Organización de Pueblos Indígenas

FECIP sería el antecedente inmediato a lo que más tarde se conocería como la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), que en 1981 surge con 30 comunidades de base. Poco antes de aquello, en 1980, por iniciativa de la FECIP, la FOIN (Federación de Organizaciones Indígenas de Napo) y de la Federación Shuar, se realiza el Primer Congreso Constitutivo de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Años más tarde se logra el reconocimiento jurídico de la OPIP, mediante Acuerdo ministerial No. 612, del 16 de julio de 1984, del Ministerio de Bienestar Social.

yo no creo en la solidaridad porque es demagógico. La palabra solidaridad está inspirada en la caridad cristiana, es decir yo exploto agua o lo que sea pero voy dando unos 20 centavos a un pobre a cambio de nada, es una cuestión perversa. Para mi la solidaridad inspirada en la caridad cristiana es perversa, es para justificar las injusticias, yo por eso prefiero hablar de que nosotros los pueblos indígenas históricamente no hemos sido solidarios si no recíprocos y eso sí habría que tratarlo. Y esto sí ayudaría mucho si planteamos una democracia tomando como base la reciprocidad, creo que somos más justos. Ahora en la organización social si lo basamos en la reciprocidad creo que viviríamos una igualdad estilo comunista pero que no existe ni va a existir pero sí una sociedad donde no haya tantas diferencias porque hay reciprocidad. En este mundo de democracia liberal hay unas diferencias abismales porque están basadas en la caridad cristiana entonces tranquilizan sus conciencias dando una obrita por ahí de caridad, haciendo un gestito de solidaridad, entonces yo le vería de plantear por allí el asunto. Plantearía los fundamentos de la democracia si se fundamenta en la caridad cristiana o solidaridad, o se fundamenta en la reciprocidademocracia Yo diría que milenariamente somos recíprocos. La reciprocidad implica que sí hay jerarquías, hablando de los Incas, fueron bastante imperialistas, en el sentido que controlaban todo, nadie podía escaparse del trabajo que le asignaba, pero tenía una ventaja que pobreza no había...”

La presente tesis tiene como objetivo determinar un visor geográfico como herramienta para la mejora en la identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, en el personal de la organización regional de los pueblos indígenas del oriente – ORPIO, sede Loreto 2019. Con esta tesis respondemos la siguiente hipotesis: El Visor geográfico como herramienta del personal de ORPIO – Loreto mejorará la identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana 2019; la metodología para el desarrollo del Visor geográfico fue la programación extrema o Extreme Programming (XP) y fue de tipo tecnológico porque buscó resolver un problema práctico implementando un sistema informático, con nivel aplicativo porque busca mejorar la identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, enfoque sistémico y con diseño no experimental de tipo transeccional descriptivo en donde se recolecto información en un solo momento y en un tiempo único; la población está conformada por todo el personal de ORPIO – Loreto, del área del Centro de Información y Planificación Territorial Orpio – CIPTO. con una muestra de solamente cuatro (4) trabajadores (usuarios del visor)

a 34 pueblos indígenas de las tierras bajas de este estado, desde sus inicios en 1982, pero con el tiempo se acercaron las comunidades del oriente Boliviano, llevando a cabo un crecimiento y fortalecimiento de este organismo, es así como esta precedido por las siguientes estancias de decisión “Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI), la Asamblea Consultiva Nacional de Pueblos Indígenas (ACNPI), Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), Directorio Nacional (DN) “; esto es una muestra de dicho crecimiento, en el caso de Colombia encontramos diferentes organizaciones a nivel nacional que se destacan: “la Organización Nacional de Indígenas Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)”, las cuales muestran ya una gran trayectoria e incluso un lucha distinguida, por ende en el coexistir de los diferentes pueblos indígenas de las Amazonia de Colombia, con sus diferentes culturas y lenguas, se hace importante encontrar puntos para lograr tejer una red, a fin de que se fortalezca la defensa del territorio.

