Responsabilidad precontractual

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La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

La responsabilidad precontractual en la legislación ecuatoriana

Su tarea se centralizó en trata de caracterizar el concepto de retiro intempestivo de las negociaciones; según este autor, el retiro intempestivo se da cuando una de las partes viola los usos impuestos por la equidad y la buena fe comercial y no la culpa ni el acuerdo tácito. En idéntico sentido escribe Paz García Rubio: “… si bien el fundamento de la misma no sería ni la culpa, ni la presunción de una ligazón tácita sino una especie de garantía legal fundada sobre la equidad, que limitaría la retirada arbitraria de las negociaciones”, y Manzanares Secades: “Para este autor la responsabilidad está basada en la idea de garantía, implícita en el hecho de la aquiescencia voluntaria; se trata, en suma, de una manifestación unilateral de voluntad que comporta una garantía eventual. 21 Parafraseando a Sozzo, decimos que es en el estudio de Saleilles donde encuentra su antecedente la construcción de la buena fe en las tratativas previas, teoría que ha sido recogida y aceptada por varios autores y legislaciones. La importancia de este aporte, en mi criterio, radica en que las legislaciones con tradición romanista y anglosajona establecen la buena fe como parámetro que debe guiar a los contratantes en todos sus actos, ya sea antes del contrato o durante su ejecución. De acogerse esta postura se podría utilizar este principio generalmente reconocido como fundamento para aplicar la teoría de la Responsabilidad Precontractual en legislaciones que no cuentan con normas especiales y expresas, tal como sucede en nuestro país. Siendo prematuro reconocer que la buena fe podría aplicarse a casos de Responsabilidad Precontractual en el Ecuador, donde no contamos con normas relativas al tema, volveré sobre este punto en el Capítulo V.
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Responsabilidad precontractual ¿serà posible indemnizar las tratativas? lo que la Corte Suprema no pudo resolver

Responsabilidad precontractual ¿serà posible indemnizar las tratativas? lo que la Corte Suprema no pudo resolver

La responsabilidad precontractual es una figura que no está regulada en nuestro Código Civil, sin embargo si tiene connotación practica en los tribunales de justicia del país, no obstante que aún no se haya dispuesto los lineamientos a seguir para resolver una controversia jurídica acerca de esta figura legal. por tanto se pretende investigar a fondo acerca de esta importante institución que no cuenta con extensa doctrina nacional, pero que contiene temas importantes como el querer interno, la tutela de la confianza contractual que puede quedar lesionada como consecuencia de la ruptura injustificada de las tratativas, el deber de buena fe contractual , el interés contractual negativo, la necesidad de tomar precauciones en la fase de negociación contractual ,entre otras figuras que permitirán al autor dar una conclusión y en lo mejor posible brindar una alternativa de solución frente a cualquier controversia que verse sobre responsabilidad precontractual. Además del delineamiento de esta institución con figuras como la promesa de contratar, contratos preparatorios y la responsabilidad contractual y extracontractual.
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La responsabilidad precontractual derivada de la ruptura injustificada de las tratativas "El rol de la buena fe y el deber de información"

La responsabilidad precontractual derivada de la ruptura injustificada de las tratativas "El rol de la buena fe y el deber de información"

SEGUNDA. La buena fe que regula el artículo 1362 de nuestro código, es entendida en su acepción objetiva, es una cláusula normativa general que permite a los jueces desarrollar su contenido de acuerdo al contexto y al caso concreto, además esta cláusula normativa general privilegia el actuar conforme a la lealtad de los sujetos, aún en la etapa de las tratativas. Sin embargo, creemos que el simple concepto de buena fe, como fundamento de la responsabilidad precontractual, es insuficiente, porque hasta la fecha, desde la entrada en vigencia del código civil, no se ha visto desarrollo sobre la responsabilidad precontractual fundado en el artículo citado. Siendo mejor el uso del artículo 1969 de nuestro código como sustento de esta responsabilidad, esto en atención a que el daño en la etapa de las negociaciones como hecho ilícito invita al uso del deber de no causar daño a otro: “neminem laedere” de dónde surgirían también deberes precontractuales, que guíen el actuar de los negociantes y cuyo quebrantamiento da lugar a la responsabilidad precontractual.
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La responsabilidad precontractual en el derecho de contratos en el código civil peruano y derecho comparado

