Política pública ambiental

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Política Pública Ambiental y Ambiente en el Valle del Cauca 1991 - 2010

Política Pública Ambiental y Ambiente en el Valle del Cauca 1991 - 2010

Las políticas públicas ambientales implícitas –que son las que nos interesa resaltar– se llevan a cabo en ámbi- tos de la política pública o en los sectores productivos e influyen en la transformación del medio ambiente (Gligo, 1997); pueden hacer parte de acuerdos multilaterales o de políticas y legislaciones económicas y sociales de carácter general o sectorial, sin que sus impactos ambientales hayan sido previstos o debidamente toma- dos en cuenta. Son políticas que tienen consecuencias negativas y nefastas para la protección ambiental. Tal es el caso de la orientación de la política pública ambiental colombiana, que toma como referentes políticas interna- cionales como el Informe de Roma (1972) y la comisión Bruntland (del mismo año), que inciden sobre las normas ambientales proferidas en la Constitución Nacional de Colombia de 1991 y la Cumbre de Río de Janeiro (1992), que influye sobre el desarrollo del Sistema Nacional Ambiental SINA (Ley 99 de 1993); así como convenios internacionales como el de Ramsar, sobre protección de humedales (1971), y el Protocolo de Kyoto, sobre emisiones atmosféricas (1997), y que en el caso de los ingenios azucareros del Valle del Cauca se relacionan con el impacto sobre los recursos hídricos, del suelo y del aire, pues todavía se queman los residuos vegetales de la caña, lo que genera emisiones atmosféricas con- siderables (Dávalos, 2007).

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Política pública ambiental  y ambiente    En el valle del cauca  1991-2010

Política pública ambiental y ambiente En el valle del cauca 1991-2010

Las políticas públicas explícitas contienen aspectos y pueden promover la ejecución de políticas públicas implícitas, tal es el caso de la orientación de la política pública ambiental colombiana, que toma como referentes politicas internacionales como el Informe de Roma (1972) y la comisión Bruntland del mismo año, las cuáles inciden sobre las normas ambientales proferidas en la Constitución Nacional de Colombia de 1991; la Cumbre de Río de Janeiro (1992) que influye sobre el desarrollo del Sistema Nacional Ambiental SINA (Ley 99 de 1993), así como convenios internacionales como el de Ramsar (1971 - sobre protección de humedales) y el Protocolo de Kyoto (1997 - sobre emisiones atmosféricas); que en el caso de los Ingenios Azucareros del Valle del Cauca se relacionan con el impacto sobre los recursos hídrico, suelo y aire pues todavía se queman los residuos vegetales de la caña, generando emisiones atmosféricas considerables (Dávalos, 2007).

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Análisis de la implementación de la política pública ambiental del sector de hidrocarburos en el departamento del Meta

Análisis de la implementación de la política pública ambiental del sector de hidrocarburos en el departamento del Meta

57 Así entendido, históricamente el desarrollo del sector ha presentado dificultades, originadas en malas prácticas económicas, sociales o ambientales generadoras de conflictos. a. En el nivel público y privado, persiste altivez en la socialización de los proyectos y arrogancia en la presentación de un lenguaje con contenido técnico, b. elevación de los niveles de exigencia a las empresas con cierto matiz de capricho por parte de las comunidades, c. suplantación de responsabilidades locales en la ejecución de las agendas sociales por parte de los municipios, delegando tal misión en la industria. Lo anterior, entre otras cosas, permite advertir que existe una mala relación de medios y fines para la solución de los distintos problemas que afectan los territorios en donde se ponen en juego argumentos de autoridad que colisionan: el Estado radicaliza su posición en torno a la propiedad del subsuelo y las comunidades se oponen, en un escenario caldeado de intereses en los que nos es fácil identificar un verdadero interés de protección del medio ambiente. Existe así un punto de inflexión entre los intereses económicos nacionales con un acento de protección ambiental formal, y la presión popular, históricamente dejada al azar en la satisfacción de sus derechos por parte del Estado y que ahora encuentra la oportunidad para hacerlos exigibles. Es precisamente este último eslabón la espada de Damocles en la validez de la misma; las múltiples contradicciones internas, que subyacen en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas aplicables al sector minero-energético en general, han significado conflictos permanentes en los territorios, principalmente por la fuerte tendencia Institucional a justificar el crecimiento económico negociando la protección medioambiental 15 , así como por la

