Régimen de modificación de los contratos

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La facultad de modificación unilateral en los contratos de distribución de acuerdo con la jurisprudencia arbitral

La facultad de modificación unilateral en los contratos de distribución de acuerdo con la jurisprudencia arbitral

También, fue relevante para el Tribunal de arbitramento la conducta independiente de la Convocante, pues está claro que llevó a cabo un estudio juicioso del clausulado del segundo contrato, razón por la cual es aun más diciente que, a pesar de haber analizado la minuta del segundo contrato y del Anexo A, no hubiera cuestionado siquiera mínimamente el hecho, ahora alegado como una de las pretensiones principales de su demanda, consistente en el incumplimiento de COMCEL respecto del régimen de comisiones; en efecto, brilla por su ausencia en esta carta de comentarios y observaciones a la minuta del segundo contrato, al menos una observación sobre el hecho de que COMCEL, en el texto proyectado, se reservaba el derecho de imponer planes de ventas y promociones.

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La modificación de los contratos del sector público desde la perspectiva de la Directiva 2014/24/UE de contratación pública y el proyecto de Ley de contratos del sector público

La modificación de los contratos del sector público desde la perspectiva de la Directiva 2014/24/UE de contratación pública y el proyecto de Ley de contratos del sector público

contractual está más acotada. En efecto, ya no afecta a todos los contratos del sector público, sino solamente a aquellos sujetos a las directivas europeas. Según el Dictamen, esta solución resulta razonable y plenamente acorde al origen comunitario de dicho régimen. Sin embargo, en nuestra opinión, acotar la aplicación del nuevo régimen de modificación de los contratos, a pesar de ser conforme a la normativa europea, debería incluir todos los contratos celebrados dentro del sector público, puesto que es al ámbito donde más florecen las redes clientelares y las prácticas corruptas. En la misma línea se posiciona el muy reciente documento de estudio publicado el pasado día 30 de enero de 2017 en la página del Observatorio de Contratación Pública, consistente en una Propuesta de modificaciones y mejora al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados 2 de diciembre de 2016). El documento entre sus propuestas y mejoras, precisamente pone de manifiesto que la posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores no Administración pública –frente a la actual situación que obliga con indiferencia del importe – aventura una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes y, también, un incentivo a crear entes instrumentales para alejarse del control y reglas públicas. La decisión del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público de “facilitar” la modificación contractual en contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración pública, aun con los límites de control cuando se supera el veinte por ciento en los supuestos no previstos- supone un claro “retroceso” en la lógica de la regeneración democrática y la prevención de la corrupción. Por ello, debería ser objeto de replanteamiento, optando por las mismas reglas y régimen de control para cualquier tipo de modificación contractual, pues lo que está en juego es la eficiencia y el derecho a una buena administración 66 .

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La modificación de los contratos del sector público en la legislación vigente

La modificación de los contratos del sector público en la legislación vigente

La modificación de los contratos se ha estructurado desde sus inicios como una herramienta de la Administración al servicio del interés público; para transformar o completar el objeto y en otros casos el sujeto (o contratista) de los contratos ya adjudicados. El concepto de modificación de los contratos comienza siendo una prerrogativa de la administración en los contratos administrativos para salvaguardar el interés público correspondiente, en función del objeto y finalidad del contrato, y como consecuencia de la incidencia del derecho comunitario en la contratación pública, el régimen de modificación en los contratos del sector público se ha extendido más allá de los contratos administrativos. De manera que resulta aplicable también al resto de los contratos del sector público relevantes para el derecho comunitario, es decir, los contratos armonizados o no; cuando dichos contratos deban ser adjudicados por entidades del sector público (administraciones públicas o no) “particularmente” con arreglo a las normas comunitarias en razón de sus umbrales o cuantías.

