Protección del consumidor--Leyes y legislación

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DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

La defensa del consumidor es un tema de interés internacional, donde los estados han establecido no sólo leyes que garanticen sus derechos, sino también han optado por constituir diversos organismos que controlen el cumplimiento de la norma y brinden la asistencia a quienes lo requieran. Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Defensa de Consumidor, que establece los derechos de los consumidores y usuarios, así como los deberes de los proveedores, lo que también se destaca en las legislaciones de Argentina, España, Colombia y Perú. Como punto de partida, el trámite primero debe pasar por el procedimiento administrativo y una vez agotadas todas las instancias y sin tener una respuesta satisfactoria, pasa al procedimiento judicial donde se determina la sentencia final. Tanto España como Perú tiene un acercamiento con los consumidores en referencia con los otros países incluido Ecuador, esto porque en su legislación se establece que toda empresa o institución pública debe contar con un libro de reclamaciones, donde los consumidores o usuarios pueden canalizar sus quejas de forma inmediata, mientras que en los demás, se debe realizar por alternas demostrando que no está directamente sobre el interés del usuario .
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El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

Así tenemos que para constituir una empresa dedicada a ofrecer bienes y servicios a través de Internet o empresas de altísima tecnología debemos aplicar la normativa del código de comercio; las leyes de Impuesto sobre la Renta, al Valor Agregado y la Ley de protección al consumidor son aplicables a la venta de bienes y servicios por medios electrónicos; contra cualquier hecho o publicación que constituya difamación o injuria corresponde la aplicación del Código Penal; para el caso de eventos en que intervengan ciudadanos de otros países, se realicen transacciones internacionales, cuando se cometa un delito informático en el cual se vea involucrada más de una jurisdicción, se aplicaran los tratados internacionales a que haya lugar en cada caso particular; para todo lo relativo a la contratación, se aplicará la normativa del Código Civil, el Código de Comercio y cualquier otra ley vigente según la materia de la cual se trate la convención, y así sucesivamente.
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Protección de los consumidores y usuarios: una especial alusión a la protección del consumidor online

Protección de los consumidores y usuarios: una especial alusión a la protección del consumidor online

El art. 53 CE dispone que, los «principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos», y que «sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». Ello nos conduce a afirmar, que el art. 51 CE no es una norma de aplicación inmediata, sino que requiere un desarrollo legislativo para poder ser alegado en juicio. El ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios fue regulado en 1981 por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dotando a los consumidores y usuarios de un instrumento legal de protección y defensa de sus derechos 14 .
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El derecho a todos los derechos - la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género

El derecho a todos los derechos - la difusión transnacional del reconocimiento legal de la identidad de género

a cabo mediante un trámite administrativo expedito y accesible, pues es gratuito y no requiere representación por parte de un abogado (artículo 6). Por último, vale la pena mencionar que el proceso es confidencial, es decir, sólo podrá acceder al acta de nacimiento originaria quien esté autorizado por el titular o quien cuente con orden judicial fundamentada y por escrito (artículo 9). Son todos estos elementos los que han sido tenidos en cuenta para afirmar que esta es una de las leyes más progresistas en la materia, y para que la ley esté sirviendo de modelo en otros países como Malta, Irlanda y Francia (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), e incluso en gobiernos sub- centrales como es el caso de Andalucía, que se comentó brevemente en el capítulo anterior. Más aún, en diciembre de 2012, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros a introducir o revisar los procedimientos de reconocimiento de identidad de género con base en la ley argentina 21 . Todo esto evidencia el impacto que la ley 26.743 ha tenido en el sistema internacional, y la forma en cómo las decisiones de un país han tenido repercusiones en otros lugares del globo.
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Protección al consumidor en el contrato de seguro

Protección al consumidor en el contrato de seguro

Los otros conceptos sirven para explicar, como lo ha hecho la Superintendencia de Industrial y Comercio (Conceptos, 96027242 del 2 de septiembre de1996, 97023655 del 15 de julio de 1997, 96020560 del 21 de mayo de 1996 y 96060904 del 28 de noviembre de 1996), el concepto de consumidor en tanto quienes adquieran o utilicen bienes y servicios, siempre estarán encuadrados dentro de alguno de estos conceptos. Esto se debe a que en Colombia la calidad de consumidor debe ser analizada en las relaciones concretas con independencia de la calidad de las partes; de este modo un comerciante bien puede ser un consumidor de un bien, pues lo que determina la calidad es la finalidad de la relación. La anterior afirmación no es tan sencilla, pues primero hay que descartar, a partir de la relación concreta que se analice, que no sean ni productor, ni proveedor. Por productor se entiende las personas naturales o jurídicas que elaboren, procesen, trasformen o utilicen uno o más productos o servicios destinados al consumo público (los importadores se entienden productores). Por su parte el proveedor o expendedor, es la persona natural o jurídica “que distribuya o ofrezca al público en general” o a una parte del mismo, “a cambio de un precio” uno o más bienes o servicios producidos por él o por un tercero, destinados a la satisfacción de una o más necesidades de el o los consumidores.
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Reseña: Grupo focal Septiembre 25 15 Duración total: 1 hora, 1 min 22 segundos Propuesta pedagógica de educación para la paz

