PDF superior Índices sintéticos de bienestar y sostenibilidad por Comunidades Autónomas

Índices sintéticos de bienestar y sostenibilidad por Comunidades Autónomas

Índices sintéticos de bienestar y sostenibilidad por Comunidades Autónomas

Life se publicó en noviembre de 2011 e inauguró el Better Life Index por países. El desarrollo de este Índice se ha seguido más de cerca en el Foro mundial de la OCDE sobre la medición del bienestar (septiembre de 2012), donde se ha hecho balance de la importante labor que se está realizando a nivel internacional para evaluar el progreso de las sociedades, más allá de los límites de los indicadores tradicionales (como el PIB). Como resultado de estos trabajos, se ha avanzado mucho en nuevos indicadores, como las condiciones materiales de los hogares, la calidad de varios ámbitos de la vida y las mediciones en materia de contabilidad ambiental. Sin embargo, sigue habiendo ámbitos aún no cubiertos satisfactoriamente por los indicadores propuestos, tanto a nivel conceptual (gobernabilidad y cohesión social), como a nivel técnico (el PIB y los precios, las desigualdades y la salud mental). Además, es crucial el peso que se dé a las diferentes variables en el conjunto del indicador, para lo cual hay que utilizar técnicas multicriterio, con experto, asignando valores a los diferentes indicadores.
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Estado de bienestar y sostenibilidad financiera en las Comunidades Autónomas

Estado de bienestar y sostenibilidad financiera en las Comunidades Autónomas

Estas circunstancias han motivado que la liquidez de las Comunidades Autónomas en los últimos tiempos se haya resentido, lo cual ha generado problemas a la hora de cumplir con las obligaciones públicas válidamente contraídas por las Administraciones Públicas e igualmente válidamente exigibles. Las reglas fiscales adoptadas por el legislador, y en buena medi- da derivadas de las instancias de la Unión Europea, han tratado de incidir en los problemas derivados de un déficit excesivo o de un volumen muy elevado de deuda pública, limitando los efectos de la consecuencia de tal situación pero no de la causa de la misma. Medidas como la implementa- ción de los límites derivados de la estabilidad presupuestaria o de la sos- tenibilidad financiera o incluso la determinación de un período medio de pago a los proveedores, han intentado atajar parte del problema, si bien no han incidido en la causa que los genera. La verdadera sostenibilidad del Estado de bienestar autonómico pasa por profundizar en el concepto patrimonial de Hacienda Social en el que la corresponsabilidad en los
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El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad

El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad

contexto en que se enmarca la acción. Como mencionan Evans et al., una de las claves del desarrollo sostenible es la relación entre la justicia social, la salud y el bienestar, traducida en términos prác- ticos en cuatro elementos: 1) enfoque en el sistema global para evitar compensaciones o contradicciones de objetivos y resulta- dos, es decir, estar alineados con objetivos comunes en todas las áreas relacionadas; 2) prevenir mejor que curar; 3) participación ciudadana, y todo ello considerando 4) unos resultados a largo plazo con objetivos que integren las tres dimensiones: económica, social y medioambiental. Como destacan Arredondo y Orozco 10 , las
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Habilitados por las Comunidades Autónomas

Habilitados por las Comunidades Autónomas

FUENTE: Gestión Práctica de Riesgos Laborales, nº 21, pág. 40, Noviembre 2005. RESUMEN: El Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, que regula la colabora- ción de los Técnicos Habilitados por las Comunidades Autónomas con la Ins- pección de Trabajo en materia de pre- vención de riesgos laborales, ha venido a desarrollar el artículo 9 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Labo- rales. La nueva norma regula los requi- sitos que deben reunir los funcionarios técnicos de las Comunidades Autóno- mas que vayan a desempañar estas la- bores comprobatorias de las condicio- nes de seguridad y salud en las empre- sas y centros de trabajo, así como las funciones, facultades, deberes y formas de actuación de los mismos. El objetivo perseguido ha sido liberar de estas ac- tuaciones a los Inspectores de Trabajo, que podrán extender actas de infracción basadas en los informes elaborados por estos Técnicos Habilitados.
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FINANCACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

FINANCACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamen- tales instrumenta la participación de las Comunidades en este Fondo, garantía de equidad y nivelación inexistente en el sistema anterior, que tiene por objeto asegurar que cada Comunidad Autónoma recibe los mismos recursos por unidad de necesidad para financiar los servicios públicos fundamentales esenciales del Estado de Bienestar. Se concretan los recursos que constituyen este Fondo (el 75% de la capacidad tributaria de las Comunidades Autóno- mas y la aportación del Estado), así como los criterios de reparto del mismo mediante una serie de variables que van a determinar la población ajustada o unidad de necesidad, incluyendo novedosamente la población en edad esco- lar, mejorando la ponderación de las variables no poblaciones (dispersión, superficie e insularidad) y diversificando la población protegida equivalente por edades para reconocer mejor el envejecimiento.
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UNIDAD 3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Conocer la regulación constitucional de las Comunidades Autónomas.

UNIDAD 3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Conocer la regulación constitucional de las Comunidades Autónomas.

UNIDAD 3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas, de ahí que su reforma requerirá, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica (artículo 147.3) o referéndum popular para los de la vía especial. Presentan particularidades respecto a las demás leyes orgánicas en cuanto a su elaboración, aprobación, derogación o modificación. Existen tres procedimientos para la elaboración de los Estatutos de Autonomía: ▪ Vía común (art. 146)

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Conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas

En consecuencia, descrito el marco jurídico que delimita los espacios de intervención del Estado y de las Comunidades Autónomas, resulta legítimo considerar que, dado que a las Comunidades Autónomas ribereñas, y concretamente a la requirente, les corresponde en principio la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones de prospecciones y excavaciones arqueológicas en los términos señalados, es esencial que las actuaciones a que se refiere el Acuerdo interdepartamental objeto del requerimiento se lleven a cabo de conformidad con los principios que han de regir las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas de acuerdo con la Jurisprudencia Constitucional y con el artículo 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por ello, el Gobierno restablecerá las reglas de interpretación y ejecución del Acuerdo requerido en los términos que sean precisos al objeto de establecer mediante convenios con las Comunidades Autónomas los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios ajustados a los principios constitucionales.
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CONFLICTIVIDAD ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CONFLICTIVIDAD ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas respecto a la Disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, [r]

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Conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas

bloque de la constitucionalidad en el presente caso establecen sólo tres exigencias insoslayables con relación al Fondo de Compensación Interterritorial: que se dote el correspondiente Fondo o Fondos (arts. 158.2 CE, 4.2 y 16.1 LOFCA 1996 y 2001, y 56.7 EAAnd); que la dotación tenga carácter “anual” (arts. 16.1 LOFCA 1996 y 2001); y que dicha dotación sea como “mínimo” para las Comunidades Autónomas equivalente al 30 por 100 de la inversión pública prevista en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio (arts. 16.1 LOFCA 1996), mínimo al que hay añadir, desde el día 1 de enero de 2002, de un lado, un 0,3375 por 100 para las Ciudades con Estatuto de Autonomía (o lo que es lo mismo, el 1,5 por 100 del fondo de compensación: art. 16.3.b LOFCA 2001) y, de otro, un 0,9045 por 100 para las regiones ultraperiféricas (o lo que es igual, el 4,02 por 100 del fondo de compensación: art. 16.3.c LOFCA 2001), destinándose el 22,5 por 100 de aquella base de cálculo al fondo de compensación (art. 16.3.a LOFCA 2001) y el 7,5 por 100 restante al fondo complementario (o lo que el mismo, el 33,33 por 100 del Fondo de Compensación: art. 16.5 LOFCA 2001). Y las anteriores exigencias se han cumplido debidamente, pues, no sólo se ha dotado el Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio económico de 2002, sino que la dotación supera el mínimo exigido del 30 por 100.”
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BIAM COMUNIDADES AUTÓNOMAS

BIAM COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Desagregando el IPC en tres sectores, alimentos, bienes industriales y energéticos y ser vicios, los gráficos IV.1.2.1, IV.1.2.2 y IV.1.2.3 muestran importantes difer[r]

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LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

inconstitucional si se interpreta en el sentido de que no prevé un procedimiento especial para la revisión del plan hidrológico de la cuenca del Ebro y su acomodación al contenido del plan integral de protección del Delta del Ebro. Esta operación debe así seguir ajustándose a lo dispuesto con carácter general en el texto refundido de la Ley de aguas. Por lo demás, los fundamentos y fallo de esta Sentencia se han reiterado en los recursos similares presentados por las Comunidades de Castilla y León, y Murcia.

