Suprema Corte

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¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?

¿Por qué nos cuesta tanto dinero la Suprema Corte?

Hace 16 años Ernesto Zedillo impulsó la reforma judicial que configuró una nueva Suprema Corte. La reforma constitucional de 1994 estimó que la independencia judicial requería de mayores recursos presupuestarios y de plena autonomía por parte del máximo tribunal en el manejo y disposición de los mismos. También, por disposición constitucional, se estableció que la remuneración de los juzgadores, incluidos los ministros, no podía ser disminuida. Hoy podemos constatar que la autonomía presupuestaria de la Suprema Corte no se ha ejercido correctamente. Tenemos una Corte muy cara, mal administrada, con una burocracia muy amplia y con sueldos y prestaciones excesivas para los altos cargos. El control de Ejecutivo y del Congreso se hace indispensable. Una Corte independiente no puede significar una Corte caprichosa y arbitraria, de lo contrario, corremos el riesgo de que la propia legitimidad del máximo tribunal quede seriamente vulnerada.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la división de poderes: análisis político de las decisiones de la suprema corte sobre el principio de división de poderes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la división de poderes: análisis político de las decisiones de la suprema corte sobre el principio de división de poderes

nacional es necesario analizar las decisiones de la Corte. Esto debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última instancia de interpretación que media entre los poderes a partir de las reformas de 1995 e incluso antes de éstas sus decisiones deben considerarse como autoritativas. Para que esta tesis resulte significativa, el análisis debe ir más allá de la crítica jurídica de tales decisiones y contemplar el entorno político en el que se mueve la Corte. Así, las causas de los criterios de la Corte podrán develarse como un conjunto de influencias políticas internas y externas. Al mismo tiempo, las decisiones de la Corte deben seguir siendo estudiadas como argumentos jurídicos y, como tales, ser criticados en su valor intrínseco. De esta manera, la conjunción de ambos procedimientos permitirá que se haga justicia al doble carácter de la Suprema Corte y la Constitución como bisagras entre el derecho y la política.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación

El capítulo sexto, tiene como finalidad que el lector conozca las características de otra jurisdicción constitucional a fin de que haga las comparaciones pertinentes. El Tribunal Constitucional Español fue instituido con base en los lineamientos del modelo kelseniano, por lo cual reviste formal y materialmente de todas las cualidades que lo identifican como tribunal constitucional; es por eso que se exponen los antecedentes de éste órgano así como su integración, funcionamiento, competencia y las peculiaridades que les son propias como institución máxima protectora de la constitución en el Estado Español. Teniendo hasta este punto el análisis de los capítulos previos respecto a la conformación de la Corte mexicana, su historia através de la legislación y los medios de control constitucional de su competencia, se puede considerar que este capítulo será de fundamental importancia al hacer conclusiones en torno a si la Suprema Corte de México puede ser considerada o no, un tribunal constitucional.

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SUPREMA CORTE Y SISTEMA POLÍTICO

SUPREMA CORTE Y SISTEMA POLÍTICO

control del presupuesto público y, sobre todo, de los congresos locales cuando su partido también tenga la mayoría en ellos, buscará sistematizar su hegemonía. Un buen recurso es precisamente la utilización del Congreso federal y de los Congresos locales para dibujar la fisionomía del control desde la legalidad, y por un tiempo impreciso, pues cuan- do al fin termine la etapa de autoridad absoluta, a los opositores les puede tomar mucho tiempo en lograr mayorías legislativas para desmantelar esas reformas autoritarias. Incluso, llegado el caso, es posible que eso no interese a la agenda legislativa de los antiguos opositores, sea porque descubran que esas leyes y reformas constitucionales les pue- den ser útiles a ellos para una previsible etapa de control absoluto en las gubernaturas o en la pre- sidencia, sea porque nuevos asuntos ocupen sus intereses, sea porque con el tiempo han terminado olvidando, ignorando o asimilando las reformas. Pero la confrontación entre presidente con control absoluto y la oposición, y entre la Federación y los estados, puede dar lugar a juicios de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionali- dad, a través de los cuales la oposición y los estados busquen salvaguardar su soberanía, sus derechos políticos, derechos humanos o la constitucionali- dad de las leyes y de los actos de la autoridad. La Suprema Corte es el centro regulador de la arbitra- riedad y del autoritarismo presidencial, y puede, desde luego, favorecerlo, si el poder político que le otorga este papel de árbitro sistémico se colude con el poder político de la presidencia.