La responsabilidad precontractual en el derecho de contratos en el código civil peruano y derecho comparado

Así también, cuando hablamos de los contratos nulos, que como hemos explicado anteriormente dan lugar a responsabilidad precontractual, encontramos que, al igual que lo descrito en el párrafo anterior, hay una identificación plena de los actores, ya que ellos llegaron a celebrar el convenio (traspasaron todas las etapas del iter negocial, hasta su perfeccionamiento y es posible que se encuentre en plena ejecución), pero por un defecto en la celebración del mismo, se ha tenido que dejar sin efecto. También en este caso es completamente evidente que las partes se conocen, que han llevado adelante tratativas, que se ha presentado la oferta y la aceptación, que se ha configurado el consentimiento y que se ha celebrado, finalmente, el acuerdo; es decir que tiene lugar un contrato (que aunque inválido, cumplió todo el recorrido descrito). Entonces, no estamos ante desconocidos, estamos en presencia de partes identificadas, que tuvieron intención de relacionarse, que procuraron llevar adelante un negocio jurídico, pero que, en definitiva, dicha expectativa fue frustrada. No podemos, pues, aplicar en este caso, reglas de responsabilidad extracontractual, porque es claro que estos casos involucran más que el simple principio de no dañar a otros, pues hay una expectativa mayor.
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RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: LA AUSENCIA DE BUENA FE COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE SOLEMNIDAD

RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: LA AUSENCIA DE BUENA FE COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE SOLEMNIDAD

44 En la formulación anterior, vemos que la lesión patrimonial que se pretende conjurar tiene su origen en una conducta ejecutada, bien a título de culpa o de dolo, en la etapa de formación del negocio jurídico. Considera el profesor Yong algunas de las modalidades bajo las cuales puede acaecer la figura de la responsabilidad precontractual; i. Viciando la voluntad del otro; ii. Rompimiento intempestivo de las tratativas; iii. Prolongación injustificada de las tratativas; y iv. Contratación con un tercero. Las anteriores modalidades bastan para ejemplificar las posibilidades de configuración de este tipo de responsabilidad, pero pueden concurrir otras conductas que tengan los mismos efectos, pues debe siempre enmarcarse en un espectro más amplio, el principio de buena fe contractual. Por consiguiente, cualquier conducta que quebrante los estándares de acción por éste impuestos, daría lugar a los reproches de responsabilidad ante el acaecimiento de perjuicios o daños patrimoniales.
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La culpa in contrahendo y la responsabilidad precontractual en el Código Civil

La culpa in contrahendo y la responsabilidad precontractual en el Código Civil

Finalmente, es conveniente referirnos a la Teoría de la Voluntad Unilateral como fuente de obligaciones. Dice Roberto Brebbia que “Existen otras manifestaciones de voluntad más complejas que configuran actos o negocios jurídicos, en cuanto persiguen obtener en forma inmediata la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones (Cod. Civ. Art. 944 - argentino), v.gr., promesa de recompensa; emisión de títulos al portador; promesa de fundación; oferta irrevocable, etc. Estas manifestaciones de voluntad tienen valor vinculante para el que las emite, aún cuando esa eficacia obligatoria varíe según que obligue en firme al declarante, desde el mismo momento de la declaración, a mantener la voluntad declarada, sin supeditarla a la eventual aceptación del destinatario, o bien exprese su intención de obligarse, pero sin asumir todavía un compromiso definitivo, ya que puede dejar sin efecto la propuesta antes de que fuese aceptada. En el primer supuesto, se puede hablar de que existe un efecto vinculante absoluto; en el segundo, de un valor vinculante relativo.” 151 Explica el autor que en materia de responsabilidad precontractual, la voluntad unilateral es definitivamente generadora de efectos nocivos para el que quebranta su promesa u ofrecimiento, ya que al hacerlo se estaría actuando necesariamente con culpa, por lo que no cabría duda alguna acerca de su validez.
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La responsabilidad precontractual de la administración, el principio de buena fe y el deber de información a postores

La responsabilidad precontractual de la administración, el principio de buena fe y el deber de información a postores

