Origen ilícito

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El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito

El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito

En este contexto, el tradicional y manido recurso al derecho penal cobra una nueva perspectiva. Es cierto que la comunidad internacional ha mos- trado una gran inquietud por prevenir y castigar estas conductas. Y no solo coincide en el deseo de atajar esta forma de delincuencia, sino que existe cierto acuerdo en definir el blanqueo como un proceso que, básicamente, consiste en dar una apariencia de licitud a los bienes que proceden de una actividad delictiva haciéndolos aparecer como de lícita obtención; en otros términos, se trata de incorporar al tráfico económico legal bienes obtenidos mediante la comisión de delitos. Del mismo modo, hay coincidencia respecto de señalar que, para lograr tal objetivo, los bienes atraviesan distintas fases, aceptándose usualmente la definición elaborada por el Grupo de Acción Fi- nanciera Internacional (GAFI) que distingue tres. La primera de ellas, cono- cida como sustitución o colocación, se caracteriza por la transformación de unos bienes en otros con el fin de evitar sospechas acerca de su procedencia o de facilitar su manejo. En la segunda fase, ocultación o transformación, se preten- de borrar el rastro de la previa sustitución que ha tenido lugar. Por último, cuando los bienes aparecen ya totalmente desvinculados de su origen ilícito, estaríamos ante la tercera de las etapas, que recibe el nombre de reinversión o integración y en la que los bienes son incorporados al flujo económico legal.

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El delito de lavado de activos de origen ilícito: análisis de cuestiones problemáticas que giran en torno al delito

El delito de lavado de activos de origen ilícito: análisis de cuestiones problemáticas que giran en torno al delito

En lo personal adhiero a la opinión de CORDOBA. El delito de lavado de activos, en nuestra opinión, exige la presencia conjunta de dos circunstancias: por un lado es necesario que haya un ingreso de los activos al mercado económico legal y por otro lado la operación encarada por el autor debe ser idónea para encubrir el origen ilícito del bien. La ejecución, por parte del autor del delito, de cualquiera de las acciones típicas enumeradas en el artículo 303 del C.P, sin que ello implique incorporar los bienes a los circuitos formales de la economía, carecen de relevancia jurídico-penal, en tanto no producen una afectación al bien jurídico protegido “orden económico y financiero”. Imaginemos el siguiente ejemplo: un sujeto ha obtenido, producto de la comisión de un hecho ilícito, una cantidad determinada de pesos argentinos (en el caso $ 1.000.000). Posteriormente logra adquirir, a través de canales informales –cuevas financieras, “arbolitos”, etc.– una cantidad de dólares estadounidenses (aproximadamente u$s 40.000 114 ) entregando los pesos argentinos. Nadie podría negar que el autor del delito ha incurrido en una de las acciones típicas: convertir activos provenientes de un hecho ilícito. ¿Pero de qué modo dicha transacción afecto el orden económico y financiero? De ninguna forma.

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El transporte y traslado de dinero de origen ilícito conforme el decreto legislativo  1106 y su aplicación en Madre de Dios

El transporte y traslado de dinero de origen ilícito conforme el decreto legislativo 1106 y su aplicación en Madre de Dios

La investigación que se ha desarrollado, se refiere al transporte y traslado de dinero de procedencia ilícita en el departamento de Madre de Dios, conforme a los casos tramitados ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa con competencia para conocer los delitos de Lavado de Activos en Madre de Dios, desde la vigencia del Decreto Legislativo 1106. El problema planteado esta referido a la aplicación del artículo 03 del Decreto Legislativo N° 1106, “Transporte y Traslado de dinero de origen ilícito” en Madre de Dios, ello en razón que en este departamento se practica la minería ilegal e informal, que genera activos y ganancias para quien los practica, es probable que sea frecuente que los mineros ilegales transporten y trasladen dinero conforme lo previsto en el Decreto Legislativo 1106, proveniente de la minería ilegal, para ello tomamos como base el marco referencial, la teoría del delito de Lavado de Activos, el marco histórico y desarrollando el correspondiente marco conceptual. La metodología utilizada en nuestro trabajo se sustentó en el nivel descriptivo, de tipo retrospectivo, observacional y transversal, centrando el campo de estudio en las carpetas Fiscales tramitadas ante el Ministerio Público. En la discusión de resultados y tomando como sustento los casos en los que se ha intervenido por transportar y Trasladar dinero de origen ilícito en Madre de Dios. Finalmente pude concluir que la hipótesis tuvo consistencia y que en este departamento las investigaciones de Lavado de Activos son por tener su origen en la minería ilegal.

