PDF superior Las acciones de tutela contra las sentencias ejecutoriadas conforme a la jurisprudencia de Corte Constitucional en los años 2013 -2015

Las acciones de tutela contra las sentencias ejecutoriadas conforme a la jurisprudencia de Corte Constitucional en los años 2013 -2015

Las acciones de tutela contra las sentencias ejecutoriadas conforme a la jurisprudencia de Corte Constitucional en los años 2013 -2015

L a s A c c i o n e s d e t u t e l a c o n t r a l a s s e n t e n c i a s e j e c u t o r i a s | 37 ninguno de los actos ni de las abstenciones de los órganos que integran las ramas del poder público. Actos del Congreso o del ejecutivo que violen esa norma superior están llamados a ser excluidos del ordenamiento jurídico mediante las correspondientes acciones de inconstitucionalidad y nulidad. Con mayor énfasis debe predicarse de los órganos y autoridades públicas que, como la Corte Suprema de Justicia, conforman la rama judicial. El conjunto de los actos de los órganos constituidos - Congreso, ejecutivo y jueces - se identifica con referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es por ello "fuente de fuentes", norma normarum. Estas características de supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4o. de la Constitución. No cabe duda del valor normativo acentuado que la Constitución le asigna a las normas sobre derechos, garantías y deberes. Valor normativo que se acompaña con el principio de efectividad que se eleva a fin esencial del estado y a compromiso ineludible de todas las autoridades públicas: "son fines esenciales del estado:...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". Una jurisprudencia evolutiva, abierta al conocimiento de las condiciones sociales, económicas y políticas del país y consciente de la necesidad de estimular la progresiva y firme instauración de un orden justo, asentado en el respeto y efectividad de los derechos y garantías de los ciudadanos, es la única que se concilia con el estado social de derecho. Las altas jerarquías del estado de los órdenes legislativo, ejecutivo y judicial, no son titulares de fracciones de poder sino instrumentos para la realización de las tareas estatales. La conciencia de los fines del estado lleva a comprender que la Constitución es en cierto sentido un orden a alcanzar.
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La selección de sentencias para la unificación de la jurisprudencia. Tres historias paralelas entre la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

La selección de sentencias para la unificación de la jurisprudencia. Tres historias paralelas entre la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia

d. efectos suspensivos y ausencia de motivación. Este aspecto estaba previsto en el inciso 2.º de la norma original, el cual fue declarado en su totalidad inexequible, bajo los siguientes argumentos. En cuanto a la ausencia de motivación, insistió la Corte en el argumento que esgrimió para declarar inexequible la facultad oficiosa de revisar; esto es, en la natu- raleza de recurso de esta revisión y por ende sujeta a todo el trámite de los mismos, en particular, a la necesidad que el justiciable conozca las razones por las cuales no se escoge la acción popular o de grupo correspondiente para ser eventualmente re- visada. Aquí la Corte se encontró con una dificultad que no evitó y, por el contrario, afrontó directamente. En efecto, se preocupó la Corte Constitucional de justificar por qué ese tribunal sí tiene la prerrogativa de escoger o desechar la eventual re- visión de acciones de tutela, sin que para ello deba motivar su decisión, mientras que le negaba tal prerrogativa al Consejo de Estado, tal como lo había propuesto el legislador en la norma sometida al control automático de constitucionalidad. Para justificar la diferencia la Corte Constitucional hizo énfasis en la raigambre consti- tucional de la revisión de los fallos de tutela, en el carácter residual de esta acción y en el riesgo de congestión si se tuviese que motivar la no escogencia.
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Evaluación de los Procedimientos Utilizados por la Corte Constitucional para la Revisión de los Fallos de Tutela: Revisión Constitucional de las Acciones de Tutela

