Potestad administrativa sancionadora

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La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana

La potestad administrativa sancionadora en la Ley 8/2003, de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana

No queremos cerrar estas líneas sin trasladar una última reflexión que dejaremos necesariamente inconclusa: las leyes cooperativas actuales (y la valenciana no es una excepción), se ocupan con denuedo de subrayar la autonomía cooperativa, dejando ámbitos cada vez más amplios a la autorregulación estatutaria. Una intención que, sin embargo, no termina de conciliarse con regímenes sancionadores configurados con amplitud y severidad. Cierto es que el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora se ha querido justificar como el inevitable precio que hay que pagar por el fomento público al cooperativismo, lo que a la postre supone admitir que la acción pública en materia cooperativa se estructura como un sistema de contrapesos. A nuestro juicio, este tipo de argumentos no son enteramente válidos, entre otras cosas porque cada modalidad de actuación de fomento suele incorporar su propia disciplina sancionadora (v.gr. en el ámbito fiscal, subvenciones, etc.)

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El principio de objetividad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora

El principio de objetividad en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora

Resumen La aplicación del principio de objetividad al ejercicio de la potestad administrativa sancionadora requiere dis- tinguir entre los diversos matices del significado de dicho principio así como entre la pluralidad y diversidad de situaciones que pueden dar lugar a la incoación de un procedimiento sancionador. En este trabajo se presta especial atención a las implicaciones de la objetividad en el ejercicio de la potestad sancionadora que pueden resultar especialmente relevantes ante la existencia de márgenes de apreciación en dicho ejercicio. Ya se trate de márgenes de apreciación en cuanto a la apreciación de los hechos, de la infracción tipificada, o a la determi- nación de la concreta sanción a aplicar, el principio de objetividad debe desplegar sus efectos de una manera que vaya más allá de una pura operación de constatación de hechos y de subsunción en una norma. La comple- jidad de ciertas situaciones y en ciertos entornos obliga en este sentido a destacar el valor de la adopción y el seguimiento de modo claro, motivado y coherente de unos criterios de decisión. Un mayor rigor en este pro- ceder redundará sin duda en una mayor eficacia en la tutela de los intereses generales con el respeto debido a las garantías propias de un Estado de Derecho.

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Reformulaciòn dogmàtica de la potestad administrativa sancionadora peruana: de dual a plural

Reformulaciòn dogmàtica de la potestad administrativa sancionadora peruana: de dual a plural

En el Perú, nos encontramos con dos grandes problemas fundamentales en el ejercicio de la Función Pública, que se busca corregir con un nuevo conjunto dogmático y normativo. En el ámbito dogmático, han insurgido nuevas teorías de cómo promover la eficiencia, la calidad y la transparencia de la función pública, particularmente la Teoría de la Nueva Gestión Pública y la Teoría del Caos. En el ámbito normativo, han insurgido nuevas leyes, que buscan corregir la ineficiencia, la inacción y la ausencia de transparencia en la actuación los trabajadores del sector público, apareciendo así dos nuevas Potestades Administrativas Sancionadoras: La Potestad Administrativa Sancionadora Ética y La Potestad Administrativa Sancionadora de Responsabilidad Administrativa Funcional, que junto a las ya conocidas, Potestad Administrativa Sancionadora Correctiva y Potestad Administrativa Sancionadora Disciplinaria, nos permiten sostener que se ha producido una REFORMULACIÓN DOGMÁTICA Y NORMATIVA DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA PERUANA: DE DUAL A PLURAL, todo esto para promover una gestión pública y un servicio público eficientes, de calidad y que se centre en buscar una satisfacción real, a las peticiones que formula el administrado y/o trabajador público. Se señala que esta nueva orientación se desplaza en dos áreas temáticas:

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HACIA UNA TEORÍA GENERAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA: SOLUCIONES EN EL DERECHO ALEMÁN

HACIA UNA TEORÍA GENERAL DE LA POTESTAD ADMINISTRATIVA SANCIONADORA: SOLUCIONES EN EL DERECHO ALEMÁN

Uno de los aspectos más llamativos que caracterizan el procedimiento administrativo alemán en la imposición de sanciones es la provisionalidad de que goza siempre la decisión administrativa, a salvo siempre del control judicial último. Por tanto, salvo que el sancionado se conforme con la sanción impuesta en vía administrativa, ésta no adquiere el rengo de acto firme, hasta el punto de que, conforme a la sección 66, subsección 2ª, letra a) OWiG, la resolución administrativa sólo es ejecutiva si no se plantea contra ella recurso jurisdiccional – a diferencia de lo que establece al respecto el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que considera ejecutiva la sanción cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa.

