Reconocimiento de Laudos Arbitrales

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Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el derecho internacional de inversiones

Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el derecho internacional de inversiones

Ya se ha visto que los estados permiten el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en las cortes de cada uno de ellos, sin que el tribunal arbitral pueda tener los poderes de estas cortes. Por esto mismo, los estados inversionistas más importantes, que continuamente sometían sus controversias a arbitraje, buscaban seguridad y uniformidad en las decisiones sobre el reconocimiento y ejecución de sus laudos; por consiguiente, crearon tratados intencionales, como la Convención de Nueva York de 1958, y el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entre otras. Por la importancia de estas convenciones en el ámbito del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrajes, estas serán tratadas en los siguientes capítulos de este artículo.
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Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

Ejecución de laudos arbitrales extranjeros en el Ecuador, cuya resolución es contraria a la legislación Ecuatoriana, en derecho privado

gobiernen las relaciones de todos los hombres, dispone su ejecución, cuando se cumplen los requisitos determinados en el Art. 451 del tantas veces mencionado Código, y sin consideración alguna que sean arbitrales o expedidas por la justicia de otra clase de jueces. Reunidos los requisitos es obligación de los Jueces ordenar la ejecución de las sentencias extranjeras. Consta de autos el cumplimiento de los requisitos que establece el Art. 451 pues la sentencia arbitral pasó en autoridad de cosa juzgada; la obligación que se demanda y la ejecución es esencialmente personal y no contraviene al Derecho Público Ecuatoriano. Procede a ejecutar la sentencia arbitral expedida por el Panel o Tribunal de Arbitradores, prevista en el correspondiente contrato. (p.2051). Hay que destacar dos frases importantes de este extracto que son: Aún en el caso de que los Estados Unidos no hubiere adherido a la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, tal circunstancia no podía impedir en forma alguna la ejecución de la sentencia en moción. Es una ventaja en el ámbito internacional esta consideración que hace el Ecuador a la comunidad internacional, ya que se limita a observar la política exterior de otro Estado en referencia a los procesos judiciales. Otro punto que no dejaré en ningún momento de señalar es la sentencia arbitral pasó en autoridad de cosa juzgada; la obligación que se demanda y la ejecución es esencialmente personal y no contraviene al Derecho Público Ecuatoriano, que en derecho privado no contravendrá al derecho público, que es importante recordar.
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La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

La intervención del Poder Judicial en la ejecución de los laudos arbitrales en México

LAUDO ARBITRAL. ORDEN PÚBLICO SERÁ DETERMINADO POR EL JUEZ CUANDO SE RECLAMA SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN. Como el concepto de "orden público" no se encuentra definido en la Constitución ni en el Código de Comercio, ello deja claro que es preciso determinar su significado en cada caso concreto pues no basta con asimilarlo a las normas imperativas, sino que es necesario proteger nuestra cultura jurídica mexicana de intromisiones que la desvirtúen. Esto es así, dado que una interpretación conjunta de la fracción II del artículo 1457, con la fracción II del artículo 1462 del Código de Comercio, incluso con el precepto V, inciso 2, de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, lleva a la conclusión de que son dos las hipótesis que pueden ocasionar que el juzgador de oficio declarare que un laudo arbitral es nulo o que no lo reconozca como una resolución acorde al sistema jurídico mexicano y por ende deniegue su ejecución, y es cuando: a) Según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no sea susceptible de solución por vía del arbitraje; o, b) Cuando el laudo sea contrario al "orden público" mexicano. Así las cosas, la referencia a la legislación mexicana es para guiar al juzgador quien debe velar que el objeto de la controversia pueda ser objeto de arbitraje, es decir, que no exista alguna disposición legal mexicana que lo impida; mientras que por otra parte, el concepto de "orden público" es más amplio, pues no basta con afirmar que en un laudo arbitral se está dejando de aplicar una disposición legal que se autodefine como de "orden público" para que se tenga necesariamente que concluir que se transgrede el mismo, sino que es necesario un estudio más profundo, caso por caso, que permita concluir que con su reconocimiento y ejecución es evidente que sí se transgrede nuestro orden jurídico. En conclusión, se reitera deberá ser el juzgador quien en cada caso concreto determine si se transgrede o no el "orden público".
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La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

