SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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La persona jurídica y la responsabilidad limitada de las sociedades comerciales colombianas

La persona jurídica y la responsabilidad limitada de las sociedades comerciales colombianas

Sin embargo, la limitación de la responsabilidad, originada como privilegio conexo con la gran empresa, terminó perdiendo esa característica, dando lugar a un nuevo tipo de sociedad, conocida con el nombre de sociedad de responsabilidad limitada (Galgano, 1999, pág. 216); de origen alemán, creada por medio de la ley 29 de 1892. 45 Uno de los argumentos, del surgimiento de este tipo social, expresa (Galgano), fue la decadente relación entre la sociedad por acciones y la gran empresa, ya que no todas las sociedades por acciones son grandes empresas, expresión para evidenciar que la sociedad anónima comenzó a ser utilizada para crear pequeñas y medianas empresas, con lo cual, la división del capital en acciones había perdido su función (1999, pág. 216); el otro argumento, opina este mismo autor, está sustentado en “la irresistible aspiración de la clase empresarial moderna a la responsabilidad limitada, que es aspiración al traslado del riesgo de la empresa, desde hace tiempo satisfecha… mediante el tipo de la sociedad por acciones…” (1999, pág. 492); en igual sentido, exhibió el tratadista (Ripert), que su creación tiene que ver con el clamor de los comerciantes, que solicitaban desde hacía algún tiempo, poder limitar su responsabilidad personal en la explotación comercial, sin tener que recurrir al complicado mecanismo de la sociedad por acciones 46 . De ahí, que muchas de las sociedades existentes, especialmente las
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LEY GENERAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NO. 479-08

LEY GENERAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES Y EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NO. 479-08

La Ley 479-08 mantiene vigente los tipos societarios clásicos estipulados en nuestro Código de Comercio, hoy reformado, pero incorporando en nuestra legislación por primera vez las sociedades de responsabilidad limitada. Se da un giro al uso de nuestras actuales sociedades anónimas o compañías por acciones concibiéndolas más bien, para la inversión de amplia participación o de grandes negocios y clasificándolas a su vez en dos tipos: sociedades de suscripción pública y sociedades de suscripción privada.
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SIMPOSIO CONFESAL: Propuesta de reforma de la Ley de 1997 de Sociedades Laborales – CONFESAL –. Problemas societarios

SIMPOSIO CONFESAL: Propuesta de reforma de la Ley de 1997 de Sociedades Laborales – CONFESAL –. Problemas societarios

Ahora bien, esta normativa muy bien acogida en los primeros momentos, como queda dicho, acabaría teniendo un éxito más bien efímero como consecuencia de la casi inmediata reforma operada en 1989 en nuestro Derecho de Sociedades, la cual incidió de manera harto negativa en nuestra figura al establecerse un capital social mínimo ciertamente elevado para muchas de aquellas pequeñas sociedades anónimas laborales; así pues, sería preciso esperar hasta finales de los noventa para apreciar un definitivo relanzamiento de la figura analizada. En efecto, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 abrió nuevos horizontes para las pequeñas sociedades, reconociendo expresamente la necesidad de adaptar dicho tipo a las sociedades laborales, estableciendo al respecto en su Disposición Adicional Séptima que “en el plazo de tres meses a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de Estado de la presente Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Sociedades Laborales en el que se actualice el régimen jurídico de la sociedad anónima laboral y se regule la sociedad de responsabilidad limitada laboral”. Dicho mandato legal, incumplido, como tantas veces, por lo que se refiere al plazo, constituyó la antesala de la vigente Ley 54/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

