Pacto Internacional

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Pacto internacional der económicos sociales culturales7.pdf

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y su Protocolo Facultativo? El Pacto consagra los derechos económicos, so- ciales y culturales, y establece las obligaciones de los Estados relacionadas con su cumplimien- to, mientras que el Protocolo —adoptado en fechas recientes— posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos, mediante la interpo- sición de peticiones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos del Pacto, de las que conocerá el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Los sistemas de protección establecidos en el Protocolo ofre- cen nuevas opciones para el fortalecimiento y la justiciabilidad de los DESC.

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Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Los Principios de Limburg sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

deberían adoptar, en lo posible, objetivos e indicadores bien definidos en la aplicación del Pacto. Para aumentar la relevancia y comparabilidad de los datos presentados en los informes de los Estados Partes, los objetivos e indicadores escogidos deberían de regirse, en la medida de los posible, por criterios establecidos en el ámbito de la cooperación internacional. 80. Si fuese necesario, los gobiernos deberían llevar a cabo o encargar estudios que les permitieran suplir cualquier vacío de información sobre los progresos obtenidos y las dificultades enfrentadas en el afán de lograr el respeto de los derechos previstos en el Pacto.

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Women, power and Law

Women, power and Law

Ya en plena transición democrática, el día 13 de abril de 1977, el Estado español ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pero hasta mayo de 1978 no despenaliza el amancebamiento y el adulterio y hasta junio de 1981 no se modifica la regulación del matrimonio y se regula el divorcio y no fue hasta julio de 1985 en donde, de manera muy restrictiva, se despenalizan algunos supuestos de aborto, aún vigente. En 1984, firmó y ratificó la Convención de la CEDAW de 1979 y, con ello, el compromiso en la eliminación de la discriminación por razón de sexo, tanto en la ley como en la sociedad española, lo que supuso importantes modificaciones legislativas en todos los campos, si bien en el derecho civil es el campo en donde hasta 1990, han tenido que producirse modificaciones que permitieran la efectiva igualdad jurídica y sólo, muy recientemente, las diferentes leyes en pos de la igualdad material y real.

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Entre agua y territorios. Luchas contra el despojo capitalista, a partir de estrategias socio-legales ejercidas desde las comunidades

Entre agua y territorios. Luchas contra el despojo capitalista, a partir de estrategias socio-legales ejercidas desde las comunidades

De estos instrumentos tenemos que, el primero de ellos se basa en lo señalado por los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derec hos Económicos, Sociales y Culturales, mismos que aunque no habla de manera específica del agua refieren la importancia de la alimentación y la salud, pero de manera concreta se hace hincapié en la importancia que tienen el agua y el saneamiento en el desarrollo de las personas y la interdependencia que guarda este derecho con otros derechos, mismos que son necesarios para el pleno desarrollo de las personas, además señala para los Estados la obligación de poner los medios para que todas las personas puedan acceder a agua suficiente para uso personal y doméstico, inclusive para las personas que viven en la periferia o en las comunidades alejadas de la ciudad. Este instrumento es vinculante para los Estados que ratificaron el Pacto Internacional antes mencionado. Además señala que el agua no debe verse como un bien económico, sino más bien se trata de un bien social y cultural.

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La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea : desde la solemnidad a la eficacia

La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea : desde la solemnidad a la eficacia

Pactos que creaban obligaciones internacionales de carácter vinculante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Convenio Europeo de Derechos Humanos, gran garante de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en el marco del Consejo de Europa (1950) con sus respectivos protocolos; Carta Social Europea Revisada (1996), que venía a revitalizar la Carta Social de Turín, así como sus protocolos de 1988, 1991 y 1995; la Carta Comuni- taria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (1989); las Convenciones de la OIT, organiza- ción que fuera creada en 1919 y que ha resultado ser una de las más activas en la protección de los Derechos Humanos en el ámbito laboral, a las que se refiere la Declaración de Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo de la OIT (1998); el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha venido a reforzarse con la entrada en vigor de su protocolo de 1999, permitiendo las reclamacio- nes individuales ante el Comité contra la discriminación de la mujer (ONU, 1979); el Convenio sobre los Dere- chos del Niño (1989); el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967).