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Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 5/2017 (secció 1a) de 13 de gener de 2017 (recurs 215/2015 )

Sentència del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 5/2017 (secció 1a) de 13 de gener de 2017 (recurs 215/2015 )

Siendo asimismo doctrina jurisprudencial ya bien consolidada la que enseña que en el ejercicio de su potestad administrativa sancionadora la administración actuante no responde, propiamente, al ejercicio de una potestad administrativa de esencia o de tendencia discrecional sino al ejercicio de una potestad predominantemente reglada para aplicación a cada caso concreto del marco normativo sancionador establecido con carácter general en el ordenamiento sancionador aplicable, lo que comportará, de entrada, la necesaria adecuación y rigor en la calificación de los hechos y en su incardinación puntual y correcta subsunción en el tipo infractor legalmente definido ( STS, Sala 3ª, de 09-02-1982 , de 10-10-1983 , de 07-07-1990 y de 24-10-1995 ), de tal forma que lo contrario sería determinante, en efecto, de la violación del derecho fundamental subjetivo antes apuntado a todos reconocido por el t ex to constitucional ex artículo 25.1 de la CE ( STC 77/1983, de 3 de octubre , y 3/1988, de 21 de enero ), derecho fundamental que por ser susceptible de amparo constitucional haría incurrir a una actuación administrativa sancionadora eventualmente infractora del mismo, ciertamente, en el vicio de nulidad de pleno derecho o de nulidad absoluta previsto por el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992 , LRJPAC, aplicable al caso por las razones temporales antes justificadas (hoy, artículo 47.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 octubre , de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, LPACAP). TERCERO.- Sin embargo, en el supuesto particular enjuiciado deberá rechazarse, ya de entrada, cualquier duda al respecto, por cuanto que se constata ciertamente en autos la efectiva tipicidad infractora del hecho sancionado por el acto sancionador originario aquí recurrido, sin necesidad de recurrir para ello a la prohibida analogía en materia sancionadora, por cuanto que, efectivamente, se constata una suficiente tipificación legal tanto de la falta leve imputada y sancionada por el acto sancionador recurrido como de la sanción pecuniaria impuesta en cuantía legalmente tipificada al efecto, sin perjuicio de lo que después también se dirá en torno a su graduación o proporcionalidad, a tenor de las normas sectoriales reguladora de la materia a las que se refieren las actuaciones sancionadoras recurridas -esto es, artículos 49.1.a) y 52.a) de la LEPAR 11/2009 antes ya referenciada, en relación con los artículos 70.3 y 72 y Anexo IV de su Reglamento ejecutivo asimismo antes ya mencionado, aprobado por Decreto autonómico 112/2010-, bajo la siguiente tipificación legal de la infracción y sanción y definición reglamentaria del contenido y las características de dichos rótulos identificativos normalizados:

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Colegios profesionales, relaciones colegiales y potestad sancionadora

Colegios profesionales, relaciones colegiales y potestad sancionadora

La incorporación a una organización administrativa se lleva a cabo mediante un acto administrativo necesitado de aceptación (nombramiento, en el caso de los funcionarios, admisión o «colegiación» en el de los profesionales colegiados). Ahora bien, la necesaria aceptación del colegiado no convierte su pertenencia en «voluntaria» sensu stricto, porque –al menos en los casos de colegiación obligatoria- la pertenencia a la corporación profesional se configura como conditio sine qua non para el ejercicio de una profesión: se trata, por eso, de una auténtica adscripción obligatoria. De ahí que no sirva la argumentación de la jurisprudencia preconstitucional del Tribunal Supremo español, que justificaba la potestad sancionadora-disciplinaria de los colegios en el principio «volenti non fit iniuria» porque falta la libertad de asociación 29 .