Reseña: Grupo focal Septiembre 25 15 Duración total: 1 hora, 1 min 22 segundos Propuesta pedagógica de educación para la paz

Igualmente los cabildos indígenas tienen una legislación, tienen unas leyes diferentes pero no van de acuerdo a las leyes colombianas, entonces si se les vulnera eso también vienen y manifiestan, si me cerraron la frontera, yo ya no tengo como pasar mis productos de un lado al otro, necesito manifestarme porque eso implica que tengo que vender mucho más caro de lo que yo compre si necesito pasar a otro lugar se perdió, entonces yo perdí plata y tengo que hacer manifestación, entonces todo se convirtió en un caos total, donde hay tantos territorios que es muy difícil hacer una unificación para que se convierta en un territorio de paz como dicen el eslogan, “Colombia territorio de paz”, eso no existe, los indígenas no tienen agua, la guajira no tiene agua, pero pues eso no importa porque es que realmente el gobierno central está en Bogotá, pero el gobierno de Bogotá tampoco importa porque pues igual también tiene sus propios intereses en algunas cosas, entonces no le importa el resto de la comunidad son tantos territorios que se convierten posteriormente todos en actores de un conflicto.
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El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

concluir el circuito económico de producción y adquiere un bien o un servicio como destinatario final, pero no para el uso de su actividad empresarial o profesional. Sin embargo, y a fin de poder proteger al consumidor de la asimetría informativa la legislación peruana otorgar dispositivos legales para proteger al consumidor final: imaginemos así que la facultad de Derecho de la UNASAM, al celebrar sus bodas de oro, decide hacer un almuerzo para toda la comunidad universitaria y contrata los servicios de un prestigioso restaurant huaracino; sin embargo, dicho restaurante incumple flagrantemente en la prestación del servicio, ya que sirve la comida una hora después de lo pactado, en una presentación totalmente inadecuada y finalmente la carne del plato de fondo estaba en malas condiciones y termina intoxicando a los comensales, es en este caso que quienes podrían demandar ante INDECOPI por el mal servicio serían no solamente la Facultad como persona jurídica sino también los comensales (alumnos, profesores y egresados) quienes no obtuvieron como beneficiarios finales del servicio por parte del restaurant una buena atención. En conclusión, los contratos civiles enmarcan diversas relaciones jurídicas las cuales no necesariamente están vinculadas con el consumidor final del producto, en cambio el contrato de consumo tiene que ver necesariamente con eslabón final de la cadena de producción, la cual se cierra con el consumidor.
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TítuloLa publicidad engañosa y las claúsulas abusivas en la actividad bancaria

TítuloLa publicidad engañosa y las claúsulas abusivas en la actividad bancaria

La protección del consumidor es primordial en la publicidad. La orden EHA/1718/2010 de 11 de junio deroga el capítulo III de la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, que establecía el régimen de autorización para la publicidad que realicen las entidades de crédito de operaciones, servicios o productos en que se haga referencia a su coste o rendimiento para el público. Ha sustituido el régimen de previa autorización por un sistema de control de la publicidad basado en dos elementos: La publicidad será controlada mediante un elemento preventivo con la elaboración, por parte del Banco de España, de criterios de publicidad financiera que promuevan la claridad, suficiencia, objetividad y el carácter no engañoso de los mensajes publicitarios, y de la exigencia de unos procedimientos y controles internos de las entidades de crédito que tiendan a favorecer tal exigencia; y mediante otro elemento que evite la práctica de conductas inadecuadas, para lo cual se podrá exigir el cese o la rectificación de la publicidad que no cumpla las previsiones contempladas.
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La protección del consumidor en las nuevas formas de contratación

