Régimen de derecho privado

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Responsabilidad patrimonial y entidades instrumentales de Derecho Privado: novedades en torno a su régimen jurídico básico

Responsabilidad patrimonial y entidades instrumentales de Derecho Privado: novedades en torno a su régimen jurídico básico

La nueva legislación básica administrativa modifica esta sistemática, con la finalidad de dotar el sector público de una mayor eficacia, de eliminar las duplicidades que le afectaban y de simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración. En consecuencia el contenido normativo queda desdoblado en dos disposiciones: los art. 32 y siguientes de la LRJSP recogen los principios y las reglas sustantivas de la responsabilidad patrimonial; en tanto que las normas de procedimiento se expanden a lo largo de la LPAC, derogándose el RD 429/1993, estableciendo los criterios de cada fase del procedimiento de responsabilidad patrimonial a lo largo del articulado de la Ley. El objetivo del sistema jurídico- administrativo de responsabilidad extracontractual es, hoy, evitar de forma sistémica que las consecuencias lesivas originadas de las actividades públicas sean soportadas por el sujeto que sufre de forma antijurídica una lesión. Pero este loable propósito puede plantear, a nuestro juicio, determinados problemas dogmáticos e interpretativos, entre otros, el que hemos planteado y estudiado en este Trabajo Fin de Grado, la traslación de las exigencias, formales y materiales, del modelo público de responsabilidad administrativa a la actuación instrumental de entidades de gestión de Derecho privado, detrás de las cuales, obviamente, se encuentra una Administración Pública, sobre todo cuando las nuevas Leyes insisten en los principios de control preventivo y supervisión continua de las entidades públicas especializadas, pero cuya forma y régimen jurídico de actuación son, claramente, de Derecho privado.

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tes Generales y su traslado al Gobierno u otras instancias fueron, resumidamente, las siguientes: 1º.- Que se complete y sistematice el marco legal vigente respecto de los convenios de colaboración, formu- lando un concepto que los diferencie de figuras afines, precisando sus ámbitos subjetivo y objetivo y los extremos de su contenido. 2º.- Que se precise el régimen aplicable a los convenios celebrados por entida- des públicas que se rigen por el derecho privado con otras entidades o Administraciones Públicas (el de los convenios interadministrativos o el de los convenios con administrados). 3º.- Que se concrete si las relaciones entre Administraciones Públicas y organismos dependientes o vinculados deben canalizarse mediante convenios de colaboración o mediante encomiendas de gestión. 4º.- Que se adopten medidas eficaces para la efectiva aplicación de los principios de la legislación de contratos del sector público en los casos de ausencia de normas especiales. 5º.- Que en los convenios se delimiten con precisión el ob- jeto y las actividades a realizar por las partes que convienen y la titularidad de los resultados. 6º.- Que en los convenios en los que haya que realizar aportaciones financieras, se fije con rigor en su importe, que nunca deberá rebasar el coste de la actividad a financiar ni su valor de mercado. 7º.- Que en las cláusulas de los convenios se incluyan las causas que pueden dar lugar a su modificación y resolución, así como las consecuencias del incumplimiento de sus compromisos. 8º.- Que se definan y clarifiquen los criterios de imputación presupuestaria del gasto. 9º.- Que se evite la contracción de compromisos de ejercicios futuros con cargo a créditos con asignación nominativa, ni aún condicionándolos a la futura concesión de otro crédito nominativo. 10º.- Que se evite la imputación automática de los saldos de com- promisos no ejecutados del ejercicio anterior al presupuesto corriente sin una paralela modificación del plazo convenido. 11º.- Que se recabe la conformidad expresa de los suscriptores del convenio sobre las actuaciones a realizar cuando su concreción tenga que ser posterior a la suscripción del convenio. 12º.- Que se atribuya a una comisión de seguimiento o a un responsable del convenio las facultades de supervisión del mismo. 13º.- Que se justifique la ejecución del convenio mediante la comprobación material de las inversiones realizadas, tanto por el órgano gestor como por la intervención. 14º.- En caso de que surjan dudas acerca de la delimitación de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, debe- rían de clarificarse en los convenios. 15º.- Que se complete y amplíe la información sobre los convenios mediante un sistema registral. 16º.- Que se extienda a los convenios de colaboración la obligación de remitir información al Tribunal de Cuentas.

