REFORMAS A LA JUSTICIA

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La rama judicial como factor político instituciones formales e informales en las reformas a la justicia en Colombia 1991-2012

La rama judicial como factor político instituciones formales e informales en las reformas a la justicia en Colombia 1991-2012

Durante el período 1991-2011 se han realizado he intentado realizar una cantidad considerable de reformas a la justicia en Colombia. Siguiendo las categorías desarrolladas por Sousa (2007), es posible clasificarlas las reformas a la justicia en varios tipos. Las reformas del tipo I, son aquellas relacionadas con modificaciones a los códigos sustantivos y de procedimientos. Las reformas tipo II son reformas operativas diseñadas para fortalecer el funcionamiento diario de las Cortes u otras organizaciones judiciales por medio de sistemas de información, cambios en los modelos de gestión o programas de capacitación del talento humano. Las reformas tipo III incluyen modificaciones que tienen impacto en la independencia judicial, como puede ser los cambios al proceso de nombramiento de jueces, modificaciones que afectan las autonomía en la gestión del presupuesto de la Rama o reformas en el tamaño y estructura de las Altas Cortes. (Sousa, 2007). Es en las reformas tipo III en donde existe una mayor tensión entre los actores políticos que interactúan en las tres ramas del poder. La mayoría de estas reformas requieren la modificación de la Constitución o de la Ley Estatutaria de la Justicia que regula los aspectos más sensibles de la operación de la Justicia y pueden desequilibrar los pesos y contrapesos de las ramas (La Porta, López de Silanes, Pop-Eleches, & Schleifer, 2004). Por esta razón, es en este tipo de reformas en donde es visible la operación de los actores políticos en la aprobación o veto de las propuestas de reforma. En especial, estas reformas son una ventana que permite ver desde otro ángulo el comportamiento de un sector que, en buena parte de sus actuaciones, funciona como una caja negra.
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Globalización, estructura social de acumulación y reformas a la justicia en Colombia 1990 2012

Globalización, estructura social de acumulación y reformas a la justicia en Colombia 1990 2012

Coordinadamente, en la medida en que se impusieron las políticas neoliberales y la desregulación económica que le son propias, las cuales conllevaron a la restricción del Estado social, se fueron imponiendo además de las políticas criminales como las descritas, un conjunto de políticas sociales. Para implementar estas políticas se diseñaron varias modalidades, la primera de ellas dirigida a reorganizar los servicios sociales como instrumentos de vigilancia y control de aquellas capas sociales que no pudieron adaptarse al nuevo orden económico y moral (Wacquant, 2009:100), que en el caso de Colombia como se detallará en el siguiente capítulo implicó una reestructuración total del sistema de protección social que condujo a la privatización del sistema de salud, a una transformación estructural del mundo del trabajo y a la reformas a la justicia que permitieron sustentar legalmente estas transformaciones. Se incluyen en estos cambios las políticas de focalización, es decir políticas dirigidas a grupos específicos de la población, “los más vulnerables” y mayormente afectados por el nuevo modelo, que constituyen un riesgo para la tranquilidad y la paz social. En los Estados Unidos se incrementaron entre 1988 y 1995 estas transformaciones orientadas por la Ley de Apoyo a las Familias (Family Support Act) y que en Colombia tuvieron sus propias versiones con programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques y la creación de un sistema de salud para los más pobres aquellos que quedaron por fuera del mercado laboral, el Sisben. Una de las condiciones para acceder a este tipo de ayudas y sobre la cual se calcula el monto de la asistencia que se otorgará a una familia decente es el “presentismo de sus hijos o beneficiarios adolescentes en la escuela (leanfare), u obligar a los beneficiarios inscribirse en supuestos programas de formación” (Wacquant, 2009:100).
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Justicia Juvenil en Rumania – Tendencias de las reformas, aspectos legales, ejecución de sentencias y prisiones

Justicia Juvenil en Rumania – Tendencias de las reformas, aspectos legales, ejecución de sentencias y prisiones

