PDF superior Comentario al Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo 31/2013, de 27 de febrero de 2014 (artículo 103 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi)

Comentario al Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo 31/2013,  de 27 de febrero de 2014 (artículo 103 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi)

Comentario al Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo 31/2013, de 27 de febrero de 2014 (artículo 103 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi)

En relación a que la cooperativa no hubiera seguido el procedimiento establecido en el Real Decreto 1043/1985, de 19 de junio, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de coopera- tivas de trabajo asociado, indicar que dicha norma no resulta de aplicación a este caso. Y es así puesto que en aquellos supuestos en los que resulte pro- cedente cubrir mediante prestaciones públicas de desempleo las situaciones de reducción de jornada o extinción de relaciones de los socios trabajado- res de una cooperativa, en los cuales para que la administración compe- tente (el antiguo INEM, hoy SEPE) pueda proceder a abonar la prestación que corresponda es necesario que la autoridad competente en materia labo- ral haya constatado previamente la efectiva concurrencia de la causa eco- nómica que motiva dicho pago, no bastando por tanto (pero solo en esos casos) el mero hecho de que la cooperativa haya adoptado el acuerdo de suspensión o extinción.
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Comentario al Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo nº 20/2015 del 3 de febrero de 2016 (artículo 67.4 de la Ley 4/1993, del 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi)

Comentario al Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo nº 20/2015 del 3 de febrero de 2016 (artículo 67.4 de la Ley 4/1993, del 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi)

de funcionamiento que luego permite concretar el retorno cooperativo correspondiente a cada socio en la Cooperativa que nos ocupa. Tal y como se ha recogido en el anterior apartado, XTC expuso en su escrito de demanda que el artículo 45.2 de los Estatutos de la Coope- rativa regula que el retorno cooperativo se acreditará a los socios aten- diendo al valor del montante de los bienes o servicios prestados por la Cooperativa al socio o por el importe de los bienes que ha entregado a ésta o por la suma de ambos criterios si coexistiesen ambas modalida- des de actividades y podrá ser incorporado al Capital Social con el in- cremento correspondiente de la aportación de cada socio. En este caso la Cooperativa ha optado por acreditar el retorno en función de la cantidad de producto entregada por los socios, modulando ese criterio en función del precio de venta del mismo que se alcance en el mercado. En otras pa- labras, de la participación de cada uno de los socios en la actividad em- presarial propia de la Cooperativa y en la obtención del resultado final del ejercicio.
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A propósito del Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo nº 7/2018 del 20 de julio de 2018. Doble contabilidad y asunción de pérdidas.

A propósito del Laudo del Servicio Vasco de Arbitraje Cooperativo nº 7/2018 del 20 de julio de 2018. Doble contabilidad y asunción de pérdidas.

A pesar de ello, la legislación mercantil no establece sanciones direc- tas por el incumplimiento de la normativa sobre contabilidad, recogida en el propio Código de Comercio y en la legislación mercantil comple- mentaria 2 . Ese incumplimiento sí tiene consecuencias, y muy serias, en caso de apertura de un procedimiento concursal. Así, de acuerdo con el ar- tículo 164.2.1.º de la Ley Concursal, el concurso se calificará como culpa- ble en todo caso cuando el obligado a la llevanza de la contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esa obligación, llevara doble contabilidad o hu- biera cometido irregularidad relevante en la que llevara. Esa calificación tiene importantes consecuencias personales y patrimoniales para las perso- nas afectadas y para sus cómplices, según el artículo 172.2 de la misma Ley. La primera de ellas es la de la inhabilitación para la administración de bie- nes ajenos durante un periodo de dos a quince años, para representar a cual- quier persona durante el mismo período, y para el ejercicio del comercio (art. 13.2 del Código de Comercio). La segunda es la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación del concurso o los de- clarados cómplices tuvieran como acreedores del concurso, así como la de- volución de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente y la indemnización de los daños y perjuicios causados (art. 172.2.3.º LC). Además, la sentencia de calificación del concurso como culpable puede con- denar a los administradores y liquidadores a la cobertura total o parcial del déficit, en la medida en que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia (art. 172 bis LC).
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SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO (SVAC) CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI EXPEDIENTE ARBITRAL 17/2015 LAUDO