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De Zongolica a Cancún y de ahí a la Suprema Corte

De Zongolica a Cancún y de ahí a la Suprema Corte

¿Quién protege a los pederastas en este país? Esa es una de las gran- des preguntas. De pronto parecía que el caso Lydia Cacho era el caso úni- camente de Lydia Cacho, que fue lle- vada de Cancún a Puebla y que vio- lentaron sus derechos. Sí, es gra- vísimo. La misma Corte desnaturali- zó el trabajo del ministro Juan Silva Mesa, cuando de buenas a primeras dijo: vamos a pronunciarnos sobre este asunto, vamos a votar sobre este asunto, nada más que hay que qui- tarle esta parte que tiene que ver con lo de los niños y las niñas, de la pe- derastia, y solamente vamos a abor- dar el caso del traslado. Cómo es posible que la Corte haya renuncia- do y por qué endemoniada razón la Corte hizo a un lado ese tema para pronunciarse. ¿Qué es lo que quería- mos los ciudadanos y ciudadanas de este país con este caso en la corte? Queríamos que la Corte pusiera en entredicho al sistema institucional de justicia de este país. Que la Corte dijera: cómo es posible que México sea la nueva Tailandia, cómo es po- sible que un fenómeno de esta natu- raleza siga en crecimiento y en los estados de la Republica, en el ámbi- to federal, en el ámbito del poder político, etcétera, como si nada.

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La Corte Suprema de Argentina: Decidiendo en Contra de la Igualdad de las Mujeres

La Corte Suprema de Argentina: Decidiendo en Contra de la Igualdad de las Mujeres

de un recurso de protección. 8 En 2002, mediante una acción constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina prohibió la fabricación y distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia Imediat. 9 En Colombia sin embargo, cuando los demandantes presentaron una acción de Tutela (amparo) que buscaba la anulación de la resolución que aprobaba la AOE Postinor 2, la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, la declaró improcedente por cuanto no era el recurso adecuado para impugnar actos de carácter general. 10 En México, una demanda de amparo que cuestionó la inclusión de la AOE en la Norma Oficial Mexicana de Servicios de Planificación Familiar fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2005. 11 En noviembre de 2005, la Corte Suprema de Chile rechazó un recurso de casación presentado por el grupo Centro Juvenil AGES. 12 Este grupo había presentado una demanda en contra del Instituto de Salud Pública de Chile, solicitando a la Corte que declare nulo un acto administrativo que autorizó la distribución de la AOE Postinor 2. La Corte Suprema ratificó la decisión de la 9na. Corte de Apelación de Chile que había rechazado el caso aduciendo que el Instituto de Salud Pública de Chile era la entidad facultada para resolver el tema de acuerdo con la ley. En la actualidad, hay decisiones pendientes en relación a la autorización y venta pública de la AOE en Ecuador, 13 Argentina, 14 México, 15 Colombia 16 y Perú.

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Control difuso de constitucionalidad: el reto de su debida materialización

Control difuso de constitucionalidad: el reto de su debida materialización

62 durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.” 30

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EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA vs EL DERECHO A LA HUELGA DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL EN COLOMBIA

EL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA vs EL DERECHO A LA HUELGA DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL EN COLOMBIA

Ahora bien, aun cuando es válida la argumentación construida por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto de la limitación del derecho a la huelga en el caso de los servidores de la rama judicial, no se puede desconocer que esta limitación comporta una afectación negativa para los intereses de éstos que se ven arbitrariamente desconocidos por el Estado, respecto de sus condiciones laborales y salariales. Cadena (2013) al respecto indica que es evidente la “(...) ausencia de políticas de protección y garantías para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de asociación sindical, negociación colectiva y huelga, en tratándose de los empleados públicos y de sus organizaciones sindicales” (p. 78).