Resumen: En los últimos años Rumania ha experimentado grandes reformas en el sistema de justicia penal, lo que ha afectado la manera de tratar a los delincuentes juveniles. Este artículo destaca los recientes acontecimientos en el campo de la justicia de menores tras la implementación de las esperadas reformas del sistema de justicia penal en 2014. Las nuevas disposiciones penales abolieron las penas de prisión para menores e introdujeron una gama más amplia de respuestas educativas, incluyendo varias medidas basadas en la comunidad. Este artículo analizará las tendencias de la delincuencia juvenil reportada y la práctica de las sentencias, teniendo en cuenta cómo estas se desarrollaron durante el período de transición después del giro político. También se discutirán factores influyentes en la dinámica de la delincuencia juvenil en este período. Finalmente, el artículo describirá las tendencias en la reclusión de menores y adultos y considerará las reformas que se han hecho al sistema penitenciario para mejorar las condiciones en las instalaciones de custodia.
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Las Reformas de la Justicia : "Cara y Cruz" (Editorial)

Las Reformas de la Justicia : "Cara y Cruz" (Editorial)

Cualquier análisis en esta materia debe partir de reconocer que no existe “una” reforma del sector justicia en la región, ya que se pueden ubicar diferentes “reformas” muchas veces vinculados con el origen de los recursos que financiaban los proyectos. Por ejemplo, fundamentalmente pero no exclusivamente, por medio del Banco Mundial se financiaron proyectos relacionados con la “gestión de los despachos judiciales”; con recursos del Banco Interamericano del Desarrollo –BID- se apoyó la creación o funcionamiento de los Consejos de la Judicatura y el uso de medios alterna- tivos de resolución de conflictos; la Agencia para la Cooperación del Desarrollo Interna- cional –USAID- contribuyó a la reforma pro- cesal penal, etc. 3
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En busca de justicia en los tiempos de las reformas judiciales: estudios de caso en Colombia, Perú y Venezuela

En busca de justicia en los tiempos de las reformas judiciales: estudios de caso en Colombia, Perú y Venezuela

Lo político y los programas de Rule of Law son indivisibles a pesar de lo que se diga en el discurso interno de cada organismo transnacional. Por ejemplo, el personal del Banco Mundial se ha convencido de que su ayuda es estrictamente técnica, mientras que el BID ha diseñado una po- sición intermedia en la medida que se apoya en la teoría económica neo- institucionalista para promover proyectos de “buen gobierno” y de eficien- cia institucional. La AID y el gobierno de Estados Unidos han hecho las declaraciones más explícitas sobre los lazos entre estos programas y su dimensión política, según las cuales es necesario promover compromisos políticos en los gobiernos de países beneficiarios. Sin embargo, estos nexos entre reforma judicial y política, reducidos al cumplimiento de los objeti- vos institucionales del gobierno de Estados Unidos, se desvanecen en el micro-nivel de los programas de desarrollo, en donde el discurso técnico de ingeniería institucional fractura la comunicación con los procesos so- ciales existentes. Pero más allá del discurso de cada organismo, la natu- raleza de las reformas del sistema judicial y los programas de Rule of law deben implicar, no solamente el intento por transformar la estructura de la institución y el surgimiento de conflictos entre los diferentes actores políticos, sino además la necesidad de entender los espacios de produc- ción de los conflictos sociales. En los contextos nacionales hay una amplia gama de confrontaciones que dan resultados impredecibles, y más aún, que pueden influenciar lo que los organismos transnacionales llaman el éxito o el fracaso de las reformas legales y judiciales. En el contexto de los países que hemos revisado, los programas de reforma judicial irrumpieron en el mismo momento que aparecían procesos internos de crisis en los cuales los contenidos y el significado de la democracia y la justicia estaban en juego. La transición de un modelo inconcluso de bienestar a un modelo neoliberal implica una mayor visibilidad de fracasos institucionales y del surgimien- to de diferentes conflictos políticos.
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Seguridad, justicia y derechos para niñas, niños y adolescentes en México . ¿Hacia dónde van las reformas de la Constitución Federal?

