principio(s) de buena administración

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TítuloEl derecho a la buena administarción en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

TítuloEl derecho a la buena administarción en las relaciones entre ciudadanos y administración pública

En este sentido, el Tribunal Supremo del Reino de España, en una sentencia de 3 de diciembre de 2009, se pronuncia acerca de la razonabilidad del plazo. En concreto, se plantea si los intereses de demora son exigibles por un plazo de tiempo cuando la Administración estuvo paralizada más allá de lo razonable. En concreto, esta cuestión el Tribunal Supremo la conecta, como es lógico, con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y señala que tal exigencia de intereses por demora es improcedente cuando el retraso haya sido causado por la propia Administración. En el mismo sentido, otra sentencia del Tribunal Supremo español, en este caso de 28 de junio de 2010, entiende que “razones e justicia material nos llevan a considerar inexigibles los intereses de demora en los casos en los que el Tribunal Administrativo no haya resuelto el recurso interpuesto en el plazo legalmente establecido. Hay que procurar una interpretación del ordenamiento jurídico tributario que tenga en cuenta el sentido finalista y marcadamente evolutivo del régimen fiscal (sentencia del Tribunal Constitucional 137/2003). No es dable olvidar el principio constitucional de eficacia administrativa, que se inspira en la indispensable diligencia que debe presidir en la gestión de los intereses generales en su justo equilibrio con los derechos constitucionales de los administrados. El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza el 10 de diciembre de 2000, desarrolla el derecho de los ciudadanos a tener una buena Administración que trate sus asuntos de forma imparcial, equitativa y dentro de un plazo razonable. La eficacia interpretativa del citado precepto está fuera de toda duda (ex artículo 10.2 de la Constitución)”.
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La proyección del Derecho a una buena administración en el Derecho europeo de contratos públicos : hacia la “buena contratación”

La proyección del Derecho a una buena administración en el Derecho europeo de contratos públicos : hacia la “buena contratación”

Pese a este pronunciamiento y la fundamental trascendencia que tiene para el asentamiento definitivo del principio de transparencia y, por ende, para la consagración del Derecho a una Buena Administración en el ámbito de la contratación pública comunitaria, la utilización de medios informáticos y telemáticos, en algunos casos facilitar el acceso a la información no es el único requisito necesario para informar. Entendemos que contribuiría decididamente a consagrar el principio de transparencia y el acceso de los ciudadanos y de los distintos actores económicos a la información el impulso a la simplificación de la información publicada en internet en un lenguaje sencillo y accesible para los ciudadanos. Sin que todas aquellas personas que puedan tener un interés directo o remoto en la gestión pública no puedan convertirse en fiscalizadores de la actuación de la Administración, no se habrá conseguido asentar de forma absoluta el principio de transparencia en el ámbito de la gestión pública.
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El deber de protección de la buena fe en las actuaciones precontractuales de la administración pública

El deber de protección de la buena fe en las actuaciones precontractuales de la administración pública

Una primera, que hace referencia al deber ser de las autoridades administrativas, de obrar con lealtad y sinceridad, y ajustadas a una conciencia recta, en la realización de todas y cada una de las actuaciones de la administración; actuación que encuentra su justa contrapartida en la obligación de los particulares de ajustar su comportamiento frente a la administración en los mismos términos. La obligación de la administración de aplicar en forma estricta el principio de la buena fe en los eventos de convocatorias públicas, concursos de méritos para llenar vacantes de carrera administrativa, y en general en los procedimientos de selección de personal, principio que se traduce en el hecho concreto de respetar el orden fijado en la lista de elegibles, así como cumplir los procedimientos de selección a través de exámenes y procesos de calificación públicos y transparentes.
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TítuloDerecho al secreto de las comunicaciones telefónicas: un reto para la buena administración

TítuloDerecho al secreto de las comunicaciones telefónicas: un reto para la buena administración

Sabemos que el Derecho Administrativo como parte del ordenamiento jurídico, que regula la Administración Pública, su organización y sus servicios, así como sus relaciones con los ciudadanos, debe encargarse de la satisfacción del interés general, esto es, del interés de la colectividad; compatibilizando interés general con interés particular, bajo garantía de los derechos individuales . Pero parece que de un tiempo a esta parte lo que se legisla muchas veces no está dirigido al bien común, produciéndose en la práctica lo que el mismo RODRÍGUEZ- ARANA denomina crisis de la generalidad de las normas, pues “la ley, como expresión de la voluntad general, es hoy un principio excepcionado por la realidad de la promulgación de no pocas normas aprobadas para resolver problemas concretos. Desafortunadamente, hoy las leyes, en términos generales, no pretenden conformar abstractamente y a largo plazo la sociedad de acuerdo con la justicia, la libertad o la igualdad.” 15
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TítuloEl paradigma de la buena administración

