Sentencia de vista

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Elementos Del Contrato De Trabajo Sentencia De Vista N° 3191 2013  Ancash

Elementos Del Contrato De Trabajo Sentencia De Vista N° 3191 2013 Ancash

SEPTIMO.- Al respecto es necesario señalar que los Contratos Administrativos de Servicios constituyen un régimen laboral especial, propio de la Administración Pública; a través del cual la Administración contrata a un tercero para que ejecute obras públicas, presta o administre – en su representación – un servicio público; en otras palabras se recurre a un particular para que a cambio de una contraprestación, ejecute o desarrolle una obra o una actividad propia de la administración; asimismo, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1057 que Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), concordado con el mismo numeral de su Reglamento, contemplado en el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, este tipo de contratos se celebra a plazo determinado; por lo que no genera ninguna expectativa de reposición laboral; así se ha establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional expediente número 00002-2010- PI/TC, de fecha siete de septiembre del dos mil diez y en el expediente número 3818-2009- PA/TC, de fecha doce de octubre del dos mil diez. “Cabe precisar que si bien es cierto una interpretación de lo previsto en el artículo VI, parte in fine, y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, permite concluir que el precedente vinculante, entendido y como “aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el tribunal constitucional decide establecerla como regla general y por ende deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga, es de obligatorio cumplimiento para los órganos jurisdiccionales y otros operadores del derecho; sin embargo la sentencia constitucional antes aludida no tiene tal calidad; sino que constituye –por el contrario- doctrina jurisprudencial, razón por la cual no puede predicarse respecto de la misma “obligatoriedad”; y porque además, en esta no se aborda en específico el periodo previo al Contrato Administrativo de servicios –CAS, en donde se discuta la desnaturalización de una contratación fraudulenta y se predique respecto de la misma la existencia de un contrato laboral, razón por la cual no constituye antecedente para la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios” 4
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El Debido Proceso de Ejecución de  Obligación de Dar Suma de Dinero:  Expediente 1997 – 32505

El Debido Proceso de Ejecución de Obligación de Dar Suma de Dinero: Expediente 1997 – 32505

Por tales consideraciones, de conformidad con el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas trescientos treinta y ocho por don Olintho Ugarte Vásquez Solís, en consecuencia NULA la Sentencia de Vista de fojas trescientos treinta, su fecha cuatro de marzo de dos mil nueve, y, ACTUANDO EN SEDE DE INSTANCIA: CONFIRMARON la sentencia de fojas doscientos veinticinco, su fecha tres de marzo de dos mil ocho que declara fundada la demanda e infundadas las contradicciones de los ejecutados Clínica Limatambo Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada y Jorge Luis Vergara Quiroz, en consecuencia, ordena que se lleve adelante la ejecución forzada sobre los bienes de los ejecutados, con lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Olintho Ugarte Vásquez Solís con Clínica Limatambo Cajamarca Sociedad Anónima Cerrada y otro sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; interviniendo como Juez Supremo ponente el señor Almenara Bryson; y los devolvieron; notificándose,-
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Expediente Civil  Desalojo por Ocupante Precario

