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Ley General Tributaria - Responsabilidad Tributaria - Contratación y Subcontratación

Ley General Tributaria - Responsabilidad Tributaria - Contratación y Subcontratación

En primer lugar, si se admite que el fundamento y finalidad del mandato del artículo 43. 1 letra f) LGT es la lucha contra el fraude fiscal existente en ciertos sectores productivos, el legislador, según la doctrina, ha herrado en tanto que podría haber adoptado otras medidas más efectivas y menos intervencionistas que el establecimiento de un supuesto de responsabilidad tributaria con tan amplia causa de exoneración; sin embargo, si como se sostiene aquí la finalidad es en realidad desincen- tivar la concertación con empresarios que incumplen con la Hacienda Pública, no parece desacertada la decisión del legislador, pues parece evidente que ningún empresario arriesgará a con- tratar o subcontratar con ótro que no acredite estar al corriente de sus obligaciones con el Fisco aportándole el certificado de idoneidad tributaria. Por otra parte, el abusivo recurso a conceptos jurídicos indeterminados es también la mayor objección que se plantea en cuanto al presupuesto de hecho de este supuesto de responsabilidad tribu- taria, objección que se hace especialmente grave en cuanto a la preocupante extensión que se ha dado a la expresión “actividad económica principal” en la Resolución 2/2004, en el RGR y en ciertas reso- luciones de la DGT contrariando el sentido de las SSTS de 18 de Enero de 1995 y de 24 de Noviembre de 1998 referidas.

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Responsabilidad tributaria del síndico en los concursos y quiebras ante el fisco nacional -AFIP- y de la provincia de Buenos Aires -ARBA-

Responsabilidad tributaria del síndico en los concursos y quiebras ante el fisco nacional -AFIP- y de la provincia de Buenos Aires -ARBA-

“Pero nunca, recalcamos, nunca podrá pretenderse el cumplimiento de otras obligaciones formales o materiales, ni la extensión de la responsabilidad patrimonial por tales períodos. Ni aún ante el supuesto de procesos falimentarios. Y así se expidió la cámara Federal de Córdoba en autos “Fisco nacional (D.G.I.) c/ Contador Domingo Arioni” (sentencia nº 292 del 14/09/82), en el que se promovía ejecución fiscal contra el síndico de la quiebra de una sociedad, que había tramitado sin éxito su concurso preventivo pretendiendo responsabilizarlo personalmente por el pago de obligaciones tributarias, anteriores al auto de quiebra, cuando al revocar el fallo de primera instancia resolvió con inopinables fundamentos cual un hito de contención al desbordante afán fiscalista. El pronunciamiento establece con meridiana claridad que la pretensión fiscal resulta en un todo improcedente por tratarse de obligaciones tributarias preexistentes a la declaración de falencia y por ende, de exclusiva responsabilidad de la fallida. Por ello “el Fisco Nacional, por tratarse de un acreedor, ha debido peticionar la verificación de su crédito y no accionar contra el síndico con posterioridad a la declaración de quiebra” 5

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Incidencia de la Contabilidad para la Gerencia y su responsabilidad tributaria en el Proceso Administrativo de las Pequeñas y Medianas Empresas del sector Transportes AQP 2017  caso: Empresa de Transportes Bedregal Hermanos SAC

Incidencia de la Contabilidad para la Gerencia y su responsabilidad tributaria en el Proceso Administrativo de las Pequeñas y Medianas Empresas del sector Transportes AQP 2017 caso: Empresa de Transportes Bedregal Hermanos SAC

Ahora bien, en caso que un contribuyente tenga dicha condición y se verifique el incumplimiento en el pago de los tributos a su cargo, la Administración Tributaria podrá presumir, salvo prueba en contrario, la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades por parte de los sujetos que, en calidad de representantes del contribuyente no habido, debieron haber cumplido con el pago de dichos tributos con los recursos que administraban o disponían de aquél. La aplicación de dicha presunción, tratándose de los representantes legales y los designados por personas jurídicas; los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos; así como los mandatarios, administradores, gestores de negocios y albaceas de contribuyentes no habidos, determina que la Administración Tributaria pueda exigir a estos sujetos, en forma solidaria simultánea o sucesivamente al contribuyente no habido que representan, el pago de los tributos respecto de los cuales éste se encuentre omiso.

