Seguridad y sistema penal

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El modelo penal de la seguridad ciudadana y su implantación en el sistema penal español

El modelo penal de la seguridad ciudadana y su implantación en el sistema penal español

No creo equivocarme si digo que es en la fase legislativa donde se con- centran con mayor profusión las prácticas que demostrarían la implantación del modelo penal de la seguridad ciudadana. La exposición a la mirada pública del discurso sobre la delincuencia, de las decisiones de política criminal y de los procesos legislativos que estas decisiones desencadenan, aun cuando no siempre lleguen a plasmarse en normas positivas, determina con frecuencia que se adop- ten medidas electoralistas que suelen ser muy rigurosas, algo que sin embargo no parece ocurrir con la misma intensidad en fases posteriores del sistema penal. Para poder asegurar tal cosa sería preciso llevar a cabo un minucioso análisis comparativo de la totalidad del ordenamiento jurídico y de las prácticas de todos sus operadores. Solo así se lograría confirmar que las fases del sistema más aleja- das del momento legislativo son menos permeables al modelo securitario. Con todo, creo, a título de hipótesis, que en la fase penitenciaria ha penetrado menos la tendencia punitiva que nos invade y que sigue habiendo allí un componente rehabilitador intenso, estando sus operadores jurídicos menos expuestos al ojo público y, por ello, siendo más libres de adoptar medidas eficientes pero menos populares. En cualquier caso, seré menos ambiciosa en mis objetivos y no me aventuraré a plantear hipótesis que no me encuentro en posición de confirmar, aun cuando mi propia intuición, algunos de los ejemplos que aquí se mostrarán y las voces de ciertos expertos me hacen pensar que estoy en lo cierto 2 .

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Estado constitucional, medida de seguridad y derecho de igualdad y no discriminación en el sistema penal

Estado constitucional, medida de seguridad y derecho de igualdad y no discriminación en el sistema penal

En este escenario Von Liszt (1984) concibe igualmente la pena con el fin pre- ventivo, buscando la protección de los bienes jurídicos, basado nítidamente en la teoría de la defensa social. Su discurso reproduce los parámetros positivistas y de defensa social, trayendo para la dogmática penal la propuesta de penas reso- cializantes para la categoría de personas a la cual llamó incorregibles, como es la exclusión social por tiempo indeterminado. En las palabras del propio autor: “La sociedad debe protegerse de los irrecuperables, y como no podemos decapitar ni ahorcar, y como no nos es dado deportar, no nos queda otra cosa que la privación de libertad de por vida” (Ibid.: 120). Bajo su influencia, Karl Stoos crea el mecanismo de la medida de seguridad como una medida “curativa impuesta a los delincuentes peligrosos” (Ferrari, 2001: 29).

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El populismo penal como mecanismo de política criminal de seguridad en el Perú

El populismo penal como mecanismo de política criminal de seguridad en el Perú

La presente investigación tuvo por finalidad determinar el tipo de la relación que existe entre el populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú; para lo cual se realizó una investigación jurídica de tipo dogmático-normativo, por su naturaleza fue cualitativa; empleándose la técnica documental, análisis de contenido, teoría de triangulación de teorías y la argumentación jurídica. Se tuvo como resultado la existencia de los excesos de las manifestaciones del populismo penal y de la política criminal de seguridad a nivel de la legislación penal sustantiva y adjetiva peruana; así como se evidenciaron las incompatibilidades de dicha política criminal con los principios y garantías constitucionales del sistema penal garantista; y los mecanismos para controlar dichos excesos de dichas manifestaciones carecen de eficacia. Concluyendo que existe entre el populismo penal y la política criminal de seguridad en el Perú una relación directa y adversa a los principios y garantías constitucionales, evidenciándose un auténtico clima punitivista, caracterizado por un incremento cualitativo y cuantitativo en el alcance de la criminalización como único criterio político-criminal, teniendo como justificación la seguridad ciudadana como uno de los ejes centrales.

