Teoría de la Nulidad del Acto Administrativo

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Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo

Diferencias entre nulidad e ineficacia del acto administrativo y su tratamiento como pretensiones en el proceso contencioso administrativo

La teoría del acto jurídico es una elaboración de la doctrina posterior a la promulgación del Código Civil Francés de 1804, dado que los actos jurídicos bajo una formulación teórica uniforme no fueron concebidos en Roma. Sin embargo, los juristas romanos tomaron conciencia de la generalidad de algunos conceptos, a los cuales determinaron y aproximaron singularizadas figuras con cierta homogeneidad, los cuales fueron el germen de lo que la doctrina francesa postuló mediante la teoría del acto jurídico, en tanto se consideró que la convención no era suficiente para cubrir toda la gama de relaciones jurídicas que podían originarse de la voluntad privada. Así, la idea del acto jurídico era la de un concepto lo suficientemente amplio y general que diera comprensión a toda categoría jurídica que se constituyese como fuente voluntaria de relaciones jurídicas, las que también, voluntariamente, podían ser objeto de regulación, modificación o extinción (Vidal, 2005). El mismo autor agrega que, por su parte, los juristas alemanes del siglo XIX que formaron el movimiento pandectista, efectuaron la misma búsqueda (un concepto que abarque las relaciones jurídicas nacidas de la voluntad unilateral y bilateral); surgiendo así la concepción del negocio jurídico como una declaración o manifestación de voluntad encaminada a una finalidad práctica que, no contraviniéndolo, pudiera recibir el reconocimiento y la tutela del ordenamiento jurídico.
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La teoría jurídica del acto administrativo

La teoría jurídica del acto administrativo

Empero, como es lógico, existen diferencias notorias entre ambos regímenes, porque notorias son las diferencias de las relaciones y situa- ciones jurídicas regidas por el DP y por el Derecho Administrativo. La presencia estatal o de entes públicos estatales o no estatales en las últi- mas implica que necesariamente deben existir esas diferencias. En el DP, ambas partes deben encontrarse en igualdad de situaciones. Por eso, cuando en los hechos esa circunstancia no se configura, el Derecho crea figuras que tienden a restablecer la igualdad, en numerosas insti- tuciones. Así, por ejemplo, el abuso del derecho, la protección de la par- te más débil en las relaciones contractuales privadas por medio de la teoría de los contratos con cláusulas predispuestas, etc. En materia pro- cesal, por su parte, la igualdad entre las partes se refleja con especial in- tensidad en el proceso judicial civil y comercial: así, por ejemplo, no está permitido a los administrados iniciar demanda para obtener la de- claración de nulidad de sus propios actos, pues ello equivaldría a alegar
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La nulidad del acto administrativo en la legislación administrativa general

La nulidad del acto administrativo en la legislación administrativa general

La teoría de la nulidad de los actos administrativos ha de aplicarse con parsimonia, siendo necesario ponderar siempre el efecto que produjo la causa determinante de la invalidez y las consecuencias distintas que se hubieran seguido del correcto procedimiento rector de las actuaciones que se declararon nulas y, por supuesto, de la retroacción de estas para que se subsanen las irregularidades detectadas... En el caso de autos, tratándose, como la Sala sentenciadora razonó, no de que se hubiera prescindido totalmente del procedimiento es- tablecido al efecto, sino tan solo del trámite de audiencia del interesado, exclusivamente se incidiría en la de simple anulabilidad del art. 48.2, y ello solo en el supuesto de que de la omisión se siguiera indefensión para el administrado, condición esta que comporta la nece- sidad de comprobar si la indefensión se produjo; pero siempre, en función de un elemental principio de economía procesal implícitamente, al menos, potenciado por el art. 24 CE, prohibitivo de que en el proceso judicial se produzcan dilaciones indebidas, adverando si, retrotrayendo el procedimiento al momento en que el defecto se produjo a fin de reproducir adecuadamente el trámite omitido o irregularmente efectuado, el resultado de ello no sería distinto del que se produjo cuando en la causa de anulabilidad del acto la Administración creadora de este había incurrido”. 6
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Límite temporal a la invalidación y a la nulidad del acto administrativo de saneamiento de título de dominio, D. L.2.695 y sus efectos en la inscripción conservatoria

Límite temporal a la invalidación y a la nulidad del acto administrativo de saneamiento de título de dominio, D. L.2.695 y sus efectos en la inscripción conservatoria