La anulabilidad de los laudos arbitrales con ocasión a la inexistencia de pacto arbitral: una crítica a la competencia otorgada a los jueces

Al respecto, el jurista peruano Carlos Matheus (1995), el árbitro es “la persona natural que, hallándose en pleno ejercicio de sus derechos civiles, lleva a cabo la resolución de la controversia disponible indicada en el convenio arbitral, previa aceptación del arbitraje” (pág. 4). Por su parte, el español José Merino (2004), lo define como “el dirimente natural de la contienda” (pág. 35) que enfrenta a dos o más ciudadanos, que no goza de ninguna posición institucional predeterminada. Su posición sólo viene dada por la voluntad de las partes en conflicto y por el reconocimiento que el legislador nacional o internacional – tratados o convenios- le otorga para que resuelva, mediante un procedimiento garantista, el conflicto que se somete a su consideración y juicio.
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Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

Cumplimiento y ejecución de laudos arbitrales expedidos en el extranjero

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para que el asunto fuera solucionado a través del arbitraje y declare que el contrato se terminó debido que la compañía de Fomento de Catalizadores Foca S.A.S incumplió con las obligaciones. La convocada solicitó que se negara el reconocimiento del laudo arbitral ya que las partes acordaron que la ley aplicable a éste sería Estado de Texas, Estados Unidos de América esto va en contra del orden público. Para solucionar esta disputa la Corte Suprema de Justicia analiza la Convención de Nueva York de 1958 en los artículos IV y V y la Ley 1563 de 2012 en los artículos 111 a 115 para determinar si cumple con todos los requisitos que exige estas dos normas en este estudio la Corte indica que la sociedad norteamericana HMT LLC y Fomento de Catalizadores Foca S.A.S cumplieron todos los requisitos para que se le reconozcan el laudo arbitral. La parte solicitante aportó copia del laudo arbitral cumpliendo el requisito de apostillar, allegó copia debidamente legalizada y traducida del contrato de agencia. Por lo tanto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder el reconocimiento del laudo arbitral proferido el 31 de marzo de 2014 toda vez que cumplió los requisitos de la Convención de Nueva York de 1958 y la Ley 1563 de 2012.
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La anulación de laudos por arbitrariedad: la desvirtuación del arbitraje comercial

La anulación de laudos por arbitrariedad: la desvirtuación del arbitraje comercial

Es oportuno señalar que este trabajo se desenvuelve únicamente en el marco de la LA, esto es, en sede de anulación de laudos arbitrales españoles ante tribunales españoles. En cualquier caso, es de notoria importancia subrayar que, al igual que el artículo 41.1.f) de la LA, el artículo V.2.b) de la Convención de Nueva York permite la oposición al reconocimiento y ejecución de un laudo por razones de orden público. Si bien se trata de cuerpos normativos aplicables en supuestos distintos, la jurisprudencia y conclusiones relativas a la LA en materia de anulación pueden ayudar a esclarecer casos relativos al exequátur en los que una de las partes ejercite la acción de anulación por vulneración del orden público por arbitrariedad, pues la Convención se refiere al orden público del lugar en el que se pretende ejecutar el laudo (‘public policy of that country’).
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Acción extraordinaria de protección en Laudos Arbitrales