En materia de fusiones y de escisiones, la primera opción del legislador español consistió en incorporar el contenido de las Directivas 77/855/CEE, de 9 de octubre de 1978, relativa a las fusiones de las sociedades anónimas, y la Directiva 82/891/CEE, de 17 de diciembre de 1982, referente a la escisión de esas sociedades, a las leyes especiales reguladoras de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada (artículos 6 y 13 de la Ley 19/1989, de 25 de julio), pero posteriormente, con ocasión de la incorporación al Derecho interno de la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, y de la Directiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, de modificación de la Tercera y de la Sexta Directiva, se optó –siguiendo la solución ya propugnada por la Propuesta de Código de Sociedades mercantiles de 2002– por aprobar la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, en la que, tomando como modelo el régimen de las Directivas, se regulan, junto con la transformación de sociedades, la fusión y la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado internacional del domicilio social.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

es innecesaria y por qué, en cambio, la antelación con que ha de hacerse la convocatoria debe ser objeto de regulación estatutaria, cuando la «ratio» de ambas menciones es, tanto desde el punto de vista racional como jurídico, exactamente la misma. En efecto, no deja de ser llamativo que las conocidas Resoluciones de 17, 18 y 19 de abril de 1991 hayan justificado la no exigencia del orden del día, por una parte, en «la importancia de la celeridad y oportunidad en la toma de decisiones (del consejo), no siempre compatibles con el rigor de una convocatoria anticipada para tratar de tales cuestiones» y, por otra, en que «el cargo de administrador, por su propia esencia, implica una dedicación permanente y, consecuentemente, un conocimiento puntual y detallado de las vicisitudes de la actividad propia de la sociedad y de su situación en cada momento», para añadir, finalmente, que «si a los anteriores argumentos se añade la inexistencia de un plazo legal mínimo entre la convocatoria v la reunión del órgano colegiado de administración, ha de concluirse que no existe necesidad de fijación de un orden del día en tales convocatorias». Es decir, lo que se está razonando aquí es que «la inexistencia de un plazo legal mínimo entre la convocatoria y la reunión del órgano colegiado de administración» es un argumento más para concluir «que no existe necesidad de fijación de un orden del día en tales convocatorias». Pero si esto es así, y así es, ¿por qué, a la inversa, la no exigencia de un orden del día no ha llevado a la conclusión de que tampoco es necesario el establecimiento de un plazo entre la convocatoria y la reunión del Consejo?, y b) Y, en segundo lugar, las consideraciones anteriores conducen inevitablemente a la necesidad de tener que reinterpretar muchos de los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital a la luz de la evolución del Derecho español de sociedades desde la Ley de Sociedades de responsabilidad Limitada de 1995. Así, es cierto que la norma contenida en el artículo 245.1 de la Ley de Sociedades de Capital es exactamente la misma que se contiene en el artículo 57.1 de la derogada Ley de Sociedades Limitadas, pero es que no podía ser de otro modo. Pero desde 1995 en el Derecho societario español han pasado muchas cosas: el informe Olivencia (1998), que dio lugar al primer código de buen gobierno; el informe Aldama (2003), que modificó el código anterior; el Código Unificado de Buen gobierno de las sociedades cotizadas (2006); la Ley de Sociedades de Capital (2010); la ley de reforma parcial de ésta (2011), y, en fin, la recientísima ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la reforma del gobierno corporativo (2014). Se explica, por ello, que las cuestiones jurídicas que preocupan en nuestro tiempo no son, por ejemplo, la existencia preceptiva de un orden del día o de un plazo previo en
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La exclusión del socio en la sociedad de responsabilidad limitada

La exclusión del socio en la sociedad de responsabilidad limitada

A este respecto, a la vista de ambos cuerpos legales, es pacífica la posibilidad que se ofrece a los socios de incorporar en los estatutos nuevas causas de exclusión, y la de modificar o suprimir las causas ya contempladas en los estatutos. Ahora bien, es importante la cuestión relativa a si por esta vía estatutaria puede modificarse el régimen legal de causas de exclusión previsto en el actual artículo 350 de la Ley de Sociedades de Capital, eliminando, atenuando o agravando las configuradas en el citado artículo. Vaya por delante que siempre será conveniente que, por vía estatutaria, se delimite, concrete y precise el alcance de las causas legales de exclusión, a fin de evitar dudas interpretativas. Lo importante, en este aspecto, es saber si es posible suprimir dichas causas legales de exclusión. Desde nuestro punto de vista, entendemos que es factible tal posibilidad, dado el carácter dispositivo del mencionado artículo 350 (La sociedad de responsabilidad limitada podrá excluir al socio [...]) por afectar exclusivamente a las relaciones internas de la sociedad, y por la exigencia estipulada en el artículo 352 de que la exclusión requerirá el acuerdo de la Junta General, por lo que, aunque se den los presupuestos que habilitan para aplicar la causa de exclusión - tanto legal como estatutaria - , la sociedad podrá decidir en última instancia ex artículo 352 si excluye o no al socio en conflicto 91 .
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Naturaleza tributaria de las empresas individuales de responsabilidad limitada

