Procedimiento directo

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La conciliación y el procedimiento directo

La conciliación y el procedimiento directo

accidente(procesado); el señor CARLOS PAÚL BARRENO ORTÍZ, propietario del vehículo de placas: HCC-0001; el señor CARLOS ANIBAL MEJIA NARANJO en calidad de propietario del vehículo de placas: PBY-4914; el señor JORGE MARCELO DONOSO SANTI en calidad de conductor del vehículo de placas: PBY-4914; el señor GUILLERMO RIGOBERTO NUÑEZ FREIRE en calidad de conductor y propietario del vehículo de placas: XBA-7604; la Doctora Jessika Patricia Delgado Avilés Fiscal de Tránsito; y, la Ab. Patricia Alexander Naranjo Huilca, mediadora del Centro de Mediación de la Función Judicial Puyo. ii) Los sujetos procesales solicitan que se acepte la conciliación y por ende se declare la extinción del ejercicio de la acción penal conforme lo establece el Art. 665.5 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo expuesto de oficio, de conformidad al Art. 428 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 142 del Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; e, inciso segundo del Art. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispongo que se remita el expediente debidamente organizado. Donde se luego de dicha consulta el juez penal dicte lo que en derecho corresponda sobre la constitucional de la conciliación en procedimiento directo, por lo que SUSPENDE LA TRAMITACION DE LA CAUSA.
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El procedimiento directo y su incidencia en la violación al rol investigativo de la fiscalía

El procedimiento directo y su incidencia en la violación al rol investigativo de la fiscalía

núcleo familiar. El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el artículo 529 COIP cuando dice: “En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente”; luego de que haya calificado la flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 10 días (contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia. (Blum Carcelén, 2015)
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El procedimiento directo y los derechos del procesado a la legalización Ecuatorina

El procedimiento directo y los derechos del procesado a la legalización Ecuatorina

En la aplicación del Procedimiento Directo a los procesos flagrantes en que cabe dicho procedimiento especial, se debe realizar una investigación exhaustiva a fin de que se Fiscalía cuente con todos los elementos de convicción tanto de cargo o de descargo, con la correcta aplicación de la Norma Penal, específicamente en el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, mejorando y dando cumplimiento al principio de concentración y objetividad. Los Fiscales no hacen una correcta aplicación de la norma penal, ya que, al dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, prefieren hacer un mal uso de la ley, ya que en esos casos deben dejar la causa en investigación para que se tramite por la vía ordinaria. En vista de que no se cumple con el procedimiento pertinente se recomienda a la Asamblea Nacional reformar el Art. 77 numeral 1 en el que se otorgue un plazo oportuno para que Fiscalía pueda contar con elementos de convicción suficientes y pueda cumplir con las reglas en las que se sustancia el procedimiento directo, y no se use de manera arbitraria la prisión preventiva.
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El procedimiento directo y la vulneración en el derecho a la defensa