Expediente Civil Desalojo por Ocupante Precario

CUARTO.- Apelada la sentencia de primera instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Tacna mediante la sentencia de vista contenida en la Resolución número cuarenta, de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 348) confirmó la sentencia apelada que declara fundada la demanda, señalando esencialmente que el demandado no acredita con título alguno que justifique su posesión, en ese sentido, si bien argumenta ser propietario del predio sub materia, sin embargo, ello no se encuentra acreditado en forma alguna por cuanto del contrato de compraventa a plazos celebrado con la demandante se advierte que el mismo fue pactado con reserva de propiedad, estableciéndose como condición para la transferencia de la propiedad, la cancelación en su totalidad del precio pactado, el mismo que no se concretó por incumplimiento en el pago, por lo que el demandado no puede ejercer derecho de propiedad sobre el citado bien, más aun cuando el referido contrato ha quedado resuelto mediante Cartas Notariales, advirtiéndose por lo demás que si bien la Carta Notarial de fecha treinta de noviembre de dos mil seis fue dirigida a persona distinta, sin embargo, dicho error fue corregido con la Carta Notarial Aclaratoria de fecha veintinueve de marzo de dos mil once al encontrarse correctamente dirigido al demandado; además, ante el fallecimiento de Laura Barbaran Venancino, no procede notificación alguna a su sucesión dado que esta última jamás tuvo la titularidad del bien sub litis, asimismo, si bien la demanda se admitió originalmente contra el demandado y su cónyuge, sin embargo frente al fallecimiento de esta última, el proceso continuó su trámite solo contra el demandado al haberlo así solicitado la demandante, admitiéndose la demanda en esos términos sin que el demandado hubiese cuestionado dicha decisión.
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE MARZO DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD  DEL ARTÍCULO 102 BIS, PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO 2, DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE MARZO DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DEL ARTÍCULO 102 BIS, PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO 2, DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La sentencia judicial tiene por objeto principal analizar si el artículo 102 bis.2 LJCA podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 24.1 CE, al excluir la posibilidad que el decreto del Letrado de la Administración de Justicia que resuelve el recurso de reposición contra sus propias diligencias de ordenación sea revisado por el Juez o Tribunal a través de un recurso directo de revisión, lo que supondría privar al interesado de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano una cuestión que afecta a un derecho fundamental (en el caso objeto del procedimiento principal, la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, garantizado por el artículo 24.2 CE), como consecuencia de esta desatención del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza precisamente el artículo 24.1 CE.
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Análisis jurisprudencial de sentencia de tutela de la corte constitucional : Sentencia T-832 DE 2010, Sentencia T-015 DE 2012 y Sentencia T-751 DE 2012

Análisis jurisprudencial de sentencia de tutela de la corte constitucional : Sentencia T-832 DE 2010, Sentencia T-015 DE 2012 y Sentencia T-751 DE 2012

La aseguradora A.I.G Colombia Seguros de Vida por medio de comunicación del 07 de noviembre de 2007, objetó la reclamación presentada por la señora Luz Miriam Higuita de Ca[r]

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CONSTITUCIONAL 140/2016, DE 21 DE JULIO DE 2016: NULIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CONSTITUCIONAL 140/2016, DE 21 DE JULIO DE 2016: NULIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES

Y por todo ello, en el fallo de la sentencia judicial del Tribunal Constitucional se declara: “la inconstitucionalidad y nulidad del art. 7, apartado 1, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en los siguientes incisos: “en el orden jurisdiccional civil: … apelación: 800 €; casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €”; “en el orden jurisdiccional contencioso- administrativo: abreviado: 200 €; ordinario: 350 €; apelación: 800 €; casación: 1.200 €”; y “en el orden social: suplicación:

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CASTILLA-LA MANCHA

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE CASTILLA-LA MANCHA

Por otra parte, tampoco se puede dejar de reseñar que el TC declara que el carácter mínimo de la jornada prevista en la norma estatal dejaría todavía margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, si bien ello solamente resulta admisible en un plano teórico ya que, desde un punto de vista práctico, no es realista puesto que solamente admitiría la posibilidad de ampliar la duración de la jornada de los empleados públicos, y, en su caso hasta las 40 horas semanales, cuestión que ya se puso de manifiesto en el voto particular del Magistrado Exmo. Sr. Fernando Valdés Dal-Ré a la STC 99/2016, de 25 de mayo, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1743-2013, que desestimó la impugnación de la disposición adicional septuagésima primera dela Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.
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La sentencia constitucional

La sentencia constitucional

Y sólo así se entiende, a su vez, por lo que respecta a las sentencias inter- pretativas, que éstas hayan acabado deslizándose hasta el terreno de las llamadas «sentencias creativas» o [r]

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La enseñanza de la redacción desde el punto de vista didáctico

La enseñanza de la redacción desde el punto de vista didáctico

Si desde el punto de vista tecnológico se busca la convergencia del pensamiento por medio de pruebas objetivas que miden minuciosamente los resultados de aprendizaje a costa de la hipers[r]