Seguridad, justicia y derechos para niñas, niños y adolescentes en México . ¿Hacia dónde van las reformas de la Constitución Federal?

Estas dos primeras direcciones, como es evidente, no sólo no tienen que ver con una reacción frente al delito de adolescentes, sino, de hecho, configuran un horizonte para el proceso de construcción de una ciudadanía responsable. Siempre en una visión concéntrica, constituyen asimismo el marco del ámbito de la reacción concreta –ahora sí- frente al delito de adolescentes. El siguiente círculo, por tanto, debe constituirlo un modelo de justicia penal juvenil finalizado hacia los objetivos de la justicia restaurativa, lo que significa, en grandes líneas, la posibilidad de que quien comete un delito aprenda que el daño que produce, en tanto que tiene consecuencias -especialmente si se le produce a alguien en su persona, su familia, o sus bienes- no se negocia, pero sí puede ser reparado, de modo tal que medie, ahí también, un aprendizaje significativo que tienda en lo posible a la restauración de la situación previa al delito, a la construcción de nuevos lazos con las víctimas y con la comunidad, y desde luego, a la no repetición. Ello requiere de construir los mecanismos necesarios para que la mayoría de los conflictos penales con adolescentes puedan resolverse fuera del sistema, en mediación, amigable composición o en conciliación, o bien que, siquiera los menos relevantes, no ingresen, mediante la operación reglada del principio de oportunidad; requiere también que existan salidas viables una vez que se ha iniciado el proceso, como la suspensión del juicio a prueba y, si ello no es posible y se hace necesaria una sanción, que los fines de estas no sean puramente retributivos – como a los que aspira el activismo punitivista-, ni puramente preventivos -como a los que aspira el activismo tutelarista- sino que se orienten en torno a la vivencia del valor que tiene, en la convivencia cotidiana, el respeto de los derechos humanos y en referencia con éste último, el disvalor de las conductas delictivas.
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Percepción de algunos actores del sistema de salud y de justicia sobre los efectos de las reformas constitucional y sanitaria en la práctica médica en Medellín-Colombia

Percepción de algunos actores del sistema de salud y de justicia sobre los efectos de las reformas constitucional y sanitaria en la práctica médica en Medellín-Colombia

En cuanto a la calidad de la atención se percibe desmejora en términos de mínima atención de cober- tura en niveles de mayor complejidad, deterioro de la relación médico-paciente y disminución de la oferta de insumos médicos. La mayoría de los efectos percibidos en la presente investigación sobre el sistema de salud, son compartidos por otro estudio realizado por la Aca- demia Nacional de Medicina Colombiana en 1999, en los siguientes términos: los objetivos y principios de la ley 100 son buenos y obedecen a razones de justicia so- cial y sana economía de la salud, pero varios aspectos de su estructura deben ser revisados; el sistema de salud colombiano registra un importante incremento en los recursos para la atención de salud pero se observa inca- pacidad administrativa y falta de control del sistema; la calidad de la atención médica ha sido limitada; la rela- ción médico- paciente como el personal se ha deshuma- nizado; existe un enfrentamiento entre los prestadores de servicios de salud con los entes intermediarios ( eps );
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Domando a la bestia: las reformas en la justicia penal bonaerense para eliminar la demora judicial

Domando a la bestia: las reformas en la justicia penal bonaerense para eliminar la demora judicial

Para resumir, un buen ejemplo de cómo la narrativa del gobierno provincial logró articular estas dos afirmaciones sobre el demora judicial, (por un lado su relación con la superpoblación de las cárceles y violaciones de derechos humanos y por el otro su relación con la inseguridad) es la declaración del gobernador Solá, quien argumentando a favor de una reforma de la jus ticia penal de la PBA, dijo que se hacía “ en condiciones de colaps o. Ese es el diagnóstico... (…) hay que terminar con los jueces que dan audiencias para dentro de cinco años, con los penados inocentes que están dentro de las cárceles, y con los reincidentes que salen y vuelven a cometer delitos porque no tienen condena firme (…) esto ocurre porque la Justicia es lentísima…” ("Solá volvió a reclamar por la sanción de la reforma penal," 2007).
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LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL REFUERZO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LECRIM

LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL REFUERZO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LECRIM

Por  otra  parte,  la  doctrina  científica  se  ha  mostrado  dividida  sobre  el  alcance  que  puede  tener  el  citado  cambio.  RODRÍGUEZ  FERNÁNDEZ  considera  más precisos y exactos los términos actuales que los propuestos en la reforma 61 ,  RODRGUEZ LAINZ, por el contrario, afirma que tal cambio viene influenciado por  la  legislación  comunitaria  en  la  que  las  figuras  de  imputado,  inculpado  o  sospechoso  convergen  en  la  de  investigado 62 .  DAMIAN  MORENO,  por  su  parte,  considera que la  modificación es “coherente con el reforzamiento del sistema de  garantías  procesales  que  se  pretende  promover” 63 .  Asimismo,  resulta  muy  interesante  la  comparación  histórica  que  realiza  GONZÁLEZ‐CUELLAR  SERRANO  entre los efectos estigmatizantes de la imputación con la marca que Dios impone  a  Caín  por  el  asesinato  de  su  hermano  Abel.  El  citado  autor  valora  muy  positivamente la reforma y sostiene que “hasta ahora la ley denomina imputado a  la  persona  a  la  que  le  atribuye  en  denuncia  o  querella  un  hecho  punible  que  presenta caracteres de delitos y que simplemente resulta verosímil, sin necesidad  de que exista una atribución judicial del delito basada en indicios racionales”. Por  ello, considera el autor, que la imputación es un término confuso y defiende que  el contenido semántico de investigado y encausado presenta mayor neutralidad y  “resulta perfectamente legítimo que la ley introduzca en la justicia penal, no sólo  disposiciones  de  carácter  técnico‐procesal,  sino  también  mensajes  simbólicos  tendentes  a  transformar  una  cultura  jurídica  incoherente  con  unas  garantías 
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La Justicia Universal en España: reformas legales y análisis jurisprudencial

La Justicia Universal en España: reformas legales y análisis jurisprudencial

Respecto de los delitos de Genocidio, Lesa Humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (apartado a) del artículo 23.4 LOPOJ), explicados anteriormente, y previstos en los capítulos II, II bis y III del Título XXIV del Libro II de nuestro Código Penal, para que se pueda invocar la Justicia Universal, los investigados deberán ser o españoles o extranjeros que residan habitualmente en España. En comparación con la anterior ya no podría actuarse si la víctima fuese española. Como ha sucedido recientemente con la conclusión del Caso Couso 93 por parte del juez del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional D. Santiago J. Pedraz Gómez en su auto de 9 de junio de 2015 dictado en el sumario 27/2007 basándose en la doctrina emanada del Tribunal Supremo a raíz de la sentencia 296/2015 de 6 de mayo de 2015 94 , la cual nos indica que los tribunales españoles, conforme a la ley vigente, carecerán de
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Reformas del sistema de justicia en América Latina: cuenta y balance

Reformas del sistema de justicia en América Latina: cuenta y balance

límites del diseño legal e institucional frente a la cultura jurídica y organizacional vigente. Una segunda lección muestra el error histórico latinoamericano, anotado antes, de importar instituciones jurídicas sin un diagnóstico y una comprensión suficientes del medio social e institucional receptor. Una tercera lección indica que buena parte de los males de la justicia, penal o no, proviene de la mala calidad de la formación universitaria en derecho y de mecanismos aún peores de selección y nombramiento de jueces y fiscales; las consecuencias de tales problemas reaparecen sin modificaciones a través del proceso penal reformado. Esto significa que al enfrentar la realidad, la reforma no ha dado los mejores resultados, salvo en el caso chileno –dotado de un Estado cuya eficacia resulta singular en la región–, donde en 2003 la ejecución, blindada de precauciones y cautelas explicadas en detalle por Baytelman y Duce (2003), no alcanzaba a todo el país y, en consecuencia, sólo podía ser evaluada provisoriamente. Aun en este caso, la ejecución de la reforma procesal penal impone la necesidad de un financiamiento grande, siendo así que para transformar la justicia se cuenta con recursos de una magnitud relativamente inelástica; por lo tanto, la fuerte inversión en esta materia marca límites a los cambios en otras áreas del sistema.
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¿Cómo fue el proceso de trámite y rechazo de la reforma a la justicia en Colombia?

