la federación y de órganos que ejecutan o llevan a cabo medidas de la Federación. Ello implica también a autoridades cantonales o particulares a quienes se les haya confiado el desempeño de tareas de la federación. La forma jurídica de tales medidas (¿legislación, decisiones concretas, actos materiales administrativos?) es aquí irrelevante. El artículo 170 constitucional no basa su redacción en categorías dogmáticas jurídicas, sino que alude a una designación integral muy general de las medidas tomadas por el Estado, cuyo foco se dirige evidentemente al nivel federal.
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