Sistema de contratación estatal

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Contratación estatal  Del principio de planeación en el sistema de compras públicas en Colombia: una visión multidisciplinaria

Contratación estatal Del principio de planeación en el sistema de compras públicas en Colombia: una visión multidisciplinaria

Un segundo modelo de control fiscal es el unipersonal o anglosajón, que adoptó Colombia con la Misión Kemmerer. Sobre este sistema se destaca que es una prerrogativa directa del parlamento como guardián supremo de las finanzas públicas: “la función propiamente dicha se ejerce en nombre del parlamento y a través de una institución unipersonal cuya cabeza es un contralor, llamado auditor en algunos países. Como máximo exponente de este sis- tema se encuentra el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá con diversos matices respecto de sus niveles de autonomía con el parlamento o sus funciones”. Iván Darío Gómez Lee, Control fiscal y seguridad jurídica guberna- mental (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006), 104-5. Iván Darío Gómez Lee, La seguridad jurídica: el caso de la responsabilidad fiscal en Colombia. Vol. I. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016), 86-7. 76 De conformidad con la Ley 610 de 2000 la gestión fiscal es el “conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, adminis- tración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”.
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Alcance de la responsabilidad supervisor e interventor en la contratación estatal

Alcance de la responsabilidad supervisor e interventor en la contratación estatal

En el marco de la Contratación Estatal, las Entidades del Estado están en la obligación de velar por la vigilancia del cumplimiento del objeto de los contratos estatales, así como la satisfacción plena de obligaciones derivadas de los mismos. Por lo anterior, el sistema normativo colombiano ha establecido diversas figuras de supervisión de los contratos entre las que se encuentran la figura de los supervisores y la de interventores de obras y que atienden al cumplimiento de dos principios rectores de la contratación como son el de responsabilidad y el de transparencia. Particularmente, respecto a estas dos formas de vigilancia consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del año 2011 y finalmente con la reciente Ley 1882 de 2018, la jurisprudencia ha desarrollado una extensión en términos de responsabilidad.
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Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto   IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Este indicador se refiere al cumplimiento de normatividad de la contratación estatal, por lo cual las entidades territoriales dando cumplimento a las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013 utilizan las siguientes fuentes de información: El Sistema Electrónico para la Contratación Estatal SECOP (cuya función de auditora es ejercida por la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente), ante la cual las entidades deben reportar los documentos de cada proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación, lo cual además permite a los interesados de los sectores público y privado tener una comunicación abierta y ordenada sobre los procesos de contratación. La segunda fuente son los sistemas implementados por las contralorías territoriales para su ejercicio de control fiscal, cuya información se reporta a la Auditoría General de la República con el fin de estandarizar y consolidar en una misma base de datos; la coherencia entre los reportes de la actividad contractual que las entidades territoriales hayan realizado ante el SECOP y lo que hayan remitido en el mismo periodo a la respectiva contraloría territorial.
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De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

De las Garantías en Materia de Contratación Estatal 2012

de septiembre de 2000 de expediente No. 6140 del Magistrado Ponente Silvio Fernando Trejos Bueno se puso fin a la discusión planteada por la Ley 80 de 1993. - No hay que perder de vista que el seguro de cumplimiento que garantiza contratos estatales se encuentran regidos por principios que tiene su base en la prestación de un servicio público y en las prerrogativas que tiene el Estado que como se ha visto difieren del régimen privado en donde sobresale la autonomía de la voluntad. Si bien es cierto que el propósito de la Ley 80 de 1993 pretendía reducir las potestades excepcionales del Estado respecto a lo que establecía el Decreto 222 de 1983, y así eliminar posibles arbitrariedades del Estado, por lo que le deja al juez de lo contencioso administrativo asuntos que le correspondían a la entidad estatal, y de esta manera incentivar a los contratistas para que colaboren con las funciones del Estado, con la expedición de la Ley 80 de 1993, se establecieron características especiales, las cuales se encuentran fundadas en la prevalencia del interés público que se aplican con preferencia al régimen comercial entre las cuales pueden destacarse la irrevocabilidad del contrato y la no terminación del unilateral del contrato de seguro por el no pago de la prima, ratificado mediante la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012. - En cuanto al riesgo deben prevalecer las normas especiales contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 734 de 2012 frente a lo consagrado en el artículo 1055 del Código de Comercio como norma general de los seguros. - El Decreto 734 de 2012 unificó la reglamentación de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en lo que se refiere a los tipos de garantías y a los modos de contratación e innovando en el tema de fraccionamiento y combinación de garantías. - Aunque las Entidades del Estado tienen la potestad sancionatoria frente al incumplimiento del contratista; esto no quiere decir que siempre deban imponerse multas aunque estas hayan sido pactadas; pues la administración pública no puede desgastarse cuando el contratista mismo no muestra interés alguno de reparar el daño causado con su incumplimiento. - Quedó demostrado que ante la compañía de seguros solo podrán hacerse exigible tanto las multas como la cláusula penal siempre que estas hayan sido pactadas por las partes entendiéndose que esta última constituye una tasación anticipada de los perjuicios la cual es impuesta por la entidad contratante al contratista cuando hay incumplimiento severo y grave de las obligaciones contraídas dentro del contrato estatal. - Finalmente se dice que si la cláusula penal pecuniaria ha sido mal pactada o al respecto no se ha dicho su valor el pago de esta no podrá ser superior al diez (10%) por ciento del valor del contrato y en todo caso la entidad contratante será responsable por ello.
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Las vigencias futuras en la contratación estatal