Naturaleza tributaria de las empresas individuales de responsabilidad limitada

El motivo de haber desviado el análisis desde un punto de vista tributario, refiriéndonos a los conceptos de empresa, es hacer visible que el sólo afirmar que las E.I.R.L. son empresas y no sociedades 25 , no aclara el problema, contrariamente, lo complejiza mucho más. Los análisis doctrinarios al respecto han dado luces más claras respecto de lo que se debería entender por empresa, pero ni la Ley ni la jurisprudencia, 26 han aportado al hecho de que la inserción de este nuevo concepto necesita de mayores precisiones, es más, a nuestro parecer requiere ser definido expresamente por Ley, pues ¿de qué manera podemos tratar de separar la figura reconocida y adquirida en el colectivo jurídico y social de sociedad mercantil?, ¿de qué manera podemos notar las diferencias categóricas entre una sociedad y una empresa?, en la que la exigua regulación legal precisa de la aplicación en subsidio de la otra (sociedad), entonces si el espíritu de la Ley contempla a la empresa individual y no a la sociedad unipersonal ¿por qué simplemente no se le reguló como tal?
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Cambios urgentes a la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Cambios urgentes a la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

“El presente trabajo de investigación delimita un tema controvertido en la actualidad, como es la incorporación de una figura adicional al ordenamiento societario del país, nos referimos a la sociedad unipersonal. Para ello realizamos un trabajo de investigación sobre el modelo más próximo de persona jurídica existente en el país como es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, los antecedentes, así como las distintas aristas de dicha figura legal y resultado de la investigación comprender el contexto económico y jurídico en el cual se introdujo esta figura. De igual forma pudimos identificar algunos países que cuentan con la misma figura societaria y observar la experiencia en dichos países. Al respecto evidenciamos que la introducción de la sociedad unipersonal es viable, y que puede aplicarse en la legislación nacional pues los conceptos de empresa, unipersonalidad y sociedades no se contraponen entre sí, y las legislaciones en comparación modifican sus normativas para permitir la inclusión de la unipersonalidad en una sociedad. Por otro lado, la legislación extranjera, es analizada con detalle a efectos de conocer las distintas figuras legales que contienen cada legislación, así como observar el desenvolvimiento en otras legislaciones frente a formas similares de empresariado y encontrando que la sociedad unipersonal es la figura que
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Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada vs Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,ante la Ley Nª 26887,en la ciudad de Trujillo:2016 2017

Constitución de la Sociedad Anónima Cerrada vs Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,ante la Ley Nª 26887,en la ciudad de Trujillo:2016 2017

En España, la norma que regula sus tipos societarios aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010 es la “Ley de Sociedades de Capital”, en donde se advierte que no considera necesaria la distinción de la Sociedad Anónima en Abierta o Cerrada, asemejándose al tipo societario de Sociedad Anónima Abierta regulada en nuestra legislación, dándose el caso que dicho tipo societario puede ofrecer o no sus acciones al público, ser constituida por un número ilimitado de accionistas y el monto de sus capital debe ser mayor a los 60,000.00 EUROS. Así, y resulta curioso, para evitar la proliferación de sociedades anónimas en su artículo 4° establece un elevado capital mínimo para la constitución de esta clase y aquellas que no lo alcanzan deben transformarse en colectivas, comanditas o de responsabilidad limitada en los cuales el capital mínimo para su constitución es menor. Es menester señalar el monto mínimo de aportación establecido en la legislación española para la constitución de una Sociedad Anónima, respondería a una suerte de barrera de entrada para evitar la proliferación de empresa de capitales pequeños constituidas bajo esta figura; toda vez que, al no denotar estas una gran inversión, su entrada significaría una desnaturalización de la figura de la sociedad anónima reservada para las empresas de grandes capitales. De otro lado, para permitir el funcionamiento de una sociedad anónima con grandes capitales y muchos accionistas, reduce los quórums y las votaciones a 25% en primera convocatoria, también limita el derecho de asistencia a las juntas y
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Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada en el derecho ecuatoriano