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Prescripción oficiosa de los derechos laborales en la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana: efectos a la luz del derecho a la igualdad, el principio de favorabilidad y el debido proceso

Prescripción oficiosa de los derechos laborales en la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana: efectos a la luz del derecho a la igualdad, el principio de favorabilidad y el debido proceso

Por tratarse de la misma situación ya analizada por esta Corporación, en lo concerniente a la fijación de términos razonables requeridos para reclamar derechos laborales y en beneficio de la seguridad jurídica. Con ello no se quebranta, a juicio de la Corporación, el derecho de los empleados públicos, ni los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 superior, sino que por el contrario, se limita en forma razonable y lógica a establecer que el reclamo del trabajador con respecto a un derecho determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez a partir de la recepción por parte del patrono del respectivo reclamo. Tampoco se contradicen dichos principios, porque como ha expresado la Corte en la providencia transcrita, la finalidad que persigue el legislador en el asunto materia de examen, es adecuar a la realidad el sentido mismo de la oportunidad, y de otro lado, determinar el lapso de interrupción de la prescripción en materia laboral 29

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La Corte Suprema en los Estados Unidos : una Corte en transición

La Corte Suprema en los Estados Unidos : una Corte en transición

Esta situación brindó al Presidente Bush la oportunidad de nombrar a otro miembro de la Corte. Hubo ciertas presiones, incluso por parte de la Primera Dama, para que nombrase a una mujer para suceder a la juez O’Connor, y el Presidente respondió nombrando a Harriet Miers para el puesto. Por aquel entonces, Miers ocupaba el cargo de asesora jurídica en la Casa Blanca, y había sido una fiel partidaria de Bush durante largo tiempo. El nombramiento de Miers provocó muchas críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha. Los conservadores eran reacios porque desconfiaban de la autenticidad de su conservadurismo: anteriormente, Miers había mostrado su apoyo a algunas causas de los demócratas, y su historial público era demasiado escueto para que los republicanos se convencieran de que su trabajo en la Corte reflejaría los valores y el enfoque de interpretación constitucional tradicionalmente preferidos por los conservadores. A su vez, los liberales temían que su lealtad personal al Presidente Bush pudiera comprometer su independencia como juez, y consideraban asimismo que era excesivamente fanática desde una perspectiva religiosa para un puesto de tan alta responsabilidad. Asimismo, tanto desde la derecha como desde la izquierda surgieron voces que parecían estar de acuerdo simplemente en que no era lo suficientemente inteligente o experta en asuntos de Derecho constitucional como para ocupar un puesto en la Corte Suprema. Finalmente, Miers solicitó que su nombramiento fuese retirado alegando –algo que fue ampliamente considerado como un pretexto– que su cargo de consejera jurídica en la Casa Blanca podría dar lugar a conflictos de intereses en muchos de los casos que se viera llamada a juzgar en la Corte Suprema.

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Desarrollo jurisprudencial del plazo y la condición en el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble

Desarrollo jurisprudencial del plazo y la condición en el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble

Siguiendo esos lineamientos, la promesa de contrato que carezca de cualquiera de los requisitos establecidos, estará viciada de nulidad absoluta, consecuencia jurídica que se desprende de lo que dispone el 1741 del Código Civil, disposición normativa que a voces de la Corte nos dice “… conforme a esta disposición es nulidad absoluta la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan. Los requisitos o formalidades prescritos por el artículo 89 de la ley 153 de 1887 para la validez de la promesa son exigidos en razón a la naturaleza de tal pacto" 17 (subrayado fuera de texto original) En efecto, las solemnidades previstas en esa norma son de las denominadas ad substantiam actus, por lo que la validez del acto depende de su confluencia.

