Tutela judicial

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La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia.
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La caución en la recusación y el principio de la tutela judicial efectiva y expedita

La caución en la recusación y el principio de la tutela judicial efectiva y expedita

Método Inductivo – Deductivo: El método inductivo deductivo permitirá lograr los objetivos propuestos y ayudara a verificar las variables planteadas para cuyo efecto se realizara un análisis particular hasta llegar a conclusiones respecto de la caución para hacer uso de la acción de recusación, cuando una de las partes tiene causal para recusar y no pudo hacerlo, lo que permite deducir que se violenta la tutela judicial efectiva consagrado en la constitución de la republica del ecuador, situación en la que se encuentran aquellas personas de escasos recursos económicos y las cuales están impedidas de ejercer dicho derecho, con el fin de establecer en la norma que se permita el acceso a la justicia y no se vulnere en si la tutela judicial efectiva y expedita.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

La definición conceptual conllevaría a definirla como el derecho de índole constitucional, pero de configuración legal, pues esta debe ejercerse por cauces razonables que el legislador debe establecer. Se considera que los elementos que conforman el derecho a la tutela judicial efectiva no presumen que las pretensiones sean siempre atendidas favorablemente, tampoco significa que las leyes no puedan exigir requisitos razonables para el acceso a la justicia o a los recursos, o a su vez que estos últimos tengan que ser en todos los casos, forzosamente admitidos a favor de quien los propone. Dicho de otro modo, la tutela judicial efectiva es la posibilidad que tiene un ciudadano de concurrir a la los órganos de justicia para obtener una resolución judicial debidamente motivada en derecho sobre el fondo del asunto planteado, dejando claro que esta puede ser a favor o en contra; pero, siempre justa, equitativa y sin dilaciones.
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Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

aplicable en todo supuesto y a cualquier sujeto que se encuentran en el territorio sobre el que se ejerce soberanía. Esta explicación encuentra encaje en la interpretación de algunos textos constitucionales. En cuanto al Derecho español, se puede mencionar el artículo 9.3 de la Constitución, que establece el principio de seguridad jurídica, que sirve como fundamento a que el artículo 13, reconozca a los extranjeros como sujetos de libertades públicas que se garantizan en el Título al que pertenece el ar- tículo 24, por el cual se indica que toda persona en España tiene derecho a la tutela judicial efectiva, y que uno de las manifestaciones por la que tal se realiza, es el derecho a la utilización de los medios de prueba. En igual sentido, se descubre que, en el ordenamiento constitucional de Nicaragua, el principio de seguridad jurídica –art. 25.2– da pie a los principio del debido proceso y tutela judicial efectiva –contenidos en el artículo 34–, derivándose de ellos el derecho a la defensa a través de dispo- ner de tiempo y medios adecuados para su defensa –numeral 4 del art. 34–, lo cual es universalmente reconocido como facultades propias de todo sujeto de Derecho, sea nacional o extranjero –art. 27, 2º párrafo: los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses–.
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Caducidad de la acción de despido y tutela judicial efectiva

Caducidad de la acción de despido y tutela judicial efectiva

De lo dicho se desprende que el recurso de amparo, cuando se utiliza contra resoluciones judiciales que declaran la caducidad de la acción ejercitada, se ha convertido, prácticamente, en una instancia ordinaria en la que se pueden volver a plantear todas las cuestiones, tanto fácticas como jurídicas ―constitucionales o no—, que fueron objeto del proceso jurisdiccional previo. Quizá esto sea el resultado inevitable de llevar hasta sus últimas consecuencias la protección mediante amparo constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, pero aun siendo así, no dejaría de ser un resultado monstruoso, que convierte al Tribunal Constitucional justo en lo
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La tutela judicial efectiva, en el juicio laboral

La tutela judicial efectiva, en el juicio laboral

El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, no es más que el derecho a la acción constitucionalizada. Esa importancia, de antigua raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a comprender que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia ficción del derecho material controvertido. De esta manera, toda persona, cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento jurídico prescribe, puede requerir del Estado la prestación del servicio público- administración de justicia; la intervención estatal que tiene su cauce a través de un proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos. La fórmula “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la potestad jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales, con el propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o constituido.
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La tutela judicial efectiva y la violencia psicológica