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Enfoque de derechos en las políticas públicas: monitoreo y rendición de cuentas de los Estados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano

Enfoque de derechos en las políticas públicas: monitoreo y rendición de cuentas de los Estados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humano

contenido mínimo. El estándar es la satisfacción plena y el indicador nos permite medir la progresividad en rela- ción al nivel de cumplimiento por parte de dicho Estado. Precisamente los indicadores de derechos responden al contenido normativo de los derechos y a las obligaciones correlativas de los Estados que se derivan de las normas del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, los órganos de interpretación autorizados de los Pactos, como el caso del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece una serie de obligaciones sobre cada derecho en particular –a través de las observaciones generales que produce, fijando pautas sobre el contenido mínimo del derecho en cuestión entre otras, para que posterior- mente a través de la selección de indicadores se mida el cumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos reconocidos en el PIDESC, asumiendo que no se trata sólo de medir el cumplimiento de lo pautado en el Pacto, sino también los estándares de interpretación fijados por el Comité DESC. Del mismo modo, dentro del sistema interamericano existe el Grupo de Trabajo para analizar los informes nacionales previstos en el Proto- colo de San Salvador, de reciente integración, el cual ha definido un conjunto de indicadores sobre los cuales los Estados deben elaborar sus informes, tema al cual me referiré más adelante.

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Por el reconocimiento y justiciabilidad del derecho humano a la vivienda en Bolivia.

Por el reconocimiento y justiciabilidad del derecho humano a la vivienda en Bolivia.

En el año 1982 el Estado Boliviano, ratificó la firma del Pacto Internacional de Derechos Econó- micos, Sociales y Culturales en sus 31 artículos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti- cos en sus 53 artículos y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po- líticos en sus 14 artículos, elevándolos a rango de Ley el año 2000 (Ley Nº 2119), mediante los cuales el Estado Boliviano asume obligaciones jurídicas a fin de cumplir los derechos humanos en gene- ral y el derecho a la vivienda en particular. Ley que si bien reconoce los pactos y convenios signados por el Estado Boliviano, no tiene aplicabilidad en las correspondientes instancias político-públicas, por cuanto en su cumplimiento se juegan múltiples factores, entre ellos, contem- plación silente, actitudes pasivas y distraídas de los gobiernos de turno, y delegación de resolu- ción a las invisibles fuerzas del mercado, en un marco de ahondamiento de la inequidad e injus- ticia social imperantes.

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1. Es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u

1. Es indispensable que la comunidad internacional cumpla su solemne obligación de fomentar y alentar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos, sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u

3. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como otras convenciones y declaraciones en materia de derechos humanos, aprobadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales, han establecido nuevas normas y obligaciones que todas las naciones deben aceptar; 4. Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han logrado sustanciales progresos en la definición de normas para el goce y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Durante este período se han aprobado muchos instrumentos internacionales de importancia. Pero aún queda mucho por hacer en la esfera de la aplicación de estos derechos y libertades;

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Diagnóstico Legal y Propuestas de Ley Sobre la Conciliación Laboral y Familiar en México  Perspectiva de Derecho Comparado  Edición Única

Diagnóstico Legal y Propuestas de Ley Sobre la Conciliación Laboral y Familiar en México Perspectiva de Derecho Comparado Edición Única

El Art. 7 inciso a) punto I e inciso c) del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que los Estados Partes de dicho pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; así como igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad.