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Colon Cortes V Pesquera 2000 TSPR 60 Separacion de poderes

Colon Cortes V Pesquera 2000 TSPR 60 Separacion de poderes

cumplir. Interpretar otra cosa resulta contrario a lo que expresamos en dicha Opinión. ¿Qué sentido tendría entonces el que le indicáramos a las Comunidades que tenían disponibles el recurso de mandamus del Art. 20 de la Ley sobre Política Pública Ambiental “para hacer valer la obligación de la ACT”? De nada sirve la resolución favorable de la JCA, si la ACT no ha cumplido en la realidad con los requisitos sustantivos y procesales del Reglamento y el Manual. Si la ACT no cumplió con requisito alguno de los enumerados en los incisos (a) a la (ch) de la Sec. 5.5.6.1 a pesar de que en Colón Cortés I le señalamos específicamente esta deficiencia, no podía considerar la DIA P y su suplemento como DIA Final. Ello independientemente de que la JCA haya avalado mediante resolución la inercia de la agencia proponente.

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Las autoridades del sistema nacional ambiental : un análisis desde la política pública

Las autoridades del sistema nacional ambiental : un análisis desde la política pública

Hoy en día y después de la última reforma del año 1993, en materia de política pública ambiental, se reprocha el papel de la instituciones ambientales y principalmente, el de las Corporacio- nes regionales frente a su función de autoridad y de protección del medioambiente, así como de los recursos naturales, pues eviden- cia problemas comunes en el ejercicio institucional como: no con- tar con una visión regional e integral, ausencia de definición de las determinantes ambientales que orienten un adecuado ordenamien- to del territorio, deficiencia en la atención de problemáticas que son competencia directa de los mismos municipios, la actuación en algunas ocasiones con practicas burócratas, la falta de coor- dinación en los procesos de planeación en los niveles nacional, regional y local; el no cumplimiento de los canales de comunica- ción adecuados que les permita mejores niveles en la relaciones y coordinación, así como la falta de información que le facilite obtener un conocimiento detallado del territorio (Ministerio del Medio Ambiente, 2010)

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Impacto de la  política pública  de  ruralidad  en el desarrollo sostenible de la localidad 20 de Sumapaz. Bogotá D.C.

Impacto de la política pública de ruralidad en el desarrollo sostenible de la localidad 20 de Sumapaz. Bogotá D.C.

1. Sostenibilidad ambiental: La construcción colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de uso y aprovechamiento de los recursos es una condición fundamental para preservar la estructura ecológica principal de la Localidad; asegurar la distribución equitativa de los beneficios ambientales; procurar la calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la productividad; proteger las áreas de sustento, y promover en las empresas y la ciudadanía una cultura que garantice los derechos colectivos y del ambiente. La gestión ambiental tendrá como propósitos recuperar y mantener la calidad de los ecosistemas de páramo, del agua, del aire y del suelo, conservar la biodiversidad, implementar medidas para la estabilidad climática y controlar los riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos y biológicos.