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La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco

La probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos y el principio de presunción de inocencia, distrito judicial de Huánuco

probanza del origen ilícito en el delito de lavado de activos en el principio de presunción de inocencia, en el distrito judicial de Huánuco 2015-2016, esto conforme se advierte del estado procesal de los casos analizados durante los años 2015-2016 donde en un 20% y un 14% solo han llegado con formalización de investigación preparatoria, siendo porcentajes menores a los casos archivados y con reserva provisional (tabla y figura Nº3), con lo que se evidencia la existencia de insuficiente material probatorio fehaciente, el mismo que radica en la falta de un estudio adecuado de la jurisprudencia y la concordancia de la misma en torno al delito precedente, y en las dificultades que se presentan a la hora de construir la prueba indiciaria. Asimismo la mayoría de fiscales entrevistado constituyendo el 83% al ser entrevistados confirmaron lo planteado, conforme se advierte de las respuestas a la décima pregunta procesadas en tabla y figura Nº13.

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La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero

La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero

Aparentemente el problema del lavado es un tema que compete desarrollarlo desde la óptica del Derecho Penal; sin embargo, la búsqueda de soluciones para los conflictos socio-económicos que estos hechos generan es competencia de todas las ramas jurídicas, especialmente del Derecho del Sistema Financiero. Es el Derecho del Mercado Financiero quien tiene mayor responsabilidad para hacer frente a este tipo de sucesos, dado que es en este escenario, donde el dinero obtenido ilícitamente, puede recobrar la licitud de sus movimientos. Así también porque los Bancos, Cajas y demás entidades financieras juegan un rol importante en la política económica del país, toda vez que se han perfilado como entidades cuya finalidad es comercializar dinero. De ahí que resultará de utilidad estratégica localizar la intervención del dinero de origen ilícito, cuando menos en el momento se su colocación en las agencias bancarias.

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El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito

El bien jurídico específico en el delito de enriquecimiento ilícito

Decreto Legislativo que incorpora al enriquecimiento ilícito al Código Penal es posterior a la entrada en vigencia que la Constitución de 1979 por lo que al sostener –como se hace en el actual Constitución en el artículo 41°- que el Fiscal de la Nación puede formular cargos cuando se presume enriquecimiento ilícito , solo puede interpretarse que, ante el desbalance patrimonial favoreciendo al funcionario, el Fiscal puede realizar una investigación para determinar el origen de ese enriquecimiento o la posible comisión de algún ilícito como su fuente. Es decir, y sobre todo, mientras no existía el tipo penal de enriquecimiento ilícito no podía ni procesarse y menos sancionarse por este delito –las razones son más que obvias, pero para ser lo más clara posible: no se puede sancionar por un delito que al momento de cometidos los hechos no se encuentre tipificado en el Código Penal (principio de legalidad)-. Entonces, ¿a qué casos se podría estar refiriendo la Constitución de 1979 en ese artículo? Pues a cualquier delito que, en su calidad de tal, el funcionario público haya cometido. Es decir, para el constituyente de 1979 la presunción sobre el origen ilícito del incremento patrimonial del funcionario justifica la investigación de éste en aras a determinar la responsabilidad que corresponda según las leyes vigentes. Ni aún con la plasmación casi total del precepto constitucional en comentario –ni con la tipificación en 1981 del delito de enriquecimiento ilícito- en el artículo 41° de la Constitución vigente debe circunscribirse la investigación recomendada en el segundo párrafo del precepto constitucional en comentario –ni el del actual- al tipo penal del enriquecimiento, sino más bien, interpretar de ello que se hace referencia a cualquier delito que en aprovechamiento del cargo se pueda haber cometido. En todo caso, no cabe duda que la preocupación del legislador sí se encontraba enfocada en sancionar el aprovechamiento para hacerse de un patrimonio no concordante con los ingresos que, como tal, le corresponde percibir –se trate o no de la comisión de un delito de enriquecimiento ilícito (actualmente ya tipificado en el artículo 401° del C.P.) o de cualquier otro-. Ciertamente, es una disposición que expresa un mandato de criminalización de estas conductas. Sin embargo, repito, no podemos considerar que el legislador constituyente haya pensado, solo y en específico, en el enriquecimiento ilícito exclusivamente.

