Principio de justicia

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El principio de justicia universal en el ordenamiento interno e internacional

El principio de justicia universal en el ordenamiento interno e internacional

Pero respecto de los delitos que no se contienen en la lista enumerada en el artículo 23.4, parece que esta cláusula abierta establecería el principio de justicia universal siempre que según el Tratado deba ser perseguido el delito en cuestión en España. El problema deviene al analizar los Tratados internacionales que regulan esos otros delitos internacionales no incluidos en la lista, pues respecto de ellos en ningún caso se impone el principio de justicia universal absoluto, sino que tan sólo se permite su jurisdicción conforme a la normativa interna de cada Estado. A lo sumo se impone el principio de justicia universal limitado, esto es, se obliga a juzgar al Estado en cuyo territorio se encuentra el presunto delincuente para el caso de que no sea posible su extradición. Así, según el tenor literal del artículo 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal cláusula abierta se quedaría para los supuestos en los que se impone la obligación de perseguir bajo la fórmula aut dedere aut judicare. Pero en tales supuestos, tal cláusula deviene superflua, pues, a mi entender la obligación convencional de extraditar o juzgar sería directamente aplicable por los Estados, sin necesidad de previsión interna.

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La reforma del principio de justicia universal

La reforma del principio de justicia universal

En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum y otros presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra el antiguo jefe de estado General Efraín Ríos Montt y otros ex presidentes guatemaltecos por los hechos perpetrados en Guatemala entre 1978 y 1983. Tales hechos fueron calificados como delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detención ilegal. El Juzgado de Instrucción nº1 admitió a trámite la querella, sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó archivar el caso por falta de jurisdicción. Interesa en este caso concreto la interpretación que el Tribunal Supremo realiza en su sentencia 327/2003, de 25 de febrero de 2003. En ella el TS determina que al no existir “ una conexión con interés nacional como elemento legitimador” los tribunales españoles no tienen jurisdicción para conocer de los hechos ocurridos en Guatemala. En ese mismo sentido, establece la falta de jurisdicción de los tribunales españoles ya que la misma no puede extraerse “ ni de las disposiciones del Convenio para la prevención y sanción del genocidio, ni de las de ningún otro convenio o tratado suscrito por España”. No obstante, la propia sentencia determina que la Convención contra la tortura sí contempla dicha jurisdicción, siempre y cuando los hechos no hayan sido enjuiciados en el país donde ocurrieron, y haya nacionales perjudicados. De ese modo, el Tribunal Supremo sólo acepta la competencia de la justicia española en cuanto a hechos que tengan una conexión relevante con España. Así, los tribunales españoles son competentes para conocer del ataque a la Embajada española el 30 de enero de 1980 y el asesinato de sacerdotes católicos españoles.

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El principio de justicia como sustento de la realidad estatal en el desarrollo de la teoría política

El principio de justicia como sustento de la realidad estatal en el desarrollo de la teoría política

lm natural sino del pacto entre los contratantes. El segundo instrumenta •I pac to sobre las condiciones de la igualdad y la desigualdad entre los ■»»ni ratantes, toda vez que en el equilibrio de aquellos está la justicia. El f.'ian desafío de este pacto, consiste en el hecho de que si los contratantes ¡u eptarán desigualdades económico-sociales entre ellos con tal de que el mayor progreso personal de algunos, redunde en algún beneficio para olios, lo que llamamos la igualdad de oportunidades. La condición para -h vptar la desigualdad, es e! hecho de que este lugar privilegiado al que tú llegaste, esté abierto para todos, es decir que no existan privilegios que nos impidan llegar al lugar que tú llegaste. Rawls acepta la desigualdad ‘ ‘>iiio condición del progreso, si bien no le agrada, pero no quiere que se delenga el progreso para evitar ciertas condiciones de desigualdad.