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Derecho público y Derecho privado  Los cinco sentidos de una distinción

Derecho público y Derecho privado Los cinco sentidos de una distinción

trumento al servicio de la libertad de los particulares, que subyace en buena parte de las teorías del quid y cobra especial importancia en el cambio del siglo XVIII al XIX, otorga al binomio un contenido indudablemente ideológico. Una vez vencida la sociedad estamental del Antiguo régimen por las revolu- ciones liberal-burguesas, privatizados y apropiados los bienes eclesiásticos y comunes, y alcanzado el control político del sistema, la burguesía acuña la dis- tinción Derecho privado/Derecho público como base conceptual con la que impedir la intervención del estado en el ámbito recién ganado de la propiedad privada y el libre mercado 21 . Para algunos autores que aplican un esquema

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Presentación

Presentación

Con la sanción y promulgación de la ley nacional 26.994 comenzó a regir en la Nación Argenti- na un nuevo régimen para las relaciones de derecho privado, que derogando el Código Civil (Códi- go Vélez Sarsield) y el Código de Comercio (Código Vélez Sarsield y Eduardo Acevedo), generó un nuevo Código uniicado en materia Civil y Comercial.

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Conflictos en derecho privado” componente de nuevas dinámicas del derecho privado

Conflictos en derecho privado” componente de nuevas dinámicas del derecho privado

La actividad comercial que se realiza por medio de los portales de contacto genera un lucro a los empresarios que crean y administran estas páginas, es por esto que siendo una actividad comercial que cada vez va adquiriendo más presencia en los negocios jurídicos de las personas, es necesario que este regulado para así evitar diferentes conflictos jurídicos. En ocasión a esto, la ley 1480 de 2011 creo un régimen de protección al consumidor electrónico, y en este señalo en su artículo 53 las obligaciones que deben cumplir las empresas que prestan el servicio de intermediarios por medio de portales de contacto, con el fin de proteger los intereses de los consumidores. Es por esto que es pertinente analizar si esta normativa cumple su fin de proteger a los consumidores, y debido a que es la única norma que regula la materia, ver si esta en concordancia con la tendencia internacional respecto a la normativa sobre los portales de contacto.

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LEYMATADEROS.pdf

LEYMATADEROS.pdf

Art. 5.- Para el mejor cumplimiento de lo que prescribe el Art. 40, numeral 3, literal b), de la Ley de Régimen Municipal, facúltase a las Municipalidades, a los Consejos Provinciales y a las demás Entidades de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública para que puedan asociarse entre si o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, a fin de constituir empresas o compañías comerciales para la instalación y funcionamiento de Mataderos, con arreglo a los Códigos Civil y Comercio. Dichas compañías se regirán por las disposiciones de esos Códigos, del Código Sanitario, de la Ley de Sanidad Animal y su Reglamento, de las disposiciones de este Decreto y de las de sus Estatutos.

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Galicia y su Derecho privado

Galicia y su Derecho privado

ciones jurídico-privadas que realmente estuvieran vivas en el Derecho propio de esta región. Y, así, como indica su Preámbulo, seguramente existen institu- ciones que la ley no regula y que reúnen méritos propios para ser incorporadas al sistema jurídico escrito de Galicia, por lo que, en previsión de la existencia de tales instituciones, pero también de las dudas y dificultades que la aplicación de la norma pudiera plantear en la práctica, se establece una fórmula a fin de que se someta, cuando se estime oportuno –como máximo en el plazo de cinco años–, su evaluación mediante el informe de una ponencia especial, sin per- juicio de la iniciativa parlamentaria que pudiera existir en cualquier momento. Sobre este proceso de reforma y desarrollo del Derecho gallego descansa el trabajo del profesor Montero, quien además de elaborar un repaso histórico y detallado de los avatares legislativos conformadores de su cristalización sobre el papel, se adentra en la reforma legal operada entre ambas normativas, la de 1995 y la vigente de 2006, desgranando el recorrido seguido hasta su definiti- va concreción y aplicación práctica.