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La llamada «economía de opción» o «estrategia de minoración del cos- te fis cal», según la sentencia de la Sala Tercera, Sección 2ª, del Tribu- nal Supremo de 4 de julio de 2007 (recurso 274/03, f.j. 4º, letra d), no afecta ni al principio de capacidad económica ni al de justicia tributa- ria, proclamados en el artículo 31, apartado, 1 de la Constitución. En efecto, no cabe confundir la conducta de quien, para capear una car- ga fiscal, ejecuta, en el ejercicio legítimo de su libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución), un negocio dis tinto del pretendido, ob- teniendo los efectos civiles y mercantiles propios del realmente reali - zado y no los del inicialmente programado, con la situación de quien con idéntica mira lleva a cabo la operación tributariamente más bene- ficiosa, pero la organiza de modo que (por fraude, simulación u otro ar- tificio) las consecuencias para su patrimonio en el orden civil y mer- cantil sean las que corresponderían a la opción inicial, fiscalmente más onerosa. La «economía de opción» no ampara tal clase de comporta- mientos.
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE MARZO DE 2016: GRABACIÓN DE IMÁGENES DE TRABAJADORES SIN OBTENER SU CONSENTIMIENTO PREVIO

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE MARZO DE 2016: GRABACIÓN DE IMÁGENES DE TRABAJADORES SIN OBTENER SU CONSENTIMIENTO PREVIO

- Se alega que el control empresarial a través de videocámara no ha sido ajustado a los parámetros fijados por la jurisprudencia, invocando para ello una Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de diciembre de 2003, en la que se declara que los controles empresariales que puedan establecer los empleadores en uso de su derecho a controlar la actividad de los trabajadores serán lícitos mientras no produzcan resultados inconstitucionales, y que para poder afirmar si ese respeto se entiende producido es necesario constatar si dicha medida: a) es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); b) es necesaria (juicio de necesidad); y c) si la misma es ponderada o equilibrada (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).
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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 (CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2544-2016): NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 36.2.A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRI

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 (CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2544-2016): NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 36.2.A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRI

Por el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, frente a la anterior sentencia judicial, alegando como motivos principales que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había incurrido en un exceso de jurisdicción al estar obligada a aplicar el artículo 36.2.A TRLOTAU, salvo que planteara previamente una cuestión de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los arts. 163 CE y 35.1 LOTC y el artículo 5.2 LOPJ. Además, se habría infringido el orden competencial establecido en los arts. 148.1.3 CE y 31.1.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
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Del daño moral al daño extrapatrimonial : la superación del pretium doloris

Del daño moral al daño extrapatrimonial : la superación del pretium doloris

derechos de la personalidad (Allgemeines Persönlichkeitsrecht) y admiten la posibilidad de indemnizar los daños derivados de la lesión de esos derechos. En 1958 esa posición fue acogida por el Tribunal Constitucional Alemán, que en la sentencia de 15 de enero de 1958 reconoció que “el contexto jurídico de los derechos fundamentales como normas objetivas afecta al derecho privado... el cual debe adaptarse a los valores personificados por los derechos fundamentales” (BverfGE 7, 198, pág. 205-206.). La jurisprudencia constitucional alemana reconocía así la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales, que en el caso del derecho de la personalidad se concretaba en su reconocimiento como uno de esos “otros derechos” protegidos por el § 823(1) BGB cuya lesión daba lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios producidos. Con ello, se producía lo que algún autor ha denominado “el más importante cambio en el derecho de la responsabilidad civil desde la aprobación del BGB”. L ARENZ y C ANARIS
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Tema 2: Lenguaje PHP básico

Tema 2: Lenguaje PHP básico

switch (expresión) { case valor_1: sentencia 1 break; case valor_2: sentencia 2 break; … case valor_n: sentencia n break; default sentencia n+1 }. „ Mismo comportamiento que en C, sólo q[r]

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COMENTARIO A LA SENTENCIA 216/2015 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015: CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013, DE 4 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

COMENTARIO A LA SENTENCIA 216/2015 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015: CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013, DE 4 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