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La problemática de la responsabilidad tributaria del contrato de consorcio : análisis y aportes a partir de la regulación societaria en el Perú

La problemática de la responsabilidad tributaria del contrato de consorcio : análisis y aportes a partir de la regulación societaria en el Perú

Durante los últimos años hemos sido testigos como muchas empresas han decidido unirse y llevar a cabo diversos negocios a través del contrato de consorcio, donde se establecen las reglas para el desarrollo de su negocio, con un fin económico común. Así, se han firmado consorcios de exportación, consorcios para participar en licitaciones nacionales e internacionales, consorcios para el desarrollo de obras, etc. Al respecto, cabe preguntarnos, ¿qué motiva a un empresario a vincularse con otros a través de un contrato de consorcio? A modo de ejemplo, en contrataciones con el Estado, es casi siempre necesario que las empresas se presenten como consorcio, esto debido a los requisitos, experiencia y especialidad que solicitan las instituciones del Estado para contratar con terceros; por lo que a efectos de obtener la puntuación solicitada y en consecuencia ser titulares de la buena pro, muchas empresas deciden formar un consorcio. En ese sentido, el contrato de consorcio es un mecanismo por el cual las personas naturales y/o jurídicas deciden unirse para el desarrollo y ejecución de un negocio común, sin constituir una nueva persona jurídica. Este contrato se encuentra actualmente regulado por la Ley General de Sociedades (Ley N°26887), que lo define y establece ciertas reglas sobre el mismo. No obstante, a pesar de que el consorcio está regulado por la referida ley, hay ciertos aspectos que no han sido abordados por dicha norma, por lo que; a la fecha, consideramos que en el Perú no se cuenta con la legislación suficiente que genere seguridad jurídica a los consorciados y terceros que se relacionan a través del consorcio. Cabe señalar que, a pesar de existir un Anteproyecto de la Ley General de Sociedades, ésta norma sigue siendo insuficiente en cuanto a la regulación del consorcio. Aunado a ello, vemos que existe una divergencia del tratamiento que recibe el consorcio a nivel tributario y societario, en torno a la calificación jurídica que se le otorga al mismo, así como la responsabilidad que asumen los consorciados.

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Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT

Propuesta de un plan estratégico tributario para que las empresas importadoras de la zona de mesa redonda y aledaños puedan cumplir con su responsabilidad tributaria,evitando el accionar coercitivo de la SUNAT

mecanismos que contribuyan a una menor carga impositiva para la compañía ANDEC SA, enmarcadas en las leyes tributarias de nuestro país. Este proyecto tiene como finalidad desarrollar una planificación tributaria para la compañía ANDEC SA, por medio de mecanismos como la buena planificación de los ingresos, costos y gastos, el reinvertir utilidades, una buena provisión de tributos y desarrollar estrategias tributarias que mejoren la liquidez de la empresa y que no ocasionen pagos incensarios de impuestos. La planificación está comprometida en la fijación de objetivos de la organización y en las formas generales de alcanzarlos, mediante la reinversión de utilidades aumentara el patrimonio de la empresa y se incrementan las utilidades en beneficio de la compañía en general, de esta manera se lograra el objetivo principal que es de no pagar demasiados impuestos y lograr la optimización de todos los recursos con que cuenta la empresa, poner en marcha el plan inmediatamente en la compañía ANDEC SA y dar un seguimiento al mismo, evaluando para saber si están cumpliendo todas las metas de acuerdo al plan ejecutado en la compañía. Pag.11.

