PDF superior Código Procesal Civil - Gaceta Jurídica

Código Procesal Civil - Gaceta Jurídica

Código Procesal Civil - Gaceta Jurídica

Que la mencionada Comisión Revisora ha cumplido con presentar al Poder Ejecutivo el Proyecto de Código Procesal Civil aprobado por ella, con las modificaciones pertinentes; Que resulta necesario disponer la vigencia inmediata de algunas disposiciones complementarias de este Código, como son, la décimo segunda, décimo tercera y décimo quinta disposiciones finales, referidas al reajuste de la tabla de cuantías, a la revisión del cuadro de distancias del Poder judicial y a la prescripción del derecho a retiro o cobro por certificados de consignación judicial, respectivamente; así como todas las disposiciones transitorias, pues es interés del Gobierno optimizar la normatividad establecida en este cuerpo adjetivo, a fin de garantizar su correcta aplicación y la eficacia del mismo, a su entrada en vigencia;
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Andrés Eduardo Cusi_ Código Procesal Civil Peruano Comentado [Gaceta Jurídica]

Andrés Eduardo Cusi_ Código Procesal Civil Peruano Comentado [Gaceta Jurídica]

Los comentarios contenidos en esta obra están complementados  tambien  con  constantes referencias  a  los  antecedentes  legislativos,  doctrinarios  y  jurisprudenciales relacionados  con  las  figuras  y  categorías  procesales  que  la  autora  va desarrollando,  en  una  justa  y  equilibrada  combinación  de  fuentesque sustentan  sus  opiniones  y  que  le  permiten  explicar  de  modo  cabal  el verdadero sentido y alcances de los 840 artículos y diez normas preliminares del Código Procesal Civil vigente.
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CODIGO PROCESAL CIVIL (Gaceta Jurídica)

CODIGO PROCESAL CIVIL (Gaceta Jurídica)

Que la mencionada Comisión Revisora ha cumplido con presentar al Poder Ejecutivo el Proyecto de Código Procesal Civil aprobado por ella, con las modificaciones pertinentes; Que resulta necesario disponer la vigencia inmediata de algunas disposiciones complementarias de este Código, como son, la décimo segunda, décimo tercera y décimo quinta disposiciones finales, referidas al reajuste de la tabla de cuantías, a la revisión del cuadro de distancias del Poder judicial y a la prescripción del derecho a retiro o cobro por certificados de consignación judicial, respectivamente; así como todas las disposiciones transitorias, pues es interés del Gobierno optimizar la normatividad establecida en este cuerpo adjetivo, a fin de garantizar su correcta aplicación y la eficacia del mismo, a su entrada en vigencia;
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La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil

La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil

Es deber del juez invocar la adecuación en su pronunciamiento, pero no puede rechazar lo solicitado por la falta de adecuación en la medida peticionada. El artículo 611 del Código Procesal Civil señala que el juez debe amparar o adecuar la petición, pero no rechazarla por este defecto. Otro aspecto a considerar es que frente a los presupuestos para construir la cautela ordinaria, como son verosimilitud y peligro en la demora, será materia de probanza el primero de ellos, pues a través de la prueba anexa se determinará la graduación de la incertidumbre jurídica, esto es, si estamos ante un derecho posible, verosímil o probable; situación que no se requiere en el caso de la urgencia, de ahí que no resulta coherente que se desestime la cautela bajo el argumento que “no se ha acreditado el peligro en la demora”. Exigir la probanza del peligro no solo constituiría un exceso, sino que se trasladaría al demandante la carga de probar ese peligro, con la consecuente imposibilidad en su ejercicio.
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MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente tratando de precisar el significado y sentido de este derecho fundamental. Ya en la STC (Pleno) 93/1988, de 24 de mayo, recogiendo doctrina anterior, se indicaba que "el derecho reconocido en el art. 24.2 CE es al Juez ordinario -predeterminado por la ley-, y a este respecto ha de recordarse que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de precisar el significado y alcance de esa remisión a la ley. Por una parte, en el sentido de que la predeterminación por ley significa la preexistencia de unos criterios, con carácter de generalidad, de atribución competencial, cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso, siendo la generalidad de los criterios legales la garantía de la inexistencia de jueces ad hoc (STC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4; STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8). Por otro lado, ... -la interpretación sistemática entre el art. 24.2 y el 117. 3, ambos de la Constitución, pone de manifiesto que la garantía de la independencia e imparcialidad de los jueces, que constituye el interés directo protegido por el derecho al juez ordinario predeterminado (STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2, in fine), radica en la ley- (STC 101/1984, FJ 4)". Posteriormente, se ha precisado la relevancia de la infracción de las normas de reparto entre Secciones de una misma Audiencia Provincial respecto de una eventual vulneración de este derecho. En este sentido, la STC 170/2000, de 26 de junio (FJ 2), señala que "este Tribunal tiene declarado desde la STC 47/1983, que el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la Ley reconocido en el art. 24.2 CE exige que - el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso
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Innovaciones a los motivos de casación en el Código Procesal Civil y Mercantil

