Sentencias de la Corte IDH

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Las paradojas de la ejecución de las sentencias de la Corte IDH en Brasil: notas sobre el cumplimiento, deber de sancionar e investigar en el caso Gomes Lund / The Paradoxes of the Execution of the Judgments of the IACHR in Brazil: Notes on the...

Las paradojas de la ejecución de las sentencias de la Corte IDH en Brasil: notas sobre el cumplimiento, deber de sancionar e investigar en el caso Gomes Lund / The Paradoxes of the Execution of the Judgments of the IACHR in Brazil: Notes on the...

Mientras tanto, el ordenamiento jurídico brasileño es omiso a cumplir con las sentencias de tribunales internacionales, luego, el hito procesal se debe buscar en la CADH , específicamente, en los mecanismos de ejecución de las decisiones de la Corte IDH . La aplicación del art. 68.2 del Pacto de San Salvador a las sentencias dictadas contra Brasil impone el mecanismo de ejecución contra la hacienda pública previsto en los arts. 534 y 535.2 y el art. 100 de la Constitución Federal, por medio del mecanismo nombrado como “fila de precatórios”, en el cual los valores son quitados según el orden de ingreso en dicha fila. Esa opción, además de ser caracterizada por exceso de morosidad, no es razonable, en la medida en que exigía que las víctimas, después de haber agotado todo el pro- cedimiento doméstico, y luego el proceso interamericano, deberían, aún, agotar un nuevo proceso interno solamente para tener garantizada su indemnización.

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La actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Análisis histórico, normativo y funcional de la institución armada mexicana

La actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Análisis histórico, normativo y funcional de la institución armada mexicana

Sin embargo, si bien la resolución del expediente Varios 912/2010 fue determinante para fijar el alcance del fuero militar en nuestro país, también es cierto que dicha resolución trajo aparejadas muchas otras consecuencias que contribuyen a lograr un avance en el respeto y promoción de los derechos humanos de todas las personas en México, tales como: el ejercicio del control de convencionalidad por parte de todas las y los jueces mexicanos; reafirmar el criterio de obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH en contra de México; delimitar el papel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como criterios orientadores, etcétera.

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EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La ejecución de sentencias emitidas por la Corte IDH se fundamenta en el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo o garantizando el goce de los derechos humanos violados por algún Estado Parte que esté sometido a la CADH. Si le damos una interpretación breve a lo que es este derecho, se entiende como tal, a aquel en el cual todo ciudadano tiene derecho a un recurso veraz y que tenga como principio fundamental la eficacia, en el cual se defienda o proteja los derechos humanos que se encuentran inmersos dentro de la CADH y también ofrece un recurso válido que sirva para contrarrestar a los jueces o tribunales cuando estos hayan vulnerado un derecho consagrado.

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análisis que sustenta la construcción de este apartado son las siguientes: Caso Aloe- boetoe vs. Surinam, Fondo, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, serie C, no. 11; Caso Aloboetoe y otros Vs. Surinam, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15; Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay, Fondo, Repa- raciones y Costas, Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C No. 214; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, Serie C No. 172; y Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245. Estos casos fueron elegidos en gran medida porque se consideró que permiten advertir al menos dos cuestiones: 1. La evolu- ción del comportamiento de la Corte IDH frente a víctimas indígenas o tribales; 2. Contienen elementos comunes y torales sobre la jurisprudencia del tribunal en materia de pueblos y comunidades indígenas y tribales. No se ignora que después del año 2012 han existido al menos, cinco sentencias nuevas sobre pueblos y co- munidades indígenas y/o tribales que no fueron analizadas a profundidad para este trabajo. No obstante, se considera que la naturaleza del enfoque planteado en este artículo resulta aplicable -en mayor o menor medida- también a esa nueva producción jurisprudencial.