Más tarde, la creación de una Dirección de Parques Nacionales, en 1934, con la finalidad de administrar áreas protegidas –cambiando en el ‘56 su nomenclatura por Administración de Parques Nacionales— puede ser leída como una decisión en el marco de la disputa por el uso del suelo con actores como los pueblos originarios. La ―administración‖ de estos territorios implicó un resguardo frente a usos no autorizados por el Estado, al mismo tiempo que reforzaba la idea de una identidad nacional homogénea por medio del control de otras identidades étnicas (Pérez y Trentini, 2015: 141). Parques loteó tierras, en medio del desarrollo de políticas duales: ―muy laxa cuando se trataba de ceder territorios a vecinos prestigiosos, pero sumamente estricta en el cumplimiento de la normativa vigente si los aspirantes eran personas de escasos recursos, más aun si eran chilenos e indígenas‖ (García y Valverde, 2007: 119). Los títulos de propiedad se reservaron para los primeros, mientras que para los segundos, los ―Permisos Precarios de Ocupación‖. De esta manera, en opinión de García y Valverde, en lugares como Villa La Angostura (2007: 119) ―la política de Parques Nacionales favoreció la tendencia hacia la conformación de una fuerte élite local que hegemonizó los procesos de acumulación de capital‖, reforzando concepciones europeizantes que impulsaron una invisibilización de la adscripción indígena (García y Valverde, 2007: 120).

Un ejemplo claro de esta visión de liderazgo es la estrategia de socialización y multiplicación de la que hemos venido hablando a lo largo de este documento 8 . véase que los ejercicios de socialización y multiplicación 9 que los estudiantes han desarrollado son todos muestra ello, más aun, en el seno de estos ejercicios se observa que un parámetro del pensamiento indígena actual en lo que concierne al liderazgo es el empoderamiento de la mujer amazónica y el reconocimiento de su papel en la cultura, al igual que el reconocimiento de capacidades iguales. En las relatorías dichos ejercicios podemos leer “fortalecer la participación de las mujeres indígenas del pueblo Minuane” (TETEYE, 2018, pág. 1), también Darcy yucuma en su relatoría nos deja ver un ejemplo más, allí podemos leer refiriéndose a la mujer “creadora de la vida, administradora de las tradiciones Función de la mujer para nuestro pueblo conducir la administración política” (YUCUNA, 2018, pág. 1), y en dichos trabajos los ejemplos son abundantes en este respecto, y los temas son bien acogidos pues las mujeres indígenas amazónicas han desarrollado actividades de liderazgo y reconocimiento cultural exitosas. No es coincidencia que el equipo técnico de la Escuela de formación política de la OPIAC la integren mujeres.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, a través de la Consejería de Educación Propia e Intercultural, por mandato del VIII Congreso de los Pueblos Indígenas, realizó una alianza para facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes indígenas a la educación superior en las siguientes universidades convencionales: Universidad Antonio Nariño, Universidad Santo Tomas, Universidad Javeriana.

Forzados a construir un método de organización a nivel nacional que les permitiera no solo pelear por la recuperación de aquello que les pertenecía sino a luchar por la conservación, el fortalecimiento y el desarrollo de sus diferente manifestaciones culturales, en oposición a cada acción encaminada a hacer desaparecer su autonomía organizacional, los indígenas, hacia mediados del siglo xx dan los primeros pasos de conformación de asociaciones que les permitieran materializar sus exigencias al Estado, fue así que empezaron una lucha que incluyó aspectos tan necesarios como ajenos a su identidad, aprendieron sobre legislación indígena, estudiaron las normas nacionales y encontraron en la legislación internacional un mayor respaldo jurídico a sus reclamos.

un poco eso lo que estamos mirando ya es más desde el marco jurídico que eso hay que implementarlo esa es una de las conclusiones generales que llevamos, la segunda es que sabemos y somos conscientes de que hay pueblos indígenas que no conocen prácticamente cómo se está moviendo la ola de la organización indígena a nivel nacional sólo saben que existe la ONIC y mientras tanto vemos importante que el intercambio de estas experiencias entre estas comunidades que hemos visitado tiene que ser más continua más permanente ya que ellos pueden ir a aprender pero también replicar internamente frente a los ejercicios, entonces es muy diferente uno ir a exponer lo que hacemos nosotros en el suroccidente colombiano a que ellos mismos vengan y sientan qué es lo que se hace, entonces esa es una de las conclusiones tareas que tenemos.