TítuloEl paradigma de la buena administración

ese sentido, responde a la exigencia constitucional de servir los intereses generales con “objetividad”, además de poder ser controlada la actuación por el sometimiento de esta a los fines que la justifican. Pero también se le exige que actúe de acuerdo con el principio de eficacia (artículo 103,1 de la CE). De una manera general se habla también de criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público (artículo 31 de la CE). Criterios, que al estar previstos constitucionalmente tienen naturaleza normativa. Inciden en la actuación de la Administración, no solo en la susceptible de control judicial, sino también, por ejemplo y muy significativamente, en los procedimientos utilizados. La actuación puede adecuarse a ellos con toda corrección y, no obstante, puede quedar una razonable insatisfacción de que no se realice una “buena administración”. Es el procedimiento seguido el causante de una ineficiencia.
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La evaluación en perspectiva crítica análisis de un contexto de formación

La evaluación en perspectiva crítica análisis de un contexto de formación

¿Qué estrategias evaluativo empleo? Pues creo que anteriormente lo nombré, las listas de chequeo, los portafolios, las rúbricas, tenemos por ejemplo en el caso de los papás también hacemos como que el papá se meta en esa partecita, ¿sí? Por ejemplo acá los criterios, adelante también los explique, no sé, los criterios están atados a lo que me está planteando primero la acción que los estudiantes y yo como maestra debo hacer, ¿sí? Entonces los criterios, habrán unos criterios que son estáticos o permanentes durante todo el curso, pero hay otros que se van moviendo según la exigencia de la tarea, ¿sí? Y además pienso yo que se van complejizando, sí, yo uso la autoevaluación y la coevaluación pero vuelvo e insisto, todavía en ese sentido nos hace mucha falta avanzar en esto, por ejemplo, los niños pequeños, cómo planteo yo una autoevaluación, si estamos haciendo alguna actividad a lo que yo invito es a que cada niño cuente que fue lo que hizo y cuando lo cuenta, o sea, vamos diciendo, vamos recordando esa instrucción o ese criterio, vamos a recordar qué era lo que teníamos que hacer, entonces el niño empieza a decir ahora vamos a mirar nuestro trabajo y vamos a tratar de mirar como hice yo el mío, qué puedes decir del tuyo, los niños dicen “ay profe a mí me faltó tal cosa”, “profe yo me salí un poquito”, “profe yo recorté mal” entonces no s é pero yo pienso que esa es una forma pequeñita, no puedo decir que es una auto reflexión, pero si es un ejercicio de reflexión, es decir, de mirarme yo mismo frente a un desempeño o una actividad que hacer, si? Entonces yo pienso que a mí me parece que si ese ejercicio se hiciera con los niños, los niños se formarían una reflexión crítica sobre su propio desempeño y así podrían hacer una coevaluación, porque si soy capaz de mirarme a mí mismo tratando de ser objetivo, pues también puedo mirar el desempeño de otros, ¿sí? Pues no sé si lo estaré haciendo mal o bien pero pues eso es lo que yo hago con los niños.
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Eficacia del derecho de petición y su relación con el principio de oportunidad y buena fé

Eficacia del derecho de petición y su relación con el principio de oportunidad y buena fé

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la población en relación a la siguiente pregunta: ¿Se brinda una oportuna, ágil y eficaz respuesta a los derechos de petición impetrados por particulares en el ordenamiento jurídico colombiano? La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes dos variables: 1) El contenido y alcance del principio de eficacia del derecho fundamental de petición y, 2) la conexión del principio de eficacia con otros principios que regulan el derecho fundamental de petición frente a particulares.
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Las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos en el ordenamiento jurídico español

Las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos en el ordenamiento jurídico español

(65) «El carácter restringido con que aparece definido el supuesto de hecho de la norma, que sólo será de aplicación cuando se trate de bajas provocadas por incapacidad temporal que puedan afectar a personas pertenecientes a este colectivo, parece responder a una concepción que nos parece criticable por peligrosa, y es el hecho de que puede estar dando por válida la creencia de que una persona por el simple hecho de sufrir algún tipo de discapacidad, puede verse afectada por situaciones de baja temporal con mayor frecuencia que otra que no presente este cuadro, con lo cual, lejos de conseguir aquel fin loable que estamos seguros que se propone el legislador, puede suponer el reconocimiento legal de este tipo de prejuicios que precisamente son los que impiden a este colectivo gozar de mayores oportunidades en el acceso al empleo. Para evitarlo debería a nuestro juicio, haberse formula- do la norma con un carácter mucho más general, abriendo la posibilidad de que la baja temporal de cualquier sujeto, discapacitado o no, pudiera dar lugar a contrataciones de interinidad bonificadas a favor de discapacitados», M OLINA N AVARRETE , C.; C UEVAS G ALLEGOS , J.; D E LA C ASA Q UESADA , S. y
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