La necesidad de la claridad de contenido del pliego absolutorio nos indica que la posición que expresa la autoridad al absolver la consulta no debe ser evasiva, confusa o incoherente, sino con fundamento explícito para permitir atender las interrogantes que motivaron su formulación. No debe partirse de la idea que las bases son claras per se, ya que habiendo consultas, resulta evidente que algo necesita ser mejorado en su exposición de ideas para permitir su comprensión por los participantes. Por tanto, resulta contradictorio con esta regla, que las respuestas que reproducen las bases consultadas se limiten a señalar que el participante debe ceñirse a las mismas bases o a alguna norma legal, o que no guarden conexión lógica con lo consultado, cuando se responde ambi- guamente con verdades a medias, o haciendo creer una situación inexacta al consul- tante. En esta misma línea, contraviene el deber precontractual de informar, absolver una consulta informando a medias las realidades, inducir a error por evadir una consulta que precisamente quiere fijar con claridad una información o, incluso, no actualizar la información cuando hubo un cambio de circunstancias respecto a la información sumi- nistrada anteriormente durante el mismo proceso. No podríamos cerrar esta revisión al deber de información en la fase de absolución de consultas si no concluimos afirmando que cuando la administración incurre en cualquier incumplimiento, la no presentación de consultas al respecto por parte de los postores no sanea el vicio. No es arreglado a derecho pretender regularizar su propia falta al deber de información, precisamente porque no fue advertido por el postor. Ello equivaldría a trasladarle al postor el riesgo de la transgresión al deber de información exonerándosela al verdadero autor, aprovechán- dose de su confianza. Como bien afirma González López a este respecto
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La responsabilidad precontractual en la legislación mexicana

La responsabilidad precontractual en la legislación mexicana

Adelantaré que existe una discusión importante en torno a la naturaleza jurídica de las ideas de Jhering. Uno de los puntos más controvertidos al respecto es si la responsabilidad que emana para una de las partes como resultado de una conducta dolosa durante el periodo precontractual es de naturaleza contractual, y por lo tanto halla su fuente en una pretensión que emana del derecho contractual; o por otra parte del derecho delictual o extracontractual. También se discute si la responsabilidad precontractual constituye un tertium genus de responsabilidad civil lato sensu. 38 Como se indicó brevemente, por cuestiones históricas, y en cierta medida circunstanciales, en Roma la acción para el reclamo de los daños surgidos durante la etapa precontractual fue una acción contractual (la actio ex emptio). Como lo mencioné, la doctrina identifica dos posibles explicaciones, por las cuales en el Derecho romano se otorgó una acción contractual a quienes se encontraran en los supuestos estudiados por Jhering: la primera es que el Derecho romano tenía una concepción amplia del contrato, que incluía todas las interacciones con motivo de una transacción de compraventa 39 (independientemente del hecho de que el contrato derivado de la transacción fuese inválido o no). 40 Como lo indiqué, la segunda posible explicación para la
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Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones : Jiménez Mira, David Alejandro con Armijo Cerda, Antonio de los Angeles Corte Suprema , rol 1872/2010

Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones : Jiménez Mira, David Alejandro con Armijo Cerda, Antonio de los Angeles Corte Suprema , rol 1872/2010

“El ilícito precontractual no consiste en haberse resistido a celebrar el contrato, sino en haber negociado de mala fe o con grave desaprensión respecto de los intereses de la otra parte, como en este caso sería respecto de la ocasión de las rupturas de las negociaciones. En consecuencia, el perjuicio está dado por los efectos que se siguen de haber puesto la confi anza en la diligencia y buena fe de la contraparte, de modo que la pretensión indem- nizatoria tiene por fi nalidad que el demandado ponga al actor en la situación en que se en- contraría si esos específi cos ilícitos no se hubieran realizado”. (Considerando octavo).
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La etapa precontractual en el Derecho puertorriqueño

La etapa precontractual en el Derecho puertorriqueño

generalizada aceptación de las tesis contractualistas o cuasicontractualistas en Alemania y que conducen a considerar que, mediante el sostenimiento de esta tesis, el ámbito otorgado a la responsabilidad precontractual y la protección concedida a los perjudicados se extiende notablemente. Primero cabe destacar que en el BGB, mientras la responsabilidad obligacional cuenta con una clausula general según la cual el deudor responde por dolo y culpa, la responsabilidad aquiliana carece de una previsión paralela, siendo regulada por tres clausulas menos extensas, según las cuales responde quien de forma culposa o negligente lesione antijurídicamente la vida, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho ajeno, parágrafo 823.2 y aquel que dolosamente causa daño a otro, atentando contra las buenas costumbres, parágrafo 826
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El deber de información en los contratos públicos sometidos al estatuto general de contratación pública

