Procedimiento concursal

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Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

PRIMERO: Que constituye una garantía del servicio de justicia la tutela jurisdiccional efectiva conforme lo establece el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, principio que incluye el derecho de acceder a la justicia y a un debido proceso; SEGUNDO: Que, según escrito de folios 176 a 177, el abogado de la coejecutada María del Pilar Graos, comunicando que con fecha 07 de mayo de 2012, la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales del INDECOPI, ha dispuesto la disolución y liquidación de las persona jurídica ejecutada Inter Quality Food SAC en el Expediente 66-2012/CCO -INDECOPI- 03-01, quiénes han comunicado a los acreedores, entre los que se encuentra el demandante para que se apersonen y presenten sus solicitudes de reconocimientos de créditos dentro de los plazos establecidos en la Ley Concursal; en consecuencia, se suspenda la ejecución por imperativo legal, debiendo el demandante apersonarse al procedimiento concursal a efecto de solicitar el reconocimiento de su crédito. TERCERO: Conforme aparece de la copia legalizada de folios 175, consistente en la Resolución N° 2189-2012/CCO-INDECOPI, por la cual se dispone la publicación de la disolución y liquidación de Inter Quality Food SAC en el aviso semanal que efectúa la Comisión en el Diario Oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley General del Sistema Concursal; y requiere a Inter Quality Food SAC para que en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a la fecha de la publicación del aviso al que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal.
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Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

Viabilidad del uso del procedimiento concursal preventivo desde un punto de vista societario económico

C) Los acreedores no tienen la capacidad técnica y probabilística de discernir entre la crisis temporal y la crisis definitiva por la que, buscan únicamente canibalizar el patrimonio del deudor, es decir cobrar sus acreencias no importándoles si la empresa es viable o no. Hay acreedores que simplemente buscan cobrar sus deudas a toda cosa, sin embargo no establecen la probabilidad de futuras inversiones, alianzas o grupos económicos que pudiesen forma con la eventual empresa en crisis o hasta verlas como una inversión a futuro ya que hay un fortalecimiento de lazos en el momento en que una empresa se encuentra al borde de la crisis y viene otra y le ofrece ayuda que la alejen del borde y a la vez la estabilicen y complementen de forma económica, cosa que puede traducirse mas allá de las facilidades que puedan mostrarse en el acuerdo global de refinanciación. Debemos tener en cuenta esto ya que el hecho de no concurrir el deudor a un procedimiento concursal preventivo ha traído como consecuencia, que muchas empresas viables económicamente, su patrimonio sea canibalizado de manera individual por sus acreedores y esto a su vez significa la salida del mercado como persona jurídica, dejando sin trabajo a muchas personas, perjudicando su estatus social y proyecto de vida, lo cual es viable para aquellas empresas que solo se han constituido como medio para otros fines y rescatar a aquellas empresas que busquen alcanzar un horizonte comercial prospero. (Vásquez Rojas)
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Adjudicación preferente como medio de protección del derecho a la vivienda en la sustitución legal de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge en el Perú

Adjudicación preferente como medio de protección del derecho a la vivienda en la sustitución legal de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge en el Perú

La presente investigación tuvo por finalidad analizar los fundamentos jurídicos que permitirían que la adjudicación preferente pueda constituirse como un medio de protección del derecho a la vivienda ante la sustitución de pleno derecho de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge en el sistema jurídico peruano, para lo cual se desarrolló un estudio de tipo cualitativo, transversal, descriptivo – explicativo, empleándose el diseño no experimental, y como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección de datos las fichas y fichas de análisis de contenido. Entre los métodos empleados tenemos al exegético, hermenéutico, comparado, argumentación jurídica. La investigación a develado el carácter de derecho fundamental de la vivienda a través de la teoría la reconstrucción de los derechos sociales, así como de los tratados suscritos y ratificados en por nuestro Estado y las normas constitucionales lo cual se ve reflejado en la jurisprudencia, así mismo la naturaleza jurídica de patrimonio autónomo de la sociedad de gananciales. La investigación ha demostrado que el derecho a la vivienda y el principio de interés familiar pueden servir de fundamento para la adjudicación de la vivienda ante el fenecimiento de la sociedad de gananciales por procedimiento concursal de un cónyuge.
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El procedimiento concursal: la fase de calificación del concurso de Proinserga S A

El procedimiento concursal: la fase de calificación del concurso de Proinserga S A