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DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Los problemas que se crean por la concurrencia de varias sanciones administrativas –a diferencia del epígrafe anterior que se solucionan con las normas–, se solventan con la jurisprudencia 36 atendiendo a la aplicación analógica de las normas penales. Esto no ha impedido que en RPPS se introdujeran algunas disposiciones de carácter supletorio como es el artículo 5.2 pero con referencia exclusiva a los procedimientos sancionadores declarados por la Administración comunitaria. Expone que si durante la tramitación de un procedimiento sancionador la autoridad administrativa interna tiene conocimiento de que esos mismos hechos están siendo objeto de otro procedimiento sancionador ante los Órganos Comunitarios Europeos, podrá aplazar su decisión hasta que dicte una resolución firme. En este caso, si los órganos europeos imponen una sanción, la Administración interna deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la misma para su imposición. Esta disposición legal se considera incompleta porque no perfecciona la simultaneidad de dos procedimientos administrativos ante órganos distintos de la Administración española. Por estos múltiples problemas que se plantean ante la tramitación de dos procedimientos sancionadores con identidad de sujeto, hecho y fundamento es necesario indicar que uno de ellos sea suspendido temporalmente hasta la resolución del otro, y normalmente la suspensión deberá recaer sobre el iniciado en fecha posterior.

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Procedimiento sancionatorio contractual, imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento del artículo 86 de la ley 1474 de 2011

Procedimiento sancionatorio contractual, imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento del artículo 86 de la ley 1474 de 2011

El incumplimiento contractual ha sido a través de los años una de las situaciones que más se presenta como violación al estatuto general de la contratación pública ocasionando graves daños al patrimonio público y al bienestar general del conglomerado social. Después de la expedición de la Ley 80 de 1993 el legislador a tratado de regular los incumplimientos contractuales con la expedición de distintas leyes, pero no ha sido exitoso el medio para contrarrestar la situación. La expedición de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86 establece el debido proceso sancionatorio contractual, como la actuación administrativa que le permite a la entidad en el ejercicio de su función velar por la protección de los recursos públicos y el cumplimiento del objeto contractual. A pesar del debido proceso allí establecido este sufre vacíos procedimentales y sustanciales que entorpecen la debía actuación y que obligan a buscar las respuestas en las diferentes herramientas que brinda el ordenamiento jurídico, ya sea de índole legal especial, general, remisión normativa, doctrinal y jurisprudencial.

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La potestad sancionadora de la Administración 
en el ámbito de los bienes públicos


La potestad sancionadora de la Administración 
en el ámbito de los bienes públicos


necientes al demanio ‘natural’ formen parte del dominio público del estado”, aunque “no ha pretendido agotar la lista o enumeración de los géneros de bienes que, asimis- mo en virtud de sus caracteres naturales, pueden integrarse en el demanio estatal (‘en todo caso’, reza el art. 132), pero sí ha querido explícitamente reservar a la ley, y precisamente a la ley estatal, la potestad de completar esa enumeración”, refiriéndo- se “a tipos o categorías genéricas de bienes definidos según sus características natu- rales homogéneas”, pues “cuando se trata de categorías completas de bienes forma- dos por la naturaleza, a semejanza de los que en el propio precepto constitucional se declaran de dominio público, el art. 132.2 exige la demanialización por ley y sólo por ley del estado” (stc 227/1988, de 29 de noviembre, fj n.° 14). es más, esta exclusión gené- rica de bienes del comercio privado (el género de bienes definidos por sus caracterís- ticas naturales, por lo que se definen como de dominio público) es competencia del estado porque afecta a la igualdad esencial de todos los españoles de acuerdo con el art. 149-1.°,1. a de la propia constitución; añadiendo que “a la luz de los antecedentes

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La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito tributario


La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito tributario


27 como indica simón acosta, e.: “La LGt se aparta de la tradicional clasificación de las infraccio- nes tributarias (simples, de omisión y de defraudación hasta 1985 y simples y graves desde esa fecha hasta 2003) para acomodarse a lo dispuesto por el ar tícu lo 129.1 de la Lrj-Pac... se aprecia en el texto de la ley que la clasificación de las infracciones tributarias en leves, graves y muy graves ha sido introducida forza- damente, pues ni aparecen claros los criterios determinantes de la mayor o menor gravedad de la conduc- ta, ni son muchas las consecuencias de la inclusión de la infracción en una de esas categorías. no existe un catálogo de sanciones para cada clase de infracciones, por lo que no existe un paralelismo entre la escala de gravedad y la cuantía de la sanción. tampoco es aquí aplicable la diferencia de período de prescripción establecida por el ar tícu lo 132 de la Lrj-Pac según las distintas clases”. (vid.: “capítulo Ix. La potestad sancionadora”, ob. cit., p. 856).