No obstante, a mi modo de ver, aunque hay doctrina constitucional que considera que el artículo 9.3 de la Constitución Española protege también la confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta económica a la legislación vigente frente a cambios normativos que no sean razonablemente previsibles (por ejemplo, la STC 89/2009, de 20 de abril de 2009) no se puede tampoco obviar, a sensu contrario, que la citada doctrina no fue considerada por el resto de los magistrados del Tribunal Constitucional en la sentencia, que el hecho de reconocerse y declararse que no ostentaban un derecho adquirido parece restringir la existencia de un quebranto de la confianza legítima, y que los propios argumentos jurídicos del magistrado disidente de la mayoría contienen como fundamento una serie de aspecto subjetivos o personalísimos de muy difícil valoración y estimación por los órganos judiciales.
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Necesidad de permitir la impugnación de la resolución en todos los juicios civiles.

Necesidad de permitir la impugnación de la resolución en todos los juicios civiles.

juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución. La falta de cumplimiento de las condenas impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento. El juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último.
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nociendo en su Exposición de Motivos esa tendencia de las Adminis- traciones Públicas a la contratación de personal laboral, integra en un único cuerpo legal básico las normas principales que se aplican a los empleados públicos sean funcionarios o personal laboral y esas normas principales como afirma el Ministerio Fiscal, fiel trasunto del artículo 23.2 han sido infringidas en el presente caso, porque todos los trabaja- dores que se integran como personal laboral de la Agencia han eludi- do el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad. Igualmente siguiendo la misma sentencia anteriormente citada, nada que objetar desde luego, a la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores que obliga a la Agencia a subrogarse en derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo de este personal, pero una cosa es la subrogación empresarial de las normas la- borales y otra bien distinta la integración, con las consecuencias apun- tadas, que convierte a este personal automáticamente en personal la- boral de la Agencia con acceso directo a la Administración Instrumen- tal de la Junta de Andalucía. Se vulnera así, por dicha Disposición Adi- cional, el art 23.2 de la Constitución que se refiere al acceso en condi- ciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, que forma parte del contenido esencial de este derecho fundamental, y que es indispo- nible para el Órgano de Gobierno que aprueba el Decreto. También se vulnera el artículo 14 de la Constitución, respecto a terceros ciuda- danos en general a los que no se les va a permitir el acceso privilegia- do por integración, reservado en exclusiva a quienes trabajaban en el extinto Instituto en virtud de un régimen legal privado.
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LOS CONTRATOS DE OPERADOR DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

LOS CONTRATOS DE OPERADOR DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Derivado de la política de ampliación vista que hizo ICANN y del sistema establecido por la misma, la comercialización de los nombres de dominio GTLD se ha articulado, como se ha referido, a través dos tipos de negocios jurídicos: uno, el denominado GTLD REGISTRY AGREEMENT, entre la Corporación de California y el futuro registro, que es un contrato que tiene por objeto la “delegación y funcionamiento de dominios de nivel superior” de manera que, a partir de su fecha de vigencia y hasta el final del periodo, ICANN designa a la otra parte como operador de registro del GTLD, con el fin de delegar el dominio de nivel superior y la entrada en la zona raíz.
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sentencia_41775_de_marzo_19_de_2014_345

sentencia_41775_de_marzo_19_de_2014_345

La respuesta es no. Ello, toda vez que, como se ha enseñado reiterada y enfáticamente por demás, la absolución de esta clase de sanción cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por la parte convocada a juicio al dar contestación al escrito inaugural del proceso, negación que incluso puede ser corroborada con la prueba de los mismos contratos, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere de un riguroso examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que efectivamente rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de este resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, o de la existencia de la prueba formal de dichos convenios.
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Presupuesto municipal 2020

Presupuesto municipal 2020

El Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1163/2018, de 9 de julio, ( recurso de casación nº 6226/2017), viene a clarificar su interpretación concluyendo que , a falta de normas legales que indiquen cómo determinar si ha habido o no incremento del valor de los terrenos , los obligados tributarios son los que deben acreditar , por cualquiera de los medios admisibles en Derecho, la inexistencia de un incremento de valor del suelo por la que resulte improcedente la exacción del IIVTNU que se aduce.

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