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Los responsables solidarios y la responsabilidad tributaria en los principales contribuyentes (pricos) del departamento de Ucayali

Los responsables solidarios y la responsabilidad tributaria en los principales contribuyentes (pricos) del departamento de Ucayali

le efectúa el requerimiento, bajo apercibimiento de asignarle la condición de no habido. A su vez, el numeral 6.3 de la referida norma dispone que los deudores tributarios que no cumplan con declarar o confirmar su domicilio fiscal dentro del plazo señalado en el numeral 6.1, adquirirán la condición de no habido en la fecha en que se efectúe la publicación a que se refiere el numeral 8.1 del artículo 8º (1), sin que para ello sea necesario la emisión y notificación de acto administrativo adicional alguno. Así, un deudor tributario adquiere la condición de no habido con la publicación que hace la SUNAT en su página web, cuando habiendo adquirido la condición de no hallado, (2) no cumple con declarar o confirmar su domicilio fiscal hasta el último día hábil del mes en el que esta se lo requiera (3) Según las normas citadas en el numeral 1 del presente Informe, el contribuyente y el responsable califican como deudores tributarios, pudiendo exigírseles el cumplimiento de la prestación tributaria a ambos. Ahora bien, tratándose de los representantes legales y designados por las personas jurídicas, la responsabilidad solidaria surge cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades hubieran dejado de pagar las deudas tributarias de cargo de sus representadas. Nótese que tal responsabilidad solidaria se establece atendiendo a que dichos representantes están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones tributarias de cargo de sus representadas, con los recursos que administran o dispongan de ellas.

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LEY 822 LCT

LA ASAMBLEA NACIONAL Considerando I

El pago de la tarifa se suspenderá a quienes presenten pérdidas por casos fortuitos o fuerza mayor, debidamente comprobados. En estos casos, la suspensión será hasta por la suma que corresponda al pago de la cuota por un período de hasta doce meses, conforme lo establezca la Administración Tributaria, mediante disposición administrativa. Art. 256 Traslado del régimen simplificado al régimen general. Los contribuyentes de este régimen, que durante seis meses, en promedio, llegasen a percibir ingresos mensuales superiores a los cien mil córdobas (C$100,000.00), deberán informarlo a la Administración Tributaria durante los treinta (30) días calendario posterior a su ocurrencia. La Administración Tributaria deberá efectuar su traslado al régimen general de rentas de actividades económicas, quedando el contribuyente obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias de este nuevo régimen. En caso de incumplimiento, el contribuyente estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Tributario.

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Estrategias de la administración tributaria y sus efectos en la recaudación del impuesto a la renta en los profesionales independientes

Estrategias de la administración tributaria y sus efectos en la recaudación del impuesto a la renta en los profesionales independientes

Para JIMENEZ, J. (2010) La evasión supone un obstáculo para el desarrollo y crecimiento equilibrado, pero también para la justicia en la que se debería basar el sistema tributario, y afecta tanto la equidad horizontal (igualdad de trato a quienes se hallan en igualdad de circunstancias) como la equidad vertical (trato adecuadamente desigual a quienes se encuentran en circunstancias diferentes). En relación con la equidad horizontal, la evasión puede hacer que individuos con una misma capacidad de pago no tengan una misma carga tributaria, mientras que la equidad vertical se puede ver afectada, ya que las personas con una mayor capacidad contributiva suelen tener mayor facilidad de acceso a asesorías profesionales que muchas veces promueven estrategias de elusión o reducen los riesgos de incumplimiento 75 .