Ante esta reapertura, pueden darse dos casos que pueden llevar a una doble calificación de culpabilidad, que inducen a bastantes dudas de carácter procesal y sustantivo, debido en parte al silencio legislativo que tiene lugar al respecto. En este caso, la Ley ordena la formación de una pieza separada (en caso de que no se haya dictado resolución de cierre de fase de calificación). Ante esto, no se sabe si los acreedores por los nuevos compromisos podrán personarse como parte interesada legítima y manifestar las alegaciones que crean convenientes. Ni quedan definidas las consecuencias que tendría una segunda declaración de culpabilidad. Hay que tener en cuenta también que las personas afectadas por la calificación o sus cómplices no tienen por qué ser los mismos en ambos casos, ya que se trata de estudiar de nuevo la responsabilidad del deudor no solo en los hechos de la primera calificación sino de los que se han venido aconteciendo en el desarrollo del procedimiento; entran en juego hechos distintos aquellos y fuera del límite temporal de los primeros. En este punto se puede declarar cómo persona afectada por la calificación o cómplice al administrador concursal, que es quién ejerce acciones de supervisión y administración sobre el deudor durante la vigencia del convenio.
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Las sucesivas reformas de la legislación concursal

Las sucesivas reformas de la legislación concursal

También las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público (general y sectorial) y la interrelación con las formas de terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, provocan que se cree un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública, cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de los contratos administrativos (general y especifica) como en la Ley Concursal, a través de una nueva disposición adicional segunda la cual recoge las especialidades concursales en la materia.
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La evolución del sistema concursal peruano y su (probada) tendencia liberal

La evolución del sistema concursal peruano y su (probada) tendencia liberal

Es además, el primer intento concreto de desjudicializar el procedimiento concursal y someterlo a la dirección de una entidad administrativa (Indecopi), aunque no deslindaba del todo la participación del Juez, (Especializado en lo Civil), quien debía conocer el acuerdo relativo a la continuación de la actividad de la empresa aprobado por la Junta de Acreedores. Sin embargo, la participación del Juez se limitaba a notificar a los jueces, árbitros o ejecutores coactivos que conocieran procesos judiciales o administrativos seguidos contra la empresa para que ordenen el inmediato levantamiento de los embargos y de las demás medidas cautelares trabadas sobre los bienes de la misma o se abstuvieran de dictar medidas de esta naturaleza. Asimismo, participaba emitiendo el auto de declaración de quiebra de la empresa, si esto era decidido por la Junta de Acreedores. La declaratoria de insolvencia ante la Comisión de Salida del Mercado podían solicitarla uno o varios acreedores impagos cuyos créditos superen en total el equivalente a Cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (Art. 2°). El deudor podía solicitar su declaratoria de insolvencia ante la Comisión, siempre que acreditara tener pérdidas que redujesen su patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte.
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El concurso del consumidor

El concurso del consumidor

En este marco, el tratamiento de la insolvencia del consumidor podría articularse en dos fases. Una preconcursal y otra propiamente concursal. Para acceder a esta ultima, el deudor debe procurar previamente alcan- zar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. El fracaso del acuerdo abriría las puertas al procedimiento concursal que podría limitarse a la aprobación de un plan de pagos y, en su caso, a imponer un plan de pa- gos forzoso que permita la recuperación patrimonial del concursado. En definitiva, un procedimiento parcialmente desjudicializado. No obstante, en este punto resulta recomendable detenerse a valorar las tendencias de reforma en el Derecho comparado, que comparten la finalidad de redu- cir la duración del procedimiento, fundamentalmente reduciendo plazos y aumentando las competencias de la comisión de sobreendeudamiento en el caso francés y unificando el acuerdo extrajudicial y el judicial en el alemán. El hecho de que en este tipo de concursos sea habitual la ausen- cia o insuficiencia de masa –con el consiguiente problema que se plan- tea respecto de los costes del procedimiento– aconseja replantearse si el procedimiento de insolvencia del consumidor ha de articularse necesaria- mente en dos fases separadas, o si debe limitarse la intervención judicial a imponer a los acreedores disconformes un acuerdo o plan de pagos. En caso contrario, se corre el riesgo de que la fase preconcursal se convierta en un mero trámite que sólo alargue infructuosamente el procedimiento,
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El Capítulo IV del Título I sobre Patrimonio Sujeto a los Procedimientos Concursales cuenta con dos artículos importantes, el de Suspensión de la Exigibilidad de las Obligaciones y el de Marco de Protección Legal del Patrimonio, que constituyen los dos efectos de la publicidad del procedimiento concursal, ambos analizados por Daniel Schmerler Vainstein, ex Secretario Técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales y actualmente miembro de Comisión de una de ellas. Schmerler repara en el hecho de que el legislador haya considerado como excepción a la suspensión de exigibilidad de las obligaciones el hecho que un acreedor, con anterioridad a la difusión del concurso, haya tenido la diligencia de diversificar el riesgo de su crédito consiguiendo a un tercero que constituya a su favor una garantía real, mas no extiende la excepción a otros gravámenes como medidas cautelares que recaen sobre bienes de terceros. En cuanto al marco de protección legal del patrimonio del deudor, se destaca la imposibilidad de ejecutar el patrimonio del deudor para evitar acciones ejecutivas individuales por parte de los acreedores.
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La administración concursal:  facultades y responsabilidades