El deber de información en los contratos públicos sometidos al estatuto general de contratación pública

parte, el proponente también debe lealtad a la Administración, por lo cual su propuesta debe contener información cierta acerca de su capacidad para contratar y sus calidades particulares como de aquellos aspectos técnicos y financieros que atañen al objeto de la contratación, sin que con tal información pueda inducirse a error a la Administración para llevarla a adjudicar el contrato a quien no tenía derecho o estaba en imposibilidad de contratar, puesto que esta clase de conductas vicia de nulidad el acto de adjudicación y el contrato, a la vez que genera responsabilidad del contratista seleccionado por los perjuicios que con ello ocasione a la Administración. La doctrina nacional autorizada enseña sobre el comportamiento que el proponente debe asumir frente a la Administración en la etapa de formación del contrato, en el siguiente sentido: “La buena fe exige un comportamiento acorde con la obligación que asume cada una de las partes; ella no es una regla exclusiva de la Administración. El proponente también debe acatarla en la elaboración de su oferta, so pena de que al presentar una propuesta, incompleta, confusa, ambivalente, artificial, etc., sea descalificada, lo que ocurriría por ejemplo con quienes formulen propuestas en condiciones económicas artificialmente bajas, o que se base en información no verídica, o que oculten las prohibiciones o causales de inhabilidad o incompatibilidad en que estén incursos, dando lugar al fracaso de la contratación o que se celebre el negocio jurídico afectado de nulidad, tal como se analiza en el capítulo séptimo. Debe, por tanto, abstenerse de suministrar datos inexactos o desfigurados para obtener una adjudicación. Toda actuación fraudulenta le acarreará las sanciones económicas y personales, en cuanto con ellas se afecte a la Entidad o a quienes intervienen en la contratación, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.” 121
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Responsabilidad sobre el análisis de riesgos en un contrato estatal

Responsabilidad sobre el análisis de riesgos en un contrato estatal

La legislación colombiana ha tenido importantes avances sobre el tema de distribución de riesgos en los últimos años, primero la ley 80 de 1993 analiza y percibe algunos riesgos los cuales pretende mitigar mediante pólizas de seguros, ahí se desarrolla lo concerniente a la garantía de seriedad de oferta, la garantía única de cumplimiento, el seguro de responsabilidad extracontractual. Posteriormente la ley 1150 de 2007 tipifica que dentro de los pliegos debe haber una “estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles”, luego el Decreto 066 de 2008 derogado por el 2474 de 2008 han venido regulando la materia de riesgos, todos estos cambios crean tanto seguridad como incertidumbre legal, pues en la practica ni las empresas públicas ni los proponentes se sienten lo suficientemente sólidos para manejar este tema de riesgos y sobre todo en la asignación de los mismos, pues el asignarse su mitigación genera una responsabilidad que podría generar grandes consecuencias económicas para la parte que lo sufrague, es por eso la importancia de identificarlos y asignarlos en la etapa de planeación con el fin de evitar futuros conflictos .
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La Directiva 2014/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de Febrero, sobre
los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y su
incidencia en las normas españolas sobre protección del consumidor

La Directiva 2014/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de Febrero, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y su incidencia en las normas españolas sobre protección del consumidor de crédito hipotecario, en especial, la obligación de evaluar su solvencia.