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Una ventana de oportunidad para los animales de Bogotá  Análisis de la puesta en agenda de la política pública de protección y bienestar animal de Bogotá 2014 2038

Una ventana de oportunidad para los animales de Bogotá Análisis de la puesta en agenda de la política pública de protección y bienestar animal de Bogotá 2014 2038

Además de la corriente de los problemas existe una corriente de las alternativas de solución (policy stream) que aparecen en el marco de las comunidades de política conformadas por especialistas en un área determinada, que pueden ser académicos, policy makers o burócratas. Dentro de dichas comunidades se pueden identificar un sinfín de soluciones (the policy primeval soup) unas más estructuradas que otras, por lo que la mejor alternativa será aquella que cuente con viabilidad técnica, tenga un buen margen de aceptabilidad dentro de las comunidades de política, se logre anticipar a imprevistos futuros, posea unos costos de implementación razonables teniendo en cuenta que en la mayoría de los contextos existen restricciones presupuestales y que tenga receptividad entre los tomadores de decisiones. En este marco, Kingdon resalta la importancia de contar con una alternativa viable para la solución del problema, sobre la cual exista relativo consenso, esté en su punto para ser implementada y sea funcional en términos de poder avanzar hacia el agendamiento del problema (1995, p. 142).

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Prevención del delito a través del diseño medio-ambiental: propuesta de política pública

Prevención del delito a través del diseño medio-ambiental: propuesta de política pública

Aunque en el nivel federal en México han sido implementadas algunas políticas orientadas a la prevención social del delito y disminuir la percepción de inseguridad, se aprecia una desvinculación entre las políticas de seguridad pública y las de planificación urbana o de planificación de los espacios públicos. Un primer acercamiento lo encontramos en el Programa Hábitat que, desde 2003, se plantea reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes en determinados municipios, entre otros, a través de espacios ordenados, seguros y habitables; pero sin duda es el Programa Rescate de Espacios Públicos el que constituye el principal esfuerzo en este sentido. Dicho programa se ha venido implementando desde el año 2007. Ambos programas primero estuvieron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a partir de diciembre de 2012 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Territorial y Urbano (Sedatu).

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Contaminación ambiental, dominación política e invisibilización pública . Bouwer y la disputa por la apropiación del "campo"

Contaminación ambiental, dominación política e invisibilización pública . Bouwer y la disputa por la apropiación del "campo"

Tomando en consideración la particular situación ambiental de la región y su trasfondo político y jurídico, se llega a afirmar que Bouwer es un “campo de concentración”. Para ello, es necesario enumerar los agentes contaminantes instalados en la región, sus potenciales efectos nocivos, la historia de su radicación en el lugar, como así también la de su clausura, en muchos casos producto de las persistentes demandas vecinales. Del mismo modo, se rastrea en la historia del pueblo (a través de los testimonios de sus pobladores y del relevamiento de informes técnicos y piezas documentales y periodísticas) aquello que pudiera identificarse como antecedentes de la protesta. Esto pone en evidencia que la lucha vecinal no sólo reivindicó el derecho a un ambiente sano. También discutió los usos y apropiaciones del territorio y las significaciones del lugar asociadas a esas prácticas; las que conllevan, además, sentidos atribuidos a –e incorporados por– quienes habitan ese espacio.

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Análisis de la política pública de educación ambiental en el departamento de Cundinamarca durante el periodo de 1992 2012

Análisis de la política pública de educación ambiental en el departamento de Cundinamarca durante el periodo de 1992 2012

Bajo estas acciones, la promoción permanente de cultura de respeto hacia los recursos naturales, buscó romper la dependencia existente entre su agota- miento y en consecuencia el deterioro ambiental frente a la pobreza que afronta algunas áreas del territorio. La estrategia para la implementación de la PPEA que ayude a superar la crisis, ha sido la entrega a través de capacitación en general y educación ambiental permanente. Además, ha cobrado fuerza la educación en Desarrollo sustentable en los niveles y modalidades del sistema educativo nacio- nal, haciéndose necesaria la actualización de los programas de Educación Am- biental. Sin embargo, Hernández A. Hermilio. (2014) concluyó que la EA es “una estrategia adecuada para lograr un desarrollo sostenible”, que ha mantenido im- portantes manifestaciones de tipo normativo, político, con inclusión en los planes de desarrollo nacional y sectoriales pero no ha logrado fortalecerse en el sistema educativo, a pesar que el Estado ha mantenido y promovido los ideales ambienta- les mundiales, existe un gran vacío en cuestión de políticas públicas de EA que mantiene la autonomía universitaria en optar o no reformas ambientales, curricula- res, políticas o jurídicas.