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Un paso a la protección de los derechos de la mujer interrupción voluntaria del embarazo: cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer

Un paso a la protección de los derechos de la mujer interrupción voluntaria del embarazo: cuando la continuación del embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer

En efecto, esta causal no solamente protege a la mujer cuando su salud física corre peligro, se extiende a aquellos casos en los cuales puede resultar afectada la salud mental de la mujer gestante. Es por eso que, La corte ensambla esta causal en la definición sobre salud realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), contenida en el Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Así mismo, utiliza la disposición contenida en el artículo 12 N° 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “los Estados Partes en el presente

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LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

LA PROTECCIÓN A LAS MUJERES POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO (DIH)

Antiguamente las mujeres no gozaban de ninguna seguridad durante los conflictos armados. Recién a partir del Convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, firmado en Ginebra en 1864 –que dio nacimiento al moderno DIH-, comenzaron a beneficiarse de protección jurídica general al disponer que las mujeres heridas en combate debían ser socorridas y asistidas. En la II Guerra Mundial, hubo mayor participación de mujeres en las hostilidades, por lo que se consideró indispensable redactar y aprobar nuevos instrumentos jurídicos. La Conferencia Diplomática convocada por el gobierno suizo y reunida en Ginebra en 1949, encargada de elaborar una convención internacional destinada a proteger a las víctimas de la guerra, aprobó el 12 de agosto de 1949 cuatro Convenios: el CGI para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, el CG II para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, el CG III relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, y el CG IV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Los cuatro convenios contienen disposiciones que acuerdan beneficios en el trato de la mujer. Empero, en los conflictos armados que tuvieron lugar después de la aprobación de estos convenios, perecieron más personas que en la II Guerra Mundial. Estas elevadas cifras fueron el resultado de los efectos indiscriminados de armas de mayor poder de destrucción y de nuevas tácticas de guerra. Igualmente, surgieron otras formas de conflictos armados entre los ejércitos regulares y los movimientos guerrilleros, y cada vez se hizo más difícil distinguir al militar combatiente de la persona civil. Esta circunstancia hizo necesario complementar los cuatro Convenios. En la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del DIH, reunida en Ginebra desde 1974 hasta 1977, fueron aprobados dos Protocolos Adicionales que amplían los cuatro CG, brindando mayor protección jurídica a la población civil y, en especial, a la mujer.

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La protección de los derechos humanos: haciendo  efectiva la progresividad de los derechos económicos,  sociales y culturales – PEDRO NIKKEN

La protección de los derechos humanos: haciendo  efectiva la progresividad de los derechos económicos,  sociales y culturales – PEDRO NIKKEN

Adicionalmente, aun con respecto a derechos que no están definidos en términos que permitan su aplicación inmediata por el juez, nor- mal mente será posible identificar DESC, o aspectos de ellos, que son justiciables. Por ejemplo, estando garantizado el derecho a la vivienda de manera genérica, será difícil formular una pretensión ante el juez para que éste asigne vivienda a todo aquel que acuda a demandar esa pretensión; pero sí podrá prohibir desalojos arbitrarios o la demolición de viviendas que no contemple solución habitacional para los afectados. En todo caso, a la luz de la jurisprudencia (tanto nacional como internacional) y de la práctica de entidades internacio- nales competentes, puede verificarse que numerosos DESC son justiciables, con base en los más variados mecanismos. Por sí mismos, son justiciables la no discriminación, particularmente en el acceso a la satisfacción de prestaciones; la libertad de reunión y de asociación, en especial con fines económicos, laborales, sociales, culturales o deportivos; los derechos de la familia; los derechos del niño; el derecho de propiedad (CADH, art. 21.1); la prohibición de la usura y de cualquier forma de explotación del hombre por el hombre (CADH, art. 21.3); y la libertad de educación (PSS, art. 13). Se han identificado asimismo numerosas situaciones en la cuales la justiciabilidad internacional de los DESC se ha afincado sobre diversos pivotes que proporcionan los derechos civiles y políticos, como lo son el derecho a la vida 132 , al debido proceso o a un recurso efectivo 133 .