Innovaciones a los motivos de casación en el Código Procesal Civil y Mercantil

bien de ordinario se entiende que el recurso de casación nace a raíz de los profundos cambios introducidos por la Asamblea Constituyente en Francia durante la revolución y los años posteriores, aunque no puede negarse la importancia de estas aportaciones, en modo alguno se puede olvidar, que la técnica casacional existía previamente, con la extensión y características que se han examinado en el apartado anterior, de modo que sería erróneo obviar la presencia de un aspecto histórico determinante, de una tradición jurídica previa que, combina en su justa medida con las nuevas concepciones jurídicas y políticas, dará como resultado el magno edificio de la casación en todo su esplendor 23 . La división feudal en Parlamentos, órganos jurisdiccionales que resolvían en última instancia, hizo peligrar el poder real que abarcaba incluso a las decisiones judiciales, por lo que aun estableciéndose la inapelabilidad de las sentencias de dichos órganos, la Ordenanza de 23 de marzo de 1302 dispuso un procedimiento ante el Rey para revisar las sentencias de estas verdaderas Cortes soberanas, sobre las cuales no era procedente la apelación. De esta manera, el rey actuaba como juez, corrigiendo los errores de derecho de los sentenciadores de la instancia, incluyendo aquellos cometidos en el establecimiento de las cuestiones de hecho, cuestión que en palabras de Sergi *XDVFK LPSRUWy ³'HVGH XQD perspectiva orgánica, la idea de una institución vigilante de corte político que hiciera frente a los Parlamentos provocó la decisión del antiguo Consejo del Soberano. Se creó el Conseil étroit o privé hasta que en 1578 se dividió en un Consejo de Estado para asuntos políticos y en un Conseil des Parties que, a la postre, se constituiría en el germen del Tribunal de Casación con conocimiento de los recursos que sobre cuestiones privadas iniciaban los particulares en materia judicial cuando la decisión de un Parlamento era contraria a una ordenanza real, la idea de la casación estaba ya formulada al
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La prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil Costarricense

La prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil Costarricense

De lo expuesto puede colegirse de forma cristalina que el carácter prejudicial se otorga en relación con el objeto litigioso, que para poder resolverse en forma definitiva el mismo, debe primero decidirse sobre un asunto, que a la vez constituya como el objeto principal de otro proceso que se encuentre pendiente ante el mismo Tribunal u otro distinto, sin que esto deba limitarse únicamente al campo penal. Lo necesario es que exista una relación entre el objeto procesal de ambos asuntos y que uno de ellos deba resolverse primero para que dé cabida al otro o que le permita surgir a la vida jurídica...". (Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección Octava, Voto N° 10-2012) En todo caso, las eventuales dudas hermenéuticas quedan disipadas con la claridad teórica que establece la nueva regulación procesal civil, donde como se expresó en líneas pretéritas, es posible la identificación plena de dos clases de prejudicialidad que de seguido se pasan a examinar. VI. La prejudicialidad penal
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La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

tiene derecho a un acto en el que el perito exponga en su presencia el contenido de su dictamen abriéndole así la posibilidad de solicitarle las aclaraciones y formularle las objeciones que estime pertinentes. Aunque en la esencia de la prueba pericial no figura (...) la exigencia de su desarrollo en dichas condiciones, ésta parece, sin embargo, la solución procedente en aplicación del artículo 81 de la LRJ-PAC, precepto que obliga al instructor del procedimiento a comunicar al interesado el inicio de las actuaciones probatorias a fin de que puedan participar en su práctica (...). Aunque esta sea la solución jurídica correcta no puede negarse la existencia de una tendencia fuertemente arraigada en nuestra Administración Pública a enmascarar estas pruebas bajo el disfraz de las documentales, con lo que se consigue su incorporación unilateral al procedimiento y se posterga el conocimiento y posible oposición del interesado al trámite de audiencia, práctica avalada por el Tribunal Supremo que (...) considera subsanada, la falta de citación del interesado o su no presencia en la práctica de la prueba, porque su resultado, plasmado en un acta e incorporado al expediente, le fue debidamente trasladado lo que le brindó la posibilidad de rebatirlo, solución que cuenta hoy, incluso, con el respaldo del propio Tribunal Constitucional".
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La declaración de parte en el Código Procesal Civil y Mercantil