SERVICIO VASCO DE ARBITRAJE COOPERATIVO (SVAC) CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI EXPEDIENTE ARBITRAL 17/2015 LAUDO

Por último, la cooperativa demandada alega la existencia de cuantiosas pérdidas para retrasar el pago del reembolso pendiente al socio por un plazo de cinco años, contados a partir de la baja del socio en abril de 2013. Ahora bien, cuando la cooperativa realiza la liquidación de haberes no hace referencia alguna a la necesidad de un aplazamiento del pago, momento en el que también existían las cuantiosas pérdidas que alega la demandada. No es de recibo que la cooperativa quiera ir contra sus propios actos, lo que impide a este Árbitro atender a esta petición del demandado.
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				Vol. 31 Núm. 4 (2014)

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Se trata de un estudio observacional descriptivo longitudinal, formado por una muestra inicial de 44 pacientes diagnosticados de códigos X en la USMIA de Santiago de Compostela entre los años 2000 y 2012. Finalmente nos quedamos con un tamaño muestral de 42 sujetos (3 hombres y 39 mujeres), dado que 2 de ellos aún no tenían la edad suficiente para acudir a la USMA, teniendo un promedio de edad actual de 22,86 años. Posteriormente se dividen en 2 grupos: 1) sujetos que asisten a la USMA y 2) sujetos que no asisten a la USMA, para comparar su perfil clínico-evolutivo y determinar las características de los pacientes que continúan su seguimiento en la USMA. Se elaboró un protocolo configurado por indicadores socio-demográficos (edad de la primera tentativa autolítica, edad actual, sexo, estado civil actual, estudios actuales, profesión, actividad laboral y muerte) y clínico-evolutivos (evolución en USMIA, retorno en USMIA, código X y tipo de este, atención en USMIA, antecedentes familiares psiquiátricos, número de tentativas autolíticas previas, asistencia a USMA, latencia a USMA (categorizada en < 1 año, ≥ 1 año y no consta), diagnóstico psiquiátrico, tratamiento psiquiátrico y tipo de este, tentativa autolítica y tipo de esta, tabaco, alcohol, otras drogas). Como fuente de información se utilizó la base de datos elaborada por una de las autoras de este estudio, María Dolores Domínguez Santos, que trabaja en la USMIA de Santiago de Compostela, y la recogida de datos se realizó a través de los programas informáticos del Servicio Gallego de Salud: Sisamb e Ianus, manteniendo la confidencialidad de los datos de los sujetos en todo momento. Para calcular las tasas anuales de tentativas autolíticas se aplicó la fórmula de número de tentativas autolíticas anuales dividido entre número de pacientes consultados en ese año y se multiplicó por cien, es decir, se expresaron en porcentajes. Para las variables cuantitativas (edad actual y edad de la primera tentativa autolítica) se utilizaron como estadísticos descriptivos media aritmética, desviación típica, error típico de la media, mediana, mínimo, máximo, % del total de N y N. La edad de la primera tentativa autolítica se cruzó con las variables asistencia a USMA, categorizada como si o no, y sexo; la edad actual se cruzó con las variables sexo y tentativa autolítica, categorizada también como si o no; y el número de tentativas autolíticas previas se
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27 al 31 de octubre de 2014