El procedimiento directo y la vulneración en el derecho a la defensa

que se ha violentado el debido proceso en todas sus esferas, el derecho a la defensa, es decir ya sea el defensor privado o público se han hallado mermados en poder anunciar y evacuar ante el juez las diferentes pruebas y mucho menos poder haber podido probar su teoría del caso, es decir con la aplicación del Procedimiento Directo, el juzgador en una gran cantidad de casos cuando ha dictado las sentencias condenatorias no ha observado o cumplido con lo que exige el Art. 5 numeral 3 ibídem, lo que se conoce que el Juez debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada más allá de toda duda razonable, a pesar que en la audiencia de Procedimiento Directo no se ha logrado establecer que el procesado ha actuado con conocimiento de la antijurídica de la conducta. Y sin que exista dicho presupuesto y para el criterio del Juez con las pruebas presentadas impone una pena de restricción de libertad y por lógica los derechos de la persona procesada.
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El procedimiento directo, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Marco teórico.- El marco teórico está integrado de tres epígrafes: Epígrafe I, en donde se trata de la naturaleza jurídica del procedimiento directo en el Ecuador, definición, flagrancia, Audiencia de calificación de flagrancia, la prueba y sus principios, inasistencia del procesado, sentencia, legalidad, nuevos procedimientos especiales, sustanciación, desarrollo, análisis comparativo del procedimiento con otros países de Europa y América latina, opiniones de juristas. Epígrafe II, se hace referencia a los principios y garantías de procedimiento directo como el de celeridad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva aplicado a los jueces y administradores de justica, a los abogados, al perjurio, a la denuncia maliciosa, al fraude procesal, a la revelación del agente encubierto, evasión, ingreso de artículos prohibidos, omisión de denuncia por operadores de salud, contravenciones contra la tutela judicial efectiva, hallazgos de la investigación. Epígrafe III trata sobre los fundamentos de la reforma legal, los mecanismos de protección, la valoración de la prueba desarrollo del contexto del anteproyecto, el impacto que este tendrá.
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El procedimiento directo y su violación a las garantías básicas del debido proceso

El procedimiento directo y su violación a las garantías básicas del debido proceso

Respuesta.- Personalmente pienso que no, pero últimamente se ha abierto una discusión entre algunos profesionales del Derecho, de los cuales hay algunos que piensan que si se vulnera el derecho a la defensa, derecho de contradicción de diligencias, entre otros menos notorios, pero como lo indique pienso que cuando se trata de delitos flagrantes no es necesaria la notificación formal, ya que al momento que el ciudadano es aprehendido en delito flagrante, ya se le notifica verbalmente y tácitamente que se va a iniciar un expediente en su contra por el delito cometido, los indicios son levantados, reconocidos y transformados a evidencias el mismo momento luego de cometido el hecho, casi y en presencia del aprehendido, por lo que el mismo tiene pleno conocimiento de las diligencias que se realizan. En cuanto a la defensa técnica pienso que en esa premisa tal vez si se estaría coartando un poco su accionar, pero en el poco tiempo que tendría el procesado para elaborar una defensa técnica, ya que de los diez días que dura el procedimiento directo, hay
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Análisis crítico al principio de objetividad en el procedimiento directo

Análisis crítico al principio de objetividad en el procedimiento directo

Vale la pena destacar que el espíritu del Procedimiento Directo es la aplicación del principio de celeridad, en donde fiscalía es la protagonista y tiene la responsabilidad de agilitar las investigación, ya que solo cuenta con siete días para presentar los anuncios de prueba por escrito, plazo que tiene para adecuar a un criterio objetivo sus actos, conforme lo establece (Codigo Organico Integral Penal, 2014), en caso de ser posible aplicará tanto el “principio de mínima intervención penal” establecido al artículo 3 del mismo cuerpo legal, o el “principio de oportunidad” según el artículo 412 Ibídem, además respetará las reglas del debido proceso en el cumplimiento de sus obligaciones mientras se sustancia la causa, pero existe un problema en aplicación del principio de objetividad en el procedimiento directo en donde la mayoría de los juristas, jueces, defensores públicos, abogados en el libre ejercicio coinciden que no se está aplicando y esto no por falta de voluntad de los fiscales de turno, más bien es un problema que se les escapa de sus manos, puesto que el procedimiento directo solo les permite siete días para presentar anuncios de prueba por escrito según señala el inciso 5 del artículo 640 de la norma antes mencionada, y a pesar que fiscalía cuenta con el “sistema especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses”, el cual dirige conforme lo estipula el artículo 448 Ibídem, al ser diferente cada flagrancia el plazo para realizar la investigación de forma integral y objetiva se torna insuficiente, vulnerando de esta forma la garantía de “contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa del procesado” según lo establece el literal “b” inciso 7 del artículo 76 de la (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008).
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El Procedimiento Directo en el Ordenamiento Jurídico Penal Ecuatoriano