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La jurisprudencia mercantil de la Corte Suprema de Justicia entre 1887 y 1916

La jurisprudencia mercantil de la Corte Suprema de Justicia entre 1887 y 1916

propietario de las mulas que debían transportar la carga hasta el Río Magdalena, con tan mala suerte que en el trayecto entre Bogotá y Honda una “guerrilla revolucionaria” hurtó las mulas, mas no la carga. Ante este hecho, Caicedo recibió la orden de entregar la mercancía a una casa comercial en esa ciudad y suspender el viaje. A pesar de ello, Caicedo decidió seguir adelante con el cumplimiento del encargo inicial y transportó los sombreros hasta Barranquilla, en donde los entregó a su destinatario final. Durante el proceso se discutió si el traslado de la mercancía hecho contra la orden expresa de Kopp era un contrato de transporte regido por las leyes comerciales o un acto en desarrollo del contrato de trabajo existente entre Caicedo y Kopp y si Kopp adeudaba alguna suma de dinero por concepto de flete. Al analizar los problemas jurídicos, la Corte reprodujo los argumentos del Tribunal y consideró que Caicedo actuó como empleado de Kopp hasta que llegó a Honda y, que a partir de allí, lo que se ejecutó fue un contrato de transporte comercial, que constaba en la carta de porte. No obstante lo anterior, no se condenó a la sociedad a pagar el flete porque había documentos en que constaba que equivalía al sueldo y a un sueldo extra que Caicedo había recibido por ejecutar ese encargo 181 .

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El delito de concusión en la doctrina y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

El delito de concusión en la doctrina y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Con relación a los pronunciamientos que cavamos de citar, considero que si la Corte Suprema de Justicia, sostiene que para que se configure el delito debe producirse en la víctima ese miedo a la potestad, debería reparar en el hecho de que si el sujeto activo de la conducta ha realizado todos los actos tendientes a consumar el delito, y no obstante ello, por razones ajenas a su voluntad, no logra doblegar la voluntad de la víctima, debería ser consecuente con su tal punto de partida, y reconocer que en tal evento estamos en presencia de una tentativa de concusión. Insisto, si la Corte Suprema reconoce de manera inequívoca, según creo haberlo demostrado con la respectivas citas jurisprudenciales, que el miedo al poder público es un elemento subjetivo –un resultado psicológico- predicable de la víctima, no parece claro porque no s ele da el efecto que ello tiene en relación con la tentativa, esto es, que si el sujeto despliega los actos idóneos para provocar ese miedo y por motivos que le son ajenos no lo logra, el delito se habrá quedado en fase de tentativa.

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El delito de tráfico de influencias en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

El delito de tráfico de influencias en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

En defecto de lo dicho por la Defensa, la Corte Suprema considera que el casacionista de manera sutil pretendió equiparar el comportamiento desplegado por el asistente del congresista para con las aquí procesadas, a la interpretación jurisprudencial que se plasmó en el auto inhibitorio en donde se consideró que la simple postulación o recomendación que haga un Congresista de una persona para un cargo público no constituye ´‘punible alguno‘, pero lo hizo de manera desacertada y fragmentada pues desconoció las valoraciones que la segunda instancia efectuó de las pruebas, porque en las motivaciones se puso de presente el interés indebido que estuvo visible tras la contratación de las personas que llegaron a la administración pública como respuesta a las intrigas políticas de aquél quien en concreto fue condenado por el delito de tráfico de influencias, y a las que ellas dieron eco.