15 La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización internacional de las Naciones Unidas del año 2007, es una manifestación de la Asamblea General de la ONU, en la que se dota a los pueblos indígenas del derecho a la autodeterminación, derivado de su condición de pueblos, tal y como lo exige una interpretación acorde del término con el derecho internacional. 16 Si bien las Declaraciones de Derechos no son vinculantes jurídicamente para los Estados, lo cierto es que esta declaración de derechos fue el sustrato jurídico que tuvo en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso del Pueblo Afrodescendiente de Saramaká contra el Estado de Surinam. Es con esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se introduce por primera vez en el ámbito del derecho internacional el Consentimiento Previo, Libre e Informado de forma vinculante, el cual es relevante, pues si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pretende reemplazar al Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, si tiene en cuenta las disposiciones de dicho convenio y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, como principios internacionales que permiten “interpretar aquellas normas y aquellos derechos para lo cual la Corte está mandada; como lo son: el derecho de propiedad, el derecho a la participación y la obligación de no discriminación” 17

Fuera de la mayoría de estas ciudades y los pueblos amazónicos más pequeños, la Amazonia sigue siendo un paisaje rural. Mu- chas praderas y pastos dominan áreas de los ríos amazónicos del este, mientras que en la Amazonía brasileña, la expansión de una red de carreteras iniciada en 1950 dio lugar a culti- vos modernos de soya que dominan el paisaje. En la Amazonía andina, un área colonizada en muchos lugares desde hace 150 años, los des- cendientes de los colonos europeos han obli- gado a los pueblos indígenas a los márgenes de los valles si es que lograron subsistir en un paisaje ahora ocupado por pastos, praderas y asentamientos urbanos de estilo europeos. Más allá de estas áreas las economías de subsis- tencia de los pequeños colonos y los pueblos indígenas ocupan los afluentes más pequeños con sus asentamientos familiares. En la Ama- zonía occidental, muchos pueblos indígenas que viven en la parte superior de los afluentes conservan sus trajes tradicionales, el lenguaje y la organización, mientras que los pueblos indí- genas de las tierras bajas son, sociedades ribe- reñas abiertas al comercio desde tiempos muy antiguos. 4

concreto a los derechos colectivos de la consulta previa a los pueblos interesados, pero, la realidad ha sido dolorosa y triste para los pueblos indígenas peruanos que se encuentran asentados sobre territorios donde existe recursos naturales, realidad que se expresó en la promulgación desmedida de los decretos legislativos que permitieron concesiones excesivas a las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, lo que llevó a fuertes movilizaciones a los pueblos indígenas y campesinos durante cuatro largos meses en el año del 2009, y que el cinco de junio del mismo año, en Bagua, ciudad amazónica peruana, desencadenó en un enfrentamiento fuerte entre los pueblos indígenas y campesinos con la fuerza pública del Estado peruano, dejando un lamentable saldo de 33 muertos, entre indígenas, campesinos y miembros de las instituciones que guardan el orden del Estado. La sangre de los indígenas y campesinos peruanos, que corrió sobre las calles de Bagua, reclamando justicia sobre sus tierras, llevó al Congreso en un 19 de mayo del 2010, a aprobar la Ley del Derecho de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, contando con el apoyo, inclusive de todas las organizaciones indígenas de la República del Perú. El apoyo de las comunidades indígenas peruanas a la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, no era para menos, por cuanto el artículo 2, mencionaba que es un derecho que los pueblos indígenas de ser consultados respecto a las medidas legislativas y administrativas que afecten sus derechos colectivos especialmente basado en el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras, símbolo de su vida.

