PDF superior Acción extraordinaria de protección, el debido proceso, la seguridad jurídica, en las notificaciones procesales

Acción extraordinaria de protección, el debido proceso, la seguridad jurídica, en las notificaciones procesales

Acción extraordinaria de protección, el debido proceso, la seguridad jurídica, en las notificaciones procesales

El presente tema que ha sido objeto de estudio de caso se basa en la acción extraordinaria de protección, garantía constitucional consagrada en la constitución vigente de Ecuador así mismo en la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para decidirme por ése tema y después de un análisis extenso de los conceptos más importantes desde el origen de la Constitución, elementos, reforma, estructura, tipos de constitución en forma general y en la República del Ecuador ya que nuestro país ha venido generando un sin número de cambios o reformas en la carta magna que nos rige, la historia nos dice que desde los inicios de la Gran Colombia en la República del Ecuador hasta la actualidad se han desarrollado veinte constituciones, unas que marcaron más la historia constitucional de nuestro país, así como también otras que no pudieron entrar en vigencia por ser derogadas.
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EL DAÑO MORAL Y LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN

EL DAÑO MORAL Y LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN

... En virtud de haber demostrado que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia ha vulnerado mis derechos constitucionales, solicitó lo siguiente: l. Que la Corte Constitucional admita a trámite esta Acción Extraordinaria de Protección en virtud de con los requisitos determinados en los artículos 60, 61 y 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 2. Que mediante sentencia se declare la vulneración a nuestros derechos constitucionales a la seguridad jurídica, debido proceso en la garantía de motivación y tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 82, 76 numeral 7 literal 1) y 75 de la Constitución de la República. 3. Que como medida de reparación integral, se deje sin efecto la sentencia dictada el 27 de abril del 2015, las 15h04 por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. 4. Mediante sorteo se conforme un nuevo tribunal a efectos de que conozca y resuelva mi recurso de casación, garantizando el ejercicio de mis derechos constitucionales ...
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La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

La acción extraordinaria de protección y los laudos arbitrales en el Ecuador

haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuere atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”. Disposición constitucional de la que se colige no procede contra los laudos arbitrales, pero sin embargo la Corte Constitucional, realizando una interpretación extensiva de la norma, ha aplicado sobre los mismos, lo que personalmente considero podría vulnerar el debido proceso, la seguridad jurídica, y el principio de legalidad, toda vez que universalmente es conocido que en Derecho Público, se puede realizar únicamente lo que éste permite, sin que en este campo sea aplicable la interpretación extensiva de la norma, en consecuencia resulta procedente la propuesta planteada por la maestrante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, previa a la obtención del grado académico de magister en Derecho Constitucional, quien de conformidad la investigación efectuada ha dado cumplimiento con los objetivos específicos, entre los que se cuentan: 1. La Fundamentación jurídica y doctrinaria del Derecho Constitucional, las garantías constitucionales, la acción extraordinaria de protección, los medios alternativos de solución de conflictos, y el arbitraje; 2. Determina a través de la investigación de campo la incidencia de la normativa constitucional relacionada con la aplicación de la acción extraordinaria de protección respecto de los laudos arbitrales; y, 3. Establece las bases para la elaboración del documento crítico jurídico sobre la acción extraordinaria de protección, y su aplicación en los laudos arbitrales.
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Acción Extraordinaria de Protección en la Justicia Constitucional Ecuatoriana

Acción Extraordinaria de Protección en la Justicia Constitucional Ecuatoriana

Debe quedar en claro que aun cuando se haya determinado una serie de confusiones en las pretensiones del accionante en instancia, es precisamente deber del juez constitucional en ejercicio del principio iura novit curia , “el juez concede el derecho”, y del carácter informal de las garantías jurisdiccionales de los derechos, corregir todas aquellas equivocaciones que podrían afectar la sustanciación de la causa y devenir en vulneraciones a derechos constitucionales de las partes, entre ellas, la seguridad jurídica, el debido proceso y tutela judicial efectiva, todos ellos reconocidos en la Constitución de la República. En atención a ello se analizará a detalle qué ha sucedido respecto de tales pretensiones en la sentencia objeto de la presente acción extraordinaria de protección, es decir, la sentencia dictada por la primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
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Análisis de la acción extraordinaria de protección como garantías de los derechos humanos, interpuesta por los señores Concejales del Cantón Jaramijó, Manabi

Análisis de la acción extraordinaria de protección como garantías de los derechos humanos, interpuesta por los señores Concejales del Cantón Jaramijó, Manabi