El Procedimiento Directo en el Ordenamiento Jurídico Penal Ecuatoriano

El trabajo está enfocado en analizar el procedimiento directo en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Con este fin se realiza una investigación bibliográfica, científico jurídica. En virtud de lo expuesto se procede a examinar la doctrina, esencialmente en lo que respecta a las garantías constitucionales y el Código Orgánico Integral Penal en relación con el procedimiento directo. Concluyendo que el procedimiento directo es una forma de recabar la justicia de una manera oportuna en un tiempo mucho más rápido y en la cual los operadores de justicia deben aplicar su mayor esfuerzo por obtener un resultado eficaz al momento de dictar una sentencia. De igual forma, el principio de celeridad procesal no debe afectar el principio de defensa, ni tampoco debe dejar a la parte acusadora en este caso para probar un hecho sin el tiempo, los medios necesarios para descubrir y plantear algo muy parecido a la reconstrucción de un hecho, en el que se vaya a sancionar a una persona por un ilícito y reparar los daños de la víctima.
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ANÁLISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO

ANÁLISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis de la inconstitucionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva en el procedimiento directo que fue incorporado en la legislación penal a partir de la vigencia del Código Orgánico Integral como procedimiento especial para juzgar delitos flagrantes con penas privativas de libertad que no superan los cinco años o en los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador. Para lograr el objetivo de esta investigación es necesario analizar las garantías que la norma suprema le otorga a las personas procesadas por un ilícito penal, como lo es el derecho al debido proceso en contraste con la necesidad de dictar prisión preventiva para asegurar la inmediación del procesado al juicio. Es así que en este artículo académico se concluye que la medida cautelar en mención es inconstitucional por privar a la persona procesada de ejercer su defensa eficaz y oportuna dentro del corto tiempo que la ley establece para este tipo de procedimiento, incluso vulnera el principio de igualdad que las partes gozan según la Constitución al no contar con un sistema investigativo de apoyo con el que la Fiscalía cuenta, ni tampoco con su libertad para recaudar elementos probatorios.
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El procedimiento directo y las normas constitucionales en delito de tránsito

El procedimiento directo y las normas constitucionales en delito de tránsito

superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguir sea el directo, como lo expresa el artículo 529 del Código Orgánico Integral Penal cuando dice: “En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión.
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El derecho a la defensa técnica del procesado en el procedimiento directo

El derecho a la defensa técnica del procesado en el procedimiento directo

En nuestra legislación estos procedimientos especiales constituyen una novedad en el sistema procesal penal, pero los mismos según Joel Samaha, en su obra Criminal Procedure: “son la aplicación del Guilty Plea difundido en el proceso penal norteamericano, el mismo que significa un alegato o petición del culpable, pudiendo definirse como la declaración de culpabilidad del procesado” (Samaha, 2014, pág. 234) Según el Dr. Jorge M. Blum Carcelén, manifestó en su artículo Procedimiento Directo en el Proceso Penal: “Este procedimiento, es nuevo es nuestra estructura procesal penal y concentra todas las etapas en una sola audiencia y procede para los delitos calificados como flagrantes, pero 30 sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta 5 años; cuya definición de flagrancia, está descrita en el artículo 527 del COIP, indicando: “que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre la comisión de la infracción y la aprehensión”. (Blum, 2015)
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El procedimiento directo en el delito robo y su incidencia en la seguridad jurídica

El procedimiento directo en el delito robo y su incidencia en la seguridad jurídica

“También el Procedimiento Directo aplica a los delitos contra la propiedad, cuyo monto no exceda de 30 salarios básicos unificados del trabajador en general, calificados como flagrantes; pero quedan excluidos de este procedimiento las infracciones contra la eficiente administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el artículo 529 COIP cuando dice: “En los casos de infracción
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El procedimiento directo frente al derecho constitucional a la defensa