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Reflexiones sobre las concepciones y los métodos para el estudio del derecho privado

Reflexiones sobre las concepciones y los métodos para el estudio del derecho privado

De conformidad con lo desarrollado hasta el momento, es posible airmar que el Derecho Privado no puede verse reducido a un Derecho codiicado. A partir de la necesidad de apreciar intereses colectivos y de velar por el principio de la solida- ridad social, deben estar presentes otras fuentes normativas como la Constitución Política, los principios y valores colectivos. Asimismo, es necesario que esta área del Derecho asuma el estudio y la comprensión de algunos contenidos como son los derechos de la personalidad, las formas especiales de la propiedad, la protec- ción a los consumidores y usuarios, la tutela privada del medio ambiente (Llamas, 2009: 99), el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el rol de agentes transnacionales en la regulación de esta rama, las tendencias de uniicación y descodiicación del Derecho Privado, de acuerdo con el contexto y las circunstancias socioculturales que se presentan. Resultando necesario establecer “el modo en que las nuevas circunstancias socioeconómicas e ideológicas afectan la vieja rama” (100).

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La Coopeación Judicial Civil en el ámbito Iberoamericano y las aportaciones de Iber-Red. El caso de la Coopeación Hispano-Argentina

La Coopeación Judicial Civil en el ámbito Iberoamericano y las aportaciones de Iber-Red. El caso de la Coopeación Hispano-Argentina

Para determinar cuál de los dos regímenes, el de la Haya o el de la OEA, es de aplicación en las relaciones entre los Estados iberoamericanos, utilizando el criterio de especialidad de las leyes, aplicaríamos la Convención Interamericana; sin embargo, hay que tener en cuenta la fecha de adhesión de cada estado parte, pues mucho estados del ámbito iberoamericano pasaron a integrar el derecho de la Haya después de la firma de la Convención Interamericana en cuestión. De todos modos, como pone de manifiesto Salvador Guerrero no existe impedimento expreso en aplicar uno u otro ya que ambos prevén que su aplicación será compatible con la de otros instrumentos de similar carácter (artículo 15 de la Convención Interamericana, y artículo 25 del Convenio de la Haya).

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Análisis jurídico del régimen sucesorio en el marco de derecho internacional privado

Análisis jurídico del régimen sucesorio en el marco de derecho internacional privado

social que involucra factores relacionados directamente con la idiosincrasia de los individuos a los cuales está dirigida 23 . Al respeto es importante tener en cuenta que la regulación de las instituciones familiares y las que determinan el régimen de las personas, están íntimamente ligadas a los valores humanos. Mientras en occidente se propugna por la igualdad de género, raza y se lucha contra toda forma de discriminación, no sucede lo mismo con los países orientales 24 . Así por ejemplo “En Marruecos, si bien el nuevo Código de familia del 2004 ("La Mudawana"), ha supuesto un considerable esfuerzo de modernización, la ley islámica continúa presente en muchas de sus disposiciones. Basta citar: la poligamia y el repudio (facultad unilateral del marido de disolver el matrimonio sin razón alguna); la prohibición de la adopción, la atribución a las hijas de la mitad de la cuota hereditaria que corresponde a los hijos; y la prohibición de derechos hereditarios entre musulmanes y no musulmanes.” 25 Es por ello que la aplicación de la ley nacional tiene varias limitaciones a saber: 26

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"Derecho (privado) de los consumidores"

