Tribunal de Justicia

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Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

también el tribunal de Justicia deniega al tribunal supremo español, en virtud del auto Oro Efectivo, eu:c:2018:298, el procedimiento acele- rado dado que «la necesidad de unificar la jurisprudencia nacional diver- gente, habida cuenta en particular de que diversos órganos jurisdicciona- les nacionales han dictado, y siguen dictando con considerable frecuencia, resoluciones contradictorias sobre la misma cuestión jurídica que la plan- teada en el asunto principal, dicho tribunal no ha acreditado, en vista de las circunstancias del presente asunto, la urgencia que requiera dar res- puesta a su petición en breve plazo. por lo demás, dicha necesidad, aun siendo legítima, no puede bastar, por sí sola, para justificar un procedi- miento acelerado.

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA DÉCIMA, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, (ASUNTO C-596/14): INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL INTERINO EN CASO DE DESPIDO

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA DÉCIMA, DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, (ASUNTO C-596/14): INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL INTERINO EN CASO DE DESPIDO

Téngase en cuenta que ya, a la vista de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala décima, de 14 de septiembre de 2016, (asunto C-596/14), por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que planteó la cuestión prejudicial se acaba de dictar la sentencia, en fecha 5 de octubre, (Sala de lo Social, sección 3ª, procedimiento Recurso de Suplicación 246/2014), en la que si bien se considera ajustado a derecho el despido de la recurrente como personal interino se declara que tiene derecho a una indemnización 301 .

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La interpretación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La interpretación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

el trabajo del intérprete de conferencia en un entorno judicial multilingüe por excelencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para ello, se parte del marco normativo en el que se inscribe la institución y de aquellas disposiciones que establecen el régimen lingüístico que le es aplicable (desde el Reglamento número 1 del Consejo de 15 de abril de 1958 hasta los distintos Reglamentos de Procedimiento) y que consagran la situación de multilingüismo que caracteriza el trabajo de las tres jurisdicciones que componen la institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. A continuación, se pasa revista a las características propias de la labor del intérprete en el contexto particular previamente acotado, prestando especial atención a las consideraciones deontológicas, al tipo de usuarios específico, a la función de mediación lingüística en un entorno de «alto contexto compartido» y a la fase de preparación de los asuntos, como etapa clave y diferenciadora en la interpretación que se practica en el Tribunal de Justicia.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 9 DE JULIO DE 2015 (ASUNTO C-177/14) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/70/CE DE CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA AL PERSONAL EVENTUAL: TRIENIO

COMENTARIO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 9 DE JULIO DE 2015 (ASUNTO C-177/14) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/70/CE DE CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA AL PERSONAL EVENTUAL: TRIENIO

Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo relevante es analizar, de forma concreta y casuística, los cometidos profesionales en su condición de personal eventual, y comprobar si son o no idénticos o análogos a los de un funcionario de carrera para verificar si se encuentran en una situación comparable, e igualmente para determinar si concurre o no alguna razón objetiva que justificara un trato diferenciador en cuanto al cobro de los trienios, sin que la forma de nombramiento o cese, el carácter de confianza, la naturaleza temporal del cargo...impliquen, por ser en sí mismo un aspecto formal, una justificación objetiva. Por ello, habrá que hacer una tarea de comprobación y comparación para analizar, entre otros aspectos: la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada, las características inherentes a las mismas, funciones desempeñadas…

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Tribunal de justicia de Luxeburgo

Tribunal de justicia de Luxeburgo

• Entre las sentencias dictadas sobre esta materia, una de las más conocidas es la sentencia Bosman (1995), en la que el Tribunal de Justicia se pronunció, a petición de un tribunal belga, sobre la compatibilidad de los reglamentos de las federaciones de fútbol con la libre circulación de los trabajadores. El Tribunal de Justicia indicó que la práctica de los deportes a nivel profesional constituye una actividad económica cuyo ejercicio no puede quedar limitado por las normas relativas a las transferencias de jugadores ni por las limitaciones del número de jugadores nacionales de otros Estados miembros. Esta última consideración ha sido ampliada, mediante sentencias posteriores, a la situación de los deportistas profesionales procedentes de países terceros que han celebrado un acuerdo de asociación (sentencia Deutscher Handballbund, 2003) o de colaboración (sentencia Simutenkov, 2005) con las Comunidades Europeas.