¿Cómo fue el proceso de trámite y rechazo de la reforma a la justicia en Colombia?

Según Carvajalino Contreras y Name En donde sostienen que en Colombia se debe realizar de manera pronta una reforma a la justicia pero teniendo en cuenta elementos fundamentales como lo son una estabilidad laboral, unas instalaciones dignas, una remuneración digna; ya que no podemos hablar de reformas a la justicia sobre funciones, cuando no hay presupuesto en nuestro país para ejecutar una reforma a la justicia y que una de las reformas que se dio a conocer como la reforma al equilibrio de poderes tampoco es una reforma a la justicia ni dará solución a los problemas de justicia que padecemos los colombianos. Es necesario que el Gobierno presente pronto una ley que reglamente el acto legislativo, que tenga en cuenta las necesidades que se presentan actualmente en nuestro aparato judicial y para ello Se debe presentar un proyecto en la próxima legislatura con el ánimo de que las ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa tengan una mejor armonía para el desarrollo futuro de nuestro país.
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Capítulo 3 : los veinte años de reformas en el poder judicial [2015]

Capítulo 3 : los veinte años de reformas en el poder judicial [2015]

Entre 2000 y 2002 ocurrieron dos hechos que se constituyeron en los puntos de partida de una segunda ola reformista: al comienzo del siglo se presentó el Pri- mer Plan Quinquenal del Poder Judicial (2000-2005) y en 2002 se inició el Segundo Programa de Moderni- zación, o segundo préstamo Corte-BID. El Plan fue un hito porque replanteó la misión y los objetivos del Poder Judicial, que por primera vez realizaba un ejercicio de planificación a mediano plazo. Sus acciones estratégicas fueron parte de las actividades asociadas a los préstamos Corte-BID y han seguido actualizándose cada cinco años, hasta la actualidad. Muchos de los temas de esta segunda ola coincidieron con los lineamientos del prés- tamo, que cambiaron la orientación de la etapa anterior. En este período las prioridades fueron la ampliación de los esfuerzos para modernizar la gestión en las oficinas judiciales (para incluir ahora a los órganos auxiliares) y la implementación de la reforma penal, que había sido aprobada desde el punto de vista normativo a finales de los noventa, pero aún no se había puesto en prácti- ca. También se dio énfasis al acceso a la justicia, en ese momento entendido como la eliminación de obstáculos para las mujeres y los pueblos indígenas.
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Administración de justicia para la familia en Bogotá “del dicho al hecho

Administración de justicia para la familia en Bogotá “del dicho al hecho

servicio. Ya lo mencionan otros al hablar de la meta en las reformas de justicia (MacLean: 2009). Esa es la diferencia que se encuentra al acudir a despachos judiciales que atienden asuntos de familia en otras ciudades o municipios, donde la política es la misma o por lo menos tiene la misma base nacional y posiblemente similitud en la carga laboral para los funcionarios y se evidencia falta de instalaciones adecuadas y tecnología pero la percepción de servicio y respeto del usuario es diferente, cuando se sale de estos despachos se siente la diferencia; si bien el problema no se ha resuelto, el reconocimiento personal, el respeto y el buen trato recibido hace que la sensación de protección del Estado y la esperanza de solucionar el asunto, se conviertan en la confianza en la justicia y en la fe en las instituciones públicas. Este buen trato y reconocimiento del usuario en todas sus dimensiones es trabajado arduamente en otras instituciones públicas en Bogotá, tales como las superintendencias, los juzgados penales y la procuraduría, entre otras. El sistema como está diseñado y el servicio que se presta en Bogotá en asuntos de familia no responde a las expectativas de los usuarios, no se ofrece un servicio de calidad y aunque esta depende de varias situaciones como las variables mencionadas, es decir, las herramientas de trabajo, el personal suficiente y las instalaciones adecuadas, estas son solo una parte porque el servidor público debe ser consciente de su labor y llevar a cabo la teoría que en la mayoría de los casos tiene sobre la forma como debe desempeñarse y dar buen trato a quien acude al servicio para que de esta forma pueda realmente evidenciarse en términos cuantitativos y cualitativos la percepción positiva del servicio de justicia. Esta es una responsabilidad compartida entre quienes diseñan las políticas públicas, quienes las ejecutan y los usuarios.
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Desagregando reformas : sindicatos y reformas laborales en izquierdas moderadas