Para una mayor comprensión sobre el fundamento de los actuales derechos de las comunidades indígenas a la participación, consulta y consentimiento previo, el texto desarrolla, desde una perspectiva diacrónica, los cambios producidos en los principios de la relación Estado-pueblos indígenas. Des- de la tutela de raíz colonial que partía del hecho del vasallaje del nativo, y legitimaba una supuesta incapacidad de las comunidades para controlar su destino, hasta el derecho de los pueblos a determinar libremente su modo de vida, basado en la igual dignidad de los pueblos y las culturas. Esta situación sienta nuevas bases para la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, que permite superar el modelo de tutela indígena basa- do en la ideología colonial de la minoridad o incapacidad indígena. Complementariamente se realiza el balance de los alcances de instrumen- tos como el Convenio 107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio 169 de la OIT de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas aprobada en septiembre 2007, centrándose en los retos y las recomendaciones para la aplicación efectiva de tales derechos. El artículo está orientado a brindar herramientas para la comprensión y aplicación de los derechos referidos, tanto en instancias de planeación, sean éstas de carácter estatal o de em-

La población indígena que tiene derechos sobre la tierra en ejidos y comunidades se concentra básicamente en seis estados (Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí), su distribución se verifica en casi toda la República Mexicana: en 25 entidades del país se identificó al menos un núcleo agrario con población indígena. Incluso en cuatro entidades del Norte del país (Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa), la superficie que posee la población indígena representa el 21.3 por ciento del total registrado para estos grupos. Esta distribución necesariamente se refleja en características diferentes de las formas de organización y explotación de la tierra, de ahí que no se pueda afirmar que los núcleos agrarios con población indígena se identifican por una determinada forma de aprovechamiento de la tierra.

Brasil (APIB) quienes han registrado más de 980 casos confirmados y al menos 125 muertes, lo que sugiere una tasa de mortalidad de 12.6 porciento, en comparación con la tasa nacional de 6.4 porciento. Más de 60 comunidades indígenas habian confirmado casos de COVID-19 para esa fecha, muchas en la zona amazónica donde las personas solo pueden llegar a hospitales por barco o avión. (CNN, 2020). En Colombia, para el 11 de Mayo 2020 la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), reporto la existencia de 142 indígenas contagiados, de los cuales 123 eran de la región de la Amazonia (Salazar, 2020). En Ecuador, el Pueblo Siekopai, nacionalidad transfronteriza entre Ecuador y Perú, con una población de solo 744 personas, enfrenta una grave situación ya que desde fines de marzo, varias personas de la comunidad desarrollaron sintomatología asociada a COVID-19, con 2 fallecidos entre el 14 y 21 de abril. Ante la lentitud de respuesta de las autoridades de salud pública, la nacionalidad consiguió los materiales para la realización de pruebas rápidas que arrojaron 14 positivos sobre 44 pruebas hechas. Sin embargo, las autoridades de salud siguen sin tener un plan de atención para la comunidad. Asimismo en Venezuela, la Red de Estudios de la Diversidad del Sur señala el riesgo extremo que se cierne sobre los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial Yanomami, Jodi y Uwottüja/Piaroa que habitan en la Amazonia en virtud de la presencia de garimpeiros (mineros) en su hábitat (FILAC & FIAY, 2020).