"Derecho (privado) de los consumidores"

del acervo. A partir de entonces una idea está presente en los trabajos del Ejecutivo comunitario: reemplazar la opción de la armonización mínima –a la que respondían las Directivas hasta entonces aprobadas– por una armonización plena o máxima, en sintonía con la opinión expresada sobre este particular por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre la aproximación del Derecho civil y mercantil de los Estados miembros, en la que instó al Ejecutivo comu- nitario a presentar propuestas de revisión de las Directivas de consumo alejadas del principio de armonización mínima, dados los muchos obstáculos a la consecución de un verdadero mercado interior que de él se derivan. Un hito relevante de este proceso de revisión y reforma de las normas tuitivas de los consumidores fue la publicación en 2007 por la Comisión Europea del Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo, en el que invitó a todos los posibles interesados a expresar su opinión sobre un conjunto de cuestiones de especial relevancia, tales como, entre otras, el enfoque legislativo a adoptar, el ámbito de aplicación del instrumento horizontal, el grado de armonización a seguir, y las definiciones de consumidor y de profesional. El período de consulta finalizó en mayo de 2007, y permitió a la Comisión contar con opiniones diferentes –algunas muy bien fundadas– en torno a las cuestiones planteadas. Aunque el propósito del Libro Verde era extender el proceso de revisión a ocho Directivas, la propuesta normativa que de él resultó rebajó considerablemente esas aspiraciones, optando por refundir sólo la mitad, mediante la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores, dada a conocer por la Comisión Europea el 8 de octubre de 2008, que integraba en un único instrumento horizontal las Directivas

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De la constitucionalización del derecho privado

De la constitucionalización del derecho privado

En conclusión, este caso muestra cómo, aun en materia de contratos es no sólo posible, sino también recomendable, la articulación entre el derecho privado y el derecho constitucional, mediante la adecuada interpretación de las cláusulas generales como las de responsabilidad civil o las referentes a la observación de las buenas costumbres en materia de negociación, perfeccionamiento, ejecución e interpretación del contrato; todo lo cual, conmina a los jueces a observar en to- dos los casos los derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados con su decisión, para que, en caso de que efectivamente se genere o se pueda generar tal vulneración, se castigue patrimonialmente al causante de la misma.

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Dictámenes de derecho privado

Dictámenes de derecho privado

El contrato de prenda, tal y como se define en el artículo 569-12 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, es el derecho constituido a favor del acreedor que se puede constituir sobre bienes muebles, valores, derechos de crédito o dinero, en garantía de cumplimiento de cualquier obligación. Se faculta al acreedor a poseer esos bienes, por él mismo o por una tercera persona si se ha pactado y a, en caso de incumplimiento de la obligación garantizar, solicitar la realización del valor.

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libros de derecho nuevos

libros de derecho nuevos

derecho administrativo laboral:relaciones colectivas y aspectos procesales. 344.01 V732d10 derecho administrativo laboral:relaciones colectivas y aspectos procesales. 344.01 V732d10 derecho administrativo laboral:relaciones colectivas y aspectos procesales. 344.01 V732d10 derecho administrativo laboral:relaciones colectivas y aspectos procesales. 344.01 V732d10 derecho administrativo laboral:principios,estructura y relaciones individuales. 344.01 V732d10e derecho administrativo laboral:principios,estructura y relaciones individuales. 344.01 V732d10e traslados y recuperación del régimen de transición pensional en la jurisprudencia laboral. 344.01252 J37t traslados y recuperación del régimen de transición pensional en la jurisprudencia laboral. 344.01252 J37t traslados y recuperación del régimen de transición pensional en la jurisprudencia laboral. 344.01252 J37t

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Expropiación forzosa y beneficiario privado: bases constitucionales, régimen administrativo y Derecho Europeo

Expropiación forzosa y beneficiario privado: bases constitucionales, régimen administrativo y Derecho Europeo