La tutela judicial efectiva y la violencia psicológica

Con el fin de evitar la violencia intrafamiliar y consecuentemente la violencia psicológica el Código Orgánico Integral Penal norma por primera a la violencia psicológica como delito, al considerar de acuerdo a los legisladores en el artículo 157, de la norma penal que hay tres niveles de daño psicológico: Leve, moderado y severo. No obstante al no existir en la administración de justicia peritos con los conocimientos necesarios, no se puede medir el nivel de trastornos específicos sufridos por la persona. Consecuentemente el juez aplicando el procedimiento ordinario establecido en el Código Orgánico Integral Penal, la pertinencia, conducencia y materialización del peritaje será el informe pericial prueba clave, para que se pueda dictar la sentencia, sin embargo ante esa falta de comprobación del daño en la violencia psicológica, vulnera la tutela judicial efectiva
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La tutela judicial efectiva y el debido proceso

La tutela judicial efectiva y el debido proceso

Más allá de la dificultad que ha supuesto la elaboración de una doctrina unitaria sobre el derecho a la acción, puede afirmarse que su derivación inmediata es el derecho a la tutela judicial efectiva, como finalidad propia del ejercicio de la función jurisdiccional, y derecho con una configuración y características propias. Además, hoy es posible sostener que la constitucionalización del derecho de acción es el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido ya como el derecho a la jurisdicción, alivia bastante la carga para quien intente definir un término tan complejo como éste y sus aplicaciones. De esa nota, asignada como se dijo por (Gimeno Sendra y Garberí Llobregat), se desprenden a su vez y sin dificultad otras tres que pueden identificarse como principales:
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La figura del abandono y la tutela judicial efectiva

La figura del abandono y la tutela judicial efectiva

En nuestro sistema procesal civil ecuatoriano en el año 2016 entro en vigencia el Código Orgánico General de Procesos “COGEP”, mismo que derogó al extinto Código de Procedimiento Civil, presentando varios cambios relevantes en las normativas reguladoras de las instituciones jurídicas que abarca el mismo, con muchos cambios favorables para nuestro sistema jurídico y otros no tan acertados como la del numeral 1 del Art. 87 “Efectos de la falta de comparecencia” que manifiesta: Que la inasistencia de la parte actora a una audiencia no especifica se entenderá como abandono, apreciando dicha normativa se entendería de un modo muy general y ambiguo, pues deja abierta la posibilidad que éste sea invocado y apreciado por el juzgador en la reinstalación de la audiencia en la que exclusivamente dictará la decisión de forma oral, amparado a lo que reza el Art. 93, causando una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva establecida en el Art. 75 de nuestra norma Suprema.
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El acceso a la tutela judicial en las causas de abandono dentro de la COGEP

El acceso a la tutela judicial en las causas de abandono dentro de la COGEP

Art. 23.- Principio de Tutela Judicial efectiva de los derechos.- La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el proceso. Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no corresponderles.
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La tutela judicial efectiva y la reparación integral de la víctima

La tutela judicial efectiva y la reparación integral de la víctima

Frente a este problema, es necesario que por parte de los operados de justicia se cumpla con la correcta aplicación de los derechos constitucionales y legales, dando cabal cumplimiento a la tutela judicial efectiva tal como lo establece el artículo 11 numeral 9 de la Constitución que señala “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…) El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso…”. Los operadores de justicia en las sentencias no cumplen con la reparación integral a través de este derecho constitucional y legal que le asiste a la víctima, esta garantía que no se cumple en los fallos judiciales, por lo que es necesario que se evidencia esta problemática ya que no es un simple enunciado.
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El procedimiento directo, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Hay que hacer mención de que el Procedimiento Directo, es uno de los nuevos procedimientos especiales que se enmarco en la normativa penal, y uno de los juicios más rápidos evita la impunidad, pero también violenta dos principios fundamentales como son la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, por cuanto el numeral 4 del artículo 640 del COIP, apenas señala un plazo de diez días para que se lleve a efecto todo el proceso penal, tiempo que varios jurista coinciden en que es insuficiente para probar los hechos por los que se imputa a una persona, y peor aún para preparar una defensa acorde a la prueba recopilada, si es que se llegara a recabar, pues como ya se ha dicho el plazo es insuficiente.
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La gestión de la tutela judicial en a defensa pública, en el Cantón Quevedo

La gestión de la tutela judicial en a defensa pública, en el Cantón Quevedo

Todos aquellos principios guardan una importantísima reciprocidad entre cada uno de ellos, tal es el caso que en un proceso rigen desde el principio de la tutela judicial efectiva que no es otra cosa que el acceso a un órgano jurisdiccional y el acceso a la justicia, el cual debe ser protegido desde la primera instancia por el principio del debido proceso, dicho proceso deberá ser en todas sus etapas de forma oral de acuerdo al principio de oralidad, excepto en las que regule lo contrario; y, además en este proceso los jueces encargados de administrar justicia deberán decidir respetando el principio de supremacía de la norma constitucional.
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Incidencia de la mediación de conflictos en la tutela judicial efectiva.