RESUMEN: La Seguridad Jurídica es una garantía que el Estado reconoce a la persona para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean violentados y se establezcan los mecanismos adecuados para su Tutela Efectiva. En mi investigación, la denuncia presentada en contra de la Alcaldesa del Cantón Jaramijó, Dra. Patricia Moncayo, por el Procedimiento de Remoción, sin garantizar el Debido Proceso y el ejercicio de defensa de la denunciada, motivó a la señora Alcaldesa a presentar una Acción de Protección con Medida Cautelar, impugnando el trámite iniciado para removerla de sus funciones. Se vulneraron sus derechos constitucionales al Debido Proceso, tanto es así que el Vicealcalde del mismo cantón participó como Juez y Parte de la Remoción de la Alcaldesa, incluso convocando a la "Comisión de Mesa" sin tener facultades para ello, privando de esta manera a la denunciada del derecho a la defensa durante varias etapas de este procedimiento. Esto generó la vulneración de derechos constitucionales de la alcaldesa .
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Acción extraordinaria de protección en Laudos Arbitrales

Acción extraordinaria de protección en Laudos Arbitrales

La garantía del debido proceso consolida, a su vez: la seguridad jurídica que constituye el elemento esencial y patrimonio común de la cultura del Estado de derechos y justicia; la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución en donde la ley se concreta en la confiabilidad, en el orden jurídico, en la certeza sobre el derecho escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación jurídica. Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad jurídica a través de algunas concreciones como: el principio de la legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la responsabilidad frente a la arbitrariedad de los poderes públicos, la fuerza de cosa juzgada de las sentencias judiciales, excepto cuando entrañan violación de derechos; que las resoluciones que emanen de ellas sean posibles de cumplir y no algo s imposible; el debido proceso, la igualdad ante la ley, que equivale a tratar de la misma manera hecho iguales.
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La valoración de la prueba y su vacío en la acción extraordinaria de protección

La valoración de la prueba y su vacío en la acción extraordinaria de protección

instrumentos internacionales de derechos humanos la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación’. La intensa labor que ejercen los operadores de justicia en las diversas materias que conocen y juzgan, en razón del volumen de su trabajo u otros motivos, podría ocasionar que en tal ejercicio cometan, por acción u omisión, vulneración de uno o más de los derechos de los que consagra la Constitución de la República a favor de las personas. Esta situación, por sí sola, resulta grave para quien sufre el agravio, su gravedad se multiplica una vez que se agotan los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea, como medios de impugnación. Justamente para tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los jueces, se incorporó esta acción, que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección efectiva, imparcial, y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces ordinarios , cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría en verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional.
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Acción Extraordinaria de Protección para la efectividad de los Derechos Constitucionales y del Debido Proceso

Acción Extraordinaria de Protección para la efectividad de los Derechos Constitucionales y del Debido Proceso

La Constitución de 2008 en sus artículos 94 y 437, instituye un amparo contra decisiones judiciales o acción extraordinaria de protección, siendo esta acción constitucional una de las que generó mayores críticas durante la Constituyente, pues fue acusada de atentar contra la cosa juzgada, la seguridad jurídica, la celeridad e independencia judicial, aunque como se señala en la obra de Grijalva (2009), su naturaleza es estrictamente “subsidiaria” y no constituye una “nueva instancia”. La facultad que tiene la Corte Constitucional como organismo competente para conocer la acción extraordinaria de protección, se encuentra establecida en el Art. 94 de la Constitución, la misma que procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, firmes o ejecutoriados, cuando aquellos violen el debido proceso u otros derechos constitucionales. Esta nueva acción constitucional establecida en la Constitución ha sido una de las más atacadas en el proyecto de la misma por cuanto se la ha considerado como una nueva instancia.
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La acción extraordinaria de protección extraordinaria y la seguridad en el delito de robo

La acción extraordinaria de protección extraordinaria y la seguridad en el delito de robo

El objeto de la acción extraordinaria de protección, radica en la defensa de los derechos constitucionales y las normas del debido proceso ante la vulneración de estos, a través de sentencias o autos firmes o ejecutoriados; por lo que, asumiendo el espíritu tutelar de la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes, ejecutoriados o definitivos, puedan ser objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, considerando que todos los actos u omisiones de cualquier autoridad pública están sujetos a control. Es una de las garantías más novedosas en el marco jurídico ecuatoriano, se pueden encontrar figuras similares en el derecho comparado. (Canosa, Rodríguez, Pérez, Abrantes, González, & Maldonado, 2014, pág. 107)
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De la sentencia de acción extraordinaria de protección y su incidencia en los derechos del recurrente

De la sentencia de acción extraordinaria de protección y su incidencia en los derechos del recurrente