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Contexto sobre las limitaciones del proceso de responsabilidad estatal ante la corte IDH

Contexto sobre las limitaciones del proceso de responsabilidad estatal ante la corte IDH

En efecto, la imposibilidad de ejercer la demanda de manera directa por los particulares, el hecho de estar dirigida solo contra los Estados parte de la convención que han aceptado la competencia contenciosa y no propender de manera efectiva por la ‘universalización’ ni mucho menos contemplar la posibilidad de vincular a otros sujetos de derecho internacional público, como tampoco a los particulares; la falta de desarrollo en materia de la protección de derechos sociales, económicos y ambientales; y la falta de mecanismos ejecutivos (institucionales y adjetivos) propios para lograr el cumplimiento de las decisiones, la ausencia de mecanismos idóneos para la ejecución en el sistema interno de cada país y la falta de voluntad política estatal de adaptar el ordenamiento jurídico a los parámetros que la Corte IDH fija en sus sentencias, son limitaciones atribuidas por la doctrina a aspectos sociales, económicos y políticos, pero que también tienen causa y efecto en la configuración normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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El sistema de control de constitucionalidad en el Ecuador

El sistema de control de constitucionalidad en el Ecuador

En este sentido el modelo de jurisdicción concentrada no deja de ser un cuerpo extraño en el constitucionalismo de nuestros días, un residuo de otra época y de otra concepción (Kelseniana) que hurtaba el conocimiento de la Constitución a los jueces ordinarios, justamente por considerar que la Constitución no era una verdadera fuente del derecho, sino una fuente de las fuentes. La fiscalización abstracta propia de este modelo representa un exponente de una idea y de una realidad constitucional que ya no son las nuestras, de la Constitución como norma organizativa de las instituciones del Estado, interna a la esfera del poder y separada del resto del sistema jurídico; por tanto, controlable solo por órganos especiales que, en realidad, forman parte del legislativo y no del Poder Judicial aun cuando actúen según formalidad jurídicas. Lo que ocurre es que, al haber superpuesto ese modelo antiguo sobre el esquema por completo diferente de una Constitución material o de derechos, las dudas sobre la legitimidad de unas sentencias que ya no solo determinan quién y cómo puede hacer la ley, sino también en gran medida qué puede o debe decirse en la ley, se incrementan de modo notable (Prieto Sanchís, 2008, pág. 822).

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Mujeres y violencia sexual: un breve contexto del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia

Mujeres y violencia sexual: un breve contexto del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia

En 2014, el Gobierno de Colombia tomó medidas importantes para hacer frente a más de cinco decenios de conflicto armado interno en el que se ha considerado que la violencia sexual era una práctica sistemática, de conformidad con el Auto 092 de la Corte Constitucional de Colombia. El 18 de junio de 2014, el Presidente Juan Manuel Santos promulgó una ley histórica sobre el acceso a la justicia para las víctimas (la Ley 1719), dirigida a mejorar la situación de los supervivientes de la violencia sexual a fin de que puedan recibir reparaciones, apoyo psicosocial y atención médica gratuita. La Ley 1719 reconoce explícitamente que la violencia sexual puede constituir un crimen de lesa humanidad y que esos delitos son imprescriptibles. Incluye delitos que anteriormente se habían omitido en el Código Penal, como la esterilización forzada, el embarazo forzado y la desnudez forzada, y añade una referencia específica a las circunstancias agravantes, por ejemplo, cuando se cometen actos de violencia sexual como una forma de retaliación o intimidación contra los defensores de los derechos humanos. (Consejo de Seguridad, 2015, pág. 7/39)

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El parte policial y las sentencias ante principios constitucional de la motivación en la justicia penal

El parte policial y las sentencias ante principios constitucional de la motivación en la justicia penal