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Gestión del riesgo ambiental cultural en la comunidad indígena Embera en el marco de la política pública de atención integral a la población desplazada en la ciudad de Pereira

Gestión del riesgo ambiental cultural en la comunidad indígena Embera en el marco de la política pública de atención integral a la población desplazada en la ciudad de Pereira

El concepto de “desarrollo sostenible” se introdujo por primera vez en el Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987 (Informe Brundtland) definiéndolo como: “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras”, recalcando la necesidad de abordar simultáneamente los imperativos del desarrollo y los ambientales. Así, los fenómenos del deterioro ambiental constituyen un serio riesgo para el futuro del planeta y, por esa razón, no pueden ser considerados aisladamente, sino que deben ser examinados en íntima relación con los problemas del desarrollo e inequidad entre los países y dentro de ellos. En nuestra legislación colombiana, el artículo 3° de la Ley 99 de 1993 acogió la siguiente definición: “se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlos para la satisfacción de sus propias necesidades”.

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MARCO NORMATIVO EN MATERIA AGROECOLOGICA (PRODUCCION AGRICOLA)

MARCO NORMATIVO EN MATERIA AGROECOLOGICA (PRODUCCION AGRICOLA)

92 En la actualidad no existe un marco institucional que genere por un lado políticas de fomento y que, por otro, permita generar estadísticas sobre este tipo de agricultura. Las instituciones que conforman el marco normativo mexicano tienen todavía tareas pendientes en torno a la generación de una política de estado para apoyar el desarrollo de la agricultura. La dinamización del sistema nacional de control de la agricultura orgánica, la elaboración y ejecución del plan nacional de fomento a la agricultura orgánica, y generar un sistema de registro estadístico estas son algunas prioridades que tiene el país. Este documento contiene la legislación actual vigente a nivel nacional e internacional basado en el codex alimentarius, que servirá en la actualidad para abastecer la demanda de productos orgánicos en el país como en el extranjero, de esta manera promoveremos una producción meramente apegada a la ley, de esta manera el consumidor tendrá la confianza y seguridad de que el alimento que se lleva a la boca es producido bajo los mayores índices de inocuidad y calidad agroalimentaria.

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Instrumentos económicos voluntarios para la conservación: una mirada a su surgimiento y evolución en México

Instrumentos económicos voluntarios para la conservación: una mirada a su surgimiento y evolución en México

Por otra parte, la evolución de la CF está marcada por pasar de implementar el estándar internacional del Consejo de Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés) desde 1995, a las Auditorías Técnicas Preventivas (ATP) definidas en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en 2003 y finalmente a dise- ñar e implementar el estándar nacional precisado en la norma mexicana NMX- AA-143-SCFI-2008 (Cuadro 1). Es importante señalar la voluntad política, sobre todo en los años noventa, por impulsar este tipo de esquemas, pero en especial la presión política que han ejercido las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los ecosistemas forestales y comunidades. Es decir, que los avances normativos son el reflejo de muchas experiencias empíricas de diversas organi- zaciones que han impulsado el sector forestal a nivel comunitario durante 20 años. Por ende, los objetivos del instrumento son socioeconómicos y de conser- vación y la evolución ha requerido cambios normativos más que conceptuales, o institucionales. La disyuntiva entre eficiencia y equidad no toma en este caso tanta relevancia debido a que se parte de un principio claro que es el de fortale- cer el binomio sociedad-naturaleza en donde todavía se veía posible conjuntar la economía neoliberal y la conservación.