Evaluación de los Procedimientos Utilizados por la Corte Constitucional para la Revisión de los Fallos de Tutela: Revisión Constitucional de las Acciones de Tutela

a las personas en cuanto al real y concreto disfrute de sus derechos constitucionales, y es por ello precisamente que la jurisprudencia ha configurado la tesis según la cual el medio ordinario no idóneo es desplazado por el amparo. Pero, por otra parte, no es posible aceptar que esas órdenes puedan ser impartidas contrariando normas imperativas de la propia Constitución, como la del ya citado artículo 345, pues la Carta Política estructura un sistema jurídico, que debe interpretarse y aplicarse razonable y armónicamente. En consecuencia, las órdenes que al juez de tutela es dable impartir tienen por presupuesto necesario el ordenamiento jurídico en su conjunto. Las sentencias de los jueces de tutela son de inmediato cumplimiento, ni el trámite de la segunda instancia, ni el de revisión ante la Corte Constitucional justifican desconocerlas, pues son trámites que se surten en el efecto devolutivo. El fallo de tutela no solamente goza de la fuerza vinculante propia de toda decisión judicial sino que, en cuanto encuentra sustento directo en la Carta Política y por estar consagrada aquélla de modo específico para la guarda de los derechos fundamentales de rango constitucional, reclama la aplicación urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo, a partir de su notificación, la responsabilidad del sujeto pasivo del mandato judicial, quien está obligado a su cumplimiento so pena de las sanciones previstas en la ley 26 .
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El concepto de diversidad cultural en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

El concepto de diversidad cultural en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

De este modo es posible empezar a recomponer el vínculo imaginado entre la tierra y la cultura en la jurisprudencia. En este aparte señalaremos las categorías jurídicas que emergen de algunas sentencias y por el otro las interpretaciones y los efectos que las interpretaciones pueden tener sobre casos concretos. En la sentencia T-257 de 1993, se señala el carácter de propiedad colectiva que las comunidades indígenas poseen sobre el territorio que habitan. Es ésta sentencia Víctor Velásquez Reyes, representante de la Asociación Evangélica denominada Nuevas Tribus de Colombia, solicita tutela transitoria contra los funcionarios del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil y contra los Funcionarios de la División de Asuntos Indígenas del M inisterio de Gobierno con el fin de obtener permiso definitivo para la operación del aeródromo de Yapita. La Corte argumentando el derecho a la propiedad colectiva que poseen los indígenas falla a favor del resguardo indígena del Vaupéz. En este caso la fundamentación jurídica de la Corte se realiza sobre los límites al derecho de locomoción frente a la propiedad privada que una comunidad posee sobre su resguardo.
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El mínimo vital de agua potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional – años 2009-2014

El mínimo vital de agua potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional – años 2009-2014

Por otra parte, se encuentran las sentencias hito. En términos de LOPEZ MEDINA, son providencias en las cuales “la Corte ya tiene un conocimiento más completo de los intereses en juego y, por tanto trata de llegar a optimizaciones o maximizaciones de dichos derechos(…)” (LOPEZ, 2012, pg. 165) . Estas sentencias generalmente crean sub-reglas del derecho constitucional. En este caso, las sentencias T-614 de 2010, T-717 de 2010, T-740 de 2011, T-793 de 2012, T-925 de 2012 y T-242 de 2013, fijan los requisitos exigidos, de forma mas exacta, que se deben cumplir en sede de tutela por parte de quienes pretendan la continuidad en la prestación de los servicios públicos, pese a la falta de pago. Entre ellos se indica que el usuario tiene al menos dos cargas: una informativa y otra probatoria, deberes que en paginas anteriores fueron explicados. Así mismo, por ejemplo, se entiende que debe presumirse la ausencia de capacidad de pago, y que el no pago de las facturas no es voluntario, de aquellos usuarios clasificados en el nivel 1 del SISBEN. Por otra parte, se matiza la regla que venía desde la sentencia T-546 de 2009 con relación a la no procedencia del amparo a todas las personas que se han reconectado al servicio de manera fraudulenta. A partir de la T-717 de 2010, esa regla no puede extenderse por ejemplo,
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El derecho como discurso en la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana

El derecho como discurso en la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana

A pesar de estos elementos comunes, hallados en las formulaciones del nuevo derecho hechas por el ex – presidente Gaviria y el ex – magistrado Gaviria Díaz, el asunto central aquí es mostrar que aquel defiende una nueva concepción jurídica con el propósito de facilitar la aplicación de criterios neoliberales y este lo hace para defender la aplicación plena del contenido social y garantista de la Constitución. Frente a lo primero valga recordar el momento en que el discurso es pronunciado, durante un gobierno caracterizado por una política económica aperturista y reductora del Estado. 309 De allí que Gaviria Trujillo hable del derecho como herramienta para la transformación y la renovación institucional. Respecto a lo segundo, son ejemplo de ello las múltiples sentencias de la Corte Constitucional en las que se protegen derechos fundamentales o se estudia la exequibilidad de leyes conforme al concepto de Estado social de derecho. 310 En conclusión, la identificación de dos tendencias del llamado nuevo derecho en nuestro país, una neoliberal y otra progresista, a partir de los textos reseñados, es un importante logro del trabajo. Sin embargo, su emplazamiento temporal, en los años inmediatamente posteriores a la Constitución del 91, impide el seguimiento a sus respectivos desarrollos, en especial durante el primer lustro del siglo XXI. Es importante señalar que estas dos tendencias no son exclusivas o definitivas. Seguramente el nuevo derecho dará para posiciones intermedias, extremas o inimaginadas, la jurisprudencia evoluciona día a día y los criterios acogidos por esta corriente teórica pueden dar lugar a múltiples interpretaciones.
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1. Carácter excepcional de la nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional.

1. Carácter excepcional de la nulidad contra sentencias de la Corte Constitucional.

mujeres para garantizar que ellas puedan interponer acciones de tutela para solicitar la IVE. Como lo señala la sentencia, en este caso la protección de la identidad de las mujeres a lo largo del proceso de tutela no sólo implica una garantía para el derecho y acceso a la IVE, sino también protege sus derechos a la intimidad (art. 15 CN) y acceso a la justicia (art. 229 CN). Ello redunda en una garantía a favor de las mujeres, quienes ante los problemas que se enfrentan al interior del sistema de salud para acceder a la IVE, deben acudir ante el juez constitucional con el fin de obtener el amparo de sus derechos. En consecuencia, es crucial que las mujeres puedan acudir ante el juez de tutela libremente sin sentir que la decisión íntima que han tomado de realizarse una IVE 12 está en riesgo de ser divulgada ampliamente.
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Parámetros de Reparación material e inmaterial expuestas en Sentencias Dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, su Observación en sentencias por Acciones de Protección Constitucional

Parámetros de Reparación material e inmaterial expuestas en Sentencias Dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y, su Observación en sentencias por Acciones de Protección Constitucional

• La jurisprudencia y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos al momento de abarcar la reparación integral determina el daño material e inmaterial y todas sus formas de reparación como son la restitución, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición, buscan reestablecer el derecho vulnerado, por ningún motivo deben constituir una manera forzada para reparar los daños por vulneración de los derechos humanos, los jueces están en la libre disposición de desarrollar medidas para poder cumplir de manera eficiente con la aplicación del derecho de la restitutio in integrum. • Nuestro Estado ecuatoriano mediante la normativa jurisdiccional vigente establece a la acción de protección constitucional como un mecanismo de reparación del daño causado a la víctima; estos mecanismos deben estar acorde y en concordancia a los parámetros de reparación establecidas por las sentencias internacionales ; las cuales deben estar motivadas en base al principio de motivación con la obligación de respetar los derechos los cuales son de directa e inmediata aplicación conforme a los principios y garantías constitucionales.
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El bloque de constitucionalidad :la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

El bloque de constitucionalidad :la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

Sobre la naturaleza imperativa de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad la corte realiza el siguiente análisis: inicialmente se pregunta que lugar dentro de la jerarquía normativa ocupan dichos tratados y menciona que “ ...el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Esta Corte ha precisado que para que opere la prevalencia tales tratados en el orden interno, "es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba (sic) durante los estados de excepción ...”; posteriormente concluye la corte “... que los convenios de derecho internacional humanitario prevalecen en el orden interNo. ..”, pero con el fin de articular el artículo 93 constitucional con el articulo 4 de la misma norma procede la corte a plantear una serie de definiciones y avances históricos sobre el bloque de constitucionalidad para terminar confirmar el siguiente precedente, plasmado a hacer el mismo estudio de constitucionalidad sobre el protocolo 1 “... el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad" , cuyo respeto se impone a la ley...” con lo cual deja la corte por sentada la harmonización de los artículos constitucionales antes
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Contrato de medicina prepagada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

Contrato de medicina prepagada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