El sistema de administración de justicia penal en el Ecuador, ha sido investigado por varios autores nacionales como el Dr. Rodrigo Abarca Galeas, el Profesor Jorge Zavala Baquerizo, por el tratadista José García Falconí, entre otros; sin embargo de lo expuesto cabe señalar que de los estudios realizados en el Ecuador, han dejado de lado la gran influencia que tiene el parte policial en las sentencias que se dictan por parte de los Jueces y Tribunales de Garantías Penales, ya que los Jueces motivan su sentencia tomando en cuenta lo alegado por el Policía en el Parte Policial, aspectos que no han sido analizados a profundidad en el marco jurídico ecuatoriano. En base de lo expuesto se manifiesta que el sistema de justicia penal debe otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos ecuatorianos en los términos del artículo 82 de la Constitución que dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

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La dignidad del concebido en la sentencia de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo

La dignidad del concebido en la sentencia de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo

Luego de declarar la sentencia de la CIDH del caso Artavia Murillo en el año 2012, las repercusiones en los países suscritos a la autoridad de la Corte, tuvieron distinto cause. Así también no se dejó esperar la respuesta en contra de esta sentencia, frente a la coyuntura y los procesos judiciales que se desarrollaron en las distintas naciones, se pudo ver la protección por parte de la justicia en reconocimiento a la dignidad del concebido y la negación de la conceptualización elaborada por la Corte sobre el concebido y su dignidad.

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LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

La presente investigación tiene como propósito analizar la figura constitucional de la “responsabilidad del Estado por error judicial”, figura que se encuentra establecida en el Artículo 11, numeral 9, inciso cuarto de la Constitución de la República del Ecuador (2008). El error judicial se configura cuando el servidor o servidora que en uso de sus atribuciones emite un concepto equivocado en el juicio, del que debe responder el Estado. Ante estas faltas-leves, graves y gravísimas que estipula el Código Orgánico de la Función Judicial se determinan sanciones que van en proporción al daño causado y la reparación por parte del Estado y el derecho de repetición. Sanciones aplicadas por Estado con la finalidad de frenar los abusos que se cometieran dentro de la administración pública, a lo que la norma la denomina error judicial. Para establecer el error judicial se ha realizado un análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como organismo internacional, doctrina y leyes que permitieron puntualizar y afirmar la existencia de error judicial por parte del Estado ecuatoriano y el perjuicio causado a los accionantes.

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La Corte Constitucional: ¿legislador complementario o modulador de sentencias?

La Corte Constitucional: ¿legislador complementario o modulador de sentencias?

Por tal razón y con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, el cambio en la realidad jurídica del país, supuso que la salvaguarda y protección de la Constitución, estuviese en cabeza de una órgano autónomo y claramente independiente, como es la Corte Constitucional, concluyendo entonces que esta institución, es más cercana a los ciudadanos, por tener herramientas accesibles de acción a la justicia, así como la producción de decisiones innovadoras y trasformadoras del derecho, pues esto llamó la atención de varios ciudadanos, incluyendo los movimientos sociales de grupos históricamente discriminados, minorías que con el fin de reivindicarse con la sociedad excluyente, optaron por recurrir a este órgano jurisdiccional, en aras a modificar su situación; claramente eso ocurrió, y por ende nombramos algunas de esas decisiones como lo fue la sentencia que despenalizo el aborto en casos específicos, y es por ello que podemos llegar a finiquitar que dicho órgano se legítimo popularmente, a tal punto que en ocasiones y por ciertas decisiones jurisprudenciales como la citada, aparadas en la supremacía constitucional y la defensa de los derechos, la Corte Constitucional actúa como un legislador.

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Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, por parte del Estado colombiano en los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, por parte del Estado colombiano en los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte resalta que desde la ocurrencia de los hechos han transcurrido más de trece años sin que hayan concluido los procesos penales, por lo que estima que subsiste la impunidad parcial en el presente caso, porque no ha sido definida toda la verdad de los hechos, en particular, en cuanto a la determinación y eventual sanción de todos los responsables intelectuales y materiales. A efectos de la super- visión de este punto, es necesario que el Estado continúe presentando información completa y actualizada sobre la totalidad de las acciones adelantadas. Asimismo, el Estado deberá hacer públicos los resultados del proceso, en los términos del pá- rrafo 233 de la Sentencia, de modo que la sociedad colombiana pueda conocerlos, por lo que el Tribunal seguirá a la espera de los hallazgos de las investigaciones.