El procedimiento directo frente al derecho constitucional a la defensa

“El juez de garantías penales, perteneciente a la unidad de flagrancia, es el competente para sustanciar y resolver el procedimiento directo, con lo que queda superado cualquier discrepancia jurídica respecto a la competencia, ” 6 , ya que para conocer, tramitar y sentenciar mediante procedimiento directo el competente es el juez de garantías penales y no el tribunal de garantías penales, ya que el juzgador unipersonal es el único que lo conocerá y dispondrá que el procedimiento a seguirse sea el directo, como lo expresa el artículo 529 COIP cuando dice: En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la legalidad de la aprehensión. La o el fiscal, de considerarlo necesario, formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite y se determinará el proceso correspondiente”; luego de que haya calificado la flagrancia; para lo cual, el juez o jueza, en el plazo de 10 días (contados desde la audiencia de flagrancia), convocará para la realización de la audiencia de juicio directo, en la cual dictará sentencia.
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La conciliación en el procedimiento directo en tránsito y el principio de presunción de inocencia

La conciliación en el procedimiento directo en tránsito y el principio de presunción de inocencia

El 10 de agosto del año 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, y el mismo contiene los procedimientos para resolver los procesos penales bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En este código se incluye al procedimiento Directo, tipificado en el artículo 640, con la finalidad de concentrar todas las etapas en una sola audiencia y el mismo señala que para que sea pueda aplicar el procedimiento directo en delitos flagrantes que tengan como sanción la pena máxima de 5 años o que en el caso de tratarse de delitos contra la propiedad, el monto no supere los 30 salarios básicos unificados del trabajador en general y que además deben ser calificados mediante la audiencia respectiva como flagrantes.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

Hay que resaltar que la presente investigación se cimienta en relación al Procedimiento Directo; y, efectivamente denotamos que los jueces penales son legalmente competentes para sustanciar y resolver los procedimientos directos; más sin embargo el problema radica en que no debería ser el mismo juez penal que califico la flagrancia quien termine resolviendo en audiencia de procedimiento directo la situación jurídica de una persona; puesto que el primero se encuentra totalmente contaminado con el primero momento de la noticia que fue calificada como flagrante; vulnerando la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses de quien de forma concentrada eventualmente está siendo objeto de juzgamiento; ya que, así las pruebas no demuestren un verdadero nexo causal, sus fallos como regla se inclinan a una condena.- Aquello es lo que se busca corregir y garantizar a todos un proceso con resultados justos y equitativos, tal cual lo exigen los derechos de protección. (Artículo. 225, numeral 5, Código Orgánico de la Función Judicial).
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LAS GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO REGULADO EN EL COIP

LAS GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO DIRECTO REGULADO EN EL COIP

En el artículo 796, se describe las actuaciones pertinentes a la policía judicial, tales como el auxilio a las víctimas producto del delito cometido, deberá informar al sospechoso si debe comparecer y en qué fecha al juzgado de guardia en caso de que no haya sido detenido así como también citara a todos los testigos requeridos, así como a las entidades necesarias para llevar a cabo el juicio y también debe hacerse cargo de que las pruebas toxicológicas, además de que los peritajes necesarios se realicen. La policía judicial tiene un papel de dirección del proceso, actuando como un ente independiente y neutral, a diferencia de que aquí, el procedimiento directo se tramita a través de la Unidad de Flagrancias, es decir, dentro de esta unidad, trabajan conjuntamente el juez de garantías penales, el fiscal y el defensor público, y el director del proceso es el juez, y son fiscal y defensores técnicos los llamados a presentar y solicitar pruebas hasta 3 días antes de inicio al juicio de procedimiento directo.
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El procedimiento directo, el debido proceso y el derecho a la defensa