La declaración de parte en el Código Procesal Civil y Mercantil

como una persona jurídica, carecen de los requisitos para su constitución de acuerdo a una de las formas asociativas que reconoce el ordenamiento (art. 346 CCom), o en todo caso la escritura de constitución no reviste todos las exigencias necesarias (art. 347 CCom), por lo que no ha sido posible inscribirla y con ello tener lugar el nacimiento de su personalidad jurídica. Ante la evidencia sin embargo de que la entidad ha actuado en el tráfico jurídico identificándose como tal, adquiriendo derechos y obligaciones y dando lugar también a eventuales conflictos, siendo por ello reconocidas, el art. 58.5º CPCM, como ya antes lo hiciera el art. 348 del CCom, opta por atribuirles personalidad pero únicamente para poder articular la defensa de sus derechos e intereses. Se trata, en último extremo, de facilitar más la tutela judicial de los terceros que de la propia entidad, en el sentido de no tener aquéllos que estar demandando a una pluralidad más o menos indeterminada de miembros que estaban detrás de la entidad, sino directamente a ésta y en definitiva al patrimonio que se reconoce como adscrito a ella.
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El artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, su constitucionalidad

El artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, su constitucionalidad

Pues bien, los principios jurídicos son a veces interpretados como pautas no concluyentes que pueden entrar en conflicto con otras. En la teoría jurídica, el mecanismo por el cual es posible transitar desde los principios jurídicos que establecen consecuencias no concluyentes, hasta las consecuencias jurídicas concluyentes es lo que se conoce como ponderación (Moreso, 2006; Vilajosana, 2007). Podríamos encontrarnos en el análisis del art. 192 CPCC con el problema de identificar el principio a aplicar. En muchas ocasiones, al igual que sucede con el conflicto entre reglas, los jueces se encuentran con una subdeterminación, por cuanto más de un principio puede ser invocado para resolver un caso jurídico. Además, puede suceder que alguno de estos principios incline la decisión en un determinado sentido. Puede que haya una colisión de principios en el artículo. Quien defienda la posibilidad de un ámbito objetivo de la moral será más propenso a reducir el alcance de la discreción en determinar cuál prevalece, mientras que quien entienda que la discusión moral carece de referente objetivo considerará que el ámbito de discrecionalidad es mayor. Y ya sea que nos ubiquemos en una concepción utilitarista que hace prevalecer el interés general, o en el planteo de la sociedad justa de Rawls donde su estructura básica está orientada por aquellos principios que los individuos elegirían en una situación de igualdad y libertad, o más allá que sigamos las estrategias de filósofos morales, políticos y jurídicos como Kant -que pensó en deberes morales perfectos que creaban necesidad moral-, Hegel -quien planteó la posibilidad de una reconciliación final de los valores- (Gowans, 1987; Hare, 1988) -que propuso un nivel crítico de solución de los dilemas morales-, Alexy -que propugna una ponderación racional-, Dworkin (2009), -respuesta correcta- o Atienza -que apuesta a que aun si hay casos trágicos hay respuestas que no escapan del todo a un “control racional” (Atienza, 2002) -; ante la pregunta ¿Debería prevalecer el derecho de defensa en juicio? La respuesta es sí. Porque se trata de un principio constitucional anterior y superior al Estado, no otorgado por leyes sino protegido por ellas, que no pueden desconocer su fuerza jurídica porque se tornarían inconstitucionales.
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Código Procesal Civil y Mercantil Actualizado - Guatemala

Código Procesal Civil y Mercantil Actualizado - Guatemala

Artículo 566. Calificación de la quiebra. 566.1. El tribunal, en vista del informe que le hubiera presentado la comisión revisora o el síndico, en su caso, podrá declarar fraudulenta o culpable la quiebra, en virtud de lo que aparezca de las actuaciones, certificando lo conducente al Ministerio Público. En estos casos y tratándose de persona jurídica la fallida, el tribunal podrá ordenar la ocupación de los bienes de los miembros del órgano de administración, Gerente General y otros funcionarios de la entidad, así como la revisión de todas las operaciones de enajenación y gravamen de activos de tales administradores o funcionarios, correspondientes a los dos últimos años contados a partir de la fecha de planteado o iniciado el concurso. Dichos bienes formarán parte también de la masa del concurso.
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Partes, Acumulación, Litisconsorcio, Intervención de Terceros y Sucesión Procesal en El Código Procesal Civil