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La financiación de las comunidades autónomas

La financiación de las comunidades autónomas

Además debemos tener en cuenta que, como ya ha quedado expuesto, surgen multitud de problemas a la hora de la afectación territorial de la mayor parte de los ingresos públicos, que convi[r]

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Estabilidad presupuestaria y comunidades autónomas

Estabilidad presupuestaria y comunidades autónomas

Junto a lo anterior, la Ley Orgánica 2/2012 afecta a las Comunida- des Autónomas en otros aspectos relativos a la elaboración y gestión de sus presupuestos. La Ley Orgánica entiende aplicables a aquéllas los principios generales en esta materia, como los de plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional (arts. 5 a 9), y, además, las obliga a respetar en la elaboración y gestión de sus presupues- tos otras normas de carácter más concreto, alguna de las cuales son manifestación de dichos principios. De esta forma, las Comunidades Autónomas deberán elaborar un marco presupuestario a medio plazo, que abarcará un período mínimo de tres años y deberá contener los parámetros establecidos en el artículo 29 de la Ley Orgánica; habrán de aprobar un límite máximo de gasto no financiero que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos (art. 30); tendrán que dotar en sus presupuestos un fondo de contingencia para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupues- to (art. 31), y deberán destinar el eventual superávit presupuestario a reducir su endeudamiento neto (art. 31). Esta última regla, al igual
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Comunidades Autónomas, Comunidades Europeas y Tribunal Constitucional

Comunidades Autónomas, Comunidades Europeas y Tribunal Constitucional

En segundo término, la Ley n.° 400 de 1988, ley de régimen jurídico de la actividad del Gobierno y de la Presidencia del Consejo de Ministros, si bien atribuye a dicho Consejo las deci[r]

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III. LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

III. LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

mulados por la Junta de Andalucía contra las leyes estatales definidoras del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas; 2 conflictos de competencia y 98 dictámenes relativos a los demás asuntos de la competencia del Consejo entre los cuales hay que destacar por su número el tema de la contrata­ ción administrativa y el de la responsabilidad de la Administración. Precisamente, respecto a estos dos ámbitos de actuación el Consejo Consultivo detecta, por una parte, un cierto desarreglo en la gestión de los contratos, apre­ ciación que induce de la documentación contenida en los expedientes que se remiten, si bien, en su mayor parte, estén ajustadas a Derecho las propuestas de ejercicio de las potestades administrativas que justifican la intervención del Consejo. En el ámbito de la responsabilidad administrativa se aprecia un des­ censo relativo del número de casos, en parte motivado por un deterioro percep­ tible en los últimos tiempos en la forma de tramitar los procedimientos. Acierta plenamente el Consejo al afirmar que si el procedimiento administrativo, en general, debe ser observado pulcramente para preservar las garantías de los ciu­ dadanos, el esmero debe ser absoluto en el sensible ámbito de la responsabilidad, en que el interesado es normalmente un sujeto desvalido o asolado por la des­ gracia. Por ello, es exigible a plenitud el estricto cumplimiento de garantías tales como la audiencia, las pruebas, etc. Es oportuno resaltar el hecho de que el Consejo Consultivo de Andalucía conoce de la responsabilidad de las Entidades Locales, a diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Estado y en prácticamente el resto de los órganos consultivos autonómicos. En contra de lo exigido por la Ley de creación de este órgano, ha descendido el cumplimiento del deber de comunicación que las administraciones consultantes tienen respecto de las deci­ siones finalmente tomadas; sólo ha existido comunicación en 77 casos. Sin embargo, dentro de ese número se aprecia un altísimo nivel de decisiones que aceptan el dictamen del Consejo: sólo en un caso la decisión administrativa se ha apartado del dictamen, haya sido éste vinculante o no.
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El sistema normativo del Estado y de las Comunidades autónomas