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El principio de Justicia Penal Universal en la Reforma del Código Penal de 2015

El principio de Justicia Penal Universal en la Reforma del Código Penal de 2015

- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su sentencia número 9/2013 de 4 de abril de 2013 31 , en ejercicio precisamente del principio de jurisdicción universal en un caso en el que a la víctima, menor de nacionalidad senegalesa, le fue practicada la MGF antes de su llegada a España con su madre, una vez obtenida la reagrupación familiar con su esposo residente en nuestro país desde hacía años, recuerda al efecto que el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España, modificada por Ley Orgánica 272009, de 11 de diciembre, establece que “las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas (…)”. Por su parte, la Exposición de Motivos de la L.O. 3/2005, de 8 de julio, señala que “el hecho de que las mutilaciones sexuales

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Este artículo busca demostrar la evolución del Principio de Justicia Universal y determinar que en el proceso de internacionalización de la justicia, prevalece la concepción de resguardar la dignidad de los seres humanos, pues en la persecución de estos crímenes, el bien jurídico tutelado es la supervivencia de la especie humana. Para los planteamientos principales me apoyo en autores como Kai Ambos y el maestro Cherif Bassiouni. A partir del método explicativo se exploran los diversos factores que han intervenido en el desarrollo del tema. Su influencia está plasmada en dos áreas principales: a) la creación de la Corte Penal Internacional, y b) su aplicación en el derecho interno. Haciendo uso del método descriptivo, repasamos la evolución de este Principio, que ha encontrado su aplicación efectiva en varios tribunales nacionales e internacionales. Se destacan algunos precedentes importantes, como los del Tribunal internacional para crímenes en la antigua Yugoslavia, donde se reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en casos de genocidio. Con el uso del método explicativo hemos interrelacionado las diversas variables históricas, jurídicas y culturales que explican la vigencia del Principio. El principal resultado es remarcar la importancia de promover el conocimiento y defensa de la dignidad humana, así como mostrar los diversos mecanismos y herramientas procesales para encausar a los que cometen crímenes contra los derechos humanos.

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El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación

El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación

En esta sentencia la Corte Constitucional es consciente que no se debe cumplir con severidad con el principio de Justicia Rogada, sino que por el contrario esta debe ceder ante la violación de derechos fundamentales y cuando se presente incompatibilidad entre la constitución y otra norma, como se ha podido observar a lo largo de las diferentes sentencias tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional el principio de Justicia Rogada no es que sea tan fundamental para la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, lo cual por ello hace pensar en la posibilidad de ser eliminado de la Jurisdicción, y se cree que no afectaría de ninguna manera a nuestro ordenamiento, ya que como se ha visto se pueden proferir sentencias sin tenerlo en cuenta, es más, en algunos casos es más provechoso toda vez que el Juez puede ahondar más en la demanda y no simplemente limitarse a la norma descrita por el actor como violatoria y su concepto de violación.

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Tutela de la vida y trasplantes : fundamentos filosóficos de la bioética contemporánea

Tutela de la vida y trasplantes : fundamentos filosóficos de la bioética contemporánea

tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de la legislación univer- sal”. [16] Esta cita se completa con otra de la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres: “La razón vincula, pues, toda máxima de la voluntad como uni- versalmente legisladora a cualquier voluntad y también a cualquier acción para consigo mismo, y esto no en virtud de ningún otro motivo práctico o en vista de algún provecho futuro, sino por la idea de la dignidad de un ser racional que no obedece otra ley que aquella que él se da a sí mismo”. [17] Hay que advertir que aquí Kant se refiere al “yo puro” de la “persona moral” que se determina a sí misma. Lamentablemente, cuando estas nociones son usadas en la Bioética anglo- sajona bajo el título de principio de autonomía, y en la aplicación del mismo a los casos concretos de cada paciente, el que decide hacer cualquier cosa que quiera con su vida y su salud sería, en tér- minos kantianos, el “yo empírico” some- tido a las leyes de la naturaleza y opues- to al “yo puro” o “yo moral”.

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Las voces de la justicia: Comparación jurisdiccional entre los jueces y el jurado

Las voces de la justicia: Comparación jurisdiccional entre los jueces y el jurado

La manifestación más concreta de la justicia en todo sistema social es la correcta aplicación de las leyes y la posibilidad de proteger su respeto a través de instancias que permitan resolver las controversias, conflictos y diferencias que se susciten entre las partes (Andrade, 2002: 601). En consecuencia, la jurisdicción es entendida como «el conjunto de atribuciones que tiene el Estado para ejercer la ley por conducto de alguno de sus órganos o por medio de árbitros, con aplicación de normas jurídicas generales e individualizadas a los diversos actos y hechos que se susciten con motivo del planteamiento de posiciones concretas en controversia» (Arellano, 1992: 346).