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Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Por último, el derecho penal del riesgo y de la seguridad se asocia con todos los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se han vivido en las últimas décadas, especialmente aquellas transformaciones que han incidido en la percepción social del delito y cómo debe darse la reacción frente a este. En tal sentido, la emergencia de inseguridades e incertidumbres ha generado, en la estructura interna del derecho penal y en el funcionamiento del sistema penal, transformaciones en sus fundamentos, ideología y estructuras, tales como la ex- pansión del derecho penal, los enfoques actuariales y la generación de formas específicas para la regulación de conflictos sociales. Asuntos como el resurgi- miento de la víctima, las críticas al correccionalismo, la incorporación del delito de adolescentes al sistema penal 75 y la ampliación del ámbito social relevante

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El entramado penal, las políticas públicas y la seguridad

El entramado penal, las políticas públicas y la seguridad

Analizados estos fenómenos en algunos de estos escenarios en concreto, es posible afirmar que el sistema penal colombiano se ha visto permeado por las demandas de castigo generalizadas por parte de la ciudadanía, y que estas demandas se han visto capitalizadas desde sectores políticos para mantener el orden público, pero también para fortalecer un determinado sistema extractivo. Las preguntas sobre la efectividad de estas medidas dejan como precedente que los ciudadanos perciben que los efectos del sistema de justicia son inocuos para prevenir el delito, por cuanto se presentan unas mayores demandas por sancio- nes más severas, sistemas más estrictos y más responsabilizantes. Por otra parte, los impactos más claros de estas reformas se presentan como manifestaciones del colapso del sistema de justicia (congestión judicial y Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de Policía llenas) y, fundamentalmente, en un sistema pe- nitenciario con alarmantes cifras de hacinamiento, que plantean cuestionamien- tos sociales importantes.

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ANÁLISIS DE RIESGO INDUSTRIAL

ANÁLISIS DE RIESGO INDUSTRIAL

Cuando se comparan los enfoques de APS en la industria nuclear y no nuclear debe partirse del hecho que existen diferencias significativas entre las plantas nucleares y las industrias convencionales en términos de tecnología y filosofía de seguridad. La industria nuclear, a diferencia de la convencional, incorporó el concepto de defensa en profundidad como uno de los principios básicos en el proceso de diseño (ver capítulo 2) [12]. Debido a esto las plantas nucleares tienen gran complejidad, usualmente disponen de niveles altos de redundancia y en algunos casos diversidad. También las consecuencias potenciales de accidentes en plantas químicas pueden ser en muchos casos (aunque no siempre) menores que las consecuencias para plantas nucleares. Esto implica que los requerimientos de modelación muy detallada pueden ser menos estrictos en la industria convencional.

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EN EL SISTEMA GENERAL

EN EL SISTEMA GENERAL

ción de la prevención en estas operaciones, ya sean realizadas por las unidades funcionales o por el Servicio de mantenimiento, no sólo debería producirse como consecuencia de una obligación legal, sino también con objeto de que los recursos disponibles se usen con la mayor eficiencia posi- ble. Quienes conocen y controlan el buen funcio- namiento de un equipo debieran también conocer los aspectos clave de seguridad y, de ser posible, ser capaces de controlarlos. La tendencia genera- lizada es que los responsables del “uso produc- tivo” de los equipos realicen las revisiones de mantenimiento de muchas de sus partes, reci- biendo la formación necesaria para ello. Parale- lamente, la integración de la prevención en tales revisiones debiera producirse de forma natural, capacitándose al personal para el control de los riesgos a que está expuesto. Los trabajadores que usan equipos de trabajo deberían poder identifi- car fallos en elementos críticos y tomar las deci- siones pertinentes, o ponerlo en conocimiento de quien corresponda, para que se adopten medidas preventivas antes de que pueda producirse un accidente. Igual que si de un mantenimiento pre- dictivo se tratara, la integración de la prevención se hace imprescindible para que el trabajador expuesto pueda “alertarse” y “autoprotegerse”, adoptando las acciones preventivas que estén a su alcance y/o avisando a quien corresponda. Todo ello sin perjuicio de que determinadas revi- siones de seguridad, por su carácter complejo, solo puedan ser realizadas por personal especiali- zado del Servicio de mantenimiento, con forma- ción preventiva específica y con el apoyo del

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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para definir lo que consideramos aquí en este caso específico como sistema, partimos de una base conceptual simple: es el conjunto de aquellos elementos fenoménicos interrelacionados entre sí que cumplen una acción común. En donde una distribución de probabilidades conocidas en el presente permite predecir una distribución de las alteradas en un momento futuro, si se considera que la función estado define un estado causal (causalidad probabilística). Pero si bien en los sistemas en general es válido este concepto, en el caso de los sistemas naturales debemos dejar este concepto reduccionista. En los mismos encontramos ciertas partes o estructuras causales, pero la determinación causal de estos estados o sucesos del sistema presentes esta dado por estados o sucesos futuros, es decir, por la acción de un fin. Cuando el fin se transforma en finalidad llegamos al punto donde no se conoce ninguna estricta ley causal y los anteriores pasos retrógrados del sistema deben remplazarse por pasos en el futuro. Si el estado presente del sistema depende del futuro es no causal, sino teleológico, lo que implica que los estados del mismo están controlados por metas futuras. Estos aspectos conviven o mejor coexisten con los causales en la dinámica del presente, de forma similar como se integran estructuras físicas y sicosociales en el mismo. Retomamos el concepto de Aristóteles expresado en su metafísica (entendiendo esta en el sentido de la interpretación aristotélica de Julián Marías: "más allá de la física"). "Es señal de una mente apropiadamente disciplinada buscar un grado de precisión que corresponda a la cuestión considerada y solo el grado que la naturaleza de cada cosa consienta”. Si siguiéramos profundizando en el concepto de la finalidad quedaríamos fuera del marco espaciotemporal, lo que no es nuestro propósito en este caso de necesaria aplicación práctica.