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DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS A LAS CONCESIONES DE SERVICIOS. TÉCNICAS CONTRACTUALES INTERCAMBIABLES: DIFERENCIAS PRÁCTICAS Y DE RÉGIMEN JURÍDICO

DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS A LAS CONCESIONES DE SERVICIOS. TÉCNICAS CONTRACTUALES INTERCAMBIABLES: DIFERENCIAS PRÁCTICAS Y DE RÉGIMEN JURÍDICO

Finalmente, para terminar este breve repaso, la nueva Directiva impone como obligatorio un nuevo procedimiento de concesión cuando se introduzcan en la concesión inicial cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial, afirmando que tales cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de dicha concesión. Así ocurrirá, en particular, cuando se considere que las condiciones modificadas hubieran influido en el resultado del procedimiento si hubieran formado parte del procedimiento original. Sin embargo, los poderes adjudicadores pueden encontrarse con circunstancias exteriores que no podían prever cuando adjudicaron la concesión, en particular si la ejecución de la concesión se extiende durante un largo periodo de tiempo. De esta manera, el concepto de circunstancias imprevisibles lo define la Directiva refiriéndose a aquellas circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador o la entidad adjudicadora hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible. Ahora bien, lo anterior no puede aplicarse en los casos en que la modificación acarrea una alteración de la naturaleza del conjunto de la concesión, siendo por tanto ésta una frontera que dará lugar a mucha casuística y seguro a muchos y venideros pronunciamientos judiciales.

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Una primera valoración del proyecto de Ley de Contratos Sector Público desde la perspectiva de la integridad y prevención de la corrupción

Una primera valoración del proyecto de Ley de Contratos Sector Público desde la perspectiva de la integridad y prevención de la corrupción

Por último, la posibilidad de libre modificación en los contratos no armonizados para los poderes adjudicadores no Administración pública –frente a la actual situación recogida en el artículo 20 del TRLCSP de 2011, que obliga aplicar el régimen de los artículos 105 a 107 TRLCSP con indiferencia del importe-, aventura una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes y, también, un incentivo a crear entes instrumentales para alejarse del control y las reglas públicas. Y los casos recientes de ACUAMED, NOOS, Palma Arena, etc., son ejemplos de la necesidad de tolerancia cero en esta materia. Esta decisión de “facilitar” la modificación contractual en los contratos no armonizados de poderes adjudicadores no Administración pública, aun con los límites de control cuando se supera el veinte por ciento en los supuestos no previstos, supone un claro “retroceso” en la lógica de la regeneración democrática y la prevención de la corrupción.

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La segregación  Régimen mercantil de la modificación estructural y desarrollos recientes

La segregación Régimen mercantil de la modificación estructural y desarrollos recientes

En nuestra opinión, pese a que tanto la segregación como la aportación no dineraria de rama de actividad son operaciones coincidentes en resultado, no es menos cierto que ambas gozan de un régimen y de un procedimiento propio, por lo que cabría entender que estas operaciones son compatibles y necesariamente han de coexistir. Consecuentemente, para determinar cuál de ellas resulta conveniente para la sociedad, de conformidad con su situación particular y con sus concretas necesidades, deberá atender a una serie de variantes (pág. 60). De este modo, las sociedades deberían optar por la segregación cuando las circunstancias de la operación hicieran necesaria la sucesión universal para garantizar el éxito de la operación. Por el contrario, cuando las circunstancias de la operación y la naturaleza del bloque patrimonial a transmitir no hicieran imprescindible la sucesión universal, sería recomendable acordar una aportación no dineraria de rama de actividad. Igualmente, no cabe duda que cuando el elemento patrimonial constituya una o varias unidades económicas, la operación susceptible de aplicar sería la segregación. Contrariamente, a las transmisiones patrimoniales que no constituyan una unidad económica les resultaría de aplicación la operación de aportación no dineraria de rama de actividad (pág. 60).