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LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN: UNA REGULACIÓN FRAGMENTARIA, INCOMPLETA Y PERNICIOSA

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN: UNA REGULACIÓN FRAGMENTARIA, INCOMPLETA Y PERNICIOSA

En la elaboración de ambos textos, se ha prescindido también de la sección de Derecho público de la Comisión General de Codificación. Para una reforma de menor entidad, sin embargo, por Orden de 11 de julio de 2012 se creó en el seno de dicha Comisión una sección especial para la reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis- trativa, integrada por diversos profesionales del Derecho Público y de dicho orden jurisdiccional. La Sección espe- cial estaba formada, en concreto, por tres catedráticos de Derecho Administrativo, tres abogados del Estado, un miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y cinco magistrados, además de por un grupo de apoyo de profesores de Derecho público expertos en Derecho comparado. La sección, fruto de esa diversidad profesional, elaboró un Informe explicativo y una interesante propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que publicados ambos por el Ministerio de Justicia en marzo de 2013. La reciente e importante reforma del recurso de casación en la LJCA llevada a cabo por la Disposición final 3ª de Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, está directamente basada en la propuesta realizada y publicada por la referida Sección Especial de la Comisión de Codificación.

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Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas  Legalidad e irretroactividad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Legalidad e irretroactividad

ción al ordenamiento sancionador administrativo’. comprende tanto una garantía formal como una garantía material. La garantía formal, de exigencia de reserva de Ley en materia sancionadora, ‘tiene una eficacia relativa o limitada en el ámbito sancionador administrativo, toda vez que no cabe excluir la colaboración reglamen- taria en la propia tarea de tipificación de las infracciones y atribución de las corres- pondientes sanciones, aunque sí hay que excluir el que tales remisiones hagan po- sible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley. Por tanto, la garantía formal implica que la Ley debe contener la determinación de los elemen- tos esenciales de la conducta antijurídica y al reglamento sólo puede corresponder, en su caso, el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones previamente esta- blecidos por la Ley’ ( Stc 242/2005, de 10 de octubre [ rtc 2005, 242], f. 2; resu- miendo una doctrina reflejada, entre muchas otras, en las SStc 42/1987, de 7 de abril [ rtc 1987, 42], f. 2; 341/1993, de 18 de noviembre [ rtc 1993, 341], f. 10; 132/2001, de 8 de junio [ rtc 2001, 132], f. 5; y 25/2002, de 11 de febrero [ rtc 2002, 25], f. 4). Así, en los conclusivos términos de la Stc 132/2001 ( rtc 2001, 132), ‘[d] esde la STC 42/1987, de 7 de abril ( RTC 1987, 42), F. 2, viene declarando este Tribunal que el art. 25.1 CE proscribe toda habilitación reglamentaria vacía de contenido mate- rial propio’ (f. 5). La garantía material, por su parte, ‘aparece derivada del mandato de taxatividad o de lex certa y se concreta en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, que hace recaer sobre el legislador el deber de configurarlas en las Leyes sancionadoras con la mayor precisión posible para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones’ (por to- das, Stc 242/2005, f. 2)”.

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La potestad sancionadora como garantía para el inversor-consumidor: novedades
legislativas

La potestad sancionadora como garantía para el inversor-consumidor: novedades legislativas

En un segundo bloque, se profundizará en el régimen jurídico que configura el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante TRLMV) en materia sancionadora y la incidencia que las novedades legislativas introducidas por la LPAC y PRJSP tienen sobre el procedimiento sancionador en materia de mercado de valores. En este epígrafe se estudiará por un lado el encaje del Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros (en adelante, Real Decreto 2119/1993) con la nueva normativa, atendiendo especialmente a que la nueva regulación introduce como novedad la ordenación del procedimiento común a través de una norma con rango legal. Por otro lado, de una forma sucinta trataremos algunas de las novedades más relevantes del procedimiento sancionador común respecto del anterior régimen.

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Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas  Tipicidad y responsabilidad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Tipicidad y responsabilidad

infractor para que éste la satisfaga en el plazo que al efecto se determine, “quedando de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente”. el hecho de que se aluda a la vía judicial sin concretar si es el infractor responsable el que ha de acudir a dicha vía o la propia Administración en caso de incumplimiento, podría llevarnos a entender que la resolución dictada por la Administración reconociendo la obligación de indem- nizar, quedaría excluida de la ejecutoriedad propia de los actos administrativos, es decir, que la Administración por sí misma no podría ejecutar el cobro de la indemniza- ción. estas dudas deben ser disipadas y aunque el precepto podría fácilmente haber sido más rotundo, por ejemplo, repitiendo sin más la redacción establecida en la Ley de Aguas de 1985, donde claramente se señalaba que el órgano sancionador fijaría ejecutoriamente las indemnizaciones procedentes y que tanto el importe de las san- ciones como el de las responsabilidades a que hubiera lugar, podrían ser exigidos por la vía administrativa de apremio, no cabe entender que la resolución administrativa adoptando las medidas destinadas a paliar las responsabilidad derivada de la infrac- ción, tenga un régimen jurídico que excepcione el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos.