Incidencia de la mediación de conflictos en la tutela judicial efectiva.

! Resulta dificultoso identificar claramente los procesos por etapas ya que no hay supervi- sión directa por parte de los funcionarios legos o de los investigadores oficiales; aquí son las partes quienes asumen las funciones importantes en el juicio al presentar los materiales que han reunido; hay que tener en cuenta también que las pruebas conseguidas por una parte pueden ser impugnadas por la otra, que a su vez puede mostrar las pruebas que ha colectado. ! En cuanto a la celebración del proceso hay que dar cuenta de la existencia de ciertas re- glas técnicas que regulan la conducta de los protagonistas ante el juez lego. El génesis de es- tos reglamentos se relaciona con la simbiosis entre la autoridad paritaria y la casta de aboga- dos profesionales; estas reglas de la práctica y pruebas pueden resultar un tanto complejas, más no son inflexibles. El funcionario que dirige el procedimiento (juez del jurado) puede negarse a ponerlas en práctica cuando lo juzga apropiado dadas las circunstancias. El funcio- nario puede ejercer su discrecionalidad y apartarse de los procedimientos técnicos ya que la ausencia de una rutina burocrática en el procedimiento judicial paritario se lo facilita.
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La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

Asamblea Nacional) para "regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales". Esto significa: (i) fuera de la ley no puede haber normas procesales que involucren al ejercicio de las garantías constitucionales. (ii) Esta norma restrictiva alcanza a temas relativos al derecho a la defensa, presunción de inocencia, contradicción procesal, actuación de pruebas, recursos, apelación, motivación, etc. y, en general, incluye a la estructura de todos los procesos. (iii) Estarían fuera de la norma constitucional todos aquellos procesos y recursos creados por entidades burocráticas, en los que se establecen procedimientos y reglas que aludan al ejercicio de las garantías, pero que no constan de Ley procesal expresa. (iv) En esta línea, ¿tienen validez constitucional los innumerables reglamentos, resoluciones, etc. que regulan "procesos administrativos" que afectan necesariamente, al ejercicio del derecho a la defensa? ¿Es posible, en el caso de la jurisdicción convencional, arbitral, por ejemplo, innovar y crear mecanismos probatorios más allá de los previstos en la Ley procesal o arbitral? 4.- El derecho a recurrir.- Entre las garantías a la defensa, en todo proceso ya sea judicial o administrativo, el artículo 76, Nº 7, literal m) de la Constitución, incluyó la de "…recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos".
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La rehabilitación social y la vulneración de derechos a las personas privadas de su libertad, frente al principio de tutela judicial

La rehabilitación social y la vulneración de derechos a las personas privadas de su libertad, frente al principio de tutela judicial

The present Legal investigation, is aimed at elaborating a document of critical legal analysis, that allows to provide protection of the people in jail regarding the unjustified transfers of the center of deprivation of liberty of the city of Tulcán, and the family closeness in which those PPLs people must stay, thus allowing to guarantee the effective judicial protection established in article 75 of the Constitution of the Republic of Ecuador, Therefore, it was necessary to propose a structured work in three parts. First, a theoretical foundation in which thematic, definitions, on the prison system have been addressed; a second part that integrates a methodological and diagnostic framework where methods, techniques and research instruments have been used which allowed to get the results demonstrating the non-completion of the rights of people deprived of their freedom PPL. Third, there is a proposal or solution framework in which a critical legal analysis document has been made that allowed to determine the essential and fundamental rights that are being violated daily in the prison centers, so urgent changes are required and necessary, especially when a state of emergency has been decreed in the prisons of the country due to the high level of insecurity that exists in these centers. Finally, the conclusions and recommendations have been made, as well as the validation of the proposal by experts who have ratified the need for a restructuring of the prison system.
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El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Como ha quedado ya sentado la impugnación es el derecho que tienen las personas con el fin de rechazar la decisión ya sea está judicial o administrativa este derecho garantizado tanto en la Constitución como los tratados Internacionales es una de las más importantes de los cuales gozamos las personas puesto que de la responsabilidad que pesa sobre los funcionarios públicos que administran justicia o los directores administrativos puede recaer en cometer errores al momento de dictar su resolución o fallo para lo cual tenemos como herramienta de Impugnación a la Apelación, la Constitución de la República en su Artículo 76 garantiza el debido proceso el cual es común a todos los procesos puesto que de esto se desprende que si una violación existe cabe la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado hasta el punto es que llega la importancia del debido proceso en sí que posterior afectará a lo que concierne a la Apelación la cual como hemos visto como rechazo o al no estar de acuerdo con una decisión nos debe abrir las puertas para instancias superiores que revisen lo actuado tanto en fondo como en forma, es decir se trata de verificar si se ha aplicado la ley adecuadamente, si ha sido tomada en cuenta todos los aspectos de ley, si se aplicó bien la norma, la competencia del abogado defensor en la causa, etc.
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Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