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La acumulación de penas en delitos de drogas y los principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad

La acumulación de penas en delitos de drogas y los principios constitucionales de seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad

Respecto al derecho a la seguridad jurídica, la Corte Constitucional, para el período de transición, en su sentencia No. 014-10-SEP-CC señaló que: "la seguridad jurídica que constituye el elemento esencial y patrimonio común de la cultura del Estado de derechos y justicia; garantiza la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y la ley; es la confiabilidad en el orden jurídico, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación jurídica. Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad jurídica a través de algunas concreciones, como el principio de la legalidad y el debido proceso". En este sentido la misma Corte en sentencia N. 008-OYSEP- CC, caso: 0103-09-EP, que ha sido replicada en sentencia No 007-09-SEP-CC, caso 0050-08- EP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 602 de 1 de junio de 2009, ha dicho: “...la seguridad jurídica es la garantía constitucional dada a los ciudadanos y ciudadanas por el Estado, de que sus derechos no serán violados; si esto ocurriera, se los protegerá. Es la convicción, la seguridad que tiene el ciudadano y ciudadana de que su situación jurídica no será, de ninguna manera cambiada más que por procedimientos establecidos previamente. Esto quiere decir estar seguros de algo y libre de cuidados...”.

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Tribunal de justicia de Luxeburgo

Tribunal de justicia de Luxeburgo

A raíz de sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por los tribunales luxemburgueses, el Tribunal de Justicia declaró que una normativa nacional que tiene como resultado la denegación a un asegurado del reembolso de los gastos de un tratamiento dental por haber sido dispensado en otro Estado miembro, constituye un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios (sentencia Kohll, 1998) y que la negativa a reembolsar los gastos derivados de la compra de gafas en el extranjero supone un obstáculo injustificado a la libre circulación de mercancías (sentencia Decker, 1998).

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Aplicación del principio constitucional de gratuidad de la justicia en el divorcio por mutuo consentimiento cuando no hay hijos dependientes

Aplicación del principio constitucional de gratuidad de la justicia en el divorcio por mutuo consentimiento cuando no hay hijos dependientes

Al analizar los resultados obtenidos de las observación directa, encuestas y entrevistas del investigador realizadas en el cantón Ibarra se logró verificar que la mayoría de los ciudadanos desconocen sobre el principio constitucional de gratuidad de la justicia y que al tramitar un divorcio por mutuo consentimiento cuando no hay hijos dependientes en una notaría en su totalidad consideran que los valores notariales son demasiado altos, de igual manera desconocen sobre el trámite del divorcio por mutuo consentimiento y por último la gran mayoría considera que se debe facultar a los Jueces resolver divorcios por mutuo consentimiento cuando no hay hijos dependientes estableciendo que el COGEP limita este tipo de trámites a través de la vía judicial. Por lo que es necesario complementar las facultades otorgadas a los Jueces, mediante la elaboración de un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico General de Procesos, para que el Juez sea quien resuelva divorcios por mutuo consentimiento cuando no hay hijos dependientes y que garantice la gratuidad de la justicia constitucional.

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Alcance constitucional del principio de reparación y sus implicaciones en la justicia restaurativa

Alcance constitucional del principio de reparación y sus implicaciones en la justicia restaurativa

Son fines esenciales del Estado garantizar los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de todas las personas, así como el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo. En esa medida la Corte considera que las labores de investigación, de acusación, y de juzgamiento, deben contribuir a otorgar efectiva vigencia a los derechos fundamentales y a la dignidad de la persona, por ello el proceso penal no agota el conjunto de sus objetivos en la sola satisfacción de un propósito de eficacia, sino que está avocado a cumplir la doble misión de dotar al poder estatal de medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia, garantizando, a la vez, el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. (Sentencia C-775, 2003, p. 21) La protección a las víctimas o perjudicados de delitos, es una fuerte exigencia del derecho Internacional que ha sido paulatinamente adoptada por nuestro derecho interno en varios campos, llegándose a reconocer la importancia de reparar el daño con independencia de la existencia del delito. Es así, como en varios casos se ha impuesto la obligación de indemnizar a las víctimas desde el escenario de la responsabilidad civil, a sabiendas del fallo penal

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Las causales legales para aplicar el principio de oportunidad en la administración de justicia ecuatoriana

Las causales legales para aplicar el principio de oportunidad en la administración de justicia ecuatoriana

del principio de mínima intervención penal, en los que se analiza los antecedentes del procesado y la repercusión del delito en el medio social, llegándose a imponer sanciones menores de las cuales inclusive se podía obtener la suspensión de la condena y también en base a la aplicación de procesos de menor duración como el expedito, con los que el procesado sabe a ciencia cierta el momento desde el cual comienza a decurrir la pena, y de dicha forma puede acogerse a los beneficios de instituciones como los regímenes de rehabilitación previstos en el Código Orgánico Integral Penal y hacer efectiva la consecución de su libertad una vez cumplida la pena. Es decir la privación de libertad es una medida extrema y nuestro ordenamiento legal solamente la permite en casos excepcionales ya sea para garantizar la inmediación del procesado a la causa, esto es su comparecencia al proceso tomando en cuenta que incluso salvo excepciones especificas en la etapa de juicio debe estar presente el procesado o ya también para garantizar el cumplimiento de la sanción impuesta al concluir al proceso penal.