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El tráfico ilícito de migrantes, como delito contra la seguridad pública

El tráfico ilícito de migrantes, como delito contra la seguridad pública

A partir del decenio de 1980 el tema de las migraciones clandestinas comienza a formar parte de la “agenda negativa” de los países en los foros regionales e internacionales, “(…) junto con el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. Estos delitos se caracterizan, desde el punto de vista del sujeto activo, por su carácter organizado y transnacional, y por consiguiente no resulta sorprendente que, cuando la comunidad internacional exigió dar una respuesta para prevenir y combatir estos delitos, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, hayan pasado también a formar parte del objeto de los mismos instrumentos, en el entendimiento de que la eficacia de la respuesta internacional reposa en que se le imprima un enfoque amplio y global, y en que se adopten instrumentos jurídicamente vinculantes de carácter universal 50 ”.

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Tráfico Ilícito de Armas: algunos números (Internacional).

Tráfico Ilícito de Armas: algunos números (Internacional).

E l tráico ilícito de armas pequeñas y lige- ras ocurre en todas las partes del globo. Sin embargo, se concentra principal- mente en las áreas de conlicto armado, violencia y crimen organizado, donde la demanda por armas ilegales es aún mayor. El tráico ilegal de armas alimenta guerras civiles y conlictos regionales; provee de arsenal a grupos terroristas, cárteles de la droga y otros grupos armados, y contribuye a la expansión de la violencia en todos los territorios, en todos los ámbitos (Small Arms Survey).

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El enriquecimiento ilícito en el sector privado y la impunidad

El enriquecimiento ilícito en el sector privado y la impunidad

Así mismo, el informe de indicios de responsabilidad penal como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, da inicio al cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito, pero si no se presenta informes que ayuden a valorar y analizar el patrimonio en cuenta al incremento real quedarían en la impunidad al no ser remitido como pruebas para elementos de convicción. Sin embargo, para finalizar es importante mencionar que el Estado ha otorgado a la Fiscalía General del Estado la titularidad de la acción penal, ya que el fiscal es la persona quien investiga la acción sobre el presunto cometimiento de una infracción penal ya que los delitos contra la administración pública constituyen una disciplina que afecta actualmente a las instituciones públicas y privadas de la sociedad.

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Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas

Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas

efectuado, que el ministerio publico logro acreditar en el plenario no solo la comisión del delito sino lo que resulta más importante a efectos de lograr la emisión de un fallo condenatorio, vinculante o autoría del encausado, correspondiente por ende proceder a efectuar el proceso de determinación judicial de la pena, el mismo que tiene por función, identificar y decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que correspondan aplicar al autor o participe de un delito, dado que la conminación abstracta que tiene la pena en la ley, se expresa generalmente en una extensión mínima y máxima; análisis que debe efectuarse dentro de los márgenes punitivos establecidos para el delito previsto en el artículo 296 segundo párrafo del Código Penal, así pues se tiene al que en el presente caso el evento delictivo cometido por el encausado constituye uno de gran reproche social, pues es indudable que el tráfico ilícito de drogas genera serios daños en la salud de grupos etareos en su mayoría de relativa juventud, dada precisamente su inexperiencia, truncando con ellos múltiples proyectos de vida.