Partes, Acumulación, Litisconsorcio, Intervención de Terceros y Sucesión Procesal en El Código Procesal Civil

oposición al otro el interés reclamado se llama pretensión material, si la pretensión material es satis#echa, se acaba la relación jurídica sustantiva, no ha sido necesario !ue haya proceso, si el titular de la pretensión material no esta satis#echo su interés recurre al uso de su derecho de acción, haciendo una demanda, si la relación jurídica sustantiva es por naturale%a privada el empla%amiento es el punto de partida de la relación jurídica procesal, el jue% conduce la solución del conficto.

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Partes, Acumulación, Litisconsorcio, Intervención de Terceros y Sucesión Procesal en El Código Procesal Civil – PROCESAL CIVIL _ ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ - Copia (2).HTML

Partes, Acumulación, Litisconsorcio, Intervención de Terceros y Sucesión Procesal en El Código Procesal Civil – PROCESAL CIVIL _ ALEXANDER RIOJA BERMUDEZ - Copia (2).HTML

germánico, transmitida así al derecho común. Según Chiovenda: “Tiene por condición, no un interés cualquiera, sino que la contienda sea común a un tercero lo cual presupone que el actor o el demandado se encuentren en el pleito por una relación jurídica común con el tercero o conexa con una relación en que el tercero se encuentre con ellos, de manera que esté en cuestión el mismo objeto y la misma causa petendi (o uno u otro de los elementos) que podrían ser materia de litigio frente al tercero, o de parte del tercero, y que habrán podido dar al tercero la posición de litisconsorte con el actor o con el demandado”.
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El anticipo de prueba en el Código Procesal Civil Y Mercantil

El anticipo de prueba en el Código Procesal Civil Y Mercantil

67 Prueba, entonces se presenta la dificultad derivada de la propia regulación de esta figura,consistente en que para tener efectividad esa prueba dentro del proceso, se tiene que presentar la demanda dentro de los treinta días subsiguientes a la práctica de esta figura; sin embargo, piénsese que el futuro demandante decide demandar, pero no lo hace dentro de los treinta días subsiguientes, sino hasta los cuarenta días, entonces aquella prueba practicada anticipadamente perdió su efectividad; entonces, de nada le ha servido al futuro demandado que se haya practicado esa figura jurídica; porque no depende de él el proceso ni el momento en que se demandará, y además que la justificación no deja de ser una mera y simple especulación.Entonces se tiene que el Anticipo de Prueba, dado como ha sido regulada, su solicitud por parte del futuro demandado y la práctica de esta, se puede volver infructuosa, dado que no depende de él la iniciación del futuro proceso o el momento de presentar la demanda. Sin embargo, todos estos argumentos pueden dejar de ser válidos con respecto de la figura de la Jactancia, donde sí puede presentarse lareal y efectiva posibilidad de que no se realice en vano la práctica delAnticipo de Prueba, en razón a esto es necesario analizar a continuación dicha figura para comprender esaposibilidad.
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Inclusión del matrimonio igualitario como figura jurídica dentro del derecho civil y procesal civil ecuatoriano

Inclusión del matrimonio igualitario como figura jurídica dentro del derecho civil y procesal civil ecuatoriano

Se concluye que la legislación sustantiva civil ecuatoriana en lo referente a la regulación de nuevos conductas sociales ha corrido una suerte de abandono, que los cambios que se han dado en el Código Civil Ecuatoriano, han tardado mucho y han estado regulando con figuras jurídicas que no estaban acordes a los cambios sociales, lo que concluía con regulaciones contradictorias a los cambios normativos dados en otras normas. El Código Civil requiere cambios sustanciales a fin de prever que no se incrementen conflictos ni antinomias jurídicas. Que el matrimonio es un derecho y que las personas homosexuales requieren y exigen ejercerlo a través de una figura jurídica como el matrimonio igualitario, que les provea de las mismas garantías que les da el matrimonio a las personas heterosexuales. La unión de hecho que actualmente es el régimen a través del cual las personas homosexuales pueden constituir familias no ofrecen la misma protección que lo hace el matrimonio. Primero que el matrimonio no necesita una convivencia previa para el reconocimiento de los derechos. Segundo al ser una figura legal de gran reconocimiento es amparada por varias otras legislaciones internacionales, que la reconocen sin previo juramento, lo que conduce indefectiblemente a considerar una figura de mayor protección legal en la constitución de familias para las personas homosexuales. Tercero la forma como se extingue el matrimonio presenta mayores exigencias por ello una figura de mayor protección tanto de la pareja como de la sociedad conyugal.
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La presunción de hecho como figura jurídica en el derecho procesal civil alemán