Desagregando reformas : sindicatos y reformas laborales en izquierdas moderadas

reemplazos en la huelga (El Mercurio 2007). Sin embargo, el Ministro de Hacienda Andres Velasco comenzó a plantear una agenda paralela de reformas que llevó a continuos enfrentamientos entre ambos lo que requirió incluso la intermediación de la presidenta Bachelet para aplacar las disputas en su gabinete (El Mercurio 2006; Economía y Negocios 2007). La disputa no sólo era por el líderazgo en la agenda de reforma laboral del gobierno de Bachelet sino también acerca de los contenidos de la misma, ya que las propuestas de Andrade estaban más cercanas a las preferencias del movimiento sindical que la agenda que proponía Hacienda. Un segundo factor que terminó por desplazar una agenda laboral más ambiciosa fue la crisis financiera mundial de 2008 37 . En los primera mitad del gobierno, la Concertación priorizó importantes reformas a los derechos individuales como la ley de subcontratación y la reforma a la justicia laboral postergando las reformas en los derechos colectivos. Pero cuando el partido brindó señales de comenzar con la agenda de derechos colectivos, los efectos de la crisis economía mundial sobre la economía de Chile hicieron que se alejara la posibilidad de aprobación de reformas en este ámbito. En los primeros meses de 2009 el Partido Socialista en alianza con la Ministra de Trabajo Claudia Serrano buscaron reactivar sin éxito la agenda de reformas de derechos colectivos (El Mercurio 2009c). A propósito de la conmemoración de 1 de mayo y en medio de la campaña electoral por la Presidencia, el candidato de la Concertación Eduardo Frei intentó instalar la reforma laboral como eje de debate en la carrera presidencial (El Mercurio 2009a) lo cuál brindaba la oportunidad de reeditar la estrategia electoral utilizada en la carrera presidencial de Lagos, enviando un proyecto al parlamento para presionar a la oposición a pronunciarse en contra y de esa forma denunciar su falta de compromiso en esta área. Sin embargo, en setiembre de 2009 el Ejecutivo envió un mensaje claro de que no enviaría un proyecto de reforma laboral al parlamento para evitar posibles confrontaciones con el sector privado que pudieran
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La facultad de atracción de la suprema corte de justicia de la nación: un primer acercamiento

La facultad de atracción de la suprema corte de justicia de la nación: un primer acercamiento

El objetivo general de esta investigación es ampliar el conocimiento sobre la evolución del Poder Judicial en México, y cómo la Suprema Corte ha utilizado las facultades adquiridas a partir de estas reformas. En particular, evaluaré si la Corte ha utilizado la facultad de atracción, con base en lo establecido en el art. 107 constitucional y en la exposición de motivos de la Reforma al Poder Judicial de 1988 tanto del ejecutivo como del Senado, para contribuir a los objetivos de la Reforma Judicial de 1988. De acuerdo a éstas, la Reforma al Poder Judicial de la Federación tenía como objetivo que la Corte se dedicara a la “plena protección de las libertades y derechos de los individuos”, 7 “fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución”, 8 y eliminar el rezago de la Corte. En esta investigación me enfocaré en el primer punto, la protección de las libertades y derechos de los individuos. ¿La Corte ha utilizado la facultad de atracción para la defensa de los derechos fundamentales? Cabe mencionar que ésta no es la única facultad que tiene la Corte para la defensa de los derechos fundamentales.
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Reformas de la ONU