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Dimensiones del tráfico ilícito de bienes culturales

Dimensiones del tráfico ilícito de bienes culturales

Por ende, el si control del comercio “legal” sigue estando sujeto a las presiones y demandas del libre comercio, imaginemos las trabas y la sensación de ineficacia en el control interno y externo del tráfico ilícito de bienes culturales, puesto que a pesar de que existen normativas nacionales, acuerdos y cartas internacionales, adhesión de estados parte y estructuras administrativas para su lucha, la situación parece caminar a pasos extremadamente lentos y muchas veces inútiles, aún frente a las pruebas. Concuerdan con nuestra posición los expertos que asistieron al Primer Seminario Iberoamericano de Periodismo y Patrimonio Cultural al decir que “Mientras Estados Unidos y Japón no firmen la “Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el tráfico de bienes culturales seguirá siendo un flagelo para naciones…”, Francisco Javier López Morales, representante de México en la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco, ha manifestado que esos países-Estados Unidos y Japón-no han ratificado los tratados porque no les conviene frenar este delito, ya que tienen un gran mercado en casas de subastas, museos y galerías.

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Dimensión social del tráfico ilícito de bienes culturales

Dimensión social del tráfico ilícito de bienes culturales

Creeríamos que el tráfico ilícito de bienes culturales (TIBC) solo afecta a bienes muebles e inmuebles, es decir, objetos cerámicos, pinturas, esculturas, grabados, monedas, libros, textiles, tumbas, sitios arqueológicos y coloniales; retablos, ruinas de fortificaciones, cementerios, edificaciones y monumentos. Sin embargo, este no es el problema central que enfrentamos. Nos referimos fundamentalmente a la pérdida de la memoria colectiva como consecuencia de la depredación de de los objetos simbólicos de pueblos y comunidades. La cadena del TIBC está conformada por huaqueros, comerciantes de anti- güedades, coleccionistas públicos y privados, casas de subastas, delincuentes comunes o bandas organizadas que facilitan la circulación de piezas pro- venientes de excavaciones ilegales, robos y venta de objetos de prohibida comercialización; esta cadena no siempre es identificada debido a intereses económicos, políticos, sociales y culturales como:

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Estudios sobre el delito de tráfico ilícito de drogas en el Perú

Estudios sobre el delito de tráfico ilícito de drogas en el Perú

El Ministerio Público imputa al ciudadano Chinguel Guevara la comisión de delito de Promoción y Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas previsto y sancionado en el artículo 296 primer párrafo del Código Penal; señalando para tal efecto que con fecha veintinueve de Junio del dos mil trece personal de la DEPANDRO Sullana con información de inteligencia tomo conocimiento que se realizaría un pase de droga, toda vez que desde la ciudad de Ayabaca en el ómnibus de la empresa de transportes “Vegas” de Placa de Rodaje N° T2A-954 se transportaba marihuana; por lo que se montó un operativo, arribando el citado vehículo de transporte público a su terminal de la ciudad de Sullana al promediar las doce y treinta horas, bajando del mismo el acusado en su condición de chofer, quien acto seguido entregó una caja de cartón envuelta con cinta de embalaje a otro ciudadano identificado posteriormente como Crescencio Aguilar Romero, el mismo que abordó una mototaxi, siendo este intervenido por la dependencia policial, donde se procedió a la apertura de la caja que portaba, encontrando en su interior marihuana; luego de lo cual se logró la intervención de Armando Chinguel por sindicación del primer intervenido, recabándose durante la investigación el Informe Químico de Drogas n° 7266-13 emitida por el Laboratorio de Criminalística, el mismo que concluye que la sustancia incautada era Cannabis Sativa con un peso de diez kilos con cincuenta y dos gramos; solicitando por estos hechos la imposición para el encausado de nueve años de Pena Privativa de Libertad, ciento ochenta Días multa, un año y ocho meses de inhabilitación y cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación Civil; toda vez que durante el contradictorio quedó acreditada su responsabilidad penal.---

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Desproporcionalidad de la acumulación de la pena en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización