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada en el derecho ecuatoriano

Por otro lado el Art. 1963 del Cuerpo de Leyes antes citado, clasifica a las sociedades en civiles y comerciales, siendo estas últimas aquellas destinadas a realizar negocios o actividades que la ley califica como actos de comercio. Por lo tanto, es la naturaleza mercantil de los actos que realice una sociedad o compañía, el factor determinante de la calificación como sociedad comercial. La Ley de Compañías confirma este concepto, al mencionar en su Art. 1 que: “Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil.”
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Viabilidad de regular e implementar la sociedad anónima unipersonal en la ley general de sociedades en Lima 2018

Viabilidad de regular e implementar la sociedad anónima unipersonal en la ley general de sociedades en Lima 2018

Los legisladores de los Estados miembros de la Comunidad Europea han sido durante mucho tiempo reticentes a admitir la posibilidad de que una sola persona pueda ejercer el comercio con la responsabilidad limitada. Pero en los últimos años se ha producido un gran cambio y los legisladores han decidido no volver la espalda a la práctica existente y han introducido en sus ordenamientos jurídicos modificaciones que suponen el reconocimiento de la sociedad unipersonal (anónima o de responsabilidad limitada) o la regulación de la empresa o establecimiento individual de responsabilidad limitada. Ahora bien, la sociedad unipersonal, ya sea reconocida legalmente, ya sea utilizada mediante subterfugios, ha sido una realidad patente en el tráfico mercantil de casi todos los países. En un primer momento se admiten sociedades que, constituidas respetando todas las exigencias, devienen unipersonales porque todas las acciones o participaciones sociales pasan a las manos de un solo socio. Algunos países, dada esta circunstancia, imponen la responsabilidad ilimitada al socio único hasta que se recupere la pluralidad de socios; otros mantienen la responsabilidad limitada. Para otros la unipersonalidad sobrevenida es causa de disolución de la sociedad y algunos no se pronuncian al respecto. (p. 44).
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

«1. Cuando la sociedad absorbente fuera titular directa del noventa por ciento o más del capital social de la sociedad o de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que vayan a ser objeto de absorción, no será necesaria la aprobación de la fusión por la junta de socios de la sociedad absorbente, siempre que con un mes de antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la junta o juntas de las sociedades absorbidas que deban pronunciarse sobre el proyecto de fusión, o, en caso de sociedad íntegramente participada, a la fecha prevista para la formalización de la absorción, se hubiera publicado el proyecto por cada una de las sociedades participantes en la operación con un anuncio, publicado en la página web de la sociedad o, caso de no existir, en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o en uno de los diarios de gran circulación en la provincia en las que cada una de las sociedades tenga su domicilio, en el que se haga constar el derecho que corresponde a los socios de la sociedad absorbente y a los acreedores de las sociedades que participan en la fusión a examinar en el domicilio social los documentos indicados en los números 1º y 4º, y, en su caso, 2º, 3º y 5º, del apartado 1 del artículo 39, así como a obtener, cuando no se haya publicado en la página web, en los términos previstos en el artículo 32, la entrega o el envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.
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EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA docx

EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDAD LIMITADA docx

Como es apreciable, para cualquier empresa individual de responsabilidad limitada, los aspectos contables son similares al resto de sociedades mercantiles. Se deben mantener los tres libros contables desde su inicio y hasta cuatros años después del cierre de la empresa, al igual que la documentación como facturas, cheques, pólizas, recibos de caja, comprobantes de gastos, de cuentas por cobrar a clientes, de cuentas por pagar, de control de existencias, de deudores diversos, registros individuales de percepciones de personal, nómina de sueldos y recibos de nómina.
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La percepción sobre la responsabilidad social en las sociedades cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales : un análisis en el ámbito de la ciudad de Madrid / Juan Carlos García Villalobos     [et al ]

La percepción sobre la responsabilidad social en las sociedades cooperativas de trabajo asociado y las sociedades laborales : un análisis en el ámbito de la ciudad de Madrid / Juan Carlos García Villalobos [et al ]

En cuanto a la participación de los diferentes colectivos en las acciones vinculadas con la responsabilidad social, se solicitaba indicar de 1 a 5 (5 es la mayor) el nivel de la misma para trabajadores socios, trabajadores no socios, socios no trabajadores, clientes proveedores y administración pública. De los resultados se desprende que son los socios, especialmente los trabajadores (para el 77,3 por ciento de las entidades encuestadas), los mayores partícipes de este tipo de acciones. A continuación destaca la participación de los trabajadores no socios, en el 52,6, lo que está en concordancia con el objetivo general de las empresas de trabajo en las que los aspectos laborales tienen una gran importancia. Los grados de participación descienden considerablemente en los restantes colectivos, siendo el más elevado el de los clientes, con un 35,1 por ciento.
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El descorrimiento del límite de responsabilidad en las sociedades comerciales

El descorrimiento del límite de responsabilidad en las sociedades comerciales

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que la responsabilidad establecida por el legislador es propia del régimen tributario “A pesar de que en la regla comentada se establece un régimen de “solidaridad” 35 para el pago de impuestos a cargo de la sociedad, la exigibilidad de este sistema de extensión de responsabilidad está sometida a un doble prorrateo. Por consiguiente los asociados responde en forma proporcional en el capital social y solo por el tiempo durante el cual hubieren permanecido en la compañía”, es así entonces, que este tipo de responsabilidad no es más que producto de la realidad“En consecuencia, la circunstancia de que el propio legislador, dentro de su soberanía fiscal, califique el régimen jurídico como de "responsabilidad solidaria", indica que el socio debe responder al lado de la sociedad y no en el lugar de ésta, como sucede en el evento de las obligaciones in solidum propias del régimen civil, relativas a ese tipo de obligaciones que, por analogía, se aplican al régimen tributario.” 36
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En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que introdujo algunos correc- tivos al principio de la sede real, el Reglamento permite efectuar un traslado del domicilio social (dentro de la Unión, por supuesto) sin la consiguiente disolución de la sociedad, lo cual hasta la entrada en vigor del Reglamento era prácticamente imposible, o por lo menos era posible sólo en muy pocos casos. En particular, según el artículo 8 del Reglamento, el “traslado no dará lugar a la disolución de la SE ni a la creación de una nueva persona jurídica”. La posibilidad del traslado constituye una ventaja frente a las sociedades nacionales, pues su traslado –como hemos visto– depende de lo que disponga el Estado de origen y el Estado requerido (es la denominada libertad de establecimiento a título principal). Sin embargo, dicha libertad de traslado del domicilio social está condicionada al respeto de algunas nor- mas mínimas dictadas para evitar posibles abusos. Por ejemplo, la decisión con la cual la empresa determina el traslado no podrá adoptarse sino después de dos meses a partir de la publicación del proyecto, y la decisión ha de ser tomada por la Junta General de Accionistas por mayoría superior a los dos tercios de los votos (mayoría reforzada), salvo que la legisla- ción del Estado Miembro del domicilio social prevea una mayoría más elevada.
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La responsabilidad del órgano de administración de las sociedades cooperativas y su necesaria incardinación en el moderno derecho de sociedades

La responsabilidad del órgano de administración de las sociedades cooperativas y su necesaria incardinación en el moderno derecho de sociedades