La presunción de hecho como figura jurídica en el derecho procesal civil alemán

En Chile, la teoría de las presunciones en el derecho procesal civil ha sido de un modo histórico –sin perjuicio de significativas contribuciones recientes– escasamente tratada. La regulación de la prueba, contenida en el Código de Procedimiento Civil de 1902, al establecer un sistema de prueba legal o tasada ha impedido el desarrollo de una institución que en Alemania se ha desarrollado al alero de la libre valoración de la prueba, regla establecida en el § 286 de la Ordenanza Procesal Civil de 1879. El desarrollo de las presunciones en el derecho alemán no tiene sin embargo su origen en dicha disposición, por el contrario, los fundamentos de la regulación hoy existente en la materia y de su desarrollo jurisprudencial y doctrinario se retrotraen a tiempos pretéritos, marcados por la vigencia del derecho común. La presente investigación busca ofrecer al lector el análisis de las distintas perspectivas referidas a este controvertido tema de acuerdo con el estado actual de la doctrina y la jurisprudencia y al mismo tiempo aportar a una discusión de enorme relevancia práctica.
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El proceso de revisión de la sentencia en el Código Procesal Civil y Mercantil

El proceso de revisión de la sentencia en el Código Procesal Civil y Mercantil

En el proceso de Revisión no se entra en la cuestión de fondo que fue objeto del proceso anterior; simplemente se rescinde la sentencia, devolviéndose los autos al tribunal de que procedan, para que las partes usen de su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente; es decir, rescindida la sentencia, la situación jurídica entre las partes puede variar porque el juez que conoció de proceso anterior debe pronunciar nueva sentencia en la cual está obligado a tomar en cuenta lo resuelto por la Honorable Sala de lo Civil, sin que pueda ser discutida y esto es por lo siguiente: la parte contraria no podrá discutir el medio probatorio que sirvió de base a la Revisión porque tuvo la oportunidad de discutirlo en la audiencia única a la que se refiere el artículo 425 CPCM en relación al artículo 548 CPCM; además se garantiza con tal prohibición que no se repita la irregularidad que provoco la rescisión; la sentencia de rescisión puede ser parcial porque una sentencia puede tener dos o más partes y una de ellas ser objeto de la Revisión.
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Las Excepciones en El Código Procesal Civil Peruano

Las Excepciones en El Código Procesal Civil Peruano

d) Si el Juez declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, suspenderá el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídica procesal válida entre las personas que el auto resolutivo ordene y dentro del plazo que éste fije. En estos cuatros casos, vencidos los plazos señalados en el auto resolutivo, sin que se haya cumplido con lo ordenado, el Juez declarará la nulidad de lo actuado y concluido el proceso, dictando una nueva resolución. Estas excepciones de denominan en doctrina, dilatorias.

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Estudio comparativo del tratamiento procesal de los derechos fundamentales del código procesal civil de Nicaragua y el código procesal civil de Honduras

Estudio comparativo del tratamiento procesal de los derechos fundamentales del código procesal civil de Nicaragua y el código procesal civil de Honduras

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y los órganos creados para su implementación tienen una gran importancia en América Latina. Pero no es porque falten los catálogos correspondientes en las constituciones de los diferentes Estados. A más tardar desde la “ola de democratización” a principios de los años 90, la mayoría de las constituciones latinoamericanas contienen catálogos de derechos fundamentales, algunos de los cuales ejemplares. No obstante, en muchos casos estas constituciones son sumamente idealistas, con lo cual han estado y siguen estando mucho más avanzadas que las realidades social, política y jurídica. Por lo tanto, existe el peligro latente de un déficit de efectividad, mismo que tampoco puede ser superado solamente mediante una jurisdicción constitucional parcialmente muy ambiciosa como la de Colombia.
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Capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el código civil y comercial

Capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el código civil y comercial

No cabe duda de que el nuevo modelo, conteste con la regla de la presunción de la capacidad que propone, explicita que la persona en beneficio de quien se promueve el proceso reviste la calidad de parte. De allí que se disponga que puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa y que si la persona ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que la represente y le preste asistencia letrada en el juicio. Aparece ratificada la figura del abogado del art. 22 de la Ley de Salud Mental, que deberá cohonestarse con las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial en punto a la utilización de la tradicional figura del curador provisional (s.p).
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