El procedimiento directo, el debido proceso y el derecho a la defensa

La presente investigación tiene como objetivo analizar el Procedimiento Directo, en la legislación ecuatoriana con la finalidad de determinar si se vulneran derechos fundamentales como el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, para ello se realizó una descripción especifica del Procedimiento Directo y su estructura para luego analizarlo en función de los derechos fundamentales, ante lo cual se pudo observar que existe una clara vulneración de estos derechos fundamentales, específicamente por el tiempo que concede el juez para obtener la prueba que es de siete días, tiempo que resulta insuficiente para conseguir argumentos contundentes que permitan controvertir los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas que permitan su defensa; y, contradecir las que se presenten en contra del procesado. Como metodología se realizó encuestas a jueces, fiscales y abogados en libre ejercicio de la provincia de Tungurahua, lo que permitió corroborar la existencia de vulneración a ciertos derechos y principios constitucionales con la aplicación del procedimiento directo, pues existe un criterio unificado en lo referente al tiempo de este procedimiento especial, en la concentración de todas las etapas del proceso penal en una sola audiencia que no permite cumplir con las garantías del Debido Proceso. Por lo que, es necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley para reformar el Art. 640 del Código Orgánico Integral Penal en lo referente al Procedimiento Directo, para así evitar que se vulnere el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa.
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Vulneración de derechos cuando se aplica el procedimiento directo en materia de tránsito

Vulneración de derechos cuando se aplica el procedimiento directo en materia de tránsito

La investigación realizada sobre el tema VULNERACIÓN DE DERECHOS CUANDO SE APLICA EL PROCEDIMIENTO DIRECTO EN MATERIA DE TRÁNSITO, se realizó la Unidad Judicial penal con sede en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, donde operan 9 jueces, con sus respectivos secretarios y asistentes judiciales, quienes son competentes para conocer y resolver casos penales, delitos flagrantes y no flagrantes, se puede palpar que existe una grave violación de derechos a la defensa violando el derecho a la defensa por la falta de tiempo oportuno para obtener las pruebas, queda demostrado que se viola el derecho a la defensa derechos consagrados en la constitución en los tratados internacionales como es derecho a la defensa, en la Unidad Judicial han ingresado en este año 2016, 50 causas, de procedimiento directo en materia de tránsito en las que 20 son condenatorias 30 son sentencias absolutorias, por no existir los medios de prueba necesarios para determinar responsabilidad penal. 2.2.- Descripción del Procedimiento Metodológico para el desarrollo de la investigación.
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Análisis del procedimiento directo en delito de receptación en el grado de Flagrancia

Análisis del procedimiento directo en delito de receptación en el grado de Flagrancia

Como hemos observado los diferentes puntos de vista, criterios de ambos juristas, en la cual exponen los beneficios, antecedentes, y lesiones que a su vez produce el Procedimiento Directo al momento de aplicarlo en delitos menores en el Grado de Flagrancia; por lo que desde nuestra expectativa, a través de este trabajo de investigación debemos dejar una propuesta con ideas claras basadas en criterios específicos, y sobre todo basada en los elementos constitutivos y sus principios fundamentales, según la (Constituciòn del Ecuador, 2008. )

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El debido proceso y el procedimiento directo

El debido proceso y el procedimiento directo

hace violatorio la aplicación del mismo, en virtud de que al concentrarse todas las etapas en una sola audiencia y que a más de eso se tiene establecido que desde el momento que una persona es formulada cargos tiene “HASTA” diez días para que se resuelva la situación jurídica de un individuo, es decir que dentro de esos diez días se debe realizar la audiencia de juicio respectiva, lo cual primeramente se va en contra de toda norma Constitucional por cuanto el ejercer la defensa técnica sobre todo de las personas procesadas se torna infructuosa por cuanto desde un inicio se encontraría en situación de desventaja frente a todo el andamiaje judicial con el que cuenta el órgano acusador (Fiscalía), frente a contar con el tiempo y medios necesarios; y, si a esto se suma que la defensa técnica estaba a cargo de un defensor de oficio y posterior la persona procesada llega a contar con su abogado de confianza, este quedaría en total indefensión, vulnerándose desde todo punto de vista la Constitución, lo cual la aplicación del procedimiento directo es violatoria por contraponerse a las garantías del debido proceso.
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