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La potestad sancionadora de la Administración y sus exigencias actuales: un estudio preliminar

La potestad sancionadora de la Administración y sus exigencias actuales: un estudio preliminar

7. El principio de legalidad en materia sancionadora presenta así una doble ver- tiente formal y material; y eso, en lo que concierne estrictamente a su contenido nu- clear, y sin perjuicio por tanto de ulteriores manifestaciones. En el plano formal, el principio de legalidad se concreta en la exigencia de una norma de rango legal (reser- va de ley), lo que se proyecta tanto sobre el plano de las infracciones, como de las sanciones, incluso se precisa que la correspondencia entre las infracciones y las san- ciones se establezca por Ley (puede hacerse ello caso a caso, como en el derecho penal; o, como es más normal en el derecho administrativo sancionador, a través de la clasificación de las infracciones). En el plano material, el principio de legalidad exi- ge la observancia del mandato de tipicidad, a cuyo cumplimiento por lo demás ha de procederse, tanto en el momento de establecer las infracciones y sanciones, como en el momento de aplicar unas y otras. pero es que, además, el principio de legalidad impone la irretroactividad de la norma sancionadora, la prohibición de la doble san- ción (“non bis in idem”), la observancia del principio de responsabilidad y de culpabi- lidad en la aplicación de las sanciones y la prohibición de analogía, entre otros. si a ello añadimos la vigencia difícilmente discutible en este ámbito de principios genera- les del derecho incuestionables, como es el de proporcionalidad, empieza a recortar- se claramente el ámbito del que el legislador puede servirse en la regulación de la potestad sancionadora de la administración.

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La potestad sancionadora en el Derecho comparado: Reino Unido


La potestad sancionadora en el Derecho comparado: Reino Unido


ejecución forzosa. 5. El juego del principio non bis in idem. 6. La preferencia tem- poral de las sanciones administrativas sobre las sanciones penales. B) Discretio- nary requirements. 1. concepto. 2. atribución de la potestad. 3. procedimiento. 4. tipos de discretionary requirements. A) las «variable monetary penalties». 1. con- cepto. 2. Ejecutoriedad y non bis in idem. B) las «compliance notices» o «complian- ce requirements». C) las «restoration notices» o «restoration requirements». 1. concepto. 2. El juego del principio de non bis in idem. C) las «stop notices». 1. con- cepto. 2. El juego del principio non bis in idem. 3. Indemnizaciones procedentes en casos de daños provocados por la imposición de una stop notice inadecuada. d) Enforcement undertakings. 1. concepto. 2. contenido. 3. publicidad. 4. Ejecución forzosa. 8. La recuperación de los costes en los que haya incurrido la agencia al imponer y ejecutar la sanción administrativa. 9. Las guías para el ejercicio de la potestad sancionadora. A) las penalty guidance. B) las enforcement guidance. 10. Requisitos de publicidad de la potestad sancionadora. 11. medidas adicionales y suplementarias a la sanción administrativa. vI. EL nUEvo contRoL jUDIcIaL DE La potEstaD sancIonaDoRa En EL REIno UnIDo. 1. La creación de una suerte de jurisdicción contencioso-administrativa material británica: el first-tier Tribunal, el upper Tribunal y la Supreme Court. A) Su organización. B) los recursos judiciales frente a las sanciones administrativas. 1. Frente a las “fixed monetary pe- nalties” y las“variable monetary penalties”. 2. Frente a las “stop notices”. 3. Frente a los “enforcement undertakings”. 2. Las garantías y derechos del art. 6 cEDH (y de la human rights act 1998) aplicables al procedimiento administrativo sancionador y a los procesos judiciales frente a sanciones administrativas en el Reino Unido. vII. La búsqUEDa DE La IntERvEncIón aDmInIstRatIva mínIma: La pArte cuArtA de lA resA (regulATory BurdenS). 1. concepto de burdens. 2. Ámbito subjetivo de la obligación de reducir, eliminar o revisar gravámenes ad- ministrativos innecesarios. 3. acciones a adoptar. vIII. concLUsIonEs.