27 al 31 de octubre de 2014

“Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.” (Artículo 156, Ley de Propiedad Industrial). El objetivo del presente trabajo es establecer la aportación que el geógrafo puede llevar a cabo en la determinación de la Denominación de Origen (DO) de un producto, dada la profunda naturaleza geográfica del mismo establecida en la Ley correspondiente. Para ello se realiza una revisión histórica del concepto “Denominación de origen”, de las reuniones internacionales efectuadas al respecto, así como de las ventajas y beneficios que ofrece. También se revisan las características geográficas que establece la Ley correspondiente para iniciar los trámites de consideración de DO de un producto; éstas son características físicas y culturales de la región donde se desarrolla el producto en cuestión. Por último, se establecen las directrices del papel que puede desarrollar el geógrafo en conjunción con los profesionales de la ley, otros profesionales y las autoridades correspondientes para obtener la DO para un producto.
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El recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012

El recurso de anulación contra laudo arbitral: arbitraje nacional, Colombia, ley 1563 de 2012

Los mecanismos alternativos de solución de controversias o MASC, pueden representar un alivio para algunas de las dificultades que atraviesa el sistema judicial ordinario. El arbitraje es una institución jurídica que puede garantizar el acceso a la justicia, a aquellos ciudadanos que no quieren poner en movimiento el complejo andamiaje de la rama judicial del estado. Este MASC permite a los interesados, pactar sus propias reglas para la gestión de conflictos. En el análisis sobre el fundamento constitucional del arbitraje, se observó que la libertad de los ciudadanos para pactar la forma de arreglo de sus diferencias, encuentra fronteras en la ley marco para el arbitraje y en las normas constitucionales. También se encontró que los particulares investidos temporalmente con la función de administrar justicia, deben responder a las exigencias que ha establecido la ley, cuando desempañan su función de árbitros. Teniendo en cuenta las observaciones hechas sobre la ley de arbitraje del año 2012, se debe puntualizar que fue en el nuevo estatuto de arbitraje nacional e internacional, que se introdujo la recopilación integral de las causales bajo las cuales, se pueden recurrir los laudos. Se encontró que la impugnación de los laudos arbitrales es procedente bajo las mismas causas, sin perjuicio de que se trate de un laudo de carácter privado o de uno en el cual, haya intervenido una entidad del estado. La reunión de las causales de anulación en una sola ley, permite mayor seguridad jurídica para las decisiones adoptadas en virtud de la jurisdicción arbitral.
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Comentario a la ley 27 348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo

Comentario a la ley 27 348 complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo

requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo", en Fallos: 328:1602. CS, 12-6-07, Fallo: "Llosco, Raúl c. Irmi S.A." (L. 334. XXXIX. Recurso de Hecho). Posibilidad de reclamar una indemnización prevista en la ley 24.557 al tiempo que se pretende la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º, del mismo cuerpo normativo. Inexistencia de interdependencia o solidaridad inexcusable entre las normas de las que se valió el actor para obtener de la ART lo que le era debido por esta, y el art. 39.1 que exime de responsabilidad civil al empleador. CS, 31-3-09, Fallo: "Torrillo" (T. 205. XLIV. Recurso de Hecho). Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar al reclamo por daños y perjuicios basado en el Código Civil, formulado por los padres de un trabajador fallecido en un incendio producido en las oficinas en las que prestaba servicios, y condenó a la empleadora del causante y a la aseguradora de riesgos del trabajo, con fundamento en que esta había incumplido con los deberes a su cargo en materia de seguridad en el trabajo, pues no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, cuando se demuestren los
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LEY 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

LEY 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.

Desde el 1 de enero de 2005 estas normas interna- cionales se aplican a las cooperativas de crédito, y a par- tir del 1 de enero de 2007, se aplicarán a las coopera- tivas que hayan emitido valores de renta fija admitidos a cotización en un mercado regulado. Asimismo, es pre- visible que, en breve, resulten de aplicación al resto de cooperativas, teniendo en cuenta que ya existe un an- teproyecto de ley de reforma y adaptación de la legis- lación mercantil en materia contable para su armoni- zación internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

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Nova et Vetera: edición 4, febrero 18 - febrero 24 de 2013

Nova et Vetera: edición 4, febrero 18 - febrero 24 de 2013

La Fiscalía General de la Nación avala el proyecto, pues para ésta entidad los adictos no deben ser tra- tados como criminales y es importante ratificar la des- penalización de la do[r]