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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la ONU establece que sin ninguna restricción indebida los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos y tener acceso en condiciones de igualdad a la función pública, y la convención Americana de Derechos Humanos de la OEA en su arto 23 establece que los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas su país. En cuanto al sufragio, todos los Instrumentos jurídicos Internacionales ya mencionados lo recogen como un derecho para manifestar la voluntad del pueblo a través de elecciones autenticas, periódicas, por sufragio universal, igual y secreto u otro procedimiento que garantice la libertad del voto; a formar parte del gobierno a través del procedimiento mencionado sin distinciones ni restricciones.

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Decisiones de los órganos judiciales españoles en materia de derecho internacional público

Decisiones de los órganos judiciales españoles en materia de derecho internacional público

“en la parte extranjera en que la comunidad internacional es afectada, el artí- culo 270/109/110 lecrim no cumple y es contradictorio consigo mismo de enten- derse que además hace falta el requisito de estar nacionalizado como español por el mero hecho de que el concreto tribunal que persigue ese plus de internacionalidad radique en españa. recuerda, igualmente, que entre la fecha de promulgación de la ley de enjuiciamiento criminal y la aprobación de la constitución se sucedieron acontecimientos de gran relevancia en la esfera internacional, que conformaron una justicia universal ‘que hoy en día no se puede quedar en parciales pronun- ciamientos locales o nacionalistas, sino que deben trascender a lo universal’. en este sentido invoca la stc 237/2005 (rtc 2005, 237) , donde se afirma que ‘la jurisdicción universal no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales’, como demuestra el hecho de que los tratados in- ternacionales firmados por españa no condicionan la persecución penal a la nacio- nalidad de los afectados porque en los crímenes más execrables toda la humanidad está legitimada e interesada en perseguirlos”.

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Apuntes sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Responsabilidad Social frente a los objetivos de desarrollo del milenio y el pacto global

Apuntes sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Responsabilidad Social frente a los objetivos de desarrollo del milenio y el pacto global

“Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” (11).

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ANTOLOGÍA DERECHOS HUMANOS unidad 1 y 2

ANTOLOGÍA DERECHOS HUMANOS unidad 1 y 2

Los principios del derecho natural se basan en la naturaleza humana. Pero actualmente, al hablar del concepto de derecho natural, se alude no sólo a la naturaleza del hombre, sino a un conjunto de realidades en las cuales se desarrolla la convivencia social (factores culturales, sociológicos, etc.). El fundamento de los derechos humanos se encuentra en el derecho natural. El derecho a la integridad moral y física, a la libertad, a la defensa legal, etc., constituyen una dotación jurídica básica igual para todos los hombres, por encima de toda discriminación. El origen de los derechos humanos no puede ser la Constitución, ni un convenio internacional, ya que esto implicaría que pueden ser suprimidos o modificados libremente por el legislador constituyente o por las autoridades firmantes de ese convenio. Por lo tanto, dejarían de ser derechos fundamentales intangibles.

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La contribución del PNUD y la OACNUDH en la formulación de una política pública integral de DD.HH. y DIH durante la primera administración de Juan Manuel Santos (2010-2014)

La contribución del PNUD y la OACNUDH en la formulación de una política pública integral de DD.HH. y DIH durante la primera administración de Juan Manuel Santos (2010-2014)