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UNIDAD II Base legal de los impuestos nacionales, municipales y de comercio exterior

UNIDAD II Base legal de los impuestos nacionales, municipales y de comercio exterior

d) Métodos de Determinación de la Obligación Tributaria, Habiéndose proporcionado la información tributaria requerida el auditor deberá hacer un estudio y análisis del contenido de dichos documentos, determinando en su caso, las obligaciones que a juicio del auditor tuviera pendiente de cumplir el contribuyente; para ello el auditor deberá valerse de los sistemas de determinación de la obligación tributaria que establece el artículo 160CTr., siendo comúnmente estos: a) Sobre BASE CIERTA, cuando la determinación de la obligación tributaria se obtenga de la propia información suministrada, arrojando esta de forma indubitable las prueba sobre la omisión del deber tributario; b) Sobre BASE PRESUNTA, cuando a falta de proporcionar la información tributaria requerida, o por proporcionarla incompleta el auditor se vea en la imperiosa necesidad de fundamentarse en los indicios recabado para calcular presuntivamente dicha información; y c) Sobre CRUCE DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA debiéndose observar lo dispuesto en el artículo 27CTr. y el numeral 4 artículo 26 de nuestra Constitución Política; entre otros sistemas que cita el artículo 160CTr. escasamente utilizados.

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La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

En ese sentido, el TJUE aclara que el derecho a la reparación es la consecuencia indispensable del efecto directo, el cual es considerado como una garantía mínima dentro de la legalidad europea. Este efecto, que suele ser usado cuando el particular no tiene posibilidad de invocar directamente una disposición supranacional que le confiere derechos encuentra en la indemnización un mecanismo para reparar las consecuencias perjudiciales emanadas de esa imposibilidad, que sin embargo no puede oponerse como derivados de este” (Traducción propia de la versión en inglés). Mientras en el artículo 34 de la Ley Fundamental, ratificando lo ya expresado en el Código Civil, se considera que “(…) la responsabilidad recae, en principio, sobre el Estado o la corporación a cuyo servicio se encuentre”. No obstante, tal y como lo explica SOBRIDO PRIETO, la legislación alemana presenta ciertas disposiciones a través de las cuales se puede individualizar a personas o grupos determinados con el fin de acceder a una declaración de responsabilidad del Estado, sin embargo el Tribunal alemán entendía que la ley acusada solo se refería a tareas de una colectividad, lo cual, de acuerdo a estas disposiciones no se podían considerar a los afectados como “terceros”. De igual manera señala que “Hay además un principio desarrollado por la propia jurisprudencia del Bundesgerichtshof según el cual se desencadena la responsabilidad del Estado por razón de una intervención ilegal de la autoridad pública, sin embargo este principio no permite la indemnización de daños que se deban a una Ley inconstitucional”. SOBRIDO PRIETO, Marta, “Responsabilidad de los estados miembros por los daños causados a los particulares

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CONSULTAS REGIMEN SIMPLIFICADO DE CUOTA FIJA NICARAGUA 2015

CONSULTAS REGIMEN SIMPLIFICADO DE CUOTA FIJA NICARAGUA 2015

Sin perjuicio de la obligación de que les sea aplicada la tarifa cuota fija, los contribuyentes de este régimen no estarán obligados a presentar declaraciones ante la Administración Tributaria ni a pagar el IR de actividades económicas. Tampoco estarán obligados a efectuar anticipos y retenciones a cuenta del IR, ni trasladar el IVA. En consecuencia ellos no son sujetos de retenciones ni de auto

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REGLAMENTO DE LA LEY 822 LCT

CASA DE GOBIERNO Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Unida Nicaragua Triunfa DECRETO No. 01-2013

1.La base imponible de las rentas de capital inmobiliario se determinará al deducir del total devengado o percibido, el 30% (treinta por ciento) de costos y gastos presuntos, sin admitirse ninguna otra deducción, para obtener la renta neta gravable del 70% (setenta por ciento), sobre la cual el arrendatario o usuario aplicará la alícuota del 10% (por ciento); y 2.En relación con el párrafo último, la opción de cambio de régimen se hará al cierre del ejercicio fiscal, notificando a la Administración Tributaria en el término de treinta (30) días calendarios posteriores, dicho cambio será realizado a partir de la declaración anual IR de ese período sin que se pueda cambiar en los dos períodos fiscales siguientes por parte del contribuyente. En este caso, las retenciones definitivas a su favor serán aplicadas como pagos a cuenta, de acuerdo con el art. 38 de la LCT, para la liquidación del IR a pagar conforme el art. 55 de la LCT. Los costos y gastos serán deducibles como renta de actividades económicas, ya que todos los ingresos de rentas de capital inmobiliario son considerados como renta gravable del IR de actividades económicas.