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA QUINTA, DE 16 DE FEBRERO DE 2017 (ASUNTO C-555/14): PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA QUINTA, DE 16 DE FEBRERO DE 2017 (ASUNTO C-555/14): PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

El Tribunal de Justicia de la Unión Europa responde a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, concluyendo que “la Directiva 2011/7, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al juez nacional”.

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Tribunal de Justicia para el Mercosur: una decisión impostergable

Tribunal de Justicia para el Mercosur: una decisión impostergable

Ignacio Guillermo, "Recurso ante la Corte por una sentencia del Tribunal Arbitral Internacional de Salto Grande y sus consecuencias sobre las inversiones extranjeras. Relación entre el derecho nacional y el internacional" y por Ekmekdjian, Miguel Ángel, "A un año exacto del fallo "Ekmekdjian c/Sofovich, la Corte Suprema de Justicia refirma el criterio monista establecido en aquel" (ED.,154-161). Destacamos que en "Fibraca", el Máximo Tribunal Federal, además de reiterar la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes, diferenció claramente el arbitraje nacional del internacional, estableciendo que aquél es regulado por el derecho interno del Estado y sus decisiones son recurribles ante la justicia local en ciertos casos. Por el contrario, un arbitraje internacional, es absolutamente indepen-diente de la jurisdicción local y por lo tanto, las sentencias de los tribunales arbitrales internacionales no pueden ser apeladas ante los tribunales locales. Esta doctrina se reitera en el caso G. 57. XXXII, Recurso de Hecho, "Chiorzo, Juan José c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande" de fecha 1º de abril de 1997.

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El derecho de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género

El derecho de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta la nor- ma comunitaria siguiendo la postura intermedia por la que se exige que la regulación punitiva de los actos sexuales entre personas del mismo sexo sea aplicada de forma efectiva. Así, en primer lugar, el Tribunal estima que: «la mera existencia de una legislación que tipifique como delito o falta los actos homosexuales no puede considerarse un acto que afecte al interesado de un modo tan significativo como para alcanzar la gravedad requerida para considerar que tal tipificación penal constituya una persecución en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva.» De este modo, el TJUE rechaza el argumento establecido por el Tribunal de Casación italiano, y por la doctrina mayoritaria 71 , que defiende que la mera tipificación de la homo-

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA Nº 268 DE 28 DE MAYO DE 2018. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. RECURSO CONTENCIOSO-ADMNISTRATIVO núm.: 598/2016. APLICACIÓN NO AUTOMATICA DE UN COEFICI

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA Nº 268 DE 28 DE MAYO DE 2018. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. RECURSO CONTENCIOSO-ADMNISTRATIVO núm.: 598/2016. APLICACIÓN NO AUTOMATICA DE UN COEFICI

Respecto a la segunda cuestión planteada, que es la disconformidad de la recurrente con el contenido del acuerdo del Jurado Regional de Valoraciones, la Sala se muestra conforme con los cálculos realizados por el Jurado para la obtención de la renta neta de explotación, porque el acuerdo contiene una detallada explicación de cada uno de los factores a tener en cuenta para dicho cálculo. En cuanto al tipo de capitalización r1 aplicado por el Jurado señala que aunque correspondía aplicar el indicado por la propiedad y perito judicial, se mantiene el tipo aplicado en el acuerdo por ser más favorable a la propiedad. En cuanto al factor de localización también se mantiene el fijado por el Jurado, puntualizando que el u3 no es de aplicación, a diferencia de lo que indica el perito judicial, por no estar ubicada la finca en un entorno de singular interés ambiental o paisajístico. Por último, y respecto del tipo de capitalización r2, por ser el principal motivo de este comentario, y al igual que hace el Tribunal en su sentencia, lo trataremos de forma individualizada en el apartado siguiente.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA No 10, DE 31 DE ENERO DE 2017