En segundo término, parece también evidente que son entidades en el sentido del artículo 2.2 LEF los entes públicos que integran la llamada Administración instrumental. Precisamente son ellos, dado el principio general de su carencia de potestad expropiatoria, los que con mayor frecuencia adquieren la condición de beneficiario a través de esta vía. En este grupo pueden incluirse el resto de Administraciones no territoriales con forma de personificación pública, es decir, los entes públicos de base corporativa o asociativa (mancomunidades de municipios y consorcios) y los denominados entes públicos de gestión (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias y entes públicos de régimen singular, incluyendo entre estos últimos a las Administraciones independientes y a las estructuras organizativas integrantes de la Seguridad Social). Estos sujetos son entidades a los efectos del artículo 2.2 LEF cuando desarrollan por sí mismos funciones públicas de su titularidad. Pero también lo son cuando ejercitan actividades de la titularidad de otra Administración pública consistentes en la realización de obras o prestación de servicios, siempre y cuando no sea necesaria a tal fin la celebración de un contrato público, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 24.6 TRLCSP para ser considerados como medio propio y servicio técnico del ente público titular de la actividad en cuestión. Ahora bien, como establece el artículo 24.6 TRLCSP, cuando no se trate de un ente con personalidad jurídica de Derecho público sino de una sociedad mercantil, ésta sólo podrá ser considerada como medio propio y servicio técnico de la Administración titular de la obra o servicio, y por tanto acceder a su gestión sin necesidad de celebrar un contrato, cuando el cien por cien de su capital sea de titularidad pública. Por lo tanto, sólo en estos casos las sociedades mercantiles públicas pueden ser consideradas como entidades en el sentido del artículo 2.2 LEF. Cabe suponer, por lo demás, que este criterio puede ser aplicado analógicamente a las fundaciones públicas.

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El derecho público y el derecho privado

El derecho público y el derecho privado

3. el derecho privado, en cambio, es el que formulan los particulares me- diante su actividad negocial para estatuir en la esfera de sus asuntos peculiares, vale decir, de las cosas que se encuentran a su disposición y de los servicios que son capaces de prestar. Tal ocurre, por ejemplo, cuando un particular emite su testamento, con el cual regula el destino de sus bienes para después de morir; o cuando dos particulares celebran un contrato de arrendamiento de cosas, en el que prescriben sobre el uso de cierto objeto que viene del arrendador por parte del arrendatario y el precio a que quedará sujeto ese uso en contraparti- da, etcétera. Propiamente hablando, el testamento y el arrendamiento de esos ejemplos constituyen un derecho privado: privado por sus autores y partes, porque privados son éstos; privado por la materia a que se refiere, porque atañe a cosas y asuntos privados; privado por su fuente, porque el testamento y el contrato son negocios de particulares; privado por el conocimiento que se tiene de esos actos, porque se otorgan y celebran en privado y el populus no tiene por qué enterarse de ellos.

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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 2 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz FUENTES INTERNACIONALES

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 2 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz FUENTES INTERNACIONALES

c) Frente a esta Sentencia se interpuso recurso de suplicación resuelto por el Tribunal Central de Trabajo en Sentencia de 18 de noviembre de 1988 en la que se estima el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid, y se deja sin efecto la Sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo, por estimar que no existe discriminación y que la diferencia retributiva está justificada al no poderse comparar salarios correspondientes a trabajos encuadrados en dos categorías profesionales distintas. Para el Tribunal Central de Trabajo el Convenio que fija para las Limpiadoras una retribución inferior a la de los Peones no infringe el art. 14 C.E.; «pues parte de la base de que se trata de dos categorías profesionales distintas, definidas en el Reglamento de régimen interior del Hospital Provincial, de manera prácticamente igual que la Ordenanza laboral para Empresas destinadas a establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorio de análisis clínicos, aprobado por Orden de 25 de noviembre de 1976, en cuyo anexo 1 se dice que las Limpiadoras "categoría de personal femenino se ocupa del aseo, limpieza de las habitaciones, pasillo, cafeterías y oficinas", mientras que Peones son "aquellos trabajadores que, sin poseer conocimientos concretos de cualquier especialidad, limitan sus funciones a la aportación de su esfuerzo físico y a la ejecución de trabajos no especializados", lo que evidencia que entre el trabajo que llevan a cabo los integrantes de cada una de tales categorías existen unas marcadas diferencias que hay que calificar de fundadas y razonables. Otra cosa muy distinta es que, en el Hospital Provincial de Madrid, tanto las actoras que, como queda dicho pertenecen a la categoría de Limpiadoras, como los Peones que son todo hombres, realizan exactamente las mismas funciones ..., como se dice en el segundo hecho probado de la Sentencia recurrida, ya que ello puede motivar, en su caso, otra clase de reclamaciones, pero no por discriminación de la tabla salarial de un Convenio Colectivo que contempla distintas categorías profesionales, y por tanto, distintos trabajos con un carácter general, es decir, abarcando todos los centros hospitalarios incluidos en su ámbito de aplicación, sin descender al examen pormenorizado de lo que pueda ocurrir en cada caso particular».