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NC 702 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ― FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. REQUISITOS GENERALES

NC 702 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ― FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. REQUISITOS GENERALES

7.1 La Instrucción Inicial General tiene como objetivo principal trasmitir conocimientos e informaciones sobre seguridad y salud en el trabajo derivadas de las características de la organización, de sus procesos, producciones o servicios, los principales riesgos laborales y peligros, consecuencias a las cuales pueden estar expuestos, en el entorno o medio ambiente laboral y la obligación de aplicar las medidas de prevención y protección para evitar o reducir los daños.

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Lugares de trabajo seguros y sanos Hacer realidad el trabajo decente

Lugares de trabajo seguros y sanos Hacer realidad el trabajo decente

Instituir y mantener una “cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud” equivale a incrementar la conciencia, los conocimientos y la comprensión general de los conceptos relativos a los peligros y los riesgos, comenzando desde la edad de la educación elemental y continuando a través de la vida laboral. Una cultura de este tipo exige establecer prácticas que contribuyan a la prevención y al control de los riesgos en todos los niveles. Debe suponer la promoción de la conciencia en materia de seguridad en general y una apertura para capitalizar las lecciones extraídas. Un liderazgo fuerte y un compromiso visible con normas elevadas en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden beneficiarla significativamente. Una cultura de este tipo puede servir para crear trabajo decente mediante el fomento del respeto por la seguridad y la dignidad de los trabajadores.

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GUIA PARA ELABORAR EL MANUAL SST IEIT

GUIA PARA ELABORAR EL MANUAL SST IEIT

Como resultado de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior, los organismos rectores pueden objetar y ordenar la modificación de los proyectos si no se ajustan a las normas legales vigentes en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Igualmente pueden ordenar la paralización de obras, fabricación de maquinarias y equipos cualquiera que sea la etapa en que se encuentre su ejecución, si se comprueba una violación de disposiciones legales o normas vigentes que generen riesgos que afecten la salud y el medio ambiente o pongan en peligro la vida de los trabajadores, así como la integridad física de la propia instalación y de las aledañas.

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La protección penal de la seguridad vial

La protección penal de la seguridad vial

Al iniciar el estudio de la hipótesis planteada la primera cuestión es definir qué es la seguridad vial, puesto que nuestro Código penal dedica a su protección un capítulo concreto, que además cambió de rúbrica en la reforma efectuada en 2007, pues hasta ese momento se refería a la seguridad del tráfico, lo que deja de manifiesto que debe existir diferencias entre ellas. En segundo lugar se necesita conocer quién tiene las competencias normativas en el ámbito de la seguridad vial, dado que España pertenece a la Unión Europea y además está organizada como un Estado regional en el que las comunidades autónomas y los municipios tienen autonomía legislativa. El conocimiento del reparto competencial nos permitirá determinar las posibilidades legislativas en el ámbito penal, que aunque es exclusivo del Estado puede en ciertos aspectos depender del legislador autonómico o local y en estos casos tendrá que recurrir a las leyes penales en blanco para que las normas emanadas de él cumplan el principio de taxatividad. En tercer lugar siempre que se quiera resolver un problema es conveniente comprobar cómo lo han resuelto otros, para ello era preciso realizar un estudio de Derecho comparado. Se han elegido Estados europeos, americanos y africanos; por tanto, los hay de nuestro entorno y ajenos al mismo, pero hemos considerado interesante conocer cómo han resuelto problemas similares a los que la seguridad vial manifiesta en nuestro país. Estas tres cuestiones están analizadas en el Capítulo I de este trabajo, que como todos los demás se inician con una introducción en la que se expone el objeto y contenido del mismo y finalizan con unas conclusiones sobre los diferentes temas en él tratados.