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El principio Ne Bis In Ídem en la justicia militar policial

El principio Ne Bis In Ídem en la justicia militar policial

24 «Continuando podemos observar que desde el 24 de octubre de 1996 las reformas de la ley N°26677 se incorpora en el modelo procesal penal militar un proceso sumario y de todas estas reformas internas en la justicia militar, que estuvieron adjuntas a una finalidad expansionista de estos tribunales militares que también se adjudicaron la competencia respecto de juzgamiento de delitos cometidos por civiles que no tenía ninguna relación con los bienes jurídicos resguardados por la justicia del fuero común, conociendo casos de terrorismo y otras conductas relacionadas con el crimen organizado de sujetos ajenos al ámbito militar policial». (Policial, El Jurista del Fuero Militar Policial, 2013) (MÜller Solon, 2009).

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La caución en el juicio y el principio de gratitud de la justicia

La caución en el juicio y el principio de gratitud de la justicia

gratuidad debe expresarse en todo tipo de procesos, procedimientos, jurisdicciones e instancias. No se puede exigir un pago por brindar el derecho a acceder a la Justicia. La naturaleza de los derechos que la Constitución de la República garantiza hace que los principios procesales que le rigen y que contempla la ley sean cumplidos para evitar que el carácter punitivo del estado llegue con todo su poder a personas que por su condición económica no puedan contrarrestarlo, es por eso que el Neoconstitucionalismo adoptado mecanismos para evitar este abuso de poder, por ejemplo, proceso de gratuidad procesal. Si se vulnera el derecho al acceso gratuito a la justicia por ende se estaría vulnerando el derecho a la defensa de las personas que Constitucionalmente se establece que nadie puede ser privado al derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento aclarando que nos referimos a todos los procesos judiciales incluyendo procedimientos administrativos, en los que se discuten derechos y obligaciones desde la etapa pre procesal hasta la etapa de impugnación, lo que se desprende que toda persona tiene derecho a la defensa y a ser asistido por un abogado para su defensa técnica. De esta manera la Constitución busca recuperar la plena fe en la justicia garantizándola en mejor forma a la sociedad, la protección de los derechos garantizados en la Constitución de la República en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos dentro de la cual se garantiza el respeto por la libertad individual, por la dignidad humana, además garantizando el derecho a la defensa judicial se estaría garantizando otros principios fundamentales dentro del debido proceso como son; el de la Contradicción como es presentar toda persona, de forma escrita o verbal las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar o contradecir los argumentos de la otra parte, presentar pruebas y contradecir las que se presentan en su contra, la sustanciación de los procesos en todas las materias e instancias, etapas y diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de contradicción concentración y dispositivo como lo establece la Constitución.

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La disolución de la sociedad conyugal por mutuo consentimiento y el principio de gratitud de la justicia

La disolución de la sociedad conyugal por mutuo consentimiento y el principio de gratitud de la justicia

El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 12 estipula “Principio de gratuidad. - El acceso a la administración de justicia es gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna. Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de la parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, maliciosa o temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en que hubiere incurrido por esta causa. Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole administrativa que preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales”. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2015)

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El matrimonio ancestral y el principio de legalidad ante un estado constitucional de derecho y justicia

El matrimonio ancestral y el principio de legalidad ante un estado constitucional de derecho y justicia