Las vigencias futuras en la contratación estatal

Actualmente, con la Constitución Política de 1991 se adoptó el sistema de gobierno unitario descentralizado, así la Constitución le asignó autonomía a las entidades territoriales. De esta forma el constituyente de 1991 optó por un punto intermedio entre los modelos de gobierno centralistas y federalistas encontramos los modelos unitarios con descentralización en los que la distribución de competencias y responsabilidades se presenta entre los diferentes niveles de gobierno, pero sin que cada ente sea subnacional sea completamente autónomo en ninguna materia ya que debe regirse por directrices nacionales. En efecto, los Artículos 1, 287 y 298 de la Constitución lo siguiente:
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Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Principio de transparencia, base de la contratación estatal colombiana

Este sistema se encuentra estipulado en el numeral 1 artículo 5 de La Ley 1150 de 2007.” La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación.” 19
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Efectos jurídicos de la conciliación prejudicial en contratación estatal

Efectos jurídicos de la conciliación prejudicial en contratación estatal

En épocas más recientes, estatutos legales de gran incidencia para el desarrollo jurídico moderno han reconocido la importancia de incluir la conciliación en su sistema judicial. Tal es el caso del Código de Procedimiento Civil Francés de 1806, en el que se conservó la institucionalización de la conciliación como procedimiento obligatorio. En los Estados Unidos, diferentes comunidades han integrado sistemas de resolución de conflictos a partir de la decisión de autoridades locales, donde cabe señalar que la Conciliación no sólo es un sistema privado de solución de conflictos, sino un proceso fundamentalmente voluntario 7 .
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Planeación y su connotación en la contratación estatal en Colombia

Planeación y su connotación en la contratación estatal en Colombia

Hablar de planificar, sin embargo, está relacionado con el factor económico y los recursos disponibles; es buscar la manera de optimizar lo que se tiene de tal forma que se haga alcanzar durante las diferentes etapas o actividades que se realizan en la ejecución del proyecto para llevar a cabo el objetivo con los medio que se cuenta. 3.4. Planeación es un término usado por el ordenamiento jurídico y el estado. El ordenamiento jurídico Colombiano y el estado en sus diferentes instituciones y por medio de sus representantes siempre han utilizado el término de planeación y es el mismo que se seguirá usando hasta un nuevo estudio y se quiera aplicar un cambio. Pero a este no se le atribuirá el significado como termino de planeación, sino, el de planificación, es decir, que será una confusión constante por resolver un enigma de como este sistema será más funcional, que atribuya y facilite la organización, desarrollo, ejecución y terminación del contrato; buscando que los contratos de obra pública no lleguen a instancias de caducidad y su terminación equivalga a una entrega a satisfacción como se mencionó anteriormente en el punto 6.2.
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Crisis en los procesos de selección en la contratación estatal

Crisis en los procesos de selección en la contratación estatal

Estas dificultades puede observarse de manera clara con el sistema de subasta inversa y en los casos en los que el precio se toma como único criterio para evaluar las ofertas, casos de selección abreviada, cuando se requiere adquirir elementos de características técnicas uniformes, más aun cuando se carece de herramientas tecnológicas, que hacen más dispendiosa la actividad de subasta, haciéndolas presenciales, que si bien es cierto permiten un ahorro en el erario público, también lo es que la eficacia no es la esperada, pues se dejan de lado aspectos tan relevantes como la mayor garantía ofrecida, lo que degenerará muy seguramente el incumplimiento de contratos, por falta de las mismas garantías e igualmente se puede prestar para la comisión de actividades delictivas, como es el lavado de activos y similares.
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Propuestas para el cumplimiento de principios en contratación estatal colombiana estudio basado en el “Observatorio de Objetividad en la Contratación Estatal de Infraestructura” (OOCEI)