Acción extraordinaria de protección en Laudos Arbitrales

Así para el reconocimiento de un laudo dictado fuera del país donde se pretende ese reconocimiento y /o ejecución, o sustanciado por un procedimiento distinto al nacional -atribución de una jurisdicción (Conv. De N. York 1958 Art. 1.1), deberá estarse al Procedimiento del Exequátur, por el cual se pretende dotar al laudo de la misma validez que un laudo emanado en la órbita nacional, y su trámite tiende a observar tanto los requisitos formales , como procesales, y materiales, que en tal caso deben ser los prescriptos del lugar de donde emana, vale decir si el mismo ha respondido a las formas del lugar de la celebración, o del Estado donde proceden, si el laudo ha surgido de un tribunal arbitral competente, si se ha respetado la debida defensa en juicio, si la parte ha estado rebelde, las notificaciones efectuadas a tal fin, si el mismo no contraría el orden público interno o internacional, si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictado en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido, etc.
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Eficacia de sentencia de quiebra extranjera : la desarmonía de Brasil frente a mayoría de los países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Eficacia de sentencia de quiebra extranjera : la desarmonía de Brasil frente a mayoría de los países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y Paraguay)

Cabe mencionar el caso en que el Juez de Derecho de la Comarca de Santana del Livramento/RS concede exequatur a la carta rogatoria que le fue encaminada directamente por el juez de Rivera, en el Uruguay (las dos ciudades son separadas apenas por una avenida), lo cual ocasionó la decisión dictada por el Ministro Celso de Mello, en el enjuiciamiento de la Reclamación RCL-717/RS, publicada en el DJ de 04/02/98, en cuyo relatorio consta o siguiente: “(...) hoy, en Brasil, se aplica, al reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera emanada de cualquier de los Estados integrantes del MERCOSUR, subscritores del Protocolo de Las Leñas, la disciplina ritual pertinente a las cartas rogatorias, razón por la cual urge tener presente, en el tema, la norma inscrita en el Artículo 19 de esa Convención Internacional, que así dispone: "La solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencias y de laudos arbitrales por parte de las autoridades jurisdiccionales, será procesada por vía de cartas rogatorias y por intermedio de la Autoridad Central."(grifei) Se impone advertir, en el impase, que, aunque simplificada en su disciplina ritual, el reconocimiento de sentencias extranjeras oriundas de países del MERCOSUR, para ser viable, instrumentalmente, mediante simples carta rogatoria, deberá, necesariamente, observar y satisfacer las exigencias formales impostas por el Protocolo de Las Leñas, notablemente aquellas requisitos fijados en sus Artículos 20 y 21. Más que eso, la propia concesión de exequatur - aun con fundamento en el Protocolo de Las Leñas - no dispensa ni aleja la necesaria intervención del Presidente del Supremo Tribunal Federal, con exclusión, por efecto de expresa regla constitucional de competencia, de cualquier otro magistrado brasileiro. (...)”
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La eficacia de los métodos alternos de solución de conflictos en España y México: Perspectiva integral de los acuerdos de mediación y los laudos arbitrales

La eficacia de los métodos alternos de solución de conflictos en España y México: Perspectiva integral de los acuerdos de mediación y los laudos arbitrales

17. Muchos éxitos se han conseguido en el arbitraje internacional a partir de la aparición de la CNY58. La convención ha significado un factor decisivo para dar al arbitraje la anhelada eficacia terminal, pues fija reglas claras y sencillas para el reconocimiento de laudos arbitrales. En la actualidad ha sido ratificada por más de 140 países, además de ser el primer instrumentos que ha logrando establecer consonancia en el mundo del arbitraje internacional 243 . Los tratados multilaterales normalmente causan un efecto unificador del derecho internacional. Por ello los Estados normalmente son cautelosos en su ratificación, pues significa un sólido vínculo a un régimen estricto muchas veces difícil de asimilar. El tendón de Aquiles de esta clase de instrumentos radica en su rigidez, si bien atenuada por las reservas que los Estados puedan llegar a formular. Las convenciones son instrumentos firmes y sólidos que sirven para ordenar y redireccionar tendencias en el marco internacional, al establecer pilares básicos que soporten una institución jurídica en su aplicación cotidiana al tráfico jurídico internacional.
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Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