La Directiva 2014/17/UE guarda silencio sobre las consecuencias del incumplimiento de esta obligación precontractual de evaluar la solvencia que incumbe a las entidades prestamistas. En su Cdo. 58, en cambio, sí que se expone que “es conveniente que los Estados miembros puedan prever sanciones para los casos específicos en que los consumidores, deliberadamente, faciliten información incompleta o incorrecta con el fin de que la evaluación de su solvencia sea positiva, en particular en caso de que la información completa y correcta hubiera dado como resultado una evaluación negativa, y no puedan posteriormente satisfacer las condiciones del contrato”, lo que es coherente con la previsión según la cual los Estados miembros no permitirán a los prestamistas “rescindir” (“anular”) o modificar el contrato de crédito cuando posteriormente a su celebración descubran que la información facilitada por el consumidor fue incompleta (Cdo. 58 y art. 20.4 Directiva 2014/17/UE). Por tanto, el riesgo de una errónea evaluación de la solvencia del deudor debido a una inexacta o incompleta información por él suministrada lo asumirá íntegramente la entidad prestamista, que no podrá dar por vencido anticipadamente el préstamo ni variar sus condiciones, salvo el caso de que demuestre que el consumidor haya ocultado o falsificado conscientemente la información pertinente (art. 20.3.III). Aun cuando no se diga explícitamente, del art. 18.4 y 18.5 a) Directiva se desprende que, en caso de que la entidad de crédito haya incumplido la obligación de evaluar la solvencia del deudor, aun cuando éste haya facilitado información, o para el supuesto de que, habiendo evaluado la solvencia del consumidor, la entidad de crédito ya hubiera detectado un probable incumplimiento futuro, y pese a ello, concediera el crédito, el prestamista deberá asumir el riesgo de su falta de diligencia, no pudiendo trasladar al consumidor las consecuencias de su negligencia.
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TítuloEl enfoque del "crédito responsable" como mecanismo de protección del consumidor frente al riesgo de insolvencia

TítuloEl enfoque del "crédito responsable" como mecanismo de protección del consumidor frente al riesgo de insolvencia

En la Directiva sobre crédito al consumo, se dispone la obligación de los intermediarios de crédito de proporcionar la misma información precontractual a los consumidores que los prestamistas. Además de dicha información, relativa al contrato en sí, deberán identificarse en el propio contrato con su dirección, informar de la remuneración que percibirán del consumidor por sus servicios, haciéndolo constar el acuerdo alcanzado con el intermediado en un documento escrito o en soporte duradero. Este acuerdo debe ser comunicado al prestamista para que el precio sea incluido en el cálculo de la Tasa Anual Equivalente (art. 21). Por otra parte, los intermediarios están obligados, de acuerdo con esta Directiva, a prestar asesoramiento al consumidor, en el mismo sentido y con el mismo alcance que los prestamistas, al efecto de que pueda valorar la idoneidad del instrumento de financiación seleccionado (arts. 5.1 y 5.6).
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La inobservancia de la justificación para contratar en la etapa precontractual y su incidencia en el proceso de contratación pública

La inobservancia de la justificación para contratar en la etapa precontractual y su incidencia en el proceso de contratación pública

45 de este particular a la máxima autoridad de la entidad contratante, quién dispondrá la suspensión del proceso por el plazo de siete días hábiles, en el que deberá presentar las pruebas y argumentos técnicos correspondientes, al término del plazo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá implementar las rectificaciones que correspondan, o continuar con el proceso, el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP podrá sugerir medidas necesarias para rectificar el proceso y, de ser el caso, la suspensión definitiva del procedimiento precontractual y notificará a los órganos de control competentes (Asamblea Constituyente , 2008). Existe la forma de reclamación por parte de los oferentes afectados ante el SERCOP donde el reclamo será debidamente motivado, para que exista este tipo de inconvenientes debe existir una acción lesiva que conlleve a un perjuicio directo, violentando el principio de buena fe, el cual es muy importante en la etapa precontractual lo cual generara retrasos y perdidas perjudicando así la contratación pública y al interés social donde se pretendía trabajar (Asamblea Constituyente , 2008).
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Análisis de los procesos de contratación de consultoría desde la normatividad y la gestión de buenas prácticas en la etapa precontractual

Análisis de los procesos de contratación de consultoría desde la normatividad y la gestión de buenas prácticas en la etapa precontractual

alimentada con recursos propios o provenientes del tesoro nacional. Por ello, la oficina de contratación del ente respectivo debe contar con el aval de la disponibilidad presupuestal para emprender sus labores. Surtido lo anterior, se da apertura a la etapa precontractual donde se procede a establecer de acuerdo al objeto del futuro contrato, la modalidad de selección del contratista y a diseñar y publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, es decir el “borrador” de las condiciones objetivas tanto del proceso y de las características de la oferta, como del contrato. Más adelante, el jefe inmediato de la entidad contratante ordena apertura al proceso de contratación mediante acto administrativo junto con la revelación del pliego de condiciones definitivo, quedando a la espera de la recepción de las propuestas elaboradas por los interesados en participar, para así realizar la verificación de los requisitos solicitados en los términos y posterior evaluación hasta concluir con el acto administrativo que declara la adjudicación, tarea que es efectuada por el comité evaluador conformado por servidores públicos del establecimiento.
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El trámite precontractual, contractual y de ejecución en los procesos de contratación pública