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Estudio sobre algunos aspectos de la reciente reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, derivada de la Ley 4/2013, de 4 de junio

Estudio sobre algunos aspectos de la reciente reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, derivada de la Ley 4/2013, de 4 de junio

La Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, atendiendo a su Preámbulo y a pesar de su corta redacción, especifica como fin primordial la flexibilización y dinamización del mercado del alquiler a través de la búsqueda de la necesaria proporcionalidad entre la demanda social de viviendas en alquiler y las medidas garantizadoras que incentiven a los arrendadores a introducir sus viviendas en propiedad dentro del débil mercado de alquiler. Para ello, resulta necesaria para el Legislador la modificación de ciertos aspectos esenciales de la LAU de 1994. Tales aspectos, considerados fundamentales, son mencionados en el apartado segundo del Preámbulo, y este hecho no hace más que reafirmar cuáles son aquellas materias que han sufrido mayor alteración, así por ejemplo, en lo referente al régimen aplicable, donde se da mayor presencia a la voluntad de las partes, o en cuanto a la reducción de la duración y prórrogas de los arrendamientos para evitar el estancamiento de estos contratos y a la vez dinamizar esta modalidad de acceso a la vivienda, o la opción que se le da al arrendador de recuperar el inmueble en caso de necesitarlo para vivienda permanente, sin necesidad de expresar esta circunstancia en el contrato, o en su caso, la opción que se le da al arrendatario de desistir del contrato en cualquier momento, una vez transcurridos un mínimo de seis meses, y en este sentido, la libertad de pactos que se otorga a las partes para determinar una posible indemnización por ejercer este derecho, o por último, y no por ello menos importante, el asentamiento dentro del régimen general de inscripciones registrales inmobiliarias de los contratos de arrendamientos y así otorgarles de la necesaria seguridad del tráfico jurídico de la cual venían careciendo, por lo que mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos de viviendas, éstos puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho y así establecerse como modo de protección de los derechos adquiridos, o que el tercero adquirente que reúna los requisitos establecidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria no sea mermado en sus derechos por la no inscripción de un arrendamiento.
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Madrid, 27 de febrero de 2014

Madrid, 27 de febrero de 2014

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente. Esos mismos accionistas titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán presentar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 519.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
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El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio : comentario al Dictamen del Consejo de Estado 1.119/2008, de 3 de julio de 2008 - e-spacio

El recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio : comentario al Dictamen del Consejo de Estado 1.119/2008, de 3 de julio de 2008 - e-spacio

Para el Consejo de Estado la utilización —como se ha hecho— del pro- cedimiento de lectura única plantea serias dudas acerca de la posible vulne- ración del Reglamento del Parlamento Vasco de 11 de febrero de 1983 (RPV). El artículo 119 del RPV prescribe que, cuando la naturaleza del proyecto de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cá- mara, a propuesta unánime de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente en lectura única ante el Pleno o ante una Comisión. Adoptado tal acuerdo, se procederá a un debate sujeto a las nor- mas establecidas para los de totalidad, sometiéndose seguidamente el con- junto del Proyecto a una sola votación. No se admite, pues, la presentación de enmiendas, como excepción a la regla general establecida por el artículo 102 RPV. Según el apartado 3 del artículo 119 RPV, «cuando circunstancias de ca- rácter extraordinario y razones de urgente necesidad lo exijan, el Gobierno podrá hacer uso, sin requerir para ello la previa autorización de la Cámara, del procedimiento de lectura única, ante el Pleno o la Comisión correspon- diente, para la tramitación de proyectos de ley que no afecten al ordena- miento de las Instituciones de la Comunidad Autónoma, el Régimen Jurídico de las Instituciones Forales, el Régimen Electoral, ni derechos, deberes o li- bertades de los ciudadanos».
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Evolución del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi durante 2013