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TítuloDE uma política pública de Ambiente e Educaçâo Ambiental en Portugal a uma Estratégia Nacional de Educaçâo Ambiental

TítuloDE uma política pública de Ambiente e Educaçâo Ambiental en Portugal a uma Estratégia Nacional de Educaçâo Ambiental

Através da combinação de mecanismos e instrumentos político-jurídicos com linhas de financiamento comunitário, conduziu-se à publicação, em 1987, de dois diplomas legais fundamentais: a Lei de Bases do Ambiente (Lei 11/87 de 7 de Abril) e a Lei das Associações de Defesa do Ambiente (Lei nº10/87 de 4 de Abril) e ao início do processo de transição e integração de directivas comunitárias nas mais diversas áreas. A Lei de Bases do Ambiente compromete-se no seu artigo 4º «objectivos e medidas» na adopção de medidas que visem designadamente: “a inclusão da componente ambiental e dos valores herdados na educação básica e na formação profissional, bem assim como os incentivos à sua divulgação através dos meios de comunicação social, devendo o Governo produzir meios didácticos de apoio aos docentes (livros, brochuras, etc.)”.

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IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

Un sistema de Gestión Ambiental (SGA), es un conjunto de herramientas de carácter administrativo, que permite coordinar y controlar los procesos productivos y su impacto al ambiente (positivo o negativo), así como sus efectos. Estos sistemas, permiten establecer compromisos hacia la mitigación de costos ambientales generados por su propia existencia y permiten transitar hacia esquemas de prevención y control de la contaminación.

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Programas y proyectos en seguridad y convivencia ciudadana, parte fundamental de la política pública para trabajar problemas sociales locales caso municipio de Candelaria Valle del Cauca.

Programas y proyectos en seguridad y convivencia ciudadana, parte fundamental de la política pública para trabajar problemas sociales locales caso municipio de Candelaria Valle del Cauca.

Tan importante como definir cuáles de los ejes estratégicos y líneas de acción son pertinentes para cada municipio, es establecer las zonas, comunas, barrios o veredas que contribuyen significativamente a incrementar las tasas de los delitos señalados y las especificidades de esa criminalidad, para darles a esos territorios la importancia requerida y acertar en las acciones y tipos de intervención. En razón de lo anterior, es fundamental identificar en los municipios las zonas, barrios o veredas, incluso cuadras, con alta criminalidad y focalizar los esfuerzos allí. Política Nacional de seguridad y convivencia ciudadana (2.011) p. 32

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Fortalecimiento de la función ambiental de la administración pública. Contribución de la Universidad

Fortalecimiento de la función ambiental de la administración pública. Contribución de la Universidad

Constituye un elemento básico de la investigación el sistema de información geográfica como herramienta para estudiar la complejidad de la relación administración pública-medio ambiente, en la que se interrelacionan un conjunto de actores, componentes ambientales, procesos, políticas, normas, recursos humanos y tecnologías articuladas a la información ambiental que se genera en el ámbito nacional y territorial, en particular la que se obtiene a partir de indicadores ambientales, monitoreo ambiental, la investigación científica, la actividad reguladora y los datos espaciales.

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REVISTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. Nº27 2017 CUATRIMESTRE III

REVISTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. Nº27 2017 CUATRIMESTRE III

En las diferentes formas de gestión económica se valora que la toma de decisiones deberá considerar y valorar de manera adecuada los recursos naturales que utilizan y las implicacio- nes para el medio natural. Entre los factores que van a infl uir en esta toma de decisiones es- tarán: los precios de las materias primas y energía, las tecnologías existentes y el coste de las mismas, la legislación ambiental existente, las restricciones, los tributos y sanciones que van a afectar a los costes de los productos a ofertar. Con ello, se tratará de internalizar los costes medio ambientales dentro de la cuenta de resultados, aunque esto va a tener sin duda una repercusión negativa a corto plazo en los benefi cios generados. Desventaja que se puede eliminar, bien mediante una mejora de la productividad total aplicando o desarrollando tec- nologías limpias o bien mediante una diferenciación y cualifi cación de sus productos al par- ticipar en la oferta con nuevos productos o servicios que minimicen su impacto ambiental. Antúnez Sánchez (2015a) señaló que en la relación jurídica que aparece entre el sujeto au- ditor y el auditado tras la sistematización realizada a la auditoría ambiental como institución jurídica, entre sus elementos objetivos se reconoce a la certifi cación ambiental con la eco- etiqueta a los bienes y servicios producidos por las formas de gestión. En la manifestación trifuncional de la actividad administrativa la ecoetiqueta refl eja sobre todo la de fomento ambiental porque hace un producto o servicio competitivo a partir de su calidad ambiental, fi nalidad eminentemente pública en pos de alcanzar el desarrollo sostenible y que están vinculados inobjetablemente con la RSE.