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El sistema procesal de los delitos tributarios internos y su incidencia en el control de la evasión tributaria en el Perú bienio 2011 2012 en la Corte de Lima

El sistema procesal de los delitos tributarios internos y su incidencia en el control de la evasión tributaria en el Perú bienio 2011 2012 en la Corte de Lima

El aumento de la carga tributaria, derivada tanto del aumento de la imposición consiguiente a la expansión de actos de violación de las leyes financieras, como de la situación de desigualdad en que resultan hallarse los contribuyentes que cumplen con el impuesto, respecto de los evasores, determina condiciones económicas que conducen a diferencias del sacrificio económico. Estas diferencias en la actividad de las empresas inciden negativamente y en medida variable, según las condiciones en que la empresa misma produce y actúa. Para investigar los efectos de la evasión es menester estudiar la incidencia de los impuestos en general y en cuanto concierne específicamente a la influencia de las cargas fiscales en el nivel de los precios, los efectos de los fenómenos sobre los costos.

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UNIDAD I GENERALIDADES DE LA TRIBUTACION EN NICARAGUA Y SU RELACION CON LA CONTABILIDAD

UNIDAD I GENERALIDADES DE LA TRIBUTACION EN NICARAGUA Y SU RELACION CON LA CONTABILIDAD

Con la aprobación de la Ley no. 712 ley de reformas y adiciones a la ley no. 453, ley de equidad fiscal y a la ley no. 528, ley de reformas y adiciones a la ley de equidad fiscal (publicado en la gaceta no. 241 del 21 de diciembre del 2009) debido a que resultaba impostergable movilizar recursos adicionales que compensaban la caída observada en la recaudación tributaria, que venía ocurriendo como consecuencia del impacto negativo de la crisis financiera internacional sobre nuestra economía. Con dicha ley se pretendía ampliar la recaudación para cubrir la brecha presupuestaria del año 2010, sin embargo esta ley no duro mucho tiempo y apareció la nueva ley conocida como la ley 822 LCT, ley de concertación tributaria.

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Responsabilidad extracontractual del estado legislador, por el hecho de una ley tributaria declarada inconstitucional

Responsabilidad extracontractual del estado legislador, por el hecho de una ley tributaria declarada inconstitucional

la extensión de aquel, para las actuaciones del legislativo, máxime si tenemos en cuenta que actualmente se afirma que el poder es uno sólo (sic) y que su división en tres ramas autónomas no significa la negación de tal unidad, sino la consagración de un sistema en el cual la colaboración armónica de las tres ramas facilita la realización de los fines del Estado. Compaginando ésto (sic) con la idea de soberanía, entendida como el Poder Organizador, tenemos bases muy sólidas para afirmar que la Soberanía, lejos de ser un impedimento para el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Legislador, es uno de sus principales fundamentos, máxime si ella misma es la facultad, la competencia y la decisión que determina la organización final del Estado (...).” Amalfi Álvarez, L. y Cala Moncaleano, g. (1984). La responsabilidad del Estado legislador. Tesis degrado. Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. p. 142-143

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La responsabilidad social del contador público y la defraudación tributaria en la provincia de San Martín, 2018

La responsabilidad social del contador público y la defraudación tributaria en la provincia de San Martín, 2018

Pagar tributos al Estado peruano debería ser una práctica normal, con actitud responsable y considerando que es necesario para el progreso social del país, comprendiendo que es uno de los ingresos más importantes del Estado con el fin de cubrir los gastos e inversiones de seguridad, salud, educación, justicia y en infraestructura. Cumplir la obligación de pagar tributos obedece a una disposición legal que el contribuyente debe respetar y que la autoridad debe hacer cumplir, según las facultades que la ley le otorga (Solórzano, 2011). La cultura responsable del pago de tributos ayudará a lograr los objetivos trazados por el Estado, además de evitar infracciones y/o sanciones por parte de la Administración tributaria (Burga, 2015).