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA No 10, DE 31 DE ENERO DE 2017

El único hecho que alega la demandante que podría identificarse como posible hecho indicio es la circunstancia de que los siete opositores que aprobaron la oposición fueron los mismos siete que aprobaron los dos primeros ejercicios (los teóricos) y que lo hicieron en idéntico orden al resultante de las pruebas teóricas. Sin embargo, ese solo hecho, como aborda la Sentencia, no justifica la inferencia que realiza la recurrente de que no hubiera corrección real. Ello no sólo porque el orden de puntuación en el ejercicio práctico no se correspondió con el de las pruebas teóricas, sino porque ese hecho únicamente evidencia, en palabras del Tribunal, que “los siete mejores aspirantes en la parte teórica fueron también los siete mejores (aunque no en idéntico orden) en la parte práctica”, lo cual tampoco se ve cuestionado por la persistencia del orden, atendido el peso relativo de esta tercera prueba (60 puntos) frente al de las teóricas (120).

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El municipio ante ciertas actividades extractivas : ¿es más fácil vedar que permitir?Local authorities against certain extractive activities : is it easier to forbid than to allow?

El municipio ante ciertas actividades extractivas : ¿es más fácil vedar que permitir?Local authorities against certain extractive activities : is it easier to forbid than to allow?

Ahora, en materia de ciertas industrias extractivas, sabemos de datos fácticos acerca de ciertas medidas legislativas adoptadas en algunos municipios, medidas que se traducen, en la vida real, en prohibiciones absolutas de tal o cual actividad extractiva: la activi- dad respectiva queda en el campo de la veda, catalogada como no valiosa. Esas prohibiciones o vedas, a su vez, a veces son claras y directas, y otras veces son indirectas, ahogando la respectiva acti- vidad industrial no expresa sino implícitamente. También sabemos de algunas medidas adoptadas judicialmente enderezadas a un fin similar, pero también de medidas judiciales que, con sano criterio, evitan los efectos nocivos de las normas que impiden ejercer una industria constitucionalmente lícita. Lo cierto es que, en el plano normativo, vemos prohibiciones, es decir, decisiones legislativas que califican a cierto quehacer humano como malo, vedándolo o impidiéndolo so pena de alguna sanción. Y en el ámbito judicial, ad- vertimos medidas cautelares que ora han favorecido esa veda, pero otras veces, con sentido de justicia, han desplazado la posibilidad de aniquilamiento de una actividad industrial en principio lícita, en un municipio dado.

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Evaluación de la gestión, eficiencia y finanzas de las altas cortes colombianas. Documento Corte Suprema de Justicia

Evaluación de la gestión, eficiencia y finanzas de las altas cortes colombianas. Documento Corte Suprema de Justicia

Frente a la problemática descrita en torno a la casación, vale la pena reseñar el esfuerzo legislativo que se dio al interior del Congreso de la República, a partir de la iniciativa de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para introducir una reforma al ejercicio del recurso extraordinario de casación, con la que se pretendía recuperar la naturaleza de dicha instancia como tribunal de casación, y aplicar mecanismos diversos para afrontar los problemas actuales de congestión en la Sala. De manera desafortunada para los intereses que perseguía la ley en cuestión (Ley 553 de 2000), ésta fue declarada inexequible en sus apartes más relevantes por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-252 de 2001, con lo que la reforma propuesta no pudo hacerse efectiva. El fallo del alto tribunal constitucional, no sólo tiene el efecto de retirar del ordenamiento jurídico las disposiciones contenidas en dicha ley, sino que además limita a futuro las posibles reformas que las demás salas de la Corte Suprema de Justicia pretendan proponer ante el Legislativo.