D. PRINCIPALES REGLAS DE SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE SUSCITA LA APLICACIÓN JUDICIAL DE ESE DERECHO O “SUB-REGLAS”: Si la seguridad social incluye a los servidores públicos y sus familias, ello significa que los miembros del Congreso, sus cónyuges, compañeros o compañeras permanentes, o sus descendientes o ascendientes, en los casos contemplados por la ley, gozan ya de la posibilidad de acceder a los servicios de salud, en igualdad de condiciones a los demás servidores públicos y sus familiares. De esta suerte, autorizar a una entidad del Estado para que en forma adicional pueda contratar para los familiares de Senadores y Representantes medicina prepagada, establece para ellos un privilegio, una discriminación positiva, que no encuentra justificación y que, además, resulta carente de razonabilidad, pues no puede explicarse de manera satisfactoria que la Mesa Directiva de la Cámara y la Comisión de Administración del Senado, sean autorizados por la ley para celebrar contratos en beneficio de terceros, ajenos a la institución, sólo por la circunstancia de tener nexos familiares con quienes tienen la investidura de Representantes o Senadores 23.SALVEDADES PROPIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL:
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Catálogo de Sentencias Ejecutoriadas en materia Penal. ÓRGANO JURISDICCIONAL

Catálogo de Sentencias Ejecutoriadas en materia Penal. ÓRGANO JURISDICCIONAL

daño, por haberse dictado sentencia condenatoria en su contra por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de Homicidio en riña. QUINTO.- En cuanto a los beneficios que pudieran otorgársele a la sentenciada cabe hacer las siguientes aclaraciones: En primer lugar, resultó a su vez procedente la suspensión condicional de la pena de prisión establecida en el artículo 81 del citado Código Penal del Estado, en virtud de que el delito al que se le sentenció, no excede de la pena de cuatro años de prisión, es primodelincuente y no existen datos que hagan presumir que volverá a delinquir, cumpliendo así con los requisitos establecidos por el ordenamiento legal en cita, siempre y cuando otorgue fianza por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.), en cualquiera de las formas autorizadas por la ley, quedando la sentenciada sujeta a las obligaciones contenidas en dicho precepto legal. SEXTO.- Se le suspenden de sus derechos políticos y civiles a ELIMINADO por el mismo término en que se le dictó la pena de prisión, motivo por el cual se ordena girar oficio al C. Director del Consejo Estatal Electoral así como a la Autoridad respectiva delegada en esta Localidad de Ríoverde, San Luis Potosí, a fin de que se le comunique dicha circunstancia. SÉPTIMO.- Se ordena comunicar inmediatamente al Ciudadano Director del Centro de Reinserción Social en esta Ciudad (CERESO), enviándole copia autorizada de la sentencia. OCTAVO.- Notifíquese personalmente a las partes, hágase saber el derecho y término que la Ley le concede para impugnar en la presente Resolución, si con la misma no fuere conforme; en caso de inconformidad, de alguna de las partes requiérase al sentenciado, para que en el acto de la notificación, o dentro de igual término, designe defensor y domicilio para oír notificaciones en Segunda Instancia aún las de carácter personal; apercibiendo al sentenciado, que si no lo hace, éste Juzgado le nombrara al defensor de oficio Adscrito a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que corresponda, con las facultades antes mencionadas. A S Í, lo sentenció y firma el LICENCIADO MARTIN RANGEL
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CATÁLOGO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL.

CATÁLOGO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL.

TERCERO. En la cláusula vigésima primera de las condiciones generales de contratación, que se contienen en el anexo dos, se estableció el pacto comisorio expreso, en el sentido de que, mi poderdante podrá dar por vencido anticipadamente, sin necesidad de notificación o aviso previo al demandado, ni declaración judicial previa el plazo para el pago del crédito, y en consecuencia exigir el pago total del saldo de capital, los intereses devengados e insolutos, y hacer efectiva la garantía hipotecaria, en los casos, de que, el trabajador hoy demandado, no realizara puntual e íntegramente, por causas imputables a él, dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso de un año de las amortizaciones mensuales del Saldo de Capital y de los demás adeudos, o no pagara los impuestos o derechos que cause el inmueble hipotecado por más de dos bimestres consecutivos o tres discontinuos en el curso de un año, grava o transmite, total o parcialmente, la propiedad del inmueble hipotecado sin permiso previo y por escrito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores pacto que resulta conforme a derecho, según lo dispuesto en los artículos 1633, 1675, 1773, 1782 y 1783 del Código Civil del Estado.
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El bloque constitucional y el bloque de la constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador