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TítuloSentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 24 de mayo de 1937, caso Helvering vs  Davis

TítuloSentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 24 de mayo de 1937, caso Helvering vs Davis

La compañía compareció y contestó sin presentar ninguna cuestión de hecho. Más tarde, el Comisionado de Ingresos Internos de los Estados Unidos y el Recaudador de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, demandantes ante este tribu- nal, obtuvieron permiso para intervenir. Solicitaron que se desestimase la demanda, por- que la ley tiene relación con un impuesto sobre empleados, por lo que el empleador, al no estar sujeto a este impuesto bajo esas previsiones, no podría discutir su validez y el accionista demandante, cuyos derechos no son mayores que los que tenga en la compa- ñía, tiene incluso menos interés a ser oído sobre tal cuestión. Los defensores que inter- vinieron también reiteraron su petición de desestimación y mantuvieron la validez del Título VIII en todas sus partes. La Corte del Distrito sostuvo que el impuesto sobre empleados no era propiamente el punto en cuestión, y que el impuesto sobre emplea- dores era constitucional. Por lo tanto, denegó la petición sobre el interdicto judicial, y desestimó la demanda. En apelación a la Corte de Apelaciones de Circuito para el Primer Circuito, el fallo fue revocado, un juez disintió –F. (2º)-. La corte sostuvo que el Título II era nulo como una invasión de poderes reservados por la Décima Enmienda a los estados o al pueblo y que llevó al Título II a derrumbarse junto al Título VIII. Como un motivo adicional para invalidar el impuesto sobre empleadores, la corte sostuvo que no era un impuesto interno, tal y como los impuestos internos eran entendidos cuando la Constitución fue adoptada. Cf. Davis v. Boston & Maine R. R. Co. –F. (2º), decidido el mismo día.

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El abismo insalvable arbitrio y arbitrariedad en la corte suprema de justicia

El abismo insalvable arbitrio y arbitrariedad en la corte suprema de justicia

Otro ejemplo de un buen ejercicio de arbitrio judicial lo encontramos en la sentencia 7815. En esta sentencia la Corte se ocupa del tema de la filiación extramatrimonial y el valor de la prueba genética para probar la paternidad: “es innegable que un buen refuerzo brindó a la investigación el análisis de paternidad realizado por la Unidad de Genética Humana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, cuyos resultados, pacíficos en el decurso del litigio, dieron en que “Jhonson Adolfo Piamba tiene una probabilidad acumulada de paternidad de 99.7383% con María Alejandra Garzón. Según los enunciados verbales de Hummel, la paternidad está prácticamente probada”; este tipo de probanzas, ha dicho la jurisprudencia, “'le presta tal apoyo a su veredicto (del juez), que se constituye en pilar de su sentencia', y que, en fin, 'la paternidad biológica, esto es, la posibilidad de que un gameto femenino haya sido fecundado por uno de determinado hombre (...) es hoy posible demostrarla con alcances de certidumbre casi absoluta (...)'(Cas. Civ. 10 de marzo de 2000, exp. 6188).” Se ha llegado, pues, al punto en que el problema no es el de cómo creer en la prueba genética, sino el de cómo no creer en ella, de manera que, en cualquier caso, quien quiera desvirtuar esa alta dosis demostrativa, que lo acredite.”

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Pena de muerte, Corte Suprema en Estados Unidos y discurso público

Pena de muerte, Corte Suprema en Estados Unidos y discurso público

Los que “no-tienen” en toda sociedad han sido siempre sujetos a mayores presiones y a menores restricciones para cometer crímenes que sus conciudadanos más ricos. Esto es, de hecho, un subproducto trágico de privaciones sociales y económicas, pero no un argumento de proporciones constitucionales... Las causas de una mayor incidencia de castigos a criminales entre “las minorías y los pobres” no se corregirá con la abolición del sistema penal. Como, de hecho, ninguna sociedad podrá alcanzar ningún sistema viable de justicia criminal si las penas se sometieran a su abolición o fueran suavizadas porque la mayoría de quienes cometen crímenes suelen ser los menos privilegiados. El problema básico no reside en los castigos impuestos por una conducta criminal, sino en factores económicos y sociales que han azotado a la humanidad desde los principios del registro histórico, frustrando todo esfuerzo por crear en cualquier país de cualquier tiempo una sociedad perfecta en que no hay ningún “pobre”, ninguna “minoría”, ninguno “con menores privilegios”. Las causas que yacen bajo este problema no son un asunto constitucional ante esta Corte.