La protección del consumidor en las nuevas formas de contratación

Pues bien, ni en el régimen general, ni en los arts. 102 y 103 TR consta la incorporación de los apartados 4 y 5 del art. 44 LOCM. En efecto, los únicos preceptos del TR que hacen referencia a esta cuestión son, en primer término, el art. 97 TR, conforme al cual el vendedor deberá informar al usuario "Cuando exista un derecho de desistimiento, las condiciones, el plazo y los procedimientos para ejercer ese derecho, así como el modelo de formulario de desistimiento." También debe informarse "Cuando proceda, la indicación de que el consumidor y usuario tendrá que asumir el coste de la devolución de los bienes en caso de desistimiento y, para los contratos a distancia, cuando los bienes, por su naturaleza, no puedan devolverse normalmente por correo, el coste de la devolución de los mismos." Igualmente, el apartado K previene que "En caso de que el consumidor y usuario ejercite el derecho de desistimiento tras la presentación de una solicitud con arreglo al artículo 98.8 o al artículo 99.3, la información de que en tal caso el consumidor y usuario deberá abonar al empresario unos gastos razonables de conformidad con el artículo 108.3." Finalmente, "Cuando con arreglo al artículo 103 no proceda el derecho de desistimiento, la indicación de que al consumidor y usuario no le asiste, o las circunstancias en las que lo perderá cuando le corresponda."
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Economía colaborativa y protección del consumidor

Economía colaborativa y protección del consumidor

22 En este sentido, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (11.5.2017): Proyecto de Informe sobre una Agenda… cit., considera que “toda nueva regulación debería aprovechar al máximo la capacidad de autogestión de las plataformas” y se muestra convencida de que “las propias plataformas colaborativas podrían desempeñar un papel activo en este nuevo entorno regulador corrigiendo la información asimétrica y otras muchas deficiencias del mercando que tradicionalmente se han abordado con un enfoque normativo”.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 73 QUÁTER.- Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.
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La protección jurídica del menor como consumidor

La protección jurídica del menor como consumidor

relativas al Derecho de contratos y el resto de leyes especiales que regulan los mismos. Sin embargo, el ámbito de protección de las normas protectoras de los consumidores es muy amplio: comprende tanto la fase precontractual como la de formación y perfección del contrato. También se ve afectado por esta norma el contenido del contrato, ya que quedan prohibidas las cláusulas abusivas en lo relacionado como las condiciones generales, y también exige una serie de garantías mínimas a favor del consumidor. Por otro lado, también están regulados por la normativa del consumo en algunos aspectos el cumplimiento, desistimiento e incumplimiento del contrato, así como la responsabilidad contractual que se deriva del mismo. Finalmente, cabe señalar que el artículo 10 TRLGDCU establece que la renuncia anticipada a los derechos que les son reconocidos a los consumidores es nula, mostrando así el carácter imperativo que tienen estas normas.
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Medios de financiación - por una protección íntegra del consumidor

Medios de financiación - por una protección íntegra del consumidor

E incluso, dicho lo anterior, es preciso dejar de presente que ni siquiera el hecho de que se someta la controversia al conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio implica que el fallo le será favorable al consumidor que pretende pagar su crédito anticipadamente. En enero de 2015, como miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes, me fue asignado un caso donde actué como apoderado de la parte demandante en un proceso que refleja la problemática que aquí se quiere evidenciar y que a su vez me sirvió como pauta para desarrollar mi trabajo de grado sobre este tema. El caso representaba un desafío: a la fecha, ningún proceso con fundamento en la improcedencia del cobro por retiro anticipado había sido fallado a favor de la parte actora; todos respaldaban los cargos por retiro anticipado impuestos por las entidades del sector ordinario. Mi usuaria había adquirido un préstamo con una entidad del sector ordinario, luego de que en diversas entidades bancarias se lo hubieran negado por no tener la solvencia económica que requerían. Posteriormente, tras conseguir el dinero antes de lo previsto, realizó un pago anticipado de su crédito, que fue penalizado por la entidad.
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Legislación y patrimonio inmueble. Antecedentes y aplicación en La Habana

Legislación y patrimonio inmueble. Antecedentes y aplicación en La Habana

Tanto las llamadas teorías de restauración, como los numerosos documentos internacionales emanados de congresos, encuentros, y otros eventos organizados por diversas instituciones internacionales (UNESCO, ICOMOS, DOCOMOMO, ICROM, u otras), al tener un carácter conceptual, básicamente orientativo, han sido utilizados ampliamente como fuentes de referencia y como apoyo doctrinal a la actividad de conservación del patrimonio cultural. Tales documentos poseen gran importancia para los especialistas vinculados a la actividad de recuperación del patrimonio cultural inmueble, pero, no disponen de fuerza legal para exigir la obligatoriedad de aplicar sus preceptos (con excepción de las Convenciones y Resoluciones), por lo que deben ser complementados por la legislación [1]. Al respecto, el presente trabajo tiene como objetivos identificar y caracterizar las legislaciones que antecedieron a la legislación cubana vigente y hacer una valoración crítica de las particularidades y dificultades que en nuestros días presenta esta última y la eficacia de los sistemas de control utilizados para proteger y conservar el patrimonio inmueble de la ciudad.
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La protección legal a los ancianos en la legislación ecuatoriana