Evolución del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi durante 2013

El proyecto pretende explotar y desplegar soluciones innovadoras de telemedicina, previamente valida- das en el proyecto europeo Renewing Health, en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes. En el caso de Euskadi, la participación en el proyecto se va a centrar en el despliegue de la telemo- nitorización en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las soluciones proporcionarán al paciente un papel central en la gestión de su enfermedad, para ajustar la elección y dosis de medicamentos, promover el cumplimiento del tratamiento, ayudar a las y los pro- fesionales a detectar signos tempranos de empeora- miento y así contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. En 2013 el proyecto definió el marco de trabajo, los agentes participantes y el procedimiento de actuación. En el primer trimestre de 2014 se ha planificado el inicio de la intervención, que tendrá una población diana de 300 pacientes.
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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

Y ello en base a un doble orden de razones. En primer lugar, para paliar los efectos que ha producido el incontrolado crecimiento urbano e industrial soportado por la Comunidad Autónoma del País Vasco fundamentalmente durante la segunda mitad del presente siglo, efectos que han conducido a una importante degradación del nivel de vida de la población ubicada en su territorio. Y en segundo lugar porque el desarrollo del Estatuto de Autonomía para el País Vasco ha posibilitado la circunstancia de que una gran parte de las competencias atinentes a materias con incidencia sobre el territorio, hayan quedado residenciadas en el seno de la Comunidad Autónoma, y dentro de la misma, según el modelo distributivo establecido en la Ley 27/1983, de Territorios Históricos, originando una compleja situación de coincidencia competencial sobre un mismo territorio, de diversas instancias capacitadas territorial o sectorialmente.
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4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de junio de 2014

4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 27 de junio de 2014

Quinto.- Por única ocasión, los procesos electorales ordinarios locales del Distrito Federal, correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre del año 2014. México, D.F., a 19 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Rúbricas."

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Recibido 1 de abril 2014, aceptado con modificaciones 27 de junio 2014, fecha de reenvío 24 de julio 2014.

Recibido 1 de abril 2014, aceptado con modificaciones 27 de junio 2014, fecha de reenvío 24 de julio 2014.

Citation / Citar este artículo como: GARCÉS RESTREPO MF, GIRALDO A, CARR JL. Variación demográfica temporal de la tortuga de río chocoana, Rhinoclemmys nasuta (Geoemydidae), en Isla Palma, Bahía Málaga, Pacífico del Valle del Cauca. Acta biol. Colomb. 2014;19(3):489-497. RESUMEN Pocos estudios demográficos de larga duración han sido realizados en tortugas dulceacuícolas de Suramérica, pese a la necesidad de este tipo de investigación para esclarecer las variaciones naturales y fortalecer procesos de conservación en este grupo particular. En esta investigación se estudió la variación en la demografía de una población de la tortuga de río chocoana (Rhinoclemmys nasuta), a partir de información registrada en una localidad insular del Pacífico colombiano entre 2005 y 2012. En esta localidad se capturaron manualmente tortugas en cinco riachuelos con un área total de 0,4 ha. Se calculó el tamaño poblacional con el método Jolly-Seber en cuatro periodos (2005–06, 2007, 2011 y 2012), y se comparó la estructura poblacional. Se estimó la probabilidad de supervivencia y la probabilidad de captura para machos, hembras y juveniles utilizando el modelo Cormack-Jolly-Seber, y la tasa de crecimiento poblacional con el modelo POPAN. Se evidenciaron aumentos y disminuciones en el tamaño de la población. Se evidenció un aumento significativo del porcentaje de juveniles que hacen parte de la población durante el periodo de estudio. En todos los periodos las hembras dominaron la estructura de sexos de la población. Las variaciones temporales en el tamaño poblacional pueden deberse a cambios naturales en el hábitat o a efectos denso-dependientes. Sin embargo, también pueden corresponder a fluctuaciones normales en los parámetros poblacionales, por lo tanto monitoreos continuos donde se puedan correlacionar factores ambientales y físicos del hábitat podrían permitirnos elucidar a que se deben estas variaciones.
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Arbitraje nacional e internacional, el laudo : nulidad y ejecución