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Proceso penal e impunidad (Tema central)

Proceso penal e impunidad (Tema central)

No existe la posibilidad de profundizar en este debate, pero es importante aclarar que –sin dejar de reconocer los proble- mas del sistema penal– la aplicación de penas es el medio principal que nuestra sociedad ha asumido para enfrentar los conflictos considerados como delitos. Si bien no podemos detenernos en los problemas que presentan muchos de los tipos penales vigentes, es importante dejar en claro que se requiere una revisión integral del Código Penal para que se pueda ajustar de manera adecuada a las necesidades actuales. En este escenario, son acertadas las justificaciones de la existencia del sistema penal que presenta Luigi Ferrajoli (2001), las cuales sostienen que: (i) debe asumirse que el derecho penal tiene como fin único la prevención general negativa, por tanto se aleja de cualquier consideración moral sobre las con- ductas, centrándose en su utilidad; (ii) las prohibiciones y las penas cumplen “…dos finalidades distintas y concurrentes, que son respectivamente el máximo bienestar posible de los no desviados [en el sentido de aquellos que no han incurrido en

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Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico

Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico

enferma de una utilización demasiado amplia de la pena en general y, espe- cialmente, de un despilfarro sin sentido de la pena privativa de la libertad”. Deberíamos reflexionar sobre la flexibilización del sistema penal, apoyado esencialmente en la pena privativa de la libertad, para permitir a los tribunales una adecuación de las penas mejor proporcionada a la gravedad del delito. En particular en el ámbito del derecho penal económico y de los delitos patrimo- niales, pero no solo en ellos, se podrían lograr seguramente mejores resultados. Es preciso advertir que no se trata de bagatelizar el derecho penal económico, ni de privilegiar a la delincuencia económica respecto de otras formas de de- lincuencia. Tampoco se trata de reemplazar las penas privativas de la libertad previstas para los delitos económicos. La cuestión es otra, un programa políti- co criminal moderno no debería continuar centrado en la pena privativa de la libertad y tendría que admitir como penas alternativas, también en el ámbito del derecho penal económico, junto a las penas privativas de la libertad, la mul- ta, la inhabilitación para el ejercicio de las actividades económicas en las que se cometió el delito (por un tiempo no menor al máximo previsto para la pena privativa de la libertad) y la publicación de la sentencia en forma conjunta. Así los tribunales podrían individualizar las penas de una manera más proporcio- nada a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor.

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Reflexiones sobre la seguridad ciudadana y la justicia penal

Reflexiones sobre la seguridad ciudadana y la justicia penal

A inicios del siglo pasado, Émile Durkheim se ocupó al estudio del delito y la pena como un insumo en la creación y mantenimiento de la identidad común. Por eso es que “... su primera y principal función es hacer respetar las creencias, las tradiciones, las prácticas colectivas, es decir defender la conciencia común contra todos los enemigos internos como externos. Así, deviene en un símbolo, la viva expresión a los ojos de todos” 17 . Sin embargo, aclara en un comentario sobradamente perspicaz, que ese tipo de ejercicios visibles es más grave y más elevado entre menores recursos de control no coactivo tenga la sociedad. Precisamente en tal sentido es que la sanción penal cumple el papel, más que de castigo, de ser una reacción pasional contra la transgresión, no del precepto jurídico, sino del sentimiento o conciencia común (para emplear el vocabulario del autor en mención) componente de la identidad colectiva. Dicho de otra manera, al atentar contra esa identidad y contra el sentimiento de seguridad que esta dispensa, la reacción contra el acto delictivo no puede ser menos que pasional y de difícil moderación, pues al percibirse como puesta en riesgo la constitución grupal, la elemental reacción de supervivencia exige una respuesta inmediata y contundente, aunque esta no tenga por mérito resolver el conflicto social que se manifiesta en el delito, sino esencialmente reinscribir retroactivamente la validez de los perfiles o postulados identitarios.

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Técnicas de la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano: un estudio desde la argumentación y refutación en la teoría del caso

Técnicas de la oralidad en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano: un estudio desde la argumentación y refutación en la teoría del caso

A la fecha se presentan diferentes fallas incluyendo la enunciada en el presente trabajo de investigación, ya que al instaurarse el Sistema Penal Acusatorio en Colombia, el cual en principio se mostraba como un proceso que respetaba los principios de celeridad, eficacia, inmediación y en general pronta justicia e igualdad entre las partes involucradas en el proceso no se han logrado cumplir muchas de las metas fijadas. Y esto se debe a que, con la normatividad dictada se buscaba satisfacer las necesidades de la Justicia no se tuvo en cuenta que se necesitaría un cambio en las formas culturales de formación, aplicación y comprensión del derecho penal el cual se modificó drásticamente del que a la fecha se había venido ejerciendo.