La administración concursal: facultades y responsabilidades

No quería dejar sin comentar un punto que me parece bastante importante como es el de la profesionalización de la Administración Concursal. Es necesario que entre en vigor la ley 17/2014 donde exige requisitos más estrictos para poder ser Administrador Concursal. La necesidad de este precepto radica en la necesidad de disminuir la cantidad de Administradores Concursales que hay actualmente, dicha cantidad es consecuencia de las débiles aptitudes que se exigían y se exigen ahora para el cargo de Administrador. Todo ello da lugar a que muchos de los actuales Administradores no estén preparados para gestionar el proceso concursal porque no cuentan con conocimientos suficientes que hagan posible una gestión adecuada de aquél. En este sentido, cuanto más se endurezcan las formas de acceso mucho más nivel tendrán los Administradores y eso dará lugar a una fórmula que consista en que cuanto mejor sea el gestor más probabilidad habrá de que la empresa vuelva a circular en el tráfico económico y no se liquide como actualmente pasa en la mayoría de los Concurso de Acreedores que se celebran en nuestro país.
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Los diseños de la administración concursal

Los diseños de la administración concursal

los concursos, el modelo predicado no puede aspirar a ser plenamente profesionalizado, pues se parte de la base de que algunos administradores estarán solo cualificados para gestionar adecuadamente los concursos más pequeños, y no así para los más grandes y, es por ello, que nos limitamos a extraer del tenor literal de la Ley cierta orientación hacia una mayor profesionalización, pero, en ningún caso, hacia una profesionalización total y efectiva, al menos, en el sentido abstracto que se le ha dado en el presente trabajo. En este sentido, ALONSO LEDESMA (“Algunas reflexiones sobre la proyectada reforma de la administración concursal”, op. cit. págs. 7 s.e) partiendo de la base de que todos cuantos se inscriban en el registro estarán habilitados y, por tanto, capacitados, considero la previsión de requisitos adicionales “no solo discriminatorio, sino absurdo, salvo que se pensase que tales requisitos adicionales más que tratarse de unos nuevos o distintos a los generales, supusieran dotar de mayor intensidad cuantitativa o cualitativa a algunos de ellos, en especial al de experiencia o ámbito de la misma que cupiera exigir”, siendo esta, como se verá, la línea seguida por el Proyecto reglamentario. Sin embargo, desde nuestro humilde parecer, si se atiende en exclusiva a la Ley—dejando a un lado el Proyecto reglamentario—las consideraciones de esta autora no son del todo asumibles, entendiendo que la pretensión de la Ley no tiene por qué ser la búsqueda de una profesionalización estricta—en cuyo caso no habría nada que objetar—sino, simplemente, la mera búsqueda de un mayor nivel de profesionalización sin que este llegue a ser pleno y, desde este enfoque no solo sí que tendría sentido la ampliación de exigencias según el caso, sino que además sería oportuna y en ningún caso discriminatoria. Dicho lo cual, conviene volver a insistir, en que los fundamentos esgrimidos por la referida autora son totalmente fundados para un modelo teórico abstracto de profesionalización efectiva y es cierto que el modelo previsto en el Proyecto reglamentario—no así el de la Ley en que directamente no hay modelo previsto—se aproxima bastante.
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Régimen concursal uruguayo