Improcedencia de la revisión de fondo de los laudos arbitrales

El arbitraje es una figura de vital importancia en Colombia, en el ámbito de los negocios ya sean nacionales o internacionales, como método alterno de solución de conflictos, desde la perspectiva del reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de las disposiciones que regulan el Como Abogados se busca no sólo la satisfacción personal, sino además dar soluciones o búsqueda de alternativas a los innumerables problemas que surgen dentro de la sociedad y con llevan a innumerables litigios cuyo término de resolución se convierte en un pleito de años; es acá toma mayor importancia el arbitraje como método alterno solución de conflicto. Este es un tema que necesariamente afecta a todas y cada una de las esferas sociales lo que representa un gran esfuerzo, ya que el respeto por la autonomía de la voluntad debe ser de especial protección tendencia a su ampliación debido a que al tener normatividad clara y en concordancia a la realidad global, permite que Colombia sea visto como una escenario perfecto para las negociaciones. Por lo tanto, debe constituirse en un marco de referencia, para la innovación de propuestas t a corregir y delinear las futuras regulaciones al respecto. Es un deber del estado, de las universidades, continuar fomentando la utilización de los Masc, como solución a la congestión judicial, el primero, ejecutando acciones desde la regulación y protección de cada uno de estos mecan segundos, desde la investigación y el desarrollo conceptual y práctico de los elementos que fortalezcan la difusión y el entendimiento del Arbitramento. Como se señaló en el presente trabajo, acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica y transitoria de la administración estatal, la cual encuentra su sustento en la autonomía de la voluntad de las partes, quienes al prever la posibilidad de una futura controversia o al encontrase ya en un conflicto de naturaleza transigible deciden acudir al arbitramento, el cual cuenta con una característica especial
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La ejecución de laudos arbitrales anulados

La ejecución de laudos arbitrales anulados

Como mencionó Jean-Pierre Ancel, en su momento Presidente de la primera Cámara de la Corte de Casación, en su informe presentado a la Corte respecto del caso, “En la concepción de la jurisprudencia francesa, la sentencia internacional no se integra al orden jurídico de su país de origen, precisamente porque ella es “internacional”. Ella no es entonces producto de un orden jurídico, ella no tiene nacionalidad: ella emana en efecto, de una jurisdicción autónoma, desvinculada del contexto jurídico local, al cual ella no está ligada más que por las disposiciones imperativas sobre el arbitraje que son poco numerosas. Es la afirmación de la autonomía del arbitraje internacional: el arbitraje, modo normal y habitual de arreglo de los litigios relativos a las relaciones económicas internacionales, constituye al árbitro en verdadera jurisdicción internacional de este tipo de litigios”. 177 Por eso, Ancel sostuvo que el reconocimiento de una sentencia anulada no hace más que consagrar la naturaleza del arbitraje internacional y como el árbitro pronuncia una decisión desvinculada de todo orden jurídico local, es susceptible de reconocerse y ejecutarse en todo el mundo.
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Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

Alcances de la calificación registral de los laudos arbitrales a instancia de registros públicos

La calificación registral sobre documentos públicos y fehacientes ha ocasionado una gran disyuntiva dentro del Derecho Público, teniendo como protagonistas, 1) a la autoridad que emite un documento inscribible (contenedor de derechos) y 2) la autoridad encargada de verificar dicho documento respecto a su legalidad, la idoneidad de quien otorga y la autenticidad del acto efectuado, es así que en el mundo Jurídico-Registral se ha evidenciado la problemática en cuanto a los laudos arbitrales y su libre acceso al sistema registral, ocasionando un sin límites de problemas al momento de calificarlo, ya que no se ha estipulado una forma universal de calificación que pueda generar seguridad jurídica ante los posibles terceros que pueda alcanzar esa decisión arbitral.
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Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