Propuestas para el cumplimiento de principios en contratación estatal colombiana estudio basado en el “Observatorio de Objetividad en la Contratación Estatal de Infraestructura” (OOCEI)

El juicio de proporcionalidad usado por los tribunales constitucionales (España, Alemania, Italia, Canadá y en Colombia, por ejemplo), y el test de igualdad (usado en Estados Unidos y Colombia, por ejemplo), son instrumentos para dar solución a problemas que surgen del choque entre principios y valores, derechos e intereses (Insignares & Molinares, 2012). Dificultades de este estilo se dan frecuentemente en la contratación pública, cuando la administración establece condiciones en los términos de referencia que generan exclusiones limitantes para la participación de oferentes. Con estas herramientas se puede determinar si la disposición es adecuada para alcanzar el fin válido, analizando si la exclusión que se produce es necesaria o indispensable, si sacrifica valores y principios constitucionales (o de la contratación en este caso particular) y si es una disposición necesaria para alcanzar el interés general. En la medida que la exclusión producida por la condición no sea indispensable, sacrifique principios y no sea necesaria para alcanzar el fin perseguido, se considerará inconveniente. El Tribunal Constitucional de España lo expresa en términos de Roca (2013, p. 3)
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PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

PhD, SONIA PATRICIA CORTES ZAMBRANO

La corrupción y la falta de planeación son fenómenos que han sido definidos de diversas formas pero que tienen un elemento en común: que siempre se atenta contra un bien o un interés público. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, las áreas más sensibles son aquellas en las que hay involucrado dineros del Estado, como lo son la contratación pública y la recaudación de impuestos. Pero es en la contratación pública la actividad en la que más se presentan situaciones anómalas que conducen a diversos actos de corrupción, identificándosele como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción en la que interactúa el sector público.
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Parámetros técnicos y legales a observar en los contratos estatales para determinar deficiencias de planificación que puedan conllevar a responsabilidad fiscal ante las contralorías en Colombia

Parámetros técnicos y legales a observar en los contratos estatales para determinar deficiencias de planificación que puedan conllevar a responsabilidad fiscal ante las contralorías en Colombia

Por otra parte, dentro de los principios de la contratación estatal colombiana se encuentra enmarcado el de planeación o planificación que es recogido por el artículo 25 de la Ley 80 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) y el cual determina que previo a la apertura de un proceso contractual deberán elaborarse los estudios, diseños, proyectos y pliegos de condiciones, según corresponda, de acuerdo a la maduración lógica de un proceso que debe conllevar un proyecto, además, se especifica que cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. El principio de planeación es tan importante por cuanto una mala elaboración de un proyecto desde sus inicios (elaboración de estudios previos) subsecuentemente puede afectar las etapas de contratación y ejecución, provocándose así posibles proyectos inconclusos o con errores irremediables que no cumplan con el objeto contractual o necesidad a cumplir.
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Responsabilidad disciplinaria del servidor público en la contratación estatal

Responsabilidad disciplinaria del servidor público en la contratación estatal

La Corte Constitucional en sentencia C-233 de 2002 Magistrado Ponente Dr. Álvaro Tafur Gálvis, sostuvo que: La afirmación del principio de responsabilidad se hace evidente a través de varios elementos que reorientan en forma significativa tanto las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, como el entendimiento del papel de los agentes estatales y del cumplimiento de las funciones públicas. Así, la consolidación de la responsabilidad estatal para responder por el daño antijurídico causado por sus agentes, la transformación del nivel de responsabilidad del agente estatal en relación con sus funciones y la posibilidad de comprometer su propio patrimonio en determinadas circunstancias, el establecimiento de una lógica de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos que pretende superar la visión tradicional de la esfera de lo puramente Estatal y de lo puramente privado, son entre otras, manifestaciones de un mayor énfasis de los sistemas jurídicos en este principio que busca garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas públicas.
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Responsabilidad de los interventores externos en el ámbito de la contratación estatal 

Responsabilidad de los interventores externos en el ámbito de la contratación estatal 

La contratación de interventores está ligada a la adecuada administración del patrimonio estatal y éste se constituye en garantía de legalidad mediante un adecuado seguimiento y autorización de operaciones para el desarrollo contractual. Al interventor se le conceden determinadas facultades cuyo ejercicio denota responsabilidades de tipo administrativo, financiero, técnico y legal. La interventoría debe verificar el control de las actividades previstas inclusive desde que se determina la necesidad de la contratación. De ahí que su objetivo sea garantizar que la legalidad que orientó el proceso contractual, esté acorde con la ejecución del contrato, contribuyendo con los objetivos de la entidad estatal para la adecuada retribución de los recursos, garantizando que éstos se ejecuten con criterios de eficacia, eficiencia y con el cumplimiento de la normatividad vigente.
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El papel de los comités de conciliación en el marco de la contratación estatal