Por lo anterior, el principal objetivo y eje central del cuerpo normativo consiste en transformar la “posesión material” en una “posesión jurídica”, es decir, incorporar la propiedad irregular al sistema registral del Conservador de Bienes Raíces, bajo el resguardo legal de la teoría de posesión inscrita. Como antecedente, se puede hacer mención, que a la fecha de la dictación de los primeros cuerpos normativos de saneamiento existía alrededor de 180.000 pequeñas propiedades cuyo dominio no se encontraba bien constituido, lo que dificultaba a los agricultores invertir en mejoras que aumenten la productibilidad agrícola 3 . De ahí, que entre los fundamento del Decreto Ley exista además un carácter social de la norma, en orden a motivar la productividad agrícola del país que bajo las circunstancia jurídica de irregularidad no les permitía acceder a crédito y financiamiento estatal, más aún, cuando el título de la norma hace alusión a la “pequeña propiedad raíz”, entendiendo a los poseedores de pequeños retazos de terreno, que por problemas socioeconómicos no pueden ser asistidos por asesoría jurídica adecuada para regularizar sus títulos, y en tal sentido, quedan excluidos del proceso productivo del país 4 .
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Expediente: 00526 2013 0 0412 JM CI 02 Proceso: civil Materia: nulidad de acto jurídico ; Expediente: 00120 2011 0 0401 JR CI 01 Proceso: contencioso administrativo Materia: Nulidad de resolución o acto administrativo

Expediente: 00526 2013 0 0412 JM CI 02 Proceso: civil Materia: nulidad de acto jurídico ; Expediente: 00120 2011 0 0401 JR CI 01 Proceso: contencioso administrativo Materia: Nulidad de resolución o acto administrativo

Dicha demanda fue declarada fundada ´porque se estimó que la nulidad fue declarada fuera de plazo y que la resolución emitida por la ONP o se encuentra debidamente motivada, pero posteriormente después de una apelación por parte de la ONP consiguen la fundabilidad de la demanda, posteriormente se realiza la evaluación de la demanda y solicitar el análisis de motivación el Tribunal expreso cuál era su posición respecto a la motivación de los actos administrativos en este los emitidos por la ONP y considero que el verificador por parte de la entidad provisional se amparó bajo un fallo que fue emitido de manera fraudulenta por un verificador que altero el informe y eso así que perjudico al demandante afectando el interés público aludiendo un aparente aprovechamiento del fondo de pensiones, más al no acompañar y motivar debidamente la resolución dicta por la ONP, no es posible acreditar dicha resolución para discontinuar con la pensión que se le otorgaba al demandante por tal motivo se considera que dicha resolución es arbitraria y omite precisar cuáles son las supuestas irregularidades por tal motivo no cuenta con sustento alguno, y es así que.
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El acto administrativo regulatorio

El acto administrativo regulatorio

prórroga de un período de gestión servicial en exclusividad, son actos administrativos que, si bien tienen un destinatario individualizado y directo –en ambos casos, el operador del servicio o de la infraestructu- ra–, claramente proyectan sus efectos hacia terceros sujetos que no son, técnicamente, sus destinatarios –por ejemplo, en el caso del certificado de conveniencia y necesidad pública, los propietarios de inmuebles afecta- dos por la traza de la obra, generadores y distribuidores de energía eléctrica, etc.; en el caso de la prórroga de la exclusividad, otros potenciales prestado- res o «entrantes», usuarios, etc.– 58 . Por otra parte, tanto el respeto a prin- 55 Así, Rolf S TOBER , Derecho Administrativo Económico, traducido y anotado por San-
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Nulidad del acto administrativo

Nulidad del acto administrativo

• El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplirlo.

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Acto administrativo. Tabla-Síntesis

Acto administrativo. Tabla-Síntesis

procedimiento que sean independientes del primero. Entre elementos del acto La nulidad o anulabilidad en parte del acto no implica la de las partes independientes del mismo de aquell[r]

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El acto administrativo en los procesos y procedimientos