El accionante, en su demanda, manifiesta lo siguiente: “Que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto preservar o restablecer cualquier derecho fundamental de libertad o de protección referido al debido proceso de toda persona. El artículo 437 de la Constitución de la República es claro al establecer los requisitos para la acción extraordinaria, indicando que el supuesto de procedibilidad es la existencia de una sentencia, un auto o una resolución firmes o ejecutoriados, por lo que se trata de una acción subsidiaria, pues previamente existe una decisión judicial, sentencia, auto o resolución firme, inimpugnable mediante recursos procesales, lo que produce, en forma directa, la vulneración al derecho constitucional que se exige preservar o reparar a la Corte Constitucional”. En lo principal dice el accionante, que el auto impugnado es, pues, directamente contrario a lo prescrito en el artículo 75 de la Constitución de la República, pues se decidió ponderar como de mayor peso para la justicia procesal, el principio de celeridad antes que la norma que consagra el derecho de defensa, y por el ejercicio de esa discrecionalidad, se lo enrumba ilegítimamente a una
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La violencia psicológica en la familia y los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica

La violencia psicológica en la familia y los derechos al debido proceso y a la seguridad jurídica

Ahora bien dentro del proceso penal el juzgador da gran importancia a la evaluación psicológica que realiza el perito médico a la víctima, sin considerar las demás pruebas que pudieron ser presentadas dentro del proceso penal, incidiendo a violar derechos previamente establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales como son el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, ya que al ser la única prueba existente en el expediente no sería suficiente para determinar la responsabilidad del procesado, considerando que el Juez conocedor del hecho a ciencia cierta se ve en la obligación de limitarse únicamente a sancionar con una prueba mínima, además de que en este sentido la Ley no considera más mecanismo de prueba para logar identificar la existencia de este delito.
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La antinomía de la acción extraordinaria de protección en la legislación Ecuatoriana

La antinomía de la acción extraordinaria de protección en la legislación Ecuatoriana

Ab. Bolívar David Narváez Montenegro, en mi calidad de asesor de la Tesis de Grado, previo la obtención del Título de Abogado de los Tribunales de la República, de la Señorita Ana Belén Vargas Albán, cuyo tema es: “LA ANTINOMÍA DE LA ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, certifico que el mismo observa las orientaciones metodológicas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, a través de la Facultad de Jurisprudencia, en tal razón autorizo hacer uso de la presente para los fines legales consiguientes a su sustentación ante el Tribunal de Grado Correspondiente.
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Seguridad jurídica y debido proceso en la reorganización de la Policía Nacional

Seguridad jurídica y debido proceso en la reorganización de la Policía Nacional

 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia y tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. (Figueroa Ala, 2012, págs. 282-289)
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El procedimiento monitorio de ínfima cuantía, la seguridad jurídica y el debido proceso

El procedimiento monitorio de ínfima cuantía, la seguridad jurídica y el debido proceso

En efecto, el proceso monitorio surge con el fin de satisfacer una impaciente necesidad de esta clase social en ascenso, quienes requerían dinamizar el flujo de bienes que iban adquiriendo, para poder fortalecer su acumulación, a través del fácil intercambio, el cual era obstruido por la lentitud judicial heredada del proceso ordinario romano “solemnis ordo iudiciarium”, caracterizado por el lleno de garantías procesales, a veces excesivas, que permitiesen la igualdad entre los justiciables, pero ineficaz en tratándose de casos dinerarios de poca cuantía y cuya pronta resolución es fundamental.
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El procedimiento directo y su incidencia en la violación al rol investigativo de la fiscalía

El procedimiento directo y su incidencia en la violación al rol investigativo de la fiscalía

La defensa es reconocida para todas las personas en el ámbito de cualquier proceso, ya sea de carácter administrativo o judicial, siendo el núcleo principal el debido proceso, en el que se integran varias garantías que se ejercen con este derecho, entre ellas: a) contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, b) el ser oído en igualdad de condiciones, c) la publicidad salvo excepciones, d) contar con la asistencia de abogado, e) objetar pruebas, f) ejercitar los recursos en las instancias correspondientes, g) imparcialidad de juzgadores. La finalidad de estas garantías es impedir la arbitrariedad del estado en cualquier proceso que se lleva en contra de ciudadanos, obteniendo como repuesta una resolución judicial injusta, la búsqueda de la verdad de los hechos, la constante participación del involucrado o posible afectado, harán efectivas las garantías de un debido proceso.
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Ámbito de aplicación y efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección

Ámbito de aplicación y efectos jurídicos de la acción extraordinaria de protección

La Corte Constitucional en sentencia Nº 016-13-SEP-CC determinó lo siguiente: “El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la seguridad jurídica el mismo que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano. Para tener certeza respecto a una aplicación normativa, acorde a la Constitución, se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente; además deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan la confianza acerca del respeto de los derechos consagrados en el texto constitucional”.
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El acoso laboral en el código de trabajo y los principios de seguridad jurídica y debido proceso

El acoso laboral en el código de trabajo y los principios de seguridad jurídica y debido proceso