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LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

LA EVOLUCIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

La Directiva 2014/24 introduce otra novedad resaltando la importancia de que los Estados miembros y los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas para velar por el cumplimiento de las obligaciones en los ámbitos del Derecho medioambiental, social y laboral, tanto comunitarias, como nacionales e incluso internacionales, y siempre con respeto a los principios básicos del Derecho de la Unión: “(…)se deben aplicar con arreglo a los principios básicos del Derecho de la Unión, en especial para velar por la igualdad de trato. Dichas medidas pertinentes se deben aplicar de conformidad con la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de una forma que garantice la igualdad de trato y no discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos y a los trabajadores de otros Estados miembros. ” Pero dicho cumplimiento no procede, de acuerdo con el considerando 40 de la directiva, exclusivamente en los criterios de adjudicación, pues debe realizarse en las diferentes fases del procedimiento de licitación, es decir, en la elección de los participantes y la adjudicación de los contratos, al aplicar los criterios de exclusión y al aplicar las disposiciones relativas a ofertas anormalmente bajas. Todo ello

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VALORES ECONÓMICOS DE LOS CONTRATOS: COSTE Y BENEFICIO  (EL PRECIO)

VALORES ECONÓMICOS DE LOS CONTRATOS: COSTE Y BENEFICIO (EL PRECIO)

Como el concepto de «precio» parece estar bien acotado en el ámbito jurídico, ahondaremos en el concepto del «valor» económico y en algunas de sus diferentes facetas, así como en la repercusión que este va a tener en la concepción jurídica del «precio» de los contratos públicos, tal y como está configurada en la vigente ley. Así, parece que la Ley 9/2017 previene al órgano de contratación para que no pague ni de más ni de menos por las obras, suministros y servicios que adquiera, sino un «precio» que no sea diferente a lo que normalmente se valora en el mercado entre partes que son independientes. Y ¿cuál es ese precio?: el que pagaría un consumidor racional que opera en el mercado y que pretende maximizar su utilidad o satisfacción optimizando la combinación de bienes que puede adquirir dado su nivel de renta.

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Modificaciones de contratos 2018   Ayuntamiento de Málaga

Modificaciones de contratos 2018 Ayuntamiento de Málaga

Modificación del servicio de limpieza de dependencias municipales. Lote 17: Centro Ciudadano José Mª Martín Carpena, Junta Municipal de Distrito Teatinos-Universidad, Centro de Servicios Sociales, Centro Auxiliar de Servicios Sociales “Los Asperones”, Biblioteca Pública Municipal José Moreno Villa, Servicios Operativos y Polideportivo Las Pedrizas.

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LOS MEDIOS PERSONALES DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LAS POSIBLIDADES DE VALORACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN.

LOS MEDIOS PERSONALES DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y LAS POSIBLIDADES DE VALORACIÓN DE LOS MISMOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN.

25 Así, y constatando la posibilidad de valorar como criterio de adjudicación los medios personales de los licitadores, y tras analizar la legislación española, entendió la JCCAE que “los elementos personales y materiales pueden utilizarse como criterio para determinar la solvencia técnica o profesional y que el mayor número de los exigidos puede ser utilizado como criterio de adjudicación” y todo ello dado que la enumeración del art. 86 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que era el vigente en dicho momento, no era exhaustiva y era un criterio objetivo cuyo posible efecto discriminatorio quedaba eliminado si el criterio se consignaba expresamente en el Pliego.

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Modificaciones, Resoluciones, Declaraciones de nulidad, Revisiones de precios, Cesiones, Desistimientos, Renuncias y Subcontrataciones   Ayuntamiento de Málaga

Modificaciones, Resoluciones, Declaraciones de nulidad, Revisiones de precios, Cesiones, Desistimientos, Renuncias y Subcontrataciones Ayuntamiento de Málaga

Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario, zonas forestales, parques infantiles y aparatos biosaludables e infraestructuras hidráulicas. Modificación del lote nº 2: Mantenimiento de zonas verdes en los Distritos 3 (Ciudad Jardín), 4 (Bailén- Miraflores), 5 (Palma-Palmilla), 8 (Churriana), 9 (Campanillas), 10 (Puerto de la Torre) y 11 (Teatinos-Universidad)

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La aplicación de la Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario y su efecto en los costos laborales en la Emprsa "Agroindustrias José & Luis" S A C , del distrito de Guadalupe, año 2015

La aplicación de la Ley que aprueba las normas de promoción del Sector Agrario y su efecto en los costos laborales en la Emprsa "Agroindustrias José & Luis" S A C , del distrito de Guadalupe, año 2015

 El Régimen Tributario en el Sector Agrario, afecta la rentabilidad de las empresas de la Provincia de Cañete, mediante la implementación de las exoneraciones del Impuesto General a las Ventas, por cuanto al no estar afecto al impuesto una serie de insumos esenciales para el proceso productivo agrícola, obviamente el costo de producción será menor. Por otra parte también se afecta positivamente los índices de liquidez por cuanto al desembolsarse menos recursos para afrontar los diversos gastos, se producen economías que permiten un mejor manejo de los fondos empresariales.