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Los archivos notariales y su utilidad en el estudio de las formas de tenencia de la tierra  El caso de la notaría única de Lorica (Córdoba) y la mancomunidad de Gallinazo, Palo de agua y Cotocá  1915   1921

Los archivos notariales y su utilidad en el estudio de las formas de tenencia de la tierra El caso de la notaría única de Lorica (Córdoba) y la mancomunidad de Gallinazo, Palo de agua y Cotocá 1915 1921

Habiéndose delegado en auto de febrero de 1917, por el honorable tribunal superior del distrito judicial de Cartagena, nulo todo lo actuado en el juicio de división material de los terrenos de Palo de Agua, Gallinazo, Cotocá, sin competencia de jurisdicción improrrogable de los árbitros para intervenir en el juicio, por ser de competencia exclusiva de los jueces del circuito; y como en ese mismo tribunal, ordeno la reposición de lo que tenía cuando se dicte el auto de admisión, vengo a manifestarle a usted, por estar en tiempo hábil, apoyado lo que dispone el art 268 del C-J, que vengo a enmendar y corregir la demanda, que concierne al expresar un juicio, por medio del presente memorial. En consecuencia, yo, Manuel Carlos Rosales, mayor de edad y de este vecindario, en mi condición de apoderado sustituto de Trinidad y Bernardo Doria T, en representación de Felipe Doria M, José Antonio Sánchez M, Juan Doria M, Andrés Sánchez Villero, Catalino Sánchez F, Florentina Sánchez F, Catalina Doria M, Damián Calle, José María Tordecilla, Roque, Bartolo e Indolencio Ramírez, demandó la división material de los terrenos de la comunidad de Palo de Agua, Gallinazo y Cotocá, que está comprendido dentro de los linderos siguientes: "entre Zaragocilla y la boca de Cotocá abajo; y entre este punto y el Remolino del Periná; colindando también con las tierras de Mompox , intervención y audiencia de los siguientes individuos, que señaló como condueños: Valentín Doria M, José ángel Doria Torrecilla, José de los Ángeles Sánchez Vargas, representante de los herederos de Juana Ventura Sánchez, José de los A Sánchez, Manuel Luciano Sánchez representante de la sucesión de Agapito Sánchez F, Catalino Sánchez P como heredero de Pabla Petrona Perosa, Madera, en representación de la sucesión de Ignacia Madera, Juan Sánchez, Juan Julián Altamiranda, en representación de Petrona Genes, Justo Doria, en representación de Manuel Doria M, Juan José, Antonio y Andrés Sánchez, Agustín Morales, representando de José Manuel Doria, vecinos de este distrito con residencia en Palo de Agua y Gallinazo, Manuel Esteban, Narcisa Josefa Pérez, Pedro, Agustín y María C. Babilonia, esposa de José A. Sánchez, residente en Cotocá Arriba, Tomás cogollo, Gabriel Martínez como administrador de la casa comercial Diego Martínez & Co. Y Vicente Arteaga Negrete, vecinos de esta cabecera, José de las Mercedes mora, representado por su hijo, en calidad de heredero José de las M Mora, residente en Palo de Agua, Antonio, Rosaura, Isidoro y Antonio José Doria residentes en Sábana Nueva (jurisdicción de San Pelayo) Simplicio Doria, vecino de San Pelayo, y Zoila Vargas, de Agapito Sánchez residentes en Palo de Agua, como representante de la sucesión de Catalino Sánchez Fariño, Eusebio Núñez y Juana Francisca Núñez, esposa de este, residentes en Cotocá Abajo y Pedro Arteaga Cogollo, residente en Mata de Caña.

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El Acceso de los Consumidores a la Justicia Comunitaria: hacia un Derecho Procesal Común

El Acceso de los Consumidores a la Justicia Comunitaria: hacia un Derecho Procesal Común