Ese mapa estratégico provee la estructura de la política pública, en donde las necesidades socialmente relevantes para el proceso y para este gobierno están allí plasmadas y este va a ser el enfoque con el cual es Sistema Nacional de Derechos Humanos (SNDDHH), que está en el decreto 4100, va a trabajar para que de esta manera se puedan empezar a implementar programas, planes y proyectos para abordar la temática de DDHH. Esto está tan relacionado que la estructura del SNDDHH se hizo sobre la base de ese mapa estratégico. Ellos tienen unos subcomités de trabajo de acuerdo a cada uno de los ejes incorporados al mapa estratégico. Ahora bien, esto sigue estando en la estratósfera. Se tiene un marco de política pública, un Sistema que es la estructura a través de la cual se implementa una política pero esto para que llegue a un municipio de categoría seis en Colombia todavía nos hace falta un paso y ese paso que nos hace falta está atado a la reflexión sobre la vincularidad jurídica. Este texto hasta ahora es un pacto político y un texto técnico muy bien realizado pero esto no obliga a ningún alcalde a nada porque no hay una norma detrás que lo obligue. El texto de Guía Conceptual y Metodológica, donde se establece el proceso por el cual se debe hacer una política pública de este tipo, es el fundamento metodológico de la Propuesta.

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- Política Corporativa de Derechos Humanos

- Política Corporativa de Derechos Humanos

En instrumentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007); la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes y las Disposiciones Suplementarias; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación para las Personas con Discapacidad entre otros, se promueve el derecho a la igualdad y la erradicación de la discriminación.

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El agua, recurso estratégico global, ¿riesgo u oportunidad?

El agua, recurso estratégico global, ¿riesgo u oportunidad?

Otra vertiente del Derecho Internacional Público que afecta al derecho al acceso al agua es la que regula la gestión y explotación de agua compartida por diversos estados, los cursos de agua internacionales. Es decir, respecto a la navegabilidad, las fronteras y los recursos hídricos, las aguas superficiales, ríos, lagos o mares interiores, y las aguas subterráneas o acuíferos. Las aguas superficiales son perfectamente compatibles con la noción tradicional de frontera, pero los recursos subterráneos compartidos requieren la planificación conjunta de su explotación y sus controversias pueden derivar en conflicto, incluso armados. Así, en 1970 la Asamblea general de las Naciones Unidas encargó a la Comisión de Derecho Internacional estudiar este tema, dando lugar en 1997 a la adopción por NN.UU. de la Convención para la Regulación de los cursos de agua internacionales para fines distintos a la navegación (Convention on the Law of the Non-Navegational Uses of International Watercourses) que determina que todos los estados que alberguen una o más partes de un curso de agua internacional tienen derecho a participar en las decisiones que puedan tomar otros estados parte en la cuenca, estando obligados a consultar al resto de los estados la explotación que de ellas hacen. De su art. 10 se deduce la obligación implícita de atender en primer lugar a las necesidades humanas básicas de las poblaciones que vivan bajo la influencia de cualquiera de las partes de un curso de agua internacional. En el mundo existen 257 cuencas internacionales que afectan a 2.500 millones de personas que dependen de la cooperación entre estados para cubrir sus necesidades hídricas. De la Convención se desprenden las obligaciones claras de cooperación (art. 8) de no causar daños sensibles a las fuentes de recursos hídricos, compartidos o no (art. 7).

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Pueblos indígenas y consolidación democrática: desafíos para un reconocimiento constitucional de sus derechos en Chile

Pueblos indígenas y consolidación democrática: desafíos para un reconocimiento constitucional de sus derechos en Chile

La tabla precedente permite evidenciar que, en los últimos años, tanto los cambios en el marco internacional como la consolidación de las democracias en varios países latinoamericanos han ido reconfigurando de alguna manera el rol de los pueblos indígenas, quienes han comenzado a abrir espacios para la generación de movimientos que reclaman, entre otros aspectos, el reconocimiento de derechos políticos, sociales y culturales junto con la defensa y recuperación de sus territorios ancestrales (Bengoa, 2000). Este nuevo escenario es relevante para el conjunto de las sociedades latinoamericanas y para el futuro de la democracia, pues plantea el desafío de repensar la comunidad política, los mecanismos de inclusión ciudadana, los modelos de sociedad preponderantes y los modelos de formulación e implementación de políticas públicas que se han definido para los pueblos indígenas.

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