Vulneración del principio de autonomía de la voluntad en la anulación de los laudos arbitrales nacionales

En este trabajo se pretende analizar si en la actualidad el ordenamiento jurídico en materia de arbitraje nacional vulnera uno de los principios importantes del derecho como es la autonomía de la voluntad cuando establece que un laudo arbitral puede ser anulado excepcionalmente por la autoridad judicial de acuerdo a unas causales taxativas dentro de la ley, cuando es anulado el laudo arbitral hay unos casos donde la autoridad judicial continuara con el proceso para finalizarlo a través de sentencia, pero porque si las partes decidieron que querían un proceso arbitral se anula el laudo y termina decidiendo la autoridad judicial, todo depende de que tan limitantes sean las causales por medio de las cuales se anulan los laudos arbitrales a favor de las partes y del ordenamiento jurídico.
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Introducción al concepto de cláusulas arbitrales abusivas

Introducción al concepto de cláusulas arbitrales abusivas

Para el estudio de las cláusulas arbitrales abusivas, es necesario remitirse en primer lugar a los conceptos de pacto arbitral y cláusula abusiva en general. El primero, cobra importancia, dado que es a través del cual – teóricamente- las partes acuerdan de manera voluntaria someter sus controversias al arbitraje y dan origen así a la cláusula compromisoria, sin embargo, no en todas las ocasiones dicha cláusula comporta igualdad. El segundo, permite comprender e identificar cuáles son aquellas características que pueden llegar a otorgarle el carácter abusivo a una cláusula contractual en general y verificar si algunas de éstas se presentan en las cláusulas de arbitraje.
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La concepción del orden público internacional en el reconocimiento de laudos extranjeros en el derecho colombiano

La concepción del orden público internacional en el reconocimiento de laudos extranjeros en el derecho colombiano

A partir de esta convención los negocios que se catalogan como internacionales, cuentan con una herramienta eficaz para resolver las diferencias que se presenten, con el beneficio de lograr el reconocimiento de la decisión proferida en cualquiera de los países signatarios de la Convención. Sin embargo, para lograr el reconocimiento dentro de una nación foránea al lugar de expedición del laudo, se deben cumplir unos requisitos mínimos para el reconocimiento y posterior ejecución, entre ellos se encuentran la ausencia de alguna incapacidad para la celebración de la cláusula compromisoria, la debida constitución del tribunal arbitral de acuerdo a lo dispuesto por las partes, la ausencia de anulación de la sentencia, la arbitrabilidad de la controversia y el ajuste del laudo arbitral al orden público del país en el que se solicita el reconocimiento.
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RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS EN EL ESTADO DE LA SEDE ARBITRAL

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ANULADOS EN EL ESTADO DE LA SEDE ARBITRAL

El reconocimiento y la ejecución son dos procesos diferentes a los cuales se tiene que someter el laudo para adquirir eficacia dentro del Estado en donde se desea que surta efectos. Sin embargo, ambos se conocen bajo un sólo procedimiento ante la misma autoridad, por lo que se confunden en uno solo. El reconocimiento es el estudio de admisibilidad jurídica del laudo que se pide se considere como nacional, mediante el cual se examinan los requisitos que debe reunir, acorde a las exigencias de la Convención de Nueva York. La ejecución tiene como fin conceder al laudo – que ha sido dictado en un Estado diferente – los mismos efectos jurídicos en el Estado en donde se pretende ejecutar. (Santos Belandro, 1988)
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La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

La ejecutoriedad de laudos dictados a través de procedimientos arbitrales online (AOL) : análisis de la cuestión a la luz de la Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de laudos internacionales