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Las funciones de la Corte Suprema: en el tránsito hacia un nuevo modelo

Las funciones de la Corte Suprema: en el tránsito hacia un nuevo modelo

f. En esa misma línea de sentido, no pueden pasar desapercibidos los avances que la propia Corte Suprema vienen realizando en punto a la irme apertura, dentro de su competencia, de un espacio singular para los denominados conlictos de interés público o estratégicos, que atañen a derechos co- lectivos en general, y especialmente a las cuestiones de la institucionalidad democrática (Fiss, 2007: 21 y ss.) (Bergallo, 2005) (Abramovich, 2009: 443 y ss.) (hea, 2010: 16 y ss.) (47). Paulatinamente el tribu- nal ha venido diseñando un conjunto de técnicas y procedimientos para el manejo de estos procesos altamente complejos; así, el régimen de audiencias públicas (Acordada Nº 30/2007), la intervención de amicus curiae (Acordada Nº 28/2004). Es, precisamente, en los conlictos de interés público donde se trasunta el activismo de la Corte como verdadero tribunal de garantías constitucionales para la par- ticipación en el diseño y la construcción de las políticas públicas, a través de procedimientos típicos que destacan el activismo judicial en todos los tramos y especialmente en la ordenación e instrucción de las causas; el método dialogal público, verdadero paradigma cooperativo que permite la búsqueda de soluciones concertadas, incluyendo a los organismos de la administración; la función remedial que asume la jurisdicción y se proyecta aún en la ejecución escalonada de la sentencia (48). Ilustran sobra- damente acerca de la actitud de la Corte en su actual composición los emblemáticos casos “Verbitsky Horacio s/habeas corpus” y “Beatriz Mendoza”, en los que se trasunta diáfanamente la asunción sin ambajes de su misión de celoso guardián de las garantías fundamentales en el marco de una creciente judicialización de los conlictos. Los novedosos andamiajes procedimentales que el propio tribunal ha diseñado “a medida”, han permitido hacer realidad el diálogo interinstitucional, la democracia delibe- rativa en el espacio judicial, la participación comunitaria en el debate y construcción de las políticas públicas, los avances “experimentales” en la decisión y aún los métodos de control en la ejecución de los pronunciamientos. En la plenitud de su misión esencial, a través de los procesos de interés público, el Alto Tribunal legitima la propia función jurisdiccional, contribuyendo a consolidar las convicciones democráticas y a impulsar el activismo progresista como paradigma también de las instancias inferio- res (49).

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La teoría de la pérdida de la oportunidad según la corte suprema

La teoría de la pérdida de la oportunidad según la corte suprema

La sentencia de la Corte Suprema que ha suscitado nuestro interés revela, grosso modo, que los jueces del mérito yerran al señalar que no hubo falta de servicio, pues esta fue palmaria (considerandos 11º y 12º del fallo de casación); y que yerran también en buscar la alta de servicio del Hospital en el error de diagnóstico, pues, antes bien, ella se configura en no haberse ejecutado las maniobras elementales ante las dolencias que acusaba la paciente. La negligencia del personal médico no estuvo en no haber acertado en su diagnóstico, sino en no haber realizado aquello que era a todas luces imprescindible ante un caso como el que se le presentaba: ordenar y practicar oportunamente una ecotomografía o una radiografía abdominal (considerando 4º del fallo de reemplazo).

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Memoria de la Corte Suprema de Justicia 1917 (Folleto).

Memoria de la Corte Suprema de Justicia 1917 (Folleto).

En materia de reformas de ley, la Legislatura sabe muy bien que son todavía muchas las necesarias, quizá superiores en núme­ ro a los días de sesiones de ella. Buenas las más de las re­ formas que se han dictado de poco tiempo acá, algunas aun no logran acomodarse bien en la práctica, y esperan la sanción del tiempo. De otras en gestación, la Academia de Abogados no ha sometido ninguna este año al acuerdo de la Corte; ni ésta, por descabalada, se habría hallado en la mejor oportunidad de discutirlas. De todos modos, el movimien­ to reformatorio se deja sentir en plenitud de vida, en todos los

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