Desproporcionalidad de la acumulación de la pena en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización

La Resolución No. 12-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 592 de 22 de septiembre de 2015, por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, ha suscitado gran interés en un amplio sector de la doctrina jurídica, puesto que se determina como precedente judicial obligatorio, esto es que los jueces de garantías penales deben observar generalmente, al momento de imponer la sanción a una o varias personas que hayan sido declaradas culpables por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, la acumulación de la pena privativa de libertad, según sea la sustancia sicotrópica, o estupefaciente, o preparado que la contenga, y su cantidad, sin que en ningún caso esta pena exceda el límite temporal dispuesto en el artículo 55 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Análisis etnográfico de la puesta en escena de la obra : empobrecimiento Ilícito

Análisis etnográfico de la puesta en escena de la obra : empobrecimiento Ilícito

En cuanto a la transición del actor para desempeñar a su personaje, es un proceso que implica un saber más que el actuar. Necesita sincronía y conexión el actor con su personaje y con el resto del elenco para que sea palpable lo que se pretende mostrar en la actuación. Cuando surgió la duda acerca de la transición del actor para interpretar al personaje, pensé que era algo que ocurría unidireccionalmente. Sin embargo, es un proceso tejido en forma de red, puedo afirmar que hay tres transiciones en la re-creación de la obra Empobrecimiento Ilícito: la primera transición es de la obra en general para recibir el nuevo personaje, porque los diálogos y algunas caracterizaciones cambian, todo lo que rodeaba a la anterior Ana es distinto ahora, porque es como poner dos mujeres diferentes bajo el mismo nombre. La segunda transición es la del personaje de Ana, puntualmente, en los libretos, porque va a ser interpretada por alguien nuevo y totalmente diferente a la actriz anterior (es distinto cuando se va a reemplazar una actriz por otra, pero que, al querer conservar las características, el director de la obra hace una búsqueda de alguien parecido). Y la última transición es de la actriz como persona para adaptarse al personaje

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La sanción política en caso de financiamiento ilícito de partidos políticos

La sanción política en caso de financiamiento ilícito de partidos políticos

Asimismo, justificamos nuestra investigación en la relevancia de encontrar mecanismos que aseguren el cumplimiento de la normativa electoral, pues actualmente las sanciones existentes no son cumplidas. Existen muchas posibilidades de propuestas para combatir el financiamiento ilícito, sin embargo, desde esta investigación nos centraremos en analizar la ineficacia de las sanciones actuales. Es evidente que las sanciones existentes hasta el momento no han sido efectivas, por tal, es urgente establecer las sanciones políticas como una medida efectiva para tal fin. Nuestra investigación propone la creación de las sanciones políticas como un mecanismo efectivo para combatir el financiamiento ilícito. Las sanciones políticas despliegan sus efectos sobre el derecho fundamental a la participación política que es aquel mediante los cuales los ciudadanos/partidos participan en la formación y dirección de las actividades del Estado(Tribunal Constitucional del Perú.Sentencia 3760-2004- AA/TC,2005), es así, que al ser un partido político un ente que persigue el poder público deben proponerse sanciones que respondan a tal fin, en este caso, suspensión de la participación en procesos electorales o la eliminación del registro de organizaciones políticas en los casos más graves.

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"La antinomia entre el artículo 30° del Decreto Legislativo N° 824 y el artículo N° 163  del Código Procesal Penal, respecto a la declaración de los testigos de la policía, en el delito de tráfico ilícito de drogas"

"La antinomia entre el artículo 30° del Decreto Legislativo N° 824 y el artículo N° 163 del Código Procesal Penal, respecto a la declaración de los testigos de la policía, en el delito de tráfico ilícito de drogas"

De los criterios anteriormente enunciados, el segundo y el tercer criterio no se aplicarían a nuestro caso, pero en cambio sí resultaría útil aplicar el criterio de competencia y de especialidad, pues el órgano encargado de emitir este decreto es el poder Ejecutivo, con la facultad de legislar en la lucha contra el Tráfico Ilícito de drogas, conjuntamente con las FFAA y la Policía Nacional, por tanto esta norma debe prevalecer, en tanto que es válida, además en cuanto al criterio de especialidad, debe predominar lo que estipula el artículo 30º del Decreto Legislativo 824º, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, obviando así lo establecido por el artículo 163º del Código Procesal penal en cuanto a la declaración de los testigos de la Policía, en cuanto a este mismo delito.