Es de importante utilidad puesto que llega a tener aspectos complementarios del estudio del caso del acoso laboral, como la estipulación de las medidas preventivas y correctivas que la empresa como responsable directa debe llevar a cabo, por considerar que los entes que ejercen el acto es decir los sujetos activos del acoso son parte de la misma; también señala en tratamiento sancionatorio acorde a los niveles de gravedad que presenten las acciones infractoras, incluso llega a sancionar la omisión o inobservancia de este tipo legal por parte de la empresa; y brinda a su vez garantías para contribuir a la base probatoria del caso, es decir estimula y protege a los testigos para su intervención en el esclarecimiento del evento y condena el hecho de implantar miedo a develar el acoso laboral evitando la temeridad en la participación del proceso judicial y favoreciendo a la búsqueda de la justicia y la verdad.
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La acción de protección y la seguridad jurídica en los actos administrativos tributario del SRI

La acción de protección y la seguridad jurídica en los actos administrativos tributario del SRI

El accionado antes mencionado planteo dicha acción por considerar que la cancelación del RUC de la Sociedad Civil de hecho llamada "Hacienda La Clotilde lotes uno, dos y tres", cuyo objeto principal es la producción bananera y su comercialización perjudicando los ingresos afectando la responsabilidad social de la empresa ya que al no exportar producto quedarían sin trabajo los empelados sin que pueda recibir una remuneración adolece clara violaciones que se vulneró los derechos constitucionales por lo que fue conocida y resuelta por el juez décimo cuarto de lo civil de El Oro avoca al conocimiento la presente demanda de acción de protección.
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LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL REFUERZO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LECRIM

LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL REFUERZO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LECRIM

A  través de  la  referida redacción  el  legislador  otorga  mayor  flexibilidad  al  juez a la hora de decidir si es conveniente realizar un enjuiciamiento conjunto o,  por el contrario, si se deben abrir piezas separadas para que el proceso penal se  desarrolle de un modo más eficaz. Si bien resulta completamente lógico y puede  favorecer  la  economía  procesal  la  acumulación  en  un  único  procedimiento  de  delitos conexos, no lo es menos que en los últimos tiempos, al albur del citado art.  17  se  han  enjuiciado  causas  cuya  complejidad  –bien  por  el  número  de  encausados, bien por el de víctimas‐ ha generado importantes disfunciones en el  proceso penal. Y es que la elefantiasis procesal que suponen las macro causas –así  lo define la exposición de motivos del Proyecto‐ además de generar unos altísimos  costes,  tanto  materiales  y  personales,  traducidos  en  la  necesidad  de  habilitar  recintos  con capacidad para acoger a  un  gran número de  acusados –o  víctimas‐  con  sus  respectivas  defensas,  también  supone  una  merma  en  las  garantías  procesales.  Siguiendo  el  ejemplo  del  caso  Malaya,  tal  y  como  expone  GIMENO  SENDRA  “la  instauración  de  un  juicio  oral  contra  noventa  y  cinco  imputados,  el  cual  debe transcurrir, a ser  posible,  en una sola  audiencia  (cfr., arts. 744  y 749),  constituye  un  desatino  procesal.  El  transcurso  de  tal  dilatado  periodo  en  la  realización del juicio oral (casi dos años) ocasiona que los efectos favorables de la  inmediación,  las  impresiones  y  recuerdos,  se  borren  de  la  mente  del  Tribunal, 
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La inadmisibilidad de la acción de protección y su incidencia en el debido proceso del accionante

La inadmisibilidad de la acción de protección y su incidencia en el debido proceso del accionante

En el á mbi t o j udi ci al, ta mbi én l e corr esponde a l a Acci ón de Pr ot ecci ón l a t ut el a a l a gar antí a constit uci onal del debi do pr oceso y l os der echos hu manos que conll eva co mo gar antí a mí ni ma par a l as per sonas en l a sust anci aci ón de cual qui er acusaci ón penal pr opuest a en cont r a ell as, o par a el ej er ci ci o de l os der echos y obli gaci ones de or den ci vil, l abor al o fi scal . Una di versi dad de f all os j udi ci al es contr avi enen l os pri nci pi os constit uci onal es que vi ol ent an el der echo f unda ment al del debi do pr oceso, si n e mbar go no exi st e r ecurso al guno que per mit a acudi r a un t ribunal especi ali zado en est a mat eri a, par a ef ect os de r epar ar el daño o corr egi r l a vi ol aci ón co meti da por el j uzgador, ya que l a Acci ón de Pr ot ecci ón no pr ocede contr a act os u o mi si ones de cual qui er aut oridad públi ca no j udi ci al, de sobr e maner a en aquell os casos en l os que ést as vi ol aci ones sean pr oduct o de un pr oceso j udi ci al sust anci ado con i rr egul ari dades que l esi onan l as gar antí as del debi do proceso.
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