los siguientes: a) la existencia de una Constitución no modificable por medio de la Ley; b) el carácter normativo y la fuerza vinculante de toda la Constitución; c) el control judicial de la constitucionalidad, a través de la existencia de garantías jurisdiccionales que permiten vigilar la conformidad de las normas infraconstitucionales respecto de la Constitución; d) la directa aplicación de la Constitución para resolver todos los conflictos jurídicos que se presentan en la sociedad; y, e) la facultad de interpretar todo el ordenamiento, a la luz de la Constitución, a través de un órgano especializado del poder público denominado Tribunal o Corte Constitucional 20 , al respecto Rafael Oyarte señala: “A despecho de lo que se pretende indicar en ese fallo, ninguno de esos elementos es novedoso y deben encontrarse presentes en cualquier Estado de Derecho. Una cosa es las transformaciones que ha tenido el Estado de Derecho y otra muy distinta, es creer que esta denominación corresponde al Estado Legal de Derecho Decimonónico 21 , la globalización permite conocer las normas fundamentales que rigen un país, ante esto los Estados insertan normas pro-derechos, el Ecuador no es la excepción, la justicia social contempla aspectos sociales, económicos, culturales, legales y para eso circunscriben normas e instituciones garantistas que permite convivir bajo principios de igualdad y dignidad, por lo tanto personas y comunidades que por su etnia, creencia, elección de género, cultura, tradición, lugar geográfico de convivencia y otras han sido olvidados y hasta marginadas, tengan los instrumentos jurídicos para que demanden el incumplimiento de derechos expresamente y tácitamente establecidos en nuestro Código Político (Constitución del 2008). El neoconstitucionalismo o constitucionalismo del siglo XXI, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, es entonces que nuevos derechos y garantías se van generando e incluyendo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en conclusión la norma jurídica constitucional infra y supra existe y está en vigencia, las instituciones estatales encargadas de hacer cumplir esas reglas también existen, la contraparte corresponde a los funcionarios y ciudadanos en general.

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Decriminalization of abortion in Chile. A question of social justice

Decriminalization of abortion in Chile. A question of social justice

Con todos estos argumentos, en ningún momen- to se está promoviendo ni estimulando la reali- zación de abortos; por el contrario, el panorama ideal sería aquel en que ninguna mujer tuviese que experimentar aquello. Los participantes de la conferencia del Cairo están de acuerdo en que “no se debería promover el aborto como un método regular de planificación familiar, la prevención de embarazos no deseados debiera tener siempre una alta prioridad”(16). Es necesaria una integración de las distintas esferas de la vida reproductiva, desde educación sexual, planificación familiar y acceso al aborto seguro, todas ellas condiciones básicas de un sistema de salud equitativo y jus- to. Por esto, lo único que persigue la despenali- zación de esta conducta es reconocer la libertad de la mujer en el manejo de su vida reproductiva, cuyo control no puede estar condicionado por el nivel socioeconómico, ni por el sistema moral de terceras personas. Pero para llegar a esto ha de ser necesario, como dice Chávez, el diálogo abierto, el cual “es el único modo de enfrentar la pregun- ta en el marco del principio absoluto del respeto hacia todas las personas en torno a decisiones que les afecten. Aunque no pueda obtenerse un marco de consenso respecto a lo que sea bueno, al menos podría acordarse lo que sea justo para todos”(12).

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El pensamiento político de Juan Vallet de Goytisolo. Principios y premisas

El pensamiento político de Juan Vallet de Goytisolo. Principios y premisas

Mas de aquí no se deduce la autonomía del orden jurídico sino que, volviendo al comienzo de la idea de Vallet, debe decirse que el derecho no es esclavo de la moral pues en él juega una pauta de bien común y no de bien individual, esto es, el derecho sirve al bien de la comunidad política. Y la directiva proviene del mismo derecho natural pues esto contiene preceptos de naturaleza social, que ordenan virtudes comprendidas en la justicia general y ordenadas al bien común. El bien común, ley fundamental de la comunidad política, dispone a su concreción a través

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Eficacia o ineficacia del principio de oportunidad en nuestra justicia penal

Eficacia o ineficacia del principio de oportunidad en nuestra justicia penal

Al comentar la Legislación alemana sobre el particular, la Ordenanza Procesal Penal alemana contempla el principio de oportunidad en los arts. 153 y 55 señala que conforme a estos dispositivos, los asuntos de bagatela no caben en el principio de legalidad. Es más, el principio de legalidad no se entendería hoy absolutamente, pues la Fiscalía no está obligada a perseguir cualquier infracción del Derecho Penal, dado que por razones de prevención general y especial, ligadas a la necesidad y conveniencia del castigo en el caso concreto, han aconsejado una disminución de la intensidad formal que el principio significa. En ese entender, la disposición más importante, al respecto, la contiene el art. 153 (introducido en 1924 por la reforma Emminger) antes mencionado; éste artículo no admite la persecución de los delitos si la culpabilidad del autor es leve y no existe un interés público en la persecución, únicamente, por cierto con el consentimiento del Tribunal.

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