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Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el municipio de La Montañita Caquetá: un análisis desde el institucionalismo denso

Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el municipio de La Montañita Caquetá: un análisis desde el institucionalismo denso

estructura preestablecida asociada a estos cultivos, mediante la apuesta por nuevas actividades productivas. Por lo tanto, los programas están dirigidos a toda la comunidad, las cuales firman acuerdos de confianza colectivos e individuales. Los cultivos de uso ilícito se van a erradicar de forma voluntaria. Este es un proceso inmediato en el cual las personas que lo integran no podrán volver a cultivar ni cosechar coca. El Gobierno, por su parte, promete acompañamiento a las familias para promover una vida digna. La sustitución de cultivos consiste en generar nuevas propuestas para que los campesinos puedan tener actividades económicas legales, para lo cual se crean comercializadoras sociales rurales que impulsen la circulación de sus productos. Asimismo, propone proveer asistencia técnica al campesino y apoyo financiero y, como incentivo a la sustitución de cultivos, quienes lleven cinco años sembrando productos legales se pueden convertir en propietarios de la tierra.

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Las armas de fuego en América Latina : tiempo de balance (Editorial)

Las armas de fuego en América Latina : tiempo de balance (Editorial)

Sobre las rutas de tráico de armas, las autoras comparten el mismo diagnóstico: se han vuelto multidireccionales y cambiantes y no simples como eran antes, con armas yendo hacia el sur y drogas hacia el norte (De León- Escribano). Ambas autoras destacan la poro- sidad de las fronteras como un problema para el tráico ilícito de armas, ya que, debido a su amplitud y características geográicas (selvas, extensos ríos, etc.), a la connivencia de la población y de las autoridades locales cuyos ingresos dependen en gran parte del contra- bando, a los vacíos o zonas grises legales, a la falta de implementación de normas comunes y de coordinación intrarregional y a la falta de equipamiento tecnológico y de personal cali- icado, el control es escaso. En ambos casos, se mencionan rutas luviales y terrestres, regiones selváticas de ocultamiento y grandes ciudades o ciudades fronterizas como lugar de venta.

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Urvio : Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana [no. 10, noviembre 2011. REVISTA COMPLETA]

Urvio : Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana [no. 10, noviembre 2011. REVISTA COMPLETA]

El tráico ilícito de armas en Guatemala es una actividad que se desarrolló más inten- samente en los años del conlicto armado interno. Ya desde los años sesenta alora la confrontación entre Estado y ciudadanos; se inician la persecución y la represión contra la oposición, principalmente constituida por los grupos asociados a las ideas de transfor- mación política, social y económica del país, quienes se ven en la necesidad de armarse para la defensa de sus vidas. Simultáneamente, los grupos insurgentes empiezan a crear rutas de abastecimiento para el acopio de armamento que será utilizado en la lucha revolucionaria. A este fenómeno armamentista se une, en los años setenta, la acción de los escuadrones de la muerte, que utilizaron como mecanismo operativo el secuestro, la tortura y el asesinato de los dirigentes sociales, religiosos y políticos durante los treinta años de enfrentamiento interno. Dicha actuación se daba bajo la pro- tección de los grupos políticos anticomunistas y con la complicidad del Estado. Como coro- lario a la situación de una sociedad armada, en los últimos 15 años antes de la irma de la paz en Guatemala surgen las Patrullas de Autode- fensa Civil, dirigidas, entrenadas y armadas por el Ejército de Guatemala para colaborar en el control poblacional que se utilizó como estrategia de guerra, frente al crecimiento y la expansión de los grupos guerrilleros, princi- palmente en la zona indígena de Guatemala.

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