Reformas de la ONU

El plan de reformas del Secretario General incluye medidas múltiples en diversos campos normativos e ins- titucionales que van desde el cumplimiento de las metas del Milenio; la firma, ratificación y cumplimiento de tratados internacionales como el de No Proliferación de Armas Nu c l e a res o el Protocolo de Kyoto; la culmina- ción de otras convenciones en vías de negociación, como la Convención contra el Te r rorismo, hasta la re e s t ru c t u- ración de diversos órganos de Naciones Unidas, como la fallida Comisión de Derechos Humanos; la amplia- ción del Consejo de Seguridad y la reorganización de la Secretaría General. Resalta la propuesta del Secretario General para crear una Comisión de Consolidación de la Paz que, superada la etapa de las hostilidades, permita continuar con las tareas y los compromisos contraídos en los acuerdos de paz, mediante un esfuerzo sosteni- do, combinado y participativo de toda la comunidad internacional que haga perdurable la paz. No obstante su gran alcance, las reformas propuestas por Annan no incluyen —como tampoco lo hizo el reporte de perso- nas eminentes— grandes enmiendas a la Carta las cua- les sólo pueden hacerse con la aprobación y ratificación de los poderes legislativos de cuando menos dos terc e- ras partes de los Estados miembros, incluidos los cinco permanentes del Consejo de Seguridad. En todo caso y por más que los diplomáticos en Nueva York pudie-
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Límites de la jurisdicción militar determinada en los casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que crea directrices para los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Límites de la jurisdicción militar determinada en los casos mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que crea directrices para los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las nor- mas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política Mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitu- cionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana. De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción mili- tar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso.
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La coordinación en el sistema sanitario y su mejora a través de las reformas europeas de la Atención Primaria

La coordinación en el sistema sanitario y su mejora a través de las reformas europeas de la Atención Primaria

Aunque la evaluación de las reformas va siempre por detrás de las mismas, puede afirmarse que las reformas europeas no han resuelto los problemas de coordinación, que son difíciles y correosos, aunque han tenido aciertos parciales. No han empeorado la equidad. Han mejorado la eficiencia. Se ha demostrado un impacto positivo sobre al- gunos indicadores de salud poblacional. Han mejorado la capacidad de gobierno organizativo, pero a veces a costa de una disminución real o percibida del gobierno clínico, lo que en algunos casos ha llevado al deterioro de la satis- facción profesional de los médicos generales. No han em- peorado la satisfacción de los pacientes. No se han resuel- to los problemas de calidad del trabajo en equipo, y se mantienen los respectivos monopolios profesionales. La cultura de seguridad y evitación de riesgos y errores ha pa- sado de la teoría a la práctica, pero sin convertirse en nor- ma. Se han logrado más éxitos en la coordinación entre ni- veles sanitarios que entre el sector sanitario y el social 14 .
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Criterios de la corte interamericana de derechos humanos sobre el derecho a recurrir y sus consecuencias por no  incorporarse al sistema de impugnación penal peruano

Criterios de la corte interamericana de derechos humanos sobre el derecho a recurrir y sus consecuencias por no incorporarse al sistema de impugnación penal peruano

105. Ahora bien, el artículo 8.2. (h), de la Convención Americana establece el “derecho de recurrir el fallo ante Juez o Tribunal Superior”. El señor Alibux fue juzgado por el máximo órgano de justicia de Suriname, por lo que no existía un tribunal o juez superior quien pudiera hacer una revisión integra del fallo condenatorio. Al respecto en supuestos como éstos, la Corte interpreta que al no existir un tribunal de mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o camara, dentro del mismo organo colegiado superior, pero de distinta composición al que conocío la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada, si asi lo considera pertinente. En este sentido la Corte ha señala que puede establecerse (…) por ejemplo (…) que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o de una sala del organo colegiado superior y el conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron sobre el caso.(…) Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima que el Estado puede organizarse de la manera que considere pertinente a efectos de garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos funcionarios publicos que corresponda. (El subrayado es nuestro).
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