El sistema normativo del Estado y de las Comunidades autónomas

Aventurando algo en cuanto a éste, en general el uso de la expresión estatuto de la Constitución parece referir a categorías de personas (los trabajadores; los funcio- narios; el persona[r]

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COMUNIDADES AUTÓNOMAS RESISTENCIA Y AUTOGOBIERNO

COMUNIDADES AUTÓNOMAS RESISTENCIA Y AUTOGOBIERNO

La dinámica de la lucha de clases en nuestro país, y la necesidad del desarrollo de una estrategia de resistencia y acumulación de fuerzas populares, nos exige revisar “a contrapelo” las experiencias de los movimientos populares de los últimos cuarenta años. Y es en ese terreno en el que debemos detenernos en la valoración de experiencias de resistencia comunitaria en otras regiones y geografías. Experiencias de construcción de bases sociales de apoyo, ligadas estrechamente al ejercicio del control territorial, económico y político de comunidades específicas.
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Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas

Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas

e) En la representación del gráfico 6 las líneas trazadas, en que están representa- dos los valores medios de España y de la APC, permiten distinguir cuatro cuadrantes. La mayor parte de las comunidades se encuentran localizadas en el que denominamos cuadrante I, y que se caracteriza por tener un PIB per capita inferior al de España y un saldo en su balanza fiscal superior al déficit per capita de la APC. En el cuadrante III se encuentran 6 comunidades (Ma- drid, Baleares, Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja) con la situación opuesta a la anterior: mayor PIB que en España y menor saldo que el déficit de la APC. Si hubiera una correlación perfecta entre saldo y PIB, todos los datos se encontrarían en la diagonal que pasa por los cuadrantes I y III. Por el contrario, en los cuadrantes II y IV se localizan las comunidades que no si- guen el patrón general. Así, en el cuadrante II se sitúa el País Vasco que con un PIB per capita superior al de España, en cambio su saldo es mayor que la necesidad de financiación de la APC. Por el caso opuesto se encuentra la Co- munidad Valenciana, ya que tiene un saldo inferior al déficit de la APC y un PIB inferior al de España.
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Las Comunidades Autónomas. en la Sociedad de la Información

Las Comunidades Autónomas. en la Sociedad de la Información

Se encuentra posicionada como la primera comuni- dad en cuanto al acceso a Internet a través de cable de fi bra óptica. El importante despliegue de esta tec- nología y, en consecuencia, el aumento de los servi- cios ofrecidos, supone una gran ventaja competitiva en el desarrollo de la SI frente a otras Comunidades. Por el contrario, hay que llamar la atención sobre la leve bajada experimentada en el año 2002 en el número de usuarios de Internet, aunque la posterior evolución positiva la ha situado fi nalmente en tor- no a la media nacional. Dentro de la Administración Electrónica, cabe resaltar el esfuerzo realizado por el Principado de Asturias en gastos TIC, siendo de las Comunidades Autónomas que más dinero invierte por habitante. Asimismo, sus Ayuntamientos presen- tan las primeras posiciones en su nivel de integra- ción en la SI. En el ámbito empresarial, destaca su situación de desventaja en cuanto al uso de PC.
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¿Por qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas?

¿Por qué incumplen fiscalmente las Comunidades Autónomas?

vante del problema. Concretamente, el 92% del índice de tensión presupuestaria, que define y computa el autor, viene explicado por la evolución de las necesidades y la fuerte caída del PIB. Además, y según sus cálculos, de las cuatro Comunidades cuya deuda ha crecido más en el periodo 2007-2010 (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha), la primera habría sido la única con una política fiscal discrecional de carácter expansivo, que ha elevado su deuda por encima del aumento estructural justificado por las necesidades y la caída cíclica de los ingresos. El contraste con lo que ocurre con las corporaciones locales es claro, con un llamado gasto no obligatorio que, según el trabajo dirigido por Vilalta (2011), llegó al 25,8% del total de gasto liquidado en el quinquenio 2003-2007. Formulado solo como hi- pótesis pendiente de contrastación: la capacidad de recortar en materias para las que no existe obligatoriedad es muy superior y eso explicaría la aparente facilidad con la que las Corporaciones Locales españolas han cumplido sus objetivos e incluso han alcanzado superávit.
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