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LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y VUELTA A LA CASILLA DE SALIDA

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN Y VUELTA A LA CASILLA DE SALIDA

Esta opción del Proyecto me parece, sin embargo, algo precipitada. Primero, porque su aplicación solo ha de servir para generar nuevos problemas interpretativos, supuesto que la exigencia de dolo o culpa no casa fácilmen- te y deja en mal lugar a las abundantes leyes administrativas que usan el criterio de la simple inobservancia y a la larga lista de infracciones formales que esas mismas leyes establecen (que no necesitan de dolo o culpa ni producir ningún resultado lesivo). Y segundo, porque esa regla, que presupone la idea de un único ius puniendi, echa tierra nuevamente sobre la necesaria autonomía del Derecho administrativo sancionador, con riesgo de dinamitar la gestión administrativa en amplios sectores vinculados al control y supervisión administrativos de actividades de riesgo, y que no necesitan para funcionar probar la existencia de la lesión o la puesta en peligro de ningún bien jurídico (sanidad animal, seguridad alimentaria, tráfico, artículos pirotécnicos…).

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“Determinación y aplicación de la potestad sancionadora administrativa de responsabilidad administrativa funcional: Contraloría General de la República”

“Determinación y aplicación de la potestad sancionadora administrativa de responsabilidad administrativa funcional: Contraloría General de la República”

América Latina, a partir de la última década del Siglo XX, con la destitución del Presidente de Brasil Fernando Collor de Mello(1992), Ernesto Samper Pizano (Colombia: 1996), Abdalá Jaime Bucaram Ortiz (Ecuador: 1997), Raúl Cuba Grau(Paraguay: 1999); entre otros, está generando un nuevo escenario político – Jurídico, que pone en crisis, al gobierno, pero no al Régimen Democrático y a inicios del Siglo XXI, tenemos la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de toda Función Pública, al Ex Presidente Alberto Fujimori (Perú: 2001) ; la destitución de los Presidentes Fernando Lugo (Paraguay: 2012) y de la Presidenta Dilma Rousseff (Brasil: 2016), no por el Poder Judicial, menos por el Poder Ejecutivo, sino por el Poder Legislativo, nos plantea una reformulación conceptual de la exteriorización de la Potestad Punitiva del Estado, pasando de una concepción dual, que sostiene la doctrina, a una nueva concepción tripartita, en el que la Potestad Sancionadora de cada uno de estos Poderes, tiene su propia naturaleza, fines y limitaciones.

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La potestad sancionadora de la Administración financiera


La potestad sancionadora de la Administración financiera


“No es, por tanto, una medida dirigida a reprobar una conducta supuestamente ilícita. Si además ésta existiera, la autoridad administrativa competente tiene otros medios a su alcance para perseguirla y castigarla. Se trata de una medida que aunque pueda guardar relación con el campo sancionador, como señala la Exposición de Moti- vos de la LDIEC, tiene su propia autonomía e independencia..... Partiendo de este ca- rácter autónomo, caen por su base los argumentos de las partes recurrentes dirigidos a poner de manifiesto la ilegalidad de la sustitución de los administradores de Banesto por falta de cumplimiento de las garantías propias de los procedimientos sancionado- res. La rigidez formal de estos procedimientos pretende ante todo salvaguardar el derecho de defensa del interesado, mientras que en el que se regula la intervención y sustitución en las entidades de crédito prima el interés general de que la economía no sufra quebranto como consecuencia del riesgo que ocasiona determinadas situacio- nes en que pueden caer estas entidades de crédito”.

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El non bis in idem se aplica en la potestad sancionadora correctiva y no en la potestad sancionadora disciplinaria

El non bis in idem se aplica en la potestad sancionadora correctiva y no en la potestad sancionadora disciplinaria

Consideramos que esta postura es incorrecta e inadecuada, sobre todo si tomamos en cuenta la naturaleza de las funciones realizadas por los servidores públicos, los cuales se encuentran sometidos a una «relación de sujeción especial» respecto a la administración, lo que da origen a una responsabilidad administrativa, pero que además pueden ser sujetos activos de la comisión de un delito en ejercicio de su función, y como tales deben ser sancionados por el Poder Judicial, puesto que la pena atiende a la sanción del interés general – penalmente protegido – lesionado por el servidor público y la sanción disciplinaria procura la sanción del ataque a otro valor o interés (la relación de confianza y servicio que media entre el Estado y el funcionario y que éste ha defraudado).

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