Como indicábamos al iniciar esta ponencia, se plantea dentro de este temario una laguna fruto de esta genérica remisión del legislador cooperativo estatal al régimen de responsabilidad de los administradores de la SA. En efecto, el art. 43 de la LCE señala «la responsabilidad de los consejeros e interventores por daños causados, se regirá por lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas»). Siguiendo la Ley estatal, el art. 70 dedicado a la disolución de la coope- rativa contempla, entre otras causas: la paralización de los órganos sociales, reduc- ción del numero de socios o del capital social por debajo del mínimo establecido en la Ley o estatutariamente, realización del objeto social o la imposibilidad de su cumpli- miento, por cualquier otra causa establecida en la Ley o los estatutos. Sigue seña- lando el art. 70 en su párrafo 3. Que cuando concurran los supuestos que acabamos de enumerar «el Consejo Rector deberá convocar la Asamblea, en el plazo de un mes desde que haya constatado su existencia, para la adopción del acuerdo de disolución (....) Si no se convocara la Asamblea o ésta no lograra acuerdo de diso- lución, cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial de la cooperativa». Se trata de una norma pensada principalmente para evitar, a través de la disolución por pérdidas, situaciones de insolvencia patrimonial, en una fase, por tanto, precon- cursal, en la que no se da propiamente una situación de insolvencia, sino pérdidas significativas que obligan a la Asamblea bien a abandonar, disolviendo, liquidando, o extinguiendo, bien a continuar aumentando o reduciendo el capital. Para ello contempla como autentico deber que recae sobre el administrador el de convocar la Asamblea para la adopción del acuerdo de disolución; pero a diferencia de la LSA no señala su responsabilidad por ignorarlo. Lo sorprendente es que el régimen de disolución de la LSA recogido en sus artículos 260, 261 y 263 es en sus puntos más sobresalientes prácticamente coincidente como lo demuestra una lectura atenta confrontando los citados cuerpos legales, salvo, art. 262.5 de la LSA que determina «Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaeci- miento de la causa de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general, para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución (...)». Esta salvedad es determinante porque en base a ella caben dos interpretaciones, como seguidamente veremos.
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CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I Unidad: GENERALIDADES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I Unidad: GENERALIDADES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

La sociedad cooperativa aparece también a finales del siglo XIX, cuando los grandes progresos en la manufactura y la industria provocaron el interés económico de las clases trabajadoras, para evitar los intermediarios en las actividades en las actividades de consumo y producción y no persiguen fines de lucro ni especulación, siendo su verdadera finalidad la protección y beneficio directo de sus miembros. Por este motivo la sociedad cooperativa ha dejado de concebirse como una verdadera sociedad mercantil. En lo que se refiere a sociedades cooperativas el código de comercio nicaragüense derogó los artículos y aparece la ley 499 (ley general de cooperativas y su reglamento del 17/03/2005)
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Responsabilidad de los administradores en las sociedades mercantiles

Responsabilidad de los administradores en las sociedades mercantiles

Hay diversos indicios como por ejemplo que el sujeto se encuentre investido de un poder general que actúa en nombre de la sociedad. Existe diversidad de sentencias que se pronuncian con respecto a estos indicios. Entre ellas la STC de Teruel de 22 de diciembre de 1998 que establece que 6 “de lo expuesto se deduce que los demandados decidieran crean una persona jurídica con ánimo de limitar no solo su responsabilidad frente a terceros contratantes sino que buscaron eliminar la posible responsabilidad de este al quedar al margen de la sociedad y de las responsabilidades que pudiera contraer de haber sido socio “. Otras sentencias que se pronuncian sobre la misma temática: Sentencia Audiencia Provincial de Palencia de 18 de noviembre de 1999, Audiencia Provincial de Valencia de 27 de septiembre de 1999, la Audiencia Provincial de Valencia de 11 de marzo de 2008 entre otras.
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La tolerancia y el problema del racismo en la sociedad contemporánea . Una respuesta limitada para las sociedades pluriculturales

La tolerancia y el problema del racismo en la sociedad contemporánea . Una respuesta limitada para las sociedades pluriculturales

Según las declaraciones internacionales la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Para esto fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino también una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz y han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados. Es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos.
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