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El sujeto ecológico y la acción ambiental  Autor: Carvalho

AMBIENTAL EN LA ESFERA PÚBLICA: UNA POLÍTICA EN TRANSICIÓN Y LAS TRANSICIONES EN LA POLÍTICA

2 En este contexto entiendo el concepto de acción política en el sentido de Hanna Arendt (1989: 15), para quien “una acción, única actividad que se ejerce directamente entre los hombres sin la mediación de las cosas o de la materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, y no un Hombre, viven en la Tierra y habitan el mundo. Todos los aspectos de la condición humana tienen alguna relación con la política; pero esta pluralidad es específicamente una condición —pero no una conditio sine qua non, sino una conditio per quam— de toda la vida política. 3 El ingreso de las cuestiones y los actores ambientales en la arena política se materializó a través de articulaciones significativas, como la asociación, desde 1985, de entidades y militantes ambientalistas para la elección de representantes para el Congreso Constituyente. Pese a todos los conflictos y discrepancias, esta articulación permitió la elección de un parlamentario (Fábio Feldman) que representó al segmento ambientalista en el citado Congreso. Conviene recordar que el capítulo sobre medio ambiente de la Constitución Brasileña, promulgada en 1988, se considera como uno de los más avanzados en dicha Constitución. A la fundación de los partidos verdes siguió un largo período de debates en el seno del movimiento sobre la relación entre ecología y política y la viabilidad o no de un Partido Verde. El primer núcleo del PV se organizó en Rio de Janeiro y reunió a conocidos militantes como Carlos Minc, Fernando Gabeira y Lizt Vieira. En aquel año, el PV carioca produjo un hecho político aun más significativo: el lanzamiento de la candidatura de Fernando Gabeira para gobernador de Rio de Janeiro, en una alianza con el Partido de los Trabajadores. La campaña se distinguió por el discurso y el modo alternativo de hacer política. Esto tuvo gran aceptación entre la población de la clase media intelectual carioca, con capacidad para reunir grandes contingentes en manifestaciones como el abrazo en la Laguna Rodrigo de Freitas.

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Política pública sobre materia ambiental en Costa Rica: ordenamiento territorial y energía, 2009

Política pública sobre materia ambiental en Costa Rica: ordenamiento territorial y energía, 2009

Finalmente, hay un nivel de vinculación indirecta. Esta no busca plasmarse en la elaboración directa de política pública, sino que tiene una función de tipo ideológico. Se trata de un pensar el espacio en función de un conjunto de variables y no de un elaborar el espacio. Este trabajo es el que hace el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), que de alguna forma ha elaborado una visión coherente del espacio fundamentada en su filosofía de la ventaja competitiva. No cabe duda que la noción de clústeres se ha convertido en el eje ideológico de muchos de los procesos de planeamiento nacional. Otros entes en esta línea incluyen otros centros académicos que realizan tareas de apoyo con otros motivos. Ejemplos de estos centros son el Observatorio de Desarrollo de la UCR, FOMUDE y otros programas institucionales destinados a mejorar las capacidades institucionales del sector municipal – incluyendo aquellas ligadas al ordenamiento territorial.

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