La protección legal a los ancianos en la legislación ecuatoriana

En el Protocolo de San Salvador se disponen medidas específicas dirigidas a las personas mayores tanto en el artículo 9, en el que se indica que “toda persona tiene el derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez” como en el artículo 17, sobre protección a los ancianos, en el que se señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; estimular la formación de organizaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos” CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, 1988.
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Las afectaciones de la publicidad engañosa a los derechos del consumidor en la legislación peruana

Las afectaciones de la publicidad engañosa a los derechos del consumidor en la legislación peruana

En el ámbito internacional existen problemas respecto a la afectación del consumidor producto de la publicidad engañosa, en el caso de España. En este rubro las empresas transnacionales dedicadas a ofertar productos alimenticios y de salud son las que más quejas presentan por parte de los consumidores. Estos anuncios se difunden por diversos medios sin regulación o control, a tal punto que terminan persuadiendo al consumidor para que adquiera los productos o servicios ofrecidos (Perelló y Muela, 2017). Otros problemas están relacionados con el uso de la tecnología para mejorar la publicidad engañosa y de esa manera influir en el consumidor para que compre los productos o servicios (Chaves, 2016). Estos problemas se concatenan con los difundidos a través de la red (López, 2012) aprovechando al máximo los recursos a través de internet para influenciar en el consumidor para que adquiera los productos o servicios, no solo alterando la veracidad, sino que también el aspecto legal.
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Lectura 17 - El Proceso de Compra

Lectura 17 - El Proceso de Compra

Luego de haber transcurrido la etapa de la Evaluación de las Alternativas el consumidor ya acabó con la decisión. Esto significó un esfuerzo importante: le llevó tiempo dedicado al tema, movilización para cotejar los distintos productos/servicios y muchas veces dinero (llamadas telefónicas, gastos de combustible y estacionamiento en la visita a distintos comercios). Ahora verá concretado su esfuerzo: la acción de la compra donde depositará todas las expectativas las cuales deseará alcanzar. El Proceso de Toma de Decisiones del Consumidor termina en este módulo con el concepto final que permitirá la retroalimentación de todo el quehacer comercial: el conocimiento del grado de satisfacción o insatisfacción del consumidor.
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El seguro de protección de pagos desde una perspectiva de protección al consumidor: experiencias recientes

El seguro de protección de pagos desde una perspectiva de protección al consumidor: experiencias recientes

33 Esta apelación trata sobre el problema de Mrs. Plevin, que en 2006 contrató una póliza de seguros de protección de riesgo. Mrs. Plevin era en esa fecha una mujer viuda de cincuenta y nueve años con casa propia en la que vivía, tenía una hipoteca y varias deudas personales sin asegurar. Recibió un su buzón una nota publicitaria de una empresa, LLP Processing (UK) Ltd. Esta empresa se encargaba de negociar la refinanciación de sus créditos a un interés competitivo durante un largo periodo de tiempo, ofreciendo su casa como garantía. Mrs. Plevin decidió llamar, interesada en un préstamo que pagase sus deudas y le permitiese realizar algunas mejoras en la casa. Durante esa llamada, rellenó un formulario de “Declaración de Necesidades y Exigencias” con información básica sobre su situación. A partir de ese formulario la empresa le propuso un préstamo de 34.000 libras a 10 años, que le ofrecía la empresa de préstamo Paragon Personal Finance Ltd., pero con ello debería, asimismo, contratar un seguro de protección de préstamos (PPI) durante un periodo de cinco años con la empresa aseguradora Norwich Union. El PPI tenía un coste de 5.780 libras, que debía pagarse al inicio y se añadió a la cuantía del préstamo haciendo un total de deuda de 39.780 libras. LLP tenía 11 empresas de préstamo con acuerdos para añadir clientela, y cada una de ellas tenía asignada una aseguradora con la que contrataban los PPI junto con los préstamos.
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El derecho de desistimiento del consumidor español y panameño. Una alternativa de protección para el consumidor en Panamá

El derecho de desistimiento del consumidor español y panameño. Una alternativa de protección para el consumidor en Panamá

régimen común y el régimen de consumo. Se entiende acertada la existencia de ambas ramas del Derecho, así como su independencia, en el entendido en que responden a real[r]

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Protección al estado como consumidor

Protección al estado como consumidor

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha optado por delimitar el ámbito de aplicación de protección del consumidor a las personas físicas, excluyendo a las personas jurídicas o morales como consumidores. Sin embargo, l os ordenamientos jurídicos internos, como el alemán, el portugués y español, extienden el control jurídico a las relaciones entre empresarios y personas jurídicas (Villalba, 2009, p. 317). En el caso francés se ha dado una construcción jurisprudencial, en la cualno ha existido unanimidad, siendo el concepto de consumidor fluctuante, lo que ha admitido que un profesional o una persona jurídica puedan entrar en la categoría de consumidor.
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