Arbitraje nacional e internacional, el laudo : nulidad y ejecución

La doctrina más autorizada en la materia, tanto nacional como extranjera, luego de distinguir nítidamente entre las nociones de reconocimiento y de ejecución, aclara que toda sentencia declarativa, constitutiva o de condena es susceptible de reconocimiento en un Estado distinto del cual procede. Solamente las sentencias condenatorias son susceptibles de ejecución. Queda claro que no puede haber ejecución sin reconocimiento, pero en cam- bio puede haber reconocimiento sin ejecución. Se trata de nociones distintas, las que no pueden ser confundidas. De modo, que por “reconocimiento” se entiende el examen de la admisibilidad jurídica del pronunciamiento dictado en el extranjero, comprendiendo el con- junto de actos procesales para establecer si la decisión reúne los requisitos de admisibilidad indispensables y por “ejecución” la pretensión de dotar de fuerza ejecutiva al pronunciamien- to dictado en el extranjero con virtualidad suficiente como para habilitar al titular del derecho allí consagrado para requerir, de resultar menester, el auxilio de la fuerza pública del Estado requerido. Dentro de esa línea de pensamiento, y dicho de otra manera puede conceptual- mente distinguirse entre "reconocimiento" que implica el acto a través del cual la sentencia o laudo extranjero es considerado como definitivo y vinculante para las partes y "ejecución" que consiste en el procedimiento a través del cual el titular de una sentencia extranjera a su favor obtiene la vía procesal efectiva para cobrar su crédito. Sin embargo, cabe señalar que coincidentemente tanto para el reconocimiento como para la ejecución de una sentencia o laudo dictado en el extranjero, es necesario que se cumplan determinados requisitos que cubran los aspectos formales, procesales y materiales. El control de los mencionados re- caudos tienden, en mayor o menor medida, con los primeros a verificar si los fallos extranje- ros se encuentran revestidos de las formalidades externas necesarias para ser considerados auténticos en el Estado de donde proceden; con los segundos, a asegurar la regularidad del proceso llevado a cabo en el extranjero, el cumplimiento del debido proceso por parte de un juez que ostente competencia internacional y los últimos, a resguardar que el reconocimien- to o la ejecución no entrañe la vulneración del orden público internacional del Estado reque- rido. 34
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La Financiación de las Sociedades Cooperativas: un estudio desde la perspectiva de la Ley de Cooperativas del País Vasco

La Financiación de las Sociedades Cooperativas: un estudio desde la perspectiva de la Ley de Cooperativas del País Vasco

—La transformación de sociedades cooperativas (artículo 85) en sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase en base a necesidades empresariales que exijan soluciones societarias inviables en el sistema jurídico cooperativo, a juicio de los ad- ministradores y, en su caso, de la comisión de vigilancia de la cooperativa, homologado por el Consejo Superior de coope- rativas. Para evitar que la transformación desnaturalice la esencia cooperativista se establece, por una parte, que los so- cios que ejerzan el derecho de separación tendrán derecho únicamente al reembolso de sus aportaciones al capital y, por otra, que el valor nominal de las dotaciones del fondo de re- serva obligatorio y de las reservas voluntarias irrepartibles se acreditarán al Consejo Superior de cooperativas como títulos de cuentas en participación referidos a la sociedad resultante del proceso transformador y que el fondo de educación y promo- ción cooperativa tendrá la aplicación estatutariamente previs- ta y, en su defecto, se pondrá a disposición del Consejo Su- perior de cooperativas.
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24 DIARIO OFIOAL Jueves 10 de junio de 1993

24 DIARIO OFIOAL Jueves 10 de junio de 1993

Que las Secretarías de Marina, de Desarrollo Social, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes de la Reforma Agraria, de Turismo y de[r]

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