Régimen concursal uruguayo

La ley no regula el trámite para reconocer la sentencia. Sólo admite en su artículo 244 (lo que no hubiera sido necesario, ya que surge de los prin- cipios generales) la posibilidad de obtener medidas cautelares sobre bienes localizados en Uruguay mientras se tramita el reconocimiento. El órgano competente y procedimiento para el reconocimiento (según la regulación general del CGP), dependerá del efecto de la sentencia invocado. Si ésta se pretendiera hacer valer para abrir el concurso en Uruguay (porque la declaración de concurso en el extranjero es una presunción absoluta de insolvencia) se presentará ante el Juez competente territorialmente, quién controlará si se cumplen los requisitos para reconocerla, sin necesidad de exequátur ante la Suprema Corte u otro trámite previo. 150
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				La acción concursal de responsabilidad en el derecho argentino

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Por nuestra parte consideramos que es abso- lutamente inconveniente la solución dada al problema por el legislador, pues limita la posi- bilidad de interponer la acción concursal de res- ponsabilidad a los casos de actuación dolosa. Por un lado por las enormes dificultades que conlleva la prueba del dolo y, por otro lado, porque esa limitación tiene un efecto no que- rido: termina neutralizando la utilización de esta acción y tornándola prácticamente inútil, puesto que es muy difícil que alguien se arries- gue a interponerla si puede, sin necesidad de de demostrar el dolo, llegar al mismo resultado mediante una acción societaria que solo exige la prueba de la actuación culposa.
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Régimen Jurídico de la Administración Concursal

Régimen Jurídico de la Administración Concursal

De esta forma, es necesario aclarar que la extensión del régimen de responsabilidad concursal al representante no excluye a la de la propia persona jurídica, puesto que es esta quien ostenta el cargo de AC. Dada esa responsabilidad compartida su aplicación se debe traducir en una responsabilidad solidaria frente a las posibles indemnizaciones. Responsabilidad solidaria respaldada en la definición de la indemnización como deuda social derivada de un acto profesional, tal y como determina la propia ley de sociedades. Una vez aplicada esa responsabilidad solidaria, se abre la posibilidad de determinar las circunstancias concretas que enmarcan la relación interna entre las partes para distribuir de forma adecuada la indemnización impuesta. Para ello, será de aplicación subsidiaria la legislación propia de la sociedad jurídica.
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El estatuto jurídico del administrador concursal

El estatuto jurídico del administrador concursal

Por un lado, el mismo art. 27.2. 3º, integra una nueva categoría de concursos (ordinarios de especial transcendencia) en la que se recupera de carácter obligatorio la presencia de un segundo miembro, acreedor titular de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado de los que figuren entre el primer tercio de mayor importe. También la ley contempla la posibilidad que el nombramiento de la segunda persona pueda ser asignada al representante legal de los trabajadores en el caso de que estos dispongan de uno, siempre y cuando el conjunto de las deudas con los trabajadores se sitúe en el primer tercio de las de más cuantía, debiendo en todo caso designarse a tal efecto un profesional con cualquiera de las cualificaciones exigidas, sometido al mismo estatuto jurídico que el otro miembro de la administración concursal, a mayores cabe destacar que el acreedor nombrado también puede ser una entidad de la Administración Pública o una entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de ella, que habrá de designar también un profesional que podrá ser en este caso cualquier empleado público con titulación universitaria adecuada, sometido a responsabilidad administrativa.
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La mediación concursal  La figura del mediador

La mediación concursal La figura del mediador

20 interactuando, como pueden ser los socios de una empresa familiar. De igual forma, reconoce la necesidad de desjudicializar conflictos que se pueden resolver a través de esta vía, empleando solamente la maquinaria judicial como un “último remedio” para resolver la controversia, logrando de esa manera descongestionar la carga de trabajo que en la actualidad poseen los tribunales de justicia. Situación que genera gastos al Estado en el mantenimiento del sistema judicial del país. Resulta interesante asimismo, como la propia norma alude a la posibilidad que tienen las partes de resolver sus controversias, exclusivamente cuando los derechos subjetivos que hayan sido vulnerados tengan carácter disponible para las partes y por tanto no contravengan al orden público. La propia norma hace un reconocimiento del carácter voluntario que posee todo el proceso desde su inicio, pudiendo las partes concluirlos en cualquier momento. Hace referencia a la flexibilidad que posee el procedimiento pues el mismo tiene como finalidad lograr que se adapte a las necesidades de cada parte.
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Aspectes bàsics de la Llei Concursal

Aspectes bàsics de la Llei Concursal

La causa que activa l’aplicació de la Llei Concursal és bàsicament la insolvència de la persona deutora. La normativa anterior distingia entre la suspensió de pagaments i la fallida, però en l’actualitat ens trobem amb una sola figura: el concurs. L’existència del concurs no es considera de forma automàtica; és a dir, s’ha de declarar de forma expressa. La declaració del concurs sempre procedirà en el supòsit d’insolvència de la persona deutora comú.