3) Los consumidores pueden llevar un asunto directamente ante el TJCE según los arts. 173 y 175 TCE (recursos de anulación y de omisión respectivamente (80)). Estos artículos permiten a cualquier persona interesada acudir al Tribunal en materia de competencia, es decir, si la Comisión ha decidido no continuar con el examen de una queja, ha tomado una decisión que se considera inadecuada o no ha tomado ninguna decisión tras un período de dos meses, etc. (81). Los grupos de consumidores también pueden tener un «interés legítimo», tal y como prescribe el art. 3 del Reglamento 17/62, para presentar quejas ante la Comisión de tal modo que se ponga fin a la violación de las normas de competencia del Tratado. Los problemas surgen, sin embargo, cuando los consumidores individuales o las asociaciones intentan acudir directamente al Tribunal conforme a los arts. 173 ó 175 TCE. Según el art. 175 TCE (recurso por omisión), parece que no existen problemas de legitimación para tales consumidores o asociaciones si pretenden demandar a la Comisión por inacción. Sin embargo, según el art. 173 TCE (recurso por anulación), se necesita un «interés directo e individual» para que el asunto sea aceptado por el TJCE (82). Este concepto ha sido interpretado restrictivamente por el Tribunal (83) e impide que los grupos de consumidores puedan acudir al TJCE para atacar la validez de los actos comunitarios que: a) no se les dirige directamente a ellos en tanto que grupo sino que se dirige a sus miembros considerados individualmente, o b) perjudican a los intereses generales de los consumidores residentes en los Estados miembros, cuya protección constituye el objeto social del grupo o asociación. Sí que se permite a las asociaciones de consumidores, por último, personarse en los procedimientos en orden a apoyar la posición de una de las partes (84).

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Panorama actual de la reelección presidencial. Un análisis Jurídico comparado dirigido a establecer el estado de la democracia?

Panorama actual de la reelección presidencial. Un análisis Jurídico comparado dirigido a establecer el estado de la democracia?

En consecuencia, esta Sala insiste que […] la reelección en nuestro ordenamiento no supone un cambio de régimen o forma del Estado, y muy por el contrario, reafirma y fortalece los mecanismos de participación dentro del Estado Democrático, Social de Derecho y Justicia, que estableció el Constituyente en 1999 […]. De igual manera, […] la reelección, amplía y da progresividad al derecho de elección que tienen los ciudadanos, y optimiza los mecanismos de control por parte de la sociedad respecto de sus gobernantes, haciéndolos examinadores y juzgadores directos de la administración que pretenda reelegirse, y por lo mismo, constituye un verdadero acto de soberanía y de ejercicio directo de la contraloría social. Negar lo anterior, es tanto como negar la existencia de sociedades cambiantes y en constante dinámica e interacción. Es pretender concebir el Derecho Constitucional como un derecho pétreo e inconmovible, ajeno a las necesidades sociales. Más aún, en nuestras sociedades, donde estas necesidades sociales son tan ingentes, los cambios constitucionales son más necesarios en la medida en que se constate su existencia para mejorar las condiciones de los ciudadanos en peor situación socioeconómica, pues la norma constitucional sólo debe estar a su servicio […]. (Ver Sentencia de la Sala Nº. 1.488, del 28 de julio de 2006). 7

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El Testimonio único de cargo como base para condenar en el delito de homicidio en los Juzgados Penales del Circuito de Cartago

El Testimonio único de cargo como base para condenar en el delito de homicidio en los Juzgados Penales del Circuito de Cartago

En ese orden de ideas, a diferencia de los intereses que presento el testigo en el caso de alias Carlos pesebre, y la delación de un integrante de la misma organización criminal, demostró un interés inusitado en el proceso para obtener beneficios penales, misma que se advirtió en la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Medellín, con la corroboración periférica consignada en seis entrevistas que presentaron contradicciones en aspectos esenciales que le restaron credibilidad. Contrario sensu, al analizar la ausencia de un interés en el proceso del caso objeto de estudio, se parte del hecho de que la testigo único de cargo, la señora Rosalía Zúñiga Ocampo, como madre del occiso fue declarada como víctima, junto con su ex esposo y padre del mismo; luego entonces, resulta inverosímil que habiendo presenciado la muerte de su hijo y haber identificado plenamente el autor del hecho, intentara retractarse, situación que al momento de ser valorada, y frente a la pregunta del delegado fiscal de que la muerte de su hijo se quedara impune, ésta entrara en llanto y guardara silencio.