El bloque constitucional y el bloque de la constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador

como aquel conjunto de normas jurídicas de superior jerarquía, denominadas como tal, dentro de un orden jurídico determinado las cuales someten, en primera instancia, al poder legislativo y con él a todos aquellos poderes u órganos constituidos para la creación del derecho, sea por el mecanismo de la repetición o de la decisión (…) las Constituciones contemporáneas o Constituciones postbélicas, que se vertieron del nuevo paradigma del Estado Constitucional, tomaron esa nueva percepción, la cual significaría la vinculación de normas por su naturaleza misma y no por experiencias meramente formales (…) el concepto de Constitución gira en torno a los dos sentidos antes referenciados: el formal referido al texto jurídico que comprende el articulado permanente y transitorio de cambio institucional, y el material, el cual se separa de la Constitución en stricto sensu y añade a ésta toda disposición de carácter normativo fundamental, que sea necesaria tener en cuenta para emitir juicios de constitucionalidad frente a las demás normas que se encuentran dentro del ordenamiento jurídico”(El subrayado es nuestro). Al respecto, véase a Edgar Hernán Fuentes Contreras, Materialidad de la Constitución. La Doctrina del bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Grupo Editorial IBÁÑEZ, 2010), 29-
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El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana

La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas, los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso. En consecuencia, todos los funcionarios involucrados en la atención de desplazados, de los cuales son un claro ejemplo los funcionarios del ministerio público que reciben las declaraciones de los desplazados y los funcionarios de la Red de Solidaridad Social, debieran ajustar su conducta, además de las normas constitucionales, a lo previsto en los mencionados Principios. Posición reiterada en sentencias T-268-03 MP: Marco Gerardo Monroy Cabra y T-419-03 MP: Alfredo Beltrán Sierra.
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Elementos relevantes para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana

Elementos relevantes para el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana

d. Razones de la regla. Las razones de la regla están constituidas por los argumentos elaborados en la parte considerativa de la Corte que muestran el “por qué” de la regla. Este será el asunto más con- trovertido e interpretativo del análisis. Su extensión será de especial importancia para la generalidad de la regla pues, siguiendo a Schauer (2004), las razones que manifiesta expresamente el juez en la senten- cia determinan el grado de generalidad de la norma jurídica estableci- da en la sentencia. Las razones de la decisión deben ser todas aquellas que justifican la respuesta al problema planteado. En todo caso, para evitar excesivas generalizaciones se deben evitar teorizaciones, defi- niciones y explicaciones, pues las razones deben estar en función de la operatividad de la regla más que en su definición conceptual de los elementos de la misma. En definitiva, en esta parte, para el caso de las sentencias de constitucionalidad, se deben precisar las razones por las cuales el legislador (l) puede o no puede proferir la norma (n), sin vio- lar la norma constitucional (nc), y, en el caso de las sentencias de tute- la, se debe precisar por qué la autoridad (A), con la acción u omisión (H), viola o no viola el derecho fundamental (F) de la persona (P). IV. Discusión
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DEL ESPACIO PÚBLICO EN COLOMBIA. UNA MIRADA DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO DE 1991 A 2015.

DEL ESPACIO PÚBLICO EN COLOMBIA. UNA MIRADA DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL CONSEJO DE ESTADO DE 1991 A 2015.