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Las nulidades en las sentencias de la Corte Constitucional

Las nulidades en las sentencias de la Corte Constitucional

Reitera la Corte entonces que, en virtud de la estabilidad de los fallos de la Corte y del carácter excepcional de la nulidad de los mismos, el incumplimiento alegado por los ciudadanos debe ostentar una entidad tal que indudablemente afecte el derecho al debido proceso de manera ostensible e intolerable. Ello obviamente no ocurre en este caso, pues las supuestas violaciones no vician el quórum - pues hubo mayoría -, ni la votación con la que se adoptó la decisión. Además, tampoco se viola la publicidad entre los magistrados, pues todos conocían el proyecto en discusión y con su presencia en las sesiones podían conocer también el estado del debate. Además, no son ciertos los hechos en que fundan su petición de nulidad. (Corte Constitucional, Auto 151ª- de 2003)

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La eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de reparación: el caso de Colombia

La eficacia de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de reparación: el caso de Colombia

personas, no han sido sancionados “los altos mandos ni los comandantes que dirigieron [el] operativo” (…) “a pesar de que [el Estado] tiene toda la información para individualizar[los]”. Lo anterior ameritaría la intervención de la Corte Penal internacional para que, en virtud del principio de complementariedad, investigue todas las irregularidades mencionadas como también los señalamientos de responsabilidad a autoridades que no son observadas en la jurisdicción penal ni ordinaria ni militar como el caso del General Rito Alejo del Río Rojas, Comandante de la Brigada XVII, quien fuera señalado por el ex secretario de la gobernación de Antioquia, Dr. Pedro Juan Moreno Villa, como responsable de la masacre de Mapiripán (1997), esta acusación no mereció atención de las autoridades hasta el punto que el General participó en las elecciones al Congreso para el período 2006-2010. El ex General Del Rio finalmente fue condenado a 25 años de cárcel (agosto de 2012), pero por hechos relacionados en otra masacre y en relación con el paramilitarismo, como siempre fue denunciado. El Dr. Pedro Juan Moreno Villa, falleció en un accidente aéreo el 24 de febrero de 2006, hechos que aún son materia de investigación. Por otro lado tenemos que el directamente responsable por la seguridad de los pobladores de Mapiripán, el Mayor Hernán Orozco Castro, desde el año 2003 se encuentra asilado en los Estados Unidos gracias a las gestiones de la ONG Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y nunca ha sido llamado a juicio por su responsabilidad en los hechos.

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Cuadernillo de la Corte IDH sobre derecho a la vida

Cuadernillo de la Corte IDH sobre derecho a la vida

233. Este Tribunal resalta que la autopsia debe respetar ciertas formalidades básicas y tiene como objetivo recolectar, como mínimo, información para identificar a la persona fallecida, la hora, fecha, causa y forma de la muerte. En relación con la falta de establecimiento de la hora de muerte de Igmar Landaeta, el perito José Pablo Baraybar señaló que, con base en lo manifestado por el médico Velmar Quintero, de acuerdo al acta policial en donde rindió declaración el agente Ildelgar Ferrera, a “las 03:20 horas de la tarde de [17 de noviembre de 1996], había ingresado a ese centro de asistencia, […] Landaeta Mejía[s], Igmar Alexander, […] quien presentó para el momento de su ingreso, dos heridas por armas de fuego, y sin signos vitales” . El perito concluyó que lo dicho apoya la hipótesis de que Igmar Landaeta se encontraba probablemente muerto ya en el lugar de los hechos y que, pese a ello, fue llevado a un hospital; en su opinión “probablemente Alexander [Landaeta] [,] después de recibir el disparo en la cabeza, ya estaba muerto ”. El señor Baraybar afirmó que ello se hizo con la intención de “generar una imagen de ayuda humanitaria que en realidad degrada[ba] la escena del delito, al remover el cuerpo de la escena del delito, a sabiendas de que se trata[ba] ya de un cadáver, y no de una persona herida”. En este sentido, la Corte estima que la diligencia practicada no cumplió con dichos requisitos mínimos y fue llevada a cabo de manera incompleta.