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Análisis de la estructura de los ingresos tributarios en el Presupuesto General del Estado 2007 2012

Análisis de la estructura de los ingresos tributarios en el Presupuesto General del Estado 2007 2012

El SRI, desde su creación, ha buscado ejecutar el mandato legal para el que fue creado en base a metas y objetivos claros y bien definidos, con una visión orientada a aportar en el desarrollo del país mediante una oportuna gestión tributaria y el incremento constante en la recaudación. Este papel no podría ser cumplido si no existe de fondo una metodología de planificación sólida que permita construir un modelo en el cual fundamentar la gestión de la institución; en este sentido y alineados a la norma y a las metodologías sugeridas por los entes responsables de la planificación nacional, el SRI ha diseñado su planificación estratégica operativa, basado en las mejores prácticas conocidas y en las directrices sugeridas tanto por el SENPLADES como por la Secretaria Nacional de la Administración Pública.

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La responsabilidad social del contador público y su incidencia en la defraudación tributaria

La responsabilidad social del contador público y su incidencia en la defraudación tributaria

“La prudencia en la toma de decisiones empresariales, acompañada de madurez de carácter, iniciativa y sentido de responsabilidad ante los acontecimientos y situaciones que se presentan, siempre ha sido importante para quienes ejercen funciones directivas. Pero actualmente es una necesidad también para los empleados. La rígida estructura taylorista, en la cual los directivos piensan y los empleados exclusivamente ejecutan, ha quedado obsoleta. Las organizaciones empresariales son cada vez más “servicios” dentro de la propia empresa que “cadenas de producción”; la misma producción se suele enfocar como un servicio interno.

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Naturaleza tributaria de las empresas individuales de responsabilidad limitada

Naturaleza tributaria de las empresas individuales de responsabilidad limitada

La respuesta en sentido negativo a la interrogante planteada en este trabajo no viene a hacer más que recoger los principales argumentos que se han esgrimido a lo largo de la corta vida de la E.I.R.L., sin embargo estos fundamentos no representan necesariamente nuestros pensamientos. En nuestro caso creemos que los alineados fundamentos de los Juristas y del Servicio de Impuestos Internos, no reflejan nuestro pensar, pues creemos que existen argumentos de fondo para considerar que efectivamente se podría determinar la categoría cedular de cada empresa individual de responsabilidad, teniendo en consideración la actividad que realiza dicha empresa, donde claramente no existe predominio de capital en el caso de las E.I.R.L. que prestan servicios profesionales.

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La legislación tributaria venezolana como promotora de la responsabilidad social empresarial

La legislación tributaria venezolana como promotora de la responsabilidad social empresarial

Sin embargo, la RSE no es necesariamente filantropía, aunque en ocasiones suelen con- fundirse los términos. La primera, busca el bienestar colectivo de empleados, familiares y comunidades que se relacionen directamente con la empresa; la segunda, se dedica a las liberalidades que hacen personas o empresas hacia obras de caridad, asistencia, ayuda, desarrollo social y humanitario, entre otras. Las donaciones, por ejemplo, pa- recieran ser hechas, comúnmente, de forma desinteresada; sin embargo, esto tampoco debe ser la regla. Luego de una revisión del ordenamiento jurídico-tributario vigente, se muestra que, en Venezuela, los incentivos fiscales no son lo suficientemente atractivos como para promover una “cultura de donaciones”, y justamente en torno a este tema de los incentivos fiscales de la responsabilidad social empresarial es que se desarrolla el presente estudio. Así pues, es importante hablar (entre otras leyes) acerca de la LISLR (2007) publicada en Gaceta Oficial n° 38.628, ya que la misma contiene un sistema fiscal de interés y de gran importancia para la presente investigación.

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