La calidad de ser árbitro de parte, o bien presidente, no es óbice para que todos ellos estén alcanzados por la obligación de conducirse en forma imparcial y neutral. Es decir, los árbitros como tales deben actuar con imparcialidad e independencia, tal como se les exige a los funcionarios judiciales. Además, internacionalmente se han dictado diversos instrumentos que ayudaron a reglamentar ciertos patrones de conducta esperados por parte de los árbitros. Si bien éstos no tienen carácter vinculante a nivel internacional, son tenidas en cuenta por la mayoría de las instituciones arbitrales encargadas de la coordinación de éstos procesos y por los países en cuyas cortes se busca la ejecución de laudos arbitrales. Podemos nombrar así el Código de Ética de la American Arbitration Association (AAA) y las Directrices de la International Bar Association (IBA), donde se enumeran patrones de conducta esperados en los árbitros, así como situaciones particulares relativas a (i) conflicto de intereses con las partes, (ii) obligación de informar sobre determinadas situaciones preexistentes –Duty of Disclosure-; (iii) relaciones entre las partes y los árbitros y los árbitros entre sí.
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El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

El problema de los laudos arbitrales como títulos inscribibles en el registro de predios

La técnicas que se utilizaron en la presente tesis, son la encuesta y la observación de campo, la primera se basa en la elaboración del cuestionario o interrogatorio, a fin de adquirir testimonios de los sujetos o personas cuestionadas, en este caso se buscó conocer las falencias del sistema registral peruano respecto a la inscripción de laudos arbitrales, y la segunda, se basa en una técnica que cosiste en distinguir el hecho o caso, recoger información y anotarla para luego estudiarla. Esta última técnica, viene a ser un componente importante de todo desarrollo investigativo; puesto que en ella nos respaldamos para adquirir la mayor cantidad de referencias necesarias.
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La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

procedimiento arbitral ecuatoriano es claro, concreto y no admite dilaciones con relación a los otros procesos arbitrales, susceptible del recurso de nulidad, más no de apelación y casación como en el caso de Chile Los árbitros en el proceso arbitral en el Ecuador, tienen su autonomía y tienen la facultad para disponer medidas cautelares y ejecutar los laudos arbitrales. La demanda se presentará ante el Director del Centro de Arbitraje correspondiente o ante el árbitro o árbitros independientes que se hubieren establecido en el convenio. La demanda debe contener los requisitos determinados en el Art. 10 de la ley de Arbitraje y mediación. A la demanda se acompañará necesariamente el instrumento en que conste el respectivo convenio arbitral o copia auténtica de éste. Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias que justifiquen lo aducido en la demanda. Citación y contestación de la demanda arbitral. Presentada la demanda, el director del centro de arbitraje, o si fuere el caso, el árbitro o árbitros independientes previa su posesión conforme lo establecido en el artículo 17, calificarán la demanda y mandarán a citar a la otra parte, debiendo practicarse la diligencia de citación dentro de los cinco días subsiguientes, concediéndole el término de diez días para que conteste con los mismos requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Civil para la contestación de la demanda. Adicionalmente, se adjuntarán las pruebas y se solicitará la práctica de las diligencias probatorias, que justifiquen lo aducido en la contestación. El silencio se considerará como negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda. Si al actor le fuere imposible determinar el domicilio del demandado, la citación se hará mediante dos publicaciones en un diario de amplia circulación en el lugar en donde se sigue el arbitraje y en el domicilio del demandado.
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Arbitraje en derecho, el recurso de apelación y la seguridad jurídica

Arbitraje en derecho, el recurso de apelación y la seguridad jurídica

La Constitución en el artículo 76 numeral 7 literal m), determina el derecho a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, por consiguiente los laudos arbitrales deben ser susceptibles del recurso de apelación por mandato constitucional, sin embargo en la práctica los Tribunales de Arbitraje no conceden el recurso de apelación sobre los laudos teniendo como fundamento la disposición legal antes transcrita, vulnerándose el derecho a recurrir y la seguridad jurídica, esta última que se encuentra determinada en el Art. 82 de la Constitución, y que expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 3
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