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La reproducción humana asistida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y Corte IDH

La reproducción humana asistida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y Corte IDH

Las técnicas de reproducción asistida se entienden como un conjunto de diferentes tratamientos de carácter médico que son utilizados con el fin de ayudar a las personas y parejas infértiles a constituir un embarazo. En muchos eventos, dichas técnicas son la única alternativa que tienen algunas personas para materializar su deseo de realizarse como padres, tener una familia y desenvolverse en sociedad, tal como lo harían aquellos individuos que no tienen problemas de infertilidad. Con todo, la dificultad para acceder a dichos tratamientos y el no poder concebir hijos es, para este grupo de personas, una condición que las afecta tanto física como psicológicamente, pues poder reproducirse genéticamente es, para muchas parejas, el factor central que determina la vida conyugal, y, al no poder hacerlo, ven frustrado su interés de ser padres por una causa que está fuera de su órbita de solución. En tales eventos, se hace necesaria la intervención de un tercero, experto en la materia, que precise cuáles son los motivos que conllevan a tal dificultad, toda vez que, según lo expresa el Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad – CECOLFES, “en la mayoría de los casos los problemas de infertilidad son previsibles y alrededor del 80% pueden corregirse acudiendo a controles rutinarios” (CECOLFES), dentro de los cuales se podrían contar ciertos tratamientos clínicos adecuados para tal fin, o el inicio de un procedimiento reproductivo que permita la concepción de la madre. La Corte Constitucional no ha sido generosa al abordar este asunto, pues ésta ha desplegado una extensa línea jurisprudencial que ha llevado a negar el derecho a beneficiarse de técnicas de reproducción asistida en repetidas ocasiones, o a concederlo de manera restringida, en caso de estar vinculado con la violación de otros derechos fundamentales como la vida y la salud, la integridad del paciente y la continuidad del servicio.

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REGLAMENTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

REGLAMENTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

1. El procedimiento escrito en un asunto llevado ante una Sala consistirá en un solo alegato escrito por cada parte. Si el procedimiento se ha incoado mediante una solicitud, los alegatos escritos se depositarán dentro de plazos que se sucederán. Si el procedimiento se ha incoado mediante la notificación de un compromiso, los alegatos escritos se depositarán dentro del mismo plazo a menos que las partes hayan acordado presentarlos sucesivamente. Los plazos previstos en este párrafo serán fijados por la Corte, o si no estuviese reunida por el Presidente, previa consulta con la Sala de que se trate si ya estuviese constituida.

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Desarrollo de la facultad administrativa para privar de derechos políticos a servidores públicos de elección popular en Colombia

Desarrollo de la facultad administrativa para privar de derechos políticos a servidores públicos de elección popular en Colombia

El señor Gustavo Petro, en ejercicio de sus funciones como Alcalde mayor de Bogotá D.C., quiso constituir una empresa pública que asumiera la responsabilidad de la prestación del servicio de aseo en diciembre del año 2012, mes en el cual finalizaban los contratos de los prestadores de servicio de aseo privados, los cuales lo venían prestando en virtud de 2 contratos y una prorroga resultados de la urgencia manifiesta declarada por el Distrito debido a que, el 18 de agosto de 2011, la Corte Constitucional suspendió el proceso de licitación de la concesión de las áreas exclusivas de recolección porque, en dicho proceso, no se permitía la participación o inclusión de recicladores, suspensión que fue levantada en abril del 2012 (PGN, Acta N° 57 Rad. IUS 2012-447489 IUC D 2013-661-576188).

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