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La seguridad y la salud en las industrias de los metales no ferrosos

La seguridad y la salud en las industrias de los metales no ferrosos

3.1. La autoridad competente tiene la responsabilidad de precisar qué LE debe emplearse; al empleador incumbe la res- ponsabilidad de solicitar a la autoridad competente la informa- ción relativa a todo riesgo en particular, así como la de comparar los valores de los LE con los niveles de exposición en el lugar de trabajo, a fin de verificar si se están aplicando los controles ade- cuados de la exposición. Son muchas las autoridades internacio- nales, nacionales y de otros ámbitos que han publicado diversas listas de LE con licencia legal o valor de recomendación, pero ge- neralmente se refieren sólo a sustancias químicas. La más amplia es la lista de valores límites de umbral publicada por la ACGIH y actualizada cada año, la que comprende valores recomendados para LE en las siguientes esferas: sustancias químicas en suspen- sión en el aire; límites de control biológico; radiaciones ionizan- tes, no ionizantes y ópticas; estrés térmico; ruido y vibraciones. El Programa Internacional sobre Seguridad de las Sustancias Quí- micas (IPCS) publica las Fichas Internacionales de Seguridad Química (FISQ), documentos de evaluación que son examinados por autoridades en la materia. Otras entidades internacionales, como la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), preparan normas técnicas sobre medición y control de diversos factores ambientales con el objetivo de que sean incorporadas en las legis- laciones regionales o nacionales.

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Publicaciones de la OIT

Publicaciones de la OIT

3.1.1. Los empleadores deberían realizar, en cada lugar de trabajo permanente o temporal, evaluaciones periódicas de las situaciones de peligro y de los riesgos para la seguridad y la salud derivados de factores ambientales peligrosos y deberían poner en práctica las medidas de control necesarias para prevenir dichas situaciones de peligro y riesgos o reducirlas al nivel mínimo que pueda conseguirse de manera razonable y práctica. Cuando se introduzca un nuevo factor de riesgo, la evaluación debería llevarse a cabo antes de que los trabajadores se expongan al riesgo. La evaluación debería reunir información acerca de los factores ambientales peligrosos presentes en el lugar de trabajo, del grado de exposición y riesgo, de las medidas de control adecuadas, de la vigilancia de la salud, y de la capacitación y la información. Debería procederse a una revisión de la evaluación siempre que exista motivo para ello (véase sección 3.2). En capítulos posteriores del presente Repertorio se ofrecen orientaciones sobre la manera de aplicar estos principios a riesgos concretos.

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3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

Cuando un particular, usuario del sistema de justicia, busca por ejemplo a un auxiliar jurisdiccional, para que éste influya en la persona del juez o siendo un asistente de función fiscal para que lo haga en el Fiscal que conduce el Despacho, no será autor del Cohecho pasivo específico, sino autor del delito de Tráfico de influencias, empero sí podrá incurrir en el tipo penal del artículo 396º, siempre y cuando lo que pretenda el particular, es un decisión que se encuentra enmarcada en el ámbito de potestades del auxiliar jurisdiccional, v.gr., que posponga una diligencia, que omita notificar cierta diligencia a la otra parte, etc. Una diferencia importante, como apunta Olaizola Nogales, es que en principio, no sería relevante a efectos del delito de tráfico de influencias si la resolución es conforme o contraria a Derecho 51 ; pero sí, a efectos de valorar la conducta del funcionario que está conociendo el caso, pues, si se hace para omitir un acto propio de sus funciones, será constitutivo de un delito de Cohecho pasivo propio y, si recibe la dádiva para realizar un acto propio de sus funciones incurrirá en un delito de Cohecho pasivo impropio. De todos modos, será de recibo, que la búsqueda de influencias para que se decida en un caso concreto, por lo general se hará con el propósito de que se realice un acto en omisión de los deberes funcionales. De ahí, vale decir, que si se trata de una intercesión que ha de calar en un funcionario con potestades decisorias, ingresaríamos a un Concurso real con el injusto de prevaricación; situación que no cabría admitir cuando la influencia se dirige hacia un acto sin faltar a los deberes funcionales (Cohecho pasivo impropio).

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Directrices relativas a la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.OIT

Directrices relativas a la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.OIT

La protección de los trabajadores contra las enfermedades, dolencias y accidentes relacionados con el trabajo forma parte del mandato histórico de la OIT. Las enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto de trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la seguridad y la salud de los trabajadores. La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Esta finalidad se ha resumido en el concepto «trabajo decente». Trabajo decente significa trabajo seguro. Y el trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico.

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