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APLICACIÓN DE LA LCSP A LAS ENTIDADES DE SU LIBRO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO. NECESARIAS INTERPRETACIONES DE SU REGULACIÓN LEGAL

APLICACIÓN DE LA LCSP A LAS ENTIDADES DE SU LIBRO TERCERO. RÉGIMEN JURÍDICO. NECESARIAS INTERPRETACIONES DE SU REGULACIÓN LEGAL

• Parecería ir en contra de la voluntad del legislador si el artículo 318.b) al establecer el valor estimado de los contratos, muy próximo al de los contratos SARA, estos acabaran adjudicándose por procedimientos mucho más laxos en cuanto a sus exigencias (P. ej. procedimiento abierto simplificado). Por esta razón, se debe acudir a cada procedimiento siempre que lo permita el valor estimado de cada contrato, así como su caracterización y objeto.

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Antonio Rinessi – Contratos – Tomo II

Antonio Rinessi – Contratos – Tomo II

que dispone el art. 2311 del Cód. Civil, aun a pesar de constituir básicamente esa estructura. Ello es así por cuanto a las características que de la misma norma surgen -consistentes en los objetos materiales susceptibles de te ­ ner un valor, extensivos a la energía y a las fuerzas na­ turales en razón de que también son materia, y con res­ pecto a estas últimas, susceptibles de apropiación, porque de lo contrario no tendrían la virtualidad de ser m en­ surables económicamente-, por la disimilitud de la exis­ tencia de regímenes especiales, sin embargo, se agregan otras, que también llegan a ser configurativas de los dis­ tintos contratos de compraventa. Esta perspectiva ha mo­ dificado el carácter general de las reglas del Código, las que por cierto solamente se aplican en forma residual, para las cosas comunes, es decir, para aquellas que no tienen un régimen especial. Como esto último ha cons­ tituido lo corriente, resulta ser que el Código solamente se aplica supletoriamente en estos regímenes.

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LOS CONTRATOS DE OPERADOR DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LOS CONTRATOS DE OPERADOR DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

administrativos de naturaleza especial del artículo 25 de la LCSP, para el caso de que contratase la Administración. En relación a esta cuestión debe destacarse la STS de 20 de enero de 2004 que, partiendo de la jurisprudencia existente, destaca que la relación jurídica concreta ofrece la naturaleza administrativa cuando se determina por la prestación de un servicio público, entendiendo este concepto en una forma amplia, que abarca cualquier actividad de la administración necesaria para satisfacer el interés general. En la misma línea, la STS de 21 de febrero de 2012 señala que la calificación del contrato como administrativo, en razón del interés público perseguido, depende de que el fin público perseguido se incluya expresamente como causa del contrato. Criterios estos que debieran aplicarse para determinar el carácter administrativo en su caso de este tipo de contratos. Pueden destacarse las siguientes ideas: como dice ALMONACID: “A pesar de todo ello, no debe fomentarse una interpretación extensiva de los criterios contenidos en el citado art. 19.1.b LSCP a fin de reconsiderar todos los contratos que celebre la Administración como “administrativos”. Más bien al contrario, La necesidad de que concurran los requisitos que exige la ley (inmediatividad y satisfacción directa del interés público), interpretados por la doctrina y la jurisprudencia en el sentido expuesto, nos obliga a formar un juicio interpretativo ad hoc, en cada caso concreto” (ALMONACID LAMELAS, V. en: “La frontera entre el contrato administrativo especial y el contrato privado celebrado por una Administración Pública. El criterio de la directa o inmediata satisfacción de una finalidad pública”. http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