El acto administrativo en los procesos y procedimientos

El artículo 58 contempla la figura de la expropiación que puede ser de carácter ju- dicial o administrativo. Este mecanismo de limitación legítima a la propiedad, tiene lugar cuando por razones de utilidad pública o interés general, el legislador autoriza al Estado adquirir la propiedad sobre un determinado bien o bienes, previa indem- nización para el titular del derecho de dominio. En otros términos, por una decisión del legislador, la administración o un juez puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre un bien, evento en el cual, su titular debe recibir una compensación previo a perder el derecho sobre el bien objeto de la expropiación. El Constituyente de 1991, contempló la expropiación en equidad que no requería de indemnización, esta figura fue suprimida por medio del Acto Legislativo 01 de 1999. La jurispruden- cia constitucional ha señalado que para la procedencia de la expropiación, se requiere la intervención de las tres ramas del poder público. “El legislador fija los motivos de utilidad pública o interés común. La administración declara para un caso concreto los motivos de interés público y gestiona la expropiación. El juez controla el cum- plimiento de las formalidades y fija la indemnización, mediante el procedimiento de expropiación. Sin embargo, en la expropiación por vía administrativa, la intervención del juez es sólo eventual, para los casos de demanda por vía contenciosa”. El signo distintivo de esta figura es la indemnización previa. Así mismo, el artículo 59 de la Constitución, consagró el caso excepcional de la expropiación en caso de guerra, para la cual no es indispensable la sentencia judicial ni es requisito la indemnización previa. Este artículo contempla en realidad una ocupación temporal de la propiedad, pues una vez terminada la guerra el bien debe ser devuelto a su titular, en donde el Gobierno será responsable si la ocupación no era necesaria. La figura se encuentra
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El acto administrativo  Parte general

El acto administrativo Parte general

(…) no todos los aspectos de regulación del derecho de petición deben estar con- tenidos en una ley estatutaria, como quiera que existen aspectos propios de una ley ordinaria —vgr. valor de formularios— y otros meramente operativos que corres- ponden a los reglamentos administrativos que se dictan en desarrollo de la ley para su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, la facultad conferida en la ley no ofrece en principio reparo de orden constitucional (…) la Corte considera que la facultad de las autoridades para determinar los casos en que las peticiones deben presentarse por es- crito, tiene que ejercerse por parte de la autoridad correspondiente mediante la expe- dición de un acto administrativo de carácter general, el cual debe estar debidamente motivado, acorde con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 superior y en particular, de igualdad, publicidad, economía, eficiencia y celeridad, así como el debido proceso administrativo. De esta forma, se armoniza la garantía en el ejercicio del derecho de petición con la potestad de las autoridades para disponer lo pertinente al cumplimiento eficaz de sus funciones y especialmente, lo relacionado con la respuesta oportuna a las peticiones que se les formule. Solo así, esta exigencia resulta conforme a la Constitución.
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El acto administrativo en el Ecuador.

El acto administrativo en el Ecuador.

Los derechos subjetivos son todas aquellas prerrogativas reconocidas por la ley u otros cuerpos legales, a favor de las personas, si el acto administrativo vulnera, desconoce o no reconoce esos derechos subjetivos, el interesado debe impugnarlo en vía judicial a través del recurso subjetivo o de plena jurisdicción para que el juzgador determine su validez y eficacia jurídica, y si es del caso ordenar el restablecimiento de los derechos subjetivos negados o no reconocidos. Es decir que este recurso a más de restablecer el derecho subjetivo negado o no reconocido, también sirve para eliminar la vida jurídica del acto administrativo impugnado o de la resolución administrativa impugnada, siempre que sea contraria al ordenamiento jurídico.
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La teoría del acto administrativo, validez eficacia y elementos desde la normatividad y jurisprudencia en Colombia

La teoría del acto administrativo, validez eficacia y elementos desde la normatividad y jurisprudencia en Colombia

El problema del concepto y la validez del derecho es, sin lugar a dudas, uno de los más antiguos de la filosofía y la teoría del derecho. Desde la perspectiva iusnaturalista estos problemas estaban resueltos por referencia a ciertos valores superiores que se consideraban incuestionables o autoevidentes a la razón o a las creencias de los hombres; de suerte que si alguien quería saber qué era el derecho y si una determinada norma debía ser obedecida simplemente la confrontaba con esos principios o valores ideales y supra-históricos, que constituían la esencia del verdadero derecho. (p.20)
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EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO

EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO

„ Anulabilidad: cualquier vicio de ilegalidad, salvo los que determinen la nulidad de pleno Derecho y los que sean simples irregularidades no invalidantes. Incluida la desviación de poder. Los defectos de forma, también, cuando impidan al acto

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La motivación del acto administrativo