donde se encuentre la o el obligado principal pero en muchos y por varias circunstancias, la ausencia de la o el demandado, o desconocimiento del domicilio y con imposibilidad de localizarlo no cuenta con las herramientas necesarias para hacer valer la orden y al momento de conseguir a la o el demandado ya se encuentra cesada la boleta de apremio personal, lo que significa que pierde su validez o efectividad legal y si no se hizo efectiva hay que recurrir nuevamente al órgano de administración de justicia solicitando otra, para el efecto la parte actora deberá presentar un escrito en la Unidad Judicial de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia correspondiente, que deberá notificarse dentro de las veinticuatro horas y en el término de tres días contados será evacuada la providencia que se estipula en el Código Orgánico General de Procesos y el actor deberá acercarse a la unidad judicial a fin de que le emitan nuevamente otra boleta de apremio personal, pero no sucede eso en realidad no se respetan los tiempos establecidos en la ley, y en la mayoría de los casos la boleta de apremio personal es entregada a la parte actora con 15 días aproximadamente de vigencia restante para que se haga efectiva y no los 30 días como lo estipula el Código Orgánico General de Procesos.
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El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

En otro tema, de conformidad con lo que prescribe el Artículo 340.2 ibídem, en el caso que el actor no comparezca a la audiencia preliminar –incluso si la contraparte tampoco lo hace- y no justifica su inasistencia, esta norma adjetiva lo juzga no como perención sino como desistimiento de la pretensión en la misma diligencia. Hay que recalcar que existen dos clases de desistimientos en el Código General del Proceso Uruguayo: El desistimiento del proceso y el de la pretensión, en el primero se permite replantear la misma acción sobre la misma causa, pero en el segundo caso no es posible, por lo que a mi criterio el Artículo 340.2 ibídem podría vulnerar derechos básicos de una persona que busca se le restablezca un derecho o una prestación cierta ante el órgano jurisdiccional, como es el acceso a la justicia y el de la tutela judicial efectiva, porque no podrá esa persona interponer –irremediablemente- una nueva demanda, sin embargo, el accionante puede demostrar su inasistencia a través de los recursos de reposición y de apelación en efecto suspensivo. Si acepta el juzgador el recurso de reposición del actor, la contraparte puede interponer los recursos indicados, pero en efecto diferido. No opera el desistimiento para el actor cuando la contraparte se allana a la demanda y se trate de cuestiones de orden público, derechos no disponibles de las partes y hechos que no se pueden probar por medio de la confesión.
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La tutela anticipativa y las medidas de satisfacción inmediata

La tutela anticipativa y las medidas de satisfacción inmediata

La tutela anticipada y las medidas de satisfacción inmediata en la experiencia comparada, han probado ser soluciones necesarias que resuelven el problema de la demora y brindan alternativas que superan el molde de la tutela cautelar –aunque se apoyen en sus nociones básicas-. Sin embargo, es aconsejable restringirla a situaciones que guarden especial vinculación con derechos fundamentales, y donde la urgencia esté comprobada, pues de lo contrario, nuestra práctica forense terminaría por colapsar la actividad judicial con solicitudes de este tipo. En definitiva, a esta «tutela diferenciada» se le podrá otorgar la terminología que se quiera, pero las soluciones urgentes no cautelares más temprano que tarde serán en Venezuela, moneda corriente de cambio, pese a la renuencia del foro en abandonar esquemas conocidos, como si lo que se aprobaba y enseñaba hace cuarenta o cincuenta años no mereciera ser revisado en pos de la justicia verdadera, y para desinfectar de ineficiencia nuestra tradicional concepción de la tutela judicial efectiva, canalizada indebidamente a través de estructuras procesales inadecuadas o erróneamente interpretadas en su alcance.
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