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TítuloAspectos concursales y societarios de la crisis económica de una sociedad anónima

TítuloAspectos concursales y societarios de la crisis económica de una sociedad anónima

La tramitación del expediente del acuerdo extrajudicial de pagos se inicia con la solicitud del deudor de nombramiento de un mediador concursal. En el supuesto de las entidades inscribibles esta solicitud se hará ante el registrador mercantil de su domicilio, en caso contrario, ante notario también de su domicilio. Debiendo constar en la solicitud el efectivo y activos líquidos disponibles, los bienes y derechos, los ingresos regulares previstos, la lista de acreedores con los datos correspondientes, los contratos vigentes y los gasto previstos (art. 233 LC). El nombramiento del mediador concursal ha de recaer en la persona natural o jurídica que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial publicada en el “Boletín Oficial del Estado”, debiendo reunir el mediador las condiciones que se establecen en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por lo demás, la norma realiza un reenvío, en todo lo no previsto en cuanto al mediador concursal, a lo dispuesto en materia de nombramiento de expertos independientes (art. 233 LC). Cuando el mediador concursal acepte el cargo, el Registrador mercantil o el notario, según corresponda, comunicará de oficio la apertura de las negociaciones al juzgado competente para la declaración del concurso. En un breve plazo de 10 días desde la aceptación del cargo de mediador, deberá comprobar la existencia y cuantía de los créditos y convocar una reunión antes de pasados dos meses desde la mencionada aceptación 5 .
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Efectos macroeconómicos del derecho concursal en los últimos 10 años

Efectos macroeconómicos del derecho concursal en los últimos 10 años

Tras este pequeño estudio sobre el procedimiento concursal y sus consecuencias para la economía española, sacamos muchos aspectos negativos, es decir, el hecho de que tantas empresas hayan tenido que acudir al proceso concursal en los últimos años ha causado graves efectos para la macroeconomía española, efectos como el impago de acreedores que han ocasionado nuevas insolvencias, la lentitud con la que las empresas consiguen una solución al concurso (cuando la consiguen), la falta de logros de convenios, el aumento del paro pero diminución de las prestaciones por desempleo, la disminución del consumo privado que perjudica de nuevo a otras empresas, la disminución del PIB a causa de la no producción de las empresas concursadas y paradas pero, también disminución del PIB a causa de los efectos que tiene sobre las demás empresas que la concursada no produzca (parón de sus proveedores, de sus clientes, el menor consumo de los trabajadores, etc) y la menor recaudación tributaria, perjudican a la economía española y no ayudan a vencer la crisis.
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La Operación Acordeón: Condiciones de validez según el tribunal constitucional peruano

La Operación Acordeón: Condiciones de validez según el tribunal constitucional peruano

El legislador no ha tenido en cuenta que el ejercicio del derecho de suscripción preferente no supone una decisión sencilla para el accionista. Lógicamente, no basta con conocer el monto del aumento y su porcentaje de participación, sino además, debe analizar su situación económica y contar con su certificado de suscripción preferente a fin de suscribir las acciones o transferir su derecho de forma total o parcial. Por otro lado, es difícil que en el mismo momento del acuerdo los accionistas puedan contar con su certificado de suscripción preferente y por tanto, puedan ejercer regularmente su derecho, por tanto, siempre será necesario un plazo razonable a fin cumplir con el procedimiento establecido en la LGS.
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Una segunda aproximación al tema de la oferta de servicios de gestión concursal está referida al enfoque de la concentración de los casos (expedientes) en el total de ofertantes. Desde ese ángulo, a principios del año 2010, quince (15) de las empresas o personas físicas autorizadas explicaban 569 de los 782 expedientes identificados, es decir, un 72.9% del universo. Otro dato de importancia es que a dicha fecha 81 gestores no contaban con caso alguno a su cargo; es decir, más del 60% de las entidades que mantienen su registro vigente no atienden expediente alguno. Si la evaluación se realizara en función a la ubicación geográfica de la sede central de las entidades autorizadas, podríamos afirmar que las mismas estaban mayoritariamente instaladas en la ciudad de Lima (95%) y sólo una, en Trujillo (5%) 10 .
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