El trámite precontractual, contractual y de ejecución en los procesos de contratación pública

Concluida la Fase Precontractual, en la que las Entidades Contratantes estructuran los procesos de contratación y adquisición de bienes, servicios, obras; corresponde el inicio de la fase contractual, en la que la gestión administrativa en el Portal Compras Públicas adquiere gran trascendencia, puesto que con el uso de la tecnología, y la innovación de los trámites en materia de contratación pública, las Entidades Contratantes interactúan mediante la herramienta electrónica, se adicionan los hechos administrativos y actos de simple administración, hasta la decisión de la Máxima Autoridad a través de Actos Administrativos debidamente motivados. Conforme la estructura orgánica de cada Entidad Contratante, la Unidad Administrativa, o quien haga sus veces, encargada de la ejecución de los procesos de contratación pública, procederá con la consolidación de los requisitos precontractuales previstos en la Ley, o regulados a través de Resoluciones Internas de cada Entidad. Esta verificación corresponde a:
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Los deberes de conducta en el contrato estatal de obra regido por el derecho privado colombiano  Aproximación doctrinal y conceptual de los deberes de conducta en el contrato estatal de obra regido por el derecho privado colombiano

Los deberes de conducta en el contrato estatal de obra regido por el derecho privado colombiano Aproximación doctrinal y conceptual de los deberes de conducta en el contrato estatal de obra regido por el derecho privado colombiano

Esta posición de exigibilidad (teórica) del principio de la buena fe objetiva en todas las etapas contractuales es pacífica en la doctrina, y “debe estar presente en todo tipo de relaciones jurídicas sin importar la etapa o naturaleza del negocio de que se trate” (Valenzuela y Barcia, 2003, p.29). Es de resaltarse que la buena fe objetiva “tiene un alcance temporal muy amplio: desde la etapa precontractual en adelante, e inclusive hasta después de finalizado el vínculo entre las partes” (Almonacid, 2015, p.129). Así mismo, este principio “como la causa, (…) acompaña al contrato cual, si fuera una sombra, durante toda su existencia, desde su nacimiento hasta su extinción, con su completa ejecución reciproca o con su resolución” (León, 2004, p.134).
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“DESCALIFICACION DE OFERENTES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL: PROCESOS DE LICITACION”

“DESCALIFICACION DE OFERENTES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL: PROCESOS DE LICITACION”

Conforme a la información arrojada en el Portal de Compras Públicas, se ha realizado un resumen de las razones de descalificación. Siendo así, la primera razón por la que el oferente es descalificado, aduce a la omisión o incumplimiento de los requisitos exigidos por los pliegos de cada proceso, con un total de 243 proveedores, dando lugar a errores no convalidables, siendo un causal para la anulación. Se podría decir que esta es la primera fase de la etapa precontractual, en la cual se evidencia la carencia de algunos documentos presentados en los formularios como la carta de presentación y compromiso, datos generales del oferente, nómina de socios/ accionistas/ participantes, situación financiera, análisis de precios unitario, etc. Cabe señalar que aquello depende de los parámetros señalados en cada proceso.
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La negociación precontractual: su delimitación en el itercontractual / precontractual

La negociación precontractual: su delimitación en el itercontractual / precontractual

En este sentido, cabría preguntarse si la negociación está en la fase previa a la oferta o en la posterior. La respuesta no resulta sencilla debido a que las partes han invertido tiempo y recursos en la negociación, se ha emitido una oferta –o varias–, pero aún no se ha concretado las bases del acuerdo. Si se opta por la diferenciación de las fases, se estará aceptando que las partes durante la negociación avanzan y retroceden en las etapas precontractuales, entrando en una fase posterior cuando se emite la oferta, y regresando a la etapa preliminar cuando ésta se rechaza o se presenta una contraoferta. Una mirada integral de la negociación, por el contrario, permite al juez estudiar el incumplimiento precontractual, tomando en consideración las circunstancias, los hechos materiales o actos jurídicos que acompañan la negociación y cualquier otro aspecto relevante. No puede perderse de vista que, en todo caso, los tratos, la oferta y cualquier otro acto mantienen una identidad de propósito consistente en la preparación del consentimiento y las bases del contrato (Hilserand, 2005).
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