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Violación del Principio de Equivalencia en teorías con α variable

Violación del Principio de Equivalencia en teorías con α variable

Otra interesante forma de verificar estas teor´ıas es analizar la posible violaci´on del Principio de Equivalencia D´ebil (WEP) debido a variaciones espaciales de las constantes fundamentales [100], que es un hecho f´acil de probar mediante el Princi- pio de Conservaci´on de la Energ´ıa [64]. El Principio de Equivalencia D´ebil (WEP) establece que la l´ınea de Universo de un cuerpo inmerso en un campo gravitatorio es independiente de su composici´on y estructura [100, 145], es una generalizaci´on de la “Ley de Galileo de la Universalidad de la Ca´ıda Libre”. Dado que la Relativi- dad General tiene como una de sus consecuencias al Principio de Equivalencia, las pruebas de certificaci´on de su validez son muy importantes a la hora de “intentar una nueva f´ısica”. Hasta el momento, las pruebas m´as precisas han sido los experi- mentos del tipo E¨ otv¨ os, los cuales testean la igualdad de la aceleraci´on de cuerpos de diferente composici´on y/o estructura [49, 100, 141]. Muchos experimentos para mejorar su precisi´on se han estado desarrollando desde la mitad del siglo XX has- ta la actualidad [19, 119, 122, 130], siendo de gran utilidad para imponer l´ımites estrictos a los par´ametros que describen violaciones al Principio de Equivalencia D´ebil[11, 22, 40, 131, 145].
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Asignación de retiro forzoso para soldados e infantes de marina: violación del principio de igualdad respecto a los oficiales y suboficiales

Asignación de retiro forzoso para soldados e infantes de marina: violación del principio de igualdad respecto a los oficiales y suboficiales

En efecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá, no es el único que se ha pronunciado en sentido favorable con respecto a la inclusión de la duodécima prima de navidad en la asignación de retiro de los soldados profesionales; así paulatinamente distintos Tribunales del territorio colombiano han ido acogiendo esta postura y en aplicación del principio de igualdad han ordenado la liquidación de dichas asignaciones de retiro incluyendo la citada partida. Así el Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de fecha 07 de diciembre de 2017, Radicada con el N° 2015-00266, consideró que las diferencias entre oficiales – suboficiales y los soldados profesionales están relacionados con los requisitos y méritos para acceder y ascender en escalafón, pero en nada se relacionan con el derecho a devengar la prima de navidad en servicio activo y que esta sea incluida en la asignación una vez se retiren del servicio activo (Tibunal Administrativo de Santander, sentencia 2015/00266).
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La explotación ilegal de los recursos naturales de un estado a la luz de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre las actividades armadas en el territorio de Congo (2005)

La explotación ilegal de los recursos naturales de un estado a la luz de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre las actividades armadas en el territorio de Congo (2005)

rece del todo adecuado ni suficiente. La gravedad de las conductas (saqueo y explotación de recursos, lo que en definitiva equivale a su destrucción) lleva- das a cabo, además en un país cuyo progreso depende en gran medida de ellos, hace que merezcan un castigo más ejemplar. Además, el pillaje fue sólo una de las muchas actuaciones que los miembros del Ejército ugandés lleva- ron a cabo. El propio Tribunal, en su sentencia, alude continuamente a tres conductas: saqueo, pillaje y explotación y, de hecho, declara, y así lo vimos páginas atrás, que hubo en todo el proceso dos fases: una primera de saqueo y otra segunda de explotación. ¿Ha castigado entonces sólo por la primera? ¿Qué pasa con la explotación, que parece no tener cabida, tal cual, en el De- recho Internacional Humanitario pero tampoco, como vimos, en la violación del principio de soberanía sobre los recursos naturales?
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TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

La posible vulneración del artículo 106.1 plantea a Bustillo más dificultades. El artículo 106.1 estatuye el efectivo control de la actividad administrativa por órganos judiciales, lo que impide que puedan existir “comportamientos de la Administración Pública (…) inmunes al control judicial” (STC 136/1995, de 25 de septiembre). ¿Es admisible entonces –se pregunta- que en caso de conflicto pueda la Administración por medio de un convenio excluir un acto o un contrato de la fiscalización de los Tribunales sustituyéndola por la de un árbitro? Bustillo utiliza muy hábilmente la jurisprudencia constitucional para dar soporte a la posible constitucionalidad del sometimiento al arbitraje de las Administraciones Públicas; y sus argumentos son, a mi parecer, muy convincentes. Señala, al efecto, la STC 34/1995, de 6 de febrero, resolutoria de un recurso de amparo por presunta violación del principio de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la discrecionalidad técnica de comisiones administrativas examinadoras, en la que el TC, tras hacer breve referencia a los artículos 1, 9 y 103.1 de la Constitución, concluye:
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PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y VALORACION TESTIMONIAL DEL MENOR VICTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL, PERÚ 2018

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y VALORACION TESTIMONIAL DEL MENOR VICTIMA DE VIOLACIÓN SEXUAL, PERÚ 2018

Pese a ello, el citado autor, refiere que si procedemos a revisar el texto de la parte final de la mayoría de los Acuerdos Plenarios, vamos advertir que los distinguidos miembros que lo conforman “precisan” en la parte final del mismo: “Que los principios jurisprudenciales que contiene la doctri na legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116º del estatuto orgánico(ACUERDO PLENARIO Nº 8-2008/CJ-116)”; esto es, se pretende equiparar a los Acuerdos Plenarios. Cuya naturaleza, nos dice Franco (2013); es la de un pronunciamiento no Jurisdiccional, con los alcances de un Precedente Vinculante, recurriendo para ello, a la creación de nuevos términos, que tal como lo hemos referido, sólo crean confusión (pág. 88). Sobre el tercer resultado donde se denota que el 65% de los encuestados conoce la dimensión constitucional y penal del principio de presunción de inocencia en el sentido de su configuración, antecedente y aplicación en juicio y sólo un 35% señala que no lo conoce puesto que es un principio que debe cautelar el órgano jurisdiccional y no las partes procesales. Cabe indicar de acuerdo con la investigación de Adaros Rojas, Silvana(2013, págs. 174-175) con su trabajo denominado “ La presunción de inocencia como
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El bien común como fundamento de la responsabilidad del estadoThe common good as the foundation of the state's responsibility

El bien común como fundamento de la responsabilidad del estadoThe common good as the foundation of the state's responsibility

De acuerdo a lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Quinteros c/ Cía. de Tranvías Anglo Argentina”, la noción de “bien común” se des- prende del propio Preámbulo –y contexto– de la Constitución Nacional. A raíz de un conflicto suscitado entre una norma de carácter protectorio del trabajador –que ponía en cabeza del empleador la obligación de pagar al trabajador una indemnización por el despido sin justa causa–, y los derechos constitucionales de contratar (art. 14, Cons- titución Nacional) y de propiedad (art. 17, Constitución Nacional), la Corte Suprema sostuvo, con relación al bien común: “De su Preámbulo y de su contexto se desprende el concepto de que la Constitución Nacional propone el ‘bienestar común’, el bien común de la filosofía jurídica clásica”. Es así que consideró que nuestra Constitución es de corte individualista. Esto no significa que la voluntad individual y libre contratación no puedan ser sometidas a las exigencias de las leyes reglamentarias, por lo cual la obligación de indemnizar al obrero, en determinadas condiciones, no resultaría con- traria al derecho de contratar ni importaría una violación al derecho de propiedad 15 .
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