“Como razón adicional que reafirma la anterior aclaración, la Sala resalta que los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que deben suponer las medidas de seguridad requeridas en cada caso en concreto…” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de abril de 2005 dictada en el expediente No. AP-0725). En tal caso, no solo se retoma los conceptos constitucionales, sino que también utiliza ele- mentos de estudio dictados en principio por la Corte Constitucional, la cual ha implementado dichos conceptos de proporcionalidad y razonabilidad siempre que se encuentren en coli- sión derechos de igual rango, en tal caso se evidencian como los derechos colectivos en sí mismos pueden verse vulnerados, pero en muchos casos no están solo, sino que se da una cadena de muchos derechos que se puedan llegar a ver afectados, y es función del ente administrativo o del juez analizar, que medidas deben adoptar para proteger el bien mayor, teniendo claramente un fundamento jurídico totalmente vinculado a la Constitución Política. Es decir que a tal fin la respuesta a la pregunta que nos planteamos en el presente texto, no se puede delimitar una respuesta tajante, pues en principio encontramos una limitantes al respecto pues se dice que no se pueden restringir los derechos colectivos, al ser de trascen- dencia constitucional, pero también evidencia que eventualmente se pueden generar una colisión de derechos colectivos en donde, en determinado fin se pudieren llegar a ocasionar la necesidad de verse estos limitados, siempre y cuando respondan a los casos planteados tanto legal como jurisprudencialmente y bajo un estudio razonable y proporcional, en donde se busque siempre preservar el interés colectivo mayor.
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EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

Lo anterior fue reiterado en el año 2003 de la siguiente manera: 7- Directamente ligado a lo anterior, la Corte coincide con el interviniente en que en esta materia es particularmente relevante la doctrina elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano judicial autorizado para interpretar autorizadamente la Convención Interamericana. En efecto, como lo ha señalado en varias oportunidades esta Corte Constitucional, en la medida en que la Carta señala en el artículo 93 que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse “de con- formidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, es indudable que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tra- tados, constituye un criterio hermenéutico relevante para estable- cer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos funda- mentales 53 .
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ELEMENTOS RELEVANTES PARA EL ANALISIS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

ELEMENTOS RELEVANTES PARA EL ANALISIS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

Posteriormente se estudiaron las particularidades de los dos tipos de sentencias (según el tipo de proceso) que dicta la Corte Constitucional colombiana: sentencias d[r]

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Modulación de sentencias de la Corte Constitucional como instrumento creador de derecho

Modulación de sentencias de la Corte Constitucional como instrumento creador de derecho

subsunción lógica, al importante avance de mantener siempre muy presente los principios y valores constitucionales, extrayendo de ellos sus conceptos y valores intrínsecos a la hora de examinar los supuestos fácticos en cada caso particular. La garantía que representa para los ciudadanos y para la sociedad en general, el uso de los principios constitucionales y valores constitucionales, asegura la efectiva protección de los derechos fundamentales y la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Está visto pues, que el control constitucional de normas y la protección subjetiva de derechos fundamentales no pueden separarse de los razonamientos constitucionales y todo su contenido axiológico y político. La Corte Constitucional que otrora fuese solo un apéndice formal de la Corte Suprema de Justicia, sobresale hoy gracias a los desarrollos que mediante sus providencias ha realizado, como la más alta Corte del Estado Colombiano en materia de protección de derechos fundamentales. Se han presentando situaciones problemáticas donde deja sin efectos decisiones adoptadas por las demás Cortes que también integran la Rama Judicial, y que en el papel se conciben en la misma escala jerárquica.
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El estándar de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

El estándar de la reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

El presente estudio aborda el estado del arte del concepto y alcance de la repa- ración integral en el constitucionalismo ecuatoriano, particularmente desde su reconocimiento inédito y expreso en el texto de la Constitución 2008. Para ello se inicia con un análisis del concepto y alcance de la reparación integral desde la norma constitucional. En un segundo momento, siendo el eje central de este aná- lisis, se evalúa desde la dimensión sociológica-jurisprudencial, el desarrollo que ha tenido la reparación integral en el discurso judicial impuesto por la Corte Cons- titucional del Ecuador en sus decisiones. Para el efecto, luego de una indagación en el compendio jurisprudencial constante en las bases de datos y publicaciones de la Corte Constitucional, se han seleccionado a aquellas decisiones que revisten un análisis constitucional y convencional pormenorizado en torno a la naturaleza y alcance de la reparación integral. Como consecuencia de este análisis, desde la realidad y particularismos que se reflejan en la jurisprudencia de la Corte, se plantean algunas reflexiones en torno a la importancia sustancial que reviste la re- paración integral para alcanzar la tutela efectiva de los derechos constitucionales. P alabras clave : reparación integral, Constitución 2008, jurisprudencia constitucio-
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