El papel de los comités de conciliación en el marco de la contratación estatal

ley 1437 de 2011 artículo 141. controversias contractuales. cualquiera de las partes de un contrato del estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este código, según el caso .
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De la estimación, tipificación y asignación de riesgos en la contratación estatal

De la estimación, tipificación y asignación de riesgos en la contratación estatal

-Si la oferta la presenta un proponente plural (consorcios, UT o contrato de asociación futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los oferentes plurales. Siguiendo con el marco normativo, el art. 88 del Decreto 2474 de 2008, instituye: “DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. Para los efectos previstos en el artículo 4o de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riegos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable por un profesional de la actividad en condiciones normales.
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Elaboración del diagnóstico y recomendaciones al proceso de gestión de adquisiciones difundido por Colombia Compra Eficiente, enfocado en el sector de infraestructura vial en Colombia.

Elaboración del diagnóstico y recomendaciones al proceso de gestión de adquisiciones difundido por Colombia Compra Eficiente, enfocado en el sector de infraestructura vial en Colombia.

A través de ChileCompra se promueve que toda persona o empresa que pueda representar un buen proveedor de bienes o servicios para el Estado no quede excluida del mercado de las compras públicas. ChileCompra ha creado un Programa de Acceso para apoyar el ingreso de las empresas al Sistema de Compras Públicas, pero no garantiza el cierre de negocios. Las decisiones de contratación siguen siendo autónomas en cada una de las instituciones públicas, que privilegian la mejor relación precio/calidad y otras variables asociadas a la eficiencia de la prestación. Por ello, una participación exitosa depende de la capacidad de las empresas de generar ofertas competitivas en este mercado. Además, han generado también una política de desarrollo de proveedores.
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Régimen sancionatorio en la contratación pública, diagnóstico y análisis jurisprudencial

Régimen sancionatorio en la contratación pública, diagnóstico y análisis jurisprudencial

El derecho sancionatorio en la contratación estatal de Colombia está marcado por factores y fenómenos que dan una caracterización muy especial, generando un complejo panorama en la forma como se viene aplicando por parte de los operadores judiciales, sobre todo en estos momentos coyunturales donde la opinión pública ha visto impactada cómo servidores públicos y contratistas se confabulan para sacar provecho ilícito de la mayoría de contratos estatales, generando un clima de rechazo e indignación, en donde el papel de la justicia será el de actuar bajo el imperativo ético de restablecer la moral pública.
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Contratación estatal

Contratación estatal

del servicio. Tal interpretación permite que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio, que de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato podían ser amortizados por el concesionario durante su ejecución. De igual manera, dicha interpretación les facilitaría ostentar una posición dominante en el mercado, poniendo en riesgo el acceso en igualdad de condi- ciones con otros potenciales oferentes. Además, dejaría en sus manos las condiciones para asegurar la continuidad en un servicio que resulta de vital importancia en la sociedad contemporánea, en contravía de lo previsto en los artículos 1 y 75 de la Carta Política. Incluso avizoró que una lectura en este sentido podría acarrear la transgresión de principios de la función administrativa como la igualdad, la imparcialidad y eventualmente la moralidad adminis- trativa (Art. 209 CP). La Corte consideró que no es inconstitucional la reversión tal como la establecen las normas demandadas; lo que resulta inconstitucional es su interpretación en el sentido de que ellas modifican las cláusulas de reversión pactadas antes de su entrada en vigencia. En consecuencia, como los contratos celebrados con an- telación a la entrada en vigencia de las leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009 suponían para el Estado el derecho de propiedad sobre los bienes empleados en la concesión, de hacerse extensiva las disposiciones acusadas a esas situaciones se estarían desconociendo los derechos referidos; y por ende, desconociendo la seguridad jurídica en detrimento del patrimonio estatal”. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 22 de agosto de 2013, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Es allí, en el análisis histórico y teleológico de esta reforma, en donde se encuentra el principal mérito de esta investigación. En efecto, la autora, mediante la unificación temática de las principales modificaciones realizadas al régimen de contratación, expone y analiza los antecedentes, causas y motivos que condujeron al legislador a aprobar los cambios efectuados en la Ley 80 de 1993.

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