La motivación del acto administrativo

Sin embargo, resulta interesante tomar en consideración las palabras de Fernando de Trazegnies,Fernando, pp,42-46, (1998). Quien al hablar de la falta de fundamentación sólida de la tesis sobre la objeción jurídica a la politización de las interpretación judicial a la luz de las actuales teorías sobre el lenguaje y sobre la propia interpretación jurídica, nos señala que la experiencia cotidiana obliga a reconocer que el derecho no puede ser aplicado mecánicamente, que las palabras con que están redactadas las normas jurídicas tienen diversos significados y que la combinación de palabras y de normas dentro de un contexto social ofrecen varios sentidos abiertos a la interpretación de los jueces, por lo en la práctica la decisión no es una mera aplicación de normas sino también una creación de derecho. En definitiva, acota que la sentencia no es solamente un acto de intelección de una norma superior sino un acto volitivo, ―político‖, de determinación de rangos o preferencias entre intereses. En consecuencia, en el juez confluyen dos personalidades; el de jurista y político. ‖ La disociación del rol del juez permite salvar la distinción tradicional entre Derecho y Política. Y continúa su análisis argumentando que, incluso, la aplicación mecánica del derecho lleva a una creación, aun cuando los jueces o abogados no se den cuenta de este hecho, porque la misma tiene ciertos contenidos políticos de manera inconsciente. En consecuencia, concluye que para comprender realmente la actividad judicial es indispensable superar sus contenidos jurídicos manifiestos y alcanzar los contenidos políticos latentes. Es preciso hacer jurídicamente consciente el inconsciente político, a fin de lograr una intervención judicial reflexiva y en pleno uso de su poder de decisión. Trazegnies,Fernando, pp,42-46, (1998).
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El acto administrativo informático

El acto administrativo informático

• En síntesis, la aplicación del sistema en la Administración Pública es una clara manifestación a favor de la participación del ciudadano en el sistema de cara a alcanzar el denominado «Gobierno Electróni- co», y que realza los principios de celeridad, economía, sencillez, in- formalismo a favor del administrado, etc., que deben orientar la función pública e informar el procedimiento administrativo. Ahora bien, el sistema deja varios sectores desguarnecidos, y desta- caré al menos dos de ellos, a saber:

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ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN

En las zonas del proyecto donde se deba realizar trabajo de descapote, el precio unitario deberá cubrir el almacenamiento de los materiales necesarios para las o[r]

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ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN

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TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE IDU 531-11 Página 5 de 11 El Carrotanque irrigador de emulsión asfáltica deberá ir montado sobre neumáticos y cumplir e[r]

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ACTO ADMINISTRATIVO: SECCIÓN

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El contenido mínimo de cemento en capas construidas de material granular estabilizado con cemento será tal que permita la consecución de las resistencias indicadas en los [r]

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La autorización de levante como acto administrativo.

La autorización de levante como acto administrativo.

En aplicación del control posterior, la autoridad aduanera está facultada para aprehender la mercancía incluso cuando esta se encuentre en principio amparada en una declaración de importación que ha obtenido levante, basta con que se configure el hecho de que la mercancía relacionada en esa declaración de importación, pese a haber obtenido por cualquiera de los medios de inspección el correspondiente levante, se encuentra incursa en la causales de aprehensión señaladas en los numerales: 1.6, del Decreto 2685 de 1999, que es una causal que por criterios de descripción hace que la autoridad aduanera entienda que dicha mercancía no ha sido declarada o que la mercancía relacionada en la declaración de importación (que cuenta con levante), no corresponde con la mercancía que se está controlando. En este evento la autorización de levante como acto administrativo proferido por la aduana no tiene relevancia ni fuerza jurídica alguna ante la misma autoridad para demostrar la legalidad de la mercancía y por ende de garantizar su cometido cual es la libre disposición de las mercancías.
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El carácter involuntario del acto administrativo automático y normativo del acto-programa

El carácter involuntario del acto administrativo automático y normativo del acto-programa

En este sentido, se puede decir que el acto-programa goza de una especie de autono- mía de producción del acto. Ejemplos muy conocidos en Brasil son los certificados sobre la regularidad fiscal emitidos directamente por el sistema a pedido del interesado. Una vez llenado los datos requeridos, el sistema emite el certificado en la pantalla de la computadora sin la necesidad de que algún agente público presione cualquier tecla. Otro ejemplo, también en Brasil, es el acto de la inscripción en el registro de los deu- dores a la Unión federal. Cuando los débitos son enviados por medio electrónico, la verificación de la legalidad del crédito del Estado, y su correspondiente inscripción, son hechas de modo automático.[16] En Portugal, el Decreto-Ley N.º 04/2015, que dispone sobre el nuevo procedimiento administrativo portugués, implementó la previsión de algunos actos que deberán ser emitidos de modo automatizado por el sistema (“Balcão único eletrónico”), tales como los certificativos, de notificación de requerimientos he- chos por medio electrónicos (art. 62) y de los recibos de entrega de documentos (art. 106).
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