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DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS A LAS CONCESIONES DE SERVICIOS. TÉCNICAS CONTRACTUALES INTERCAMBIABLES: DIFERENCIAS PRÁCTICAS Y DE RÉGIMEN JURÍDICO

DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS A LAS CONCESIONES DE SERVICIOS. TÉCNICAS CONTRACTUALES INTERCAMBIABLES: DIFERENCIAS PRÁCTICAS Y DE RÉGIMEN JURÍDICO

Se trata éste último, el de gastos de primer establecimiento, de un concepto ajeno a las Directivas sobre contratos públicos, por lo que su concepto no se ha fijado utilizando parámetros comunitarios sino nacionales, pero que tampoco encuentra una definición en la normativa interna de contratos públicos. Pues bien, es este concepto de “gastos de primer establecimiento” el que requiere en primer lugar de una precisión, dado que no puede ser identificado con el importe de la gestión del servicio o precio a pagar por la Administración por la gestión del servicio. Precisión que la encontramos en la nota interpretativa del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de fecha 6 de junio de 2013 4 , en la que se propone en conclusión que la expresión “gastos de primer establecimiento” debe ser interpretada como los “costes para la puesta en marcha de un servicio [inversiones más gastos (IVA excluido)] que el adjudicatario deba asumir, excluyendo las inversiones y gastos futuros y los de explotación”.

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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS.

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS PÚBLICOS.

De conformidad con el artículo citado, son causas de resolución del contrato de concesión de obras, son causas de resolución de este tipo de contratos además de las señaladas en el artículo 211, con la excepción de las contempladas en sus letras d) y e), las siguientes: a) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

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Antonio Rinessi – Contratos – Tomo I

Antonio Rinessi – Contratos – Tomo I

porque las partes denominen un contrato esa va a ser la categoría o la naturaleza del contrato. Las partes pue­ den llamarlo de distinta manera, pero la naturaleza ju ­ rídica del contrato va a responder no a esa denominación, sino a las reglas para poder catalogar a los contratos atípicos. Son dos áreas que están confluyendo en la re­ lación contractual, y son dos áreas que, a veces, a pesar de la insinuación que nos hace el Código, en la realidad no se dan de esa manera, es decir, no es que correspondan cuando entramos en materia contractual, la realidad nos está diciendo que el primer contrato es el contrato que más se utiliza, el contrato de compraventa, y que luego le sigue el contrato de locación de cosas. No es así, porque hay muchos contratos que se 'llaman compraventa, que en realidad no son estrictamente tales, sino que son va­ riaciones de la compraventa que convierten a los contratos en atípicos, y la verdad también es que el gran campo de la contratación no es la tipicidad, sino que es la ati- picidad. Para tener una postura lo más adecuada posible, no hay que entrar en esta materia de la contratación con preconceptos, sin pensar que cuando se va a analizar el contrato se tenga la idea de los contratos ya regla­ mentados, o la idea de un contrato determinado que tiene ya su reglamentación particular.

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LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE

Además el artículo 206 en relación a la obligatoriedad de las modificaciones y para los supuestos previstos en el artículo 205 de la Ley referido a las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares; prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales, determina que las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista cuando impliquen , aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido. A sensu contrario, cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviendo el contrato, en caso contrario , remitiéndose la norma a la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

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EL CORONAVIRUS Y LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO – IMPACTOS EN LA RESTAURACIÓN

EL CORONAVIRUS Y LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO – IMPACTOS EN LA RESTAURACIÓN

RESUMEN. La crisis sanitaria del Covid 19 ha obligado a la prohibición de apertura al público de los locales dedicados al sector de la restauración. Ello supone un grave perjuicio económico que, en ocasiones, difícilmente podrá ser soportado por aquellos que prestan sus servicios en locales en régimen de arrendamiento. Ante esta situación, los contratantes se enfrentan a conflictos relativos a las resoluciones contractuales por causa de fuerza mayor o, al menos, a la novación de los términos pactados en virtud de la cláusula rebus sic stantibus.

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