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Las diferencias fronterizas en Centroamérica

Las diferencias fronterizas en Centroamérica

Sin mayores eufemismos podemos colegir que en su mayor parte los con- flictos territoriales y marítimos en Centroamérica, se han intentado solucionar por la vía de los medios pacíficos que ofrece el Derecho internacional, aunque también cabe reconocer que en algunos casos no ha sido así y el recurso a la fuerza de las armas también ha estado presente. En efecto, el Golfo de México, el mar Caribe y el arco Antillano representan un complejo rompecabezas de in- tereses económicos y geoestratégicos para los Estados que conforman el mapa de la región centroamericana. no resulta baladí que se haya elegido a Jamaica como centro neurálgico en el que durante casi diez años se fueron gestando los nuevos principios que regularían los espacios marinos en el marco de la iii Conferencia de Derecho del Mar y que se terminó concluyendo en Montego Bay en 1982. De la lectura del estudio precedente se puede deducir que los conflictos de demarcaciones que se han desarrollado en la región emboscan situaciones coloniales mal resueltas así como intereses geopolíticos emergentes que se nutren en intereses económicos dependientes de los recursos vivos y no vivos que les ofrece el mar. Las nuevas delimitaciones que se definieron en la iii Conferencia de Derecho del Mar han abierto importantes posibilidades de explotación de estos recursos y los Estados de la región han visto en ellas nuevas posibilidades de desarrollo económico. En muchos casos la tortuosa configuración de las costas de algunos de los Estados centroamericanos le difi- culta su salida al mar y el goce de los nuevos espacios que le ofrece la Conven- ción de Montego Bay y, como hemos comentado, los recursos ante el Tribunal internacional de Justicia han intentado solventar estas limitaciones geográficas con arreglos de equidad. A ello debemos sumar la enorme proliferación de islas, islotes, cayos y bancos de arena que salpican el mar Caribe y que resultan un importante factor de nuevos conflictos. Por otra parte, la posibilidad de ex- tender la plataforma continental, más allá de las 200 millas marinas (unos 370 km) hasta las 350 millas marinas ha resultado un factor de gran importancia e interés para aquellos Estados que por su situación geográfica pueden acceder a esta posibilidad de extender su soberanía; sin olvidar la zona económica exclu- siva que permite la explotación de importantes vías de recursos.

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Selección de Resoluciones de especial interés del Tribunal Central de Recursos Contractuales en el año 2012

Selección de Resoluciones de especial interés del Tribunal Central de Recursos Contractuales en el año 2012

En esta ocasión no cabe acudir a la reflexión que hicimos en nuestra resolución 154/2011 de 1 de junio del citado año, por la que resolvimos el recurso 116/2011, en re- lación con la necesidad existente, a efectos de determinar la competencia de este Tribunal, de calificar los contratos de conformidad con los criterios del derecho deri- vado de la Unión Europea y de las normas que lo incorporan a nuestro derecho, prescindiendo de las normas del derecho interno que les puedan atribuir una califica- ción jurídica diferente. Es evidente que ni la concesión de servicios ni la demanial son objeto de regulación por el derecho de la Unión Europea, por lo que la calificación adecuada en relación con una u otra debe hacerse exclusivamente a la luz de lo que dispongan nuestras leyes reguladoras de la materia.

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Procedimiento normado para la conformación del tribunal en la justicia indígena como prioridad de los derechos humanos

Procedimiento normado para la conformación del tribunal en la justicia indígena como prioridad de los derechos humanos

El tribunal jurisdiccional indígena será conformado de entre miembros del cabildo para formar parte de un nuevo cabildo se requerirá, a más de las condiciones anteriores, que las personas y sus familias acrediten su residencia en la parcialidad y territorio poseído por esta, por lo menos de cinco años, certificada por el gobernador del cabildo y registrado por el Alcalde, según el censo del cabildo. Cada cabildo debe tener por lo menos treinta 30 familias requisito exigido sólo para los nuevos cabildos, cabe tener en cuenta que asiste razón al apelante en cuanto a que el artículo 38 de la Constitución Política, que invocó como infringido el actor y que halló vulnerado el tribunal, no es aplicable en este caso, ya que el derecho de asociación es un acto libre y espontáneo, no así el hecho de pertenecer a una parcialidad o comunidad indígena, que depende de la existencia de rasgos, sentimientos de identificación con su pasado aborigen y valores tradicionales.

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