Tomando en consideración que los contenidos teóricos y técnicos que sustentan la gobernanza indígena de los recursos naturales y en concreto del agua, se anclan en el desarrollo normativo de carácter vinculante y no vinculante, en este aparte se presentará dicho desarrollo. De acuerdo con lo anterior se hará evidente cómo en una serie de instrumentos internacionales, regionales y nacionales por un lado se reconoce que los Estados deben promover la participación activa de los pueblos indígenas en la gestión y uso de los recursos naturales y del recurso hídrico; y además se insta a estos a diseñar y desplegar las medidas necesarias para tal fin. Se evidenciará también cómo en relación directa con el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas (especialmente a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT) se establece, que en virtud de tal acto, estos pueblos tienen derecho a tomar decisiones de manera autónoma sobre el uso de los recursos que en sus territorios existen.

problema de que oculta el particularismo que está detrás del universa- lismo y aplasta la diversidad. El primer problema lo advierten los crí- ticos recientes de este enfoque liberal, tanto internos como externos. Coinciden en un punto: lo peculiar del liberalismo no es que sus presu- puestos y los modelos sociopolíticos que de ellos derivan sean univer- sales (en el sentido de estar fundados en la razón humana, como decla- ran los liberales), sino que es la doctrina que ha llevado más lejos la pretensión de convertir todas sus concepciones particulares del bien en normas generales. El liberalismo en boga, recuerda Taylor, “parece suponer que hay unos principios universales que son ciegos a la dife- rencia”. Lo preocupante, agrega, es “que la misma idea de semejante liberalismo sea una especie de contradicción pragmática, un particu- larismo que se disfraza de universalidad” (Taylor, 1993: 68). No hay, en verdad, mejor coartada política que hacer pasar mi propia e interesa- da visión del mundo como la única que puede sustentar la forma de organización sociopolítica que es racional y moralmente legítima. Según este enfoque, la libertad, la democracia, por ejemplo, sólo se pueden ejercer de acuerdo con ciertos moldes, con lo que los corres- pondientes derechos pasan a ser, realmente, muy particulares: respon- den más a los patrones de una tradición cultural y política específica que a supuestos imperativos universales. Su universalidad, más bien, proviene de la voluntad poderosa de un tipo de sociedad que decide que su visión del mundo debe ser reconocida universalmente como la vida buena: la única forma legítima, democrática, etc., de ordenar la sociedad y sus instituciones.

Capítulo Primero De las organizaciones sociales Art. 30.- Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva. Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, se respetarán y fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y representatividad de sus autoridades, con equidad de género, desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la ley.

He preferido destacar los conflictos acaecidos en la provincia de Salta porque su gobernación mantiene una política indigenista que viola notoriamente los derechos de los pueblos indígenas y que resulta absolutamente contradictoria con los principios que emanan del derecho internacional y de la Constitución Nacional. Sin embargo, los litigios entre las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales y nacionales se extienden por todo el país. Por enumerar solo algunos de los variados y graves conflictos recientes, se puede citar en la Provincia de Jujuy los daños ocasionados en el territorio de las comunidades kollas Rachaite, Pucara y Tumbaya por la construcción del Gasoducto Norandino que transportará gas a Chile. Su trazado de 880 km. de longitud afecta a casas, zonas de pastoreo, de cultivo, cementerios y sitios sagrados de las comunidades kollas. Las comunidades tampoco fueron beneficiadas con el acceso al servicio de gas. La provincia de Jujuy otorgó en concesión, en el año 2002, la explotación de oro en el río Orosmayo, dentro del territorio de la Comunidad de Liviarra. El lavado de oro se realiza con cianuro que es vertido directamente a las aguas del mismo río. La provincia de Jujuy justificó su accionar en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo económico. El gobierno de la provincia del Chaco procedió a vender tierras en las que se situaba el cementerio toba de la Colonia Sol de Mayo para la siembra de soja. El acto fue profundamente repudiado por los indígenas quienes reclamaron la devolución de los restos de sus antepasados. El 16 de abril de 2004, la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo provincial de expropiación de tierras. La ley Nº 1.439 declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la tierra donde habitan las comunidades pilagás de Campo del Cielo con la intención de llevar a cabo el Complejo Hidrovial de la ruta provincial Nº 28. El gobierno de la provincia de Misiones