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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 5 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz CONTRATO EVENTUAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 5 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz CONTRATO EVENTUAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

4.- Del mismo modo, en cuanto al contrato para obra o servicio determinados, los requisitos para la validez han sido ya delimitados por esta Sala en la STS/IV 21-enero- 2009 (rcud 1627/2008), con doctrina seguida por la STS/IV 14-julio-2009 (rcud 2811/2008 ), que recordando, entre otras, la STS/IV 10-octubre-2005 (rcud 2755/2004) , en la que con cita de la STS/IV 11-mayo-2005 (rcud 4162/2003), se razona que la doctrina es aplicable tanto para las empresas privadas como para las públicas e incluso para las propias Administraciones Públicas, señalando que " son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los arts. 15.1.a) ET y 2 Real Decreto 2720/1998 de 18-diciembre que lo desarrolla (BOE 8- 1-1999 ) ... los siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y c) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.- Esta Sala se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho ... Corroboran lo dicho, las de 21-9-93 (rec. 129/1993), 26-3-96 (rec. 2634/1995), 20-2-97 (rec. 2580/96), 21-2-97 (rec. 1400/96), 14-3-97 (rec. 1571/1996), 17-3-98 (rec. 2484/1997), 30-3-99 (rec. 2594/1998), 16-4-99 ( RJ 1999, 4424) (rec. 2779/1998), 29-9-99 (rec. 4936/1998), 15-2-00 (rec. 2554/1999), 31-3-00 (rec. 2908/1999), 15-11-00 (rec. 663/2000), 18-9-01 (rec. 4007/2000) y las que en ellas se citan que, aun dictadas en su mayor parte bajo la vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994 y 2720/1998.- Todas ellas ponen de manifiesto ...que esta Sala ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad".

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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 12 LECTURA RECOMENDADA Ana Moreno Márquez DESPIDO IMPROCEDENTE

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 12 LECTURA RECOMENDADA Ana Moreno Márquez DESPIDO IMPROCEDENTE

Aplicando tal doctrina al caso de autos, hemos de llegar a la conclusión de que el despido del actor es improcedente, puesto que la conducta desarrollada por el trabajador demandante no es incompatible con su trabajo habitual, ni ello puede deducirse de que acudiese al restaurante del que es socio, vestido de una determinada manera y sin que consta que desempeñase alguna tarea incompatible con su recuperación o que ésta la prolongase, así como tampoco que de todo aquello pueda deducirse que estaba recuperado y podía efectuar su trabajo habitual, cuando lo que se desprende de la prueba practicada es que continúa bajo una depresión secundaria a estrés laboral y que sigue tratamiento médico (partes médicos a los folios 120 y 121y partes de confirmación de baja médica), a lo que ha de unirse que el trabajador estuvo a disposición de la empresa en tareas y daciones de cuenta que le solicitaron (así se recoge con valor de hecho probado en el Fundamento de Derecho Tercero), lo cual no se compatibiliza bien con la transgresión de la buena fe contractual.

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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 9 LECTURA RECOMENDADA Ana Moreno Márquez

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 9 LECTURA RECOMENDADA Ana Moreno Márquez

Ciertamente habría existido, por quienes aceptaron acogerse a las nuevas condiciones una renuncia válida por cuanto no se trata de un derecho reconocido por disposición legal de derecho necesario ni reconocido como indisponible por Convenio Colectivo. Sin embargo el legislador ha sido taxativo al incluir en el artículo 41.2º del Estatuto de los Trabajadores la modificación de las condiciones reconocidas a los trabajadores disfrutadas en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos, lo que aparta la referida condición del tratamiento de una condición individual renunciable sin otros requisitos, elevándola a la categoría de colectiva, lo que unido a su incardinación, objetiva en el apartado d) del artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, determina su inclusión en las previsiones del apartado 4º del citado artículo.

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