PDF superior DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SUS MECANISMOS DE PROTECCIÓN

El quejo podrá apelar ante el Defensor del Pueblo en un lapso de 8 días, el Defensor del Pueblo o por delegación de él podrá convocar a audiencia pública para que las partes formulen los alegatos y si es posible lleguen a un acuerdo; de no darse el acuerdo entre la partes y finiquitada la investigación se emitirá resolución motivada sobre la queja, esto en Ecuador. En el caso de Argentina, el denunciante debe tener todos los documentos relacionados al producto adquirido para la audiencia de conciliación, en el cual se debe lograr un mutuo acuerdo. Según la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (2017) el acto denunciado se deriva al organismo de defensa del consumidor, el cual le indicará al consumidor si el acto procede o no, y de ser procedente, le indicará cómo deben continuar y lo principal será que existirá una audiencia de conciliación entre este y la empresa o proveedor. III.b. Procedimiento Judicial
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La necesidad de regular el derecho de desistimiento en los contratos electrónicos en el código de protección y defensa del consumidor

La necesidad de regular el derecho de desistimiento en los contratos electrónicos en el código de protección y defensa del consumidor

Dentro de la misma línea, Diez & Gullón (2015) comentan que consiste en: “Una facultad de cualquiera de las partes de poner fin a la relación obligatoria mediante un acto enteramente libre y voluntario, y que no tiene que fundarse en ninguna cau sa especial” (p. 305). En otras palabras, el principio de oportunidad en el desistimiento hace que sea un derecho inalienable e inherente al consumidor (principio de oportunidad en el derecho del consumidor entendido como la capacidad del consumidor para tomar la decisión de desistirse y poner a la relación de consumo), protegiendo de esta manera sus derechos fundamentales como, el derecho a escoger el bien o servicio que le parezca y; asimismo, poder desistir de la adquisición de estos, fortaleciendo los derechos del consumidor, sobre todo los contemplados en el Artículo V del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC), en especial, el principio de soberanía del consumidor, cuya definición consiste en que las decisiones del consumidor suponen una mejora para el mercado, tratando de perfeccionar los bienes y servicios que brinda el proveedor.
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La aplicación de las normas de protección y defensa del consumidor al servicio de ayuda económica que brindan las asociaciones mutuales a sus afiliados

La aplicación de las normas de protección y defensa del consumidor al servicio de ayuda económica que brindan las asociaciones mutuales a sus afiliados

Asimismo, este régimen alcanzó la cúspide normativa con la reforma constitucional de 1994, al consagrar la protección del consumidor como derecho humano de tercera generación (arts. 42, 43, 75 inc. 22, CN). El artículo 42 de la Constitución Nacional concretamente establece que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
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Aplicación de la sanción pecuniaria del INDECOPI a los infractores del código de protección y defensa del consumidor según los criterios utilizados por la comisión de protección del consumidor de la oficina regional del Indecopi Cusco, 2014 2016

Aplicación de la sanción pecuniaria del INDECOPI a los infractores del código de protección y defensa del consumidor según los criterios utilizados por la comisión de protección del consumidor de la oficina regional del Indecopi Cusco, 2014 2016

8. El 11 de febrero de 2015, Telefónica apeló el pronunciamiento del ORPS -aunque no en el orden propuesto a continuación- desarrollando los siguientes argumentos: (i) Vulneración del principio de congruencia: En su escrito de denuncia Independent Traveller's señaló recurrir a la autoridad administrativa exigiendo el cumplimiento de la garantía que le asistía en la compra del equipo; por lo que el ORPS debió analizar y pronunciarse respecto del deber de idoneidad en relación al cumplimiento de las garantías estipuladas en el artículo 20° y 97° del Código; así la primera instancia vulnero el principio de congruencia desarrollado en el Ley del Procedimiento Administrativo General en tanto se pronunció sobre la venta de un producto defectuoso cuando la denuncia versaba sobre la aplicación de garantías. (ii) Los alcances del deber de idoneidad: En los procesos productivos de fabricación masiva, pese a contar con mecanismos de control de calidad, no puede asegurarse la perfección en la elaboración y funcionamiento en todos los productos que ingresan al mercado (celulares, en el caso concreto), por lo que existen márgenes de error regulados. Así la finalidad del sistema de protección al consumidor no es lograr un mercado de comercio de productos perfectos o infalibles, pues ello incrementaría excesivamente el costo por producto, para el consumidor; por el contrario una interpretación sistemática de los artículos 18°, 19° 20° y 97° permite comprender que la idoneidad no implica la ausencia absoluta de fallas, sino el brindar mecanismos de solución razonables y adecuados en función a las circunstancias del caso; solo así tendrían sentido el conjunto de remedios previstos por las normas de protección al consumidor. Justamente en el caso concreto su representada valido la garantía expresa ofrecida por el fabricante, y reparo el defecto de funcionamiento presentado en el equipo, por lo que no incurrio en una infracción al deber de idoneidad; criterio que fue recogido en diversos pronunciamientos anteriores. (iii) La graduación de la sanción: La multa impuesta por el ORPS resulta excesiva y no ajustada a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en tanto no se verifica una falta pues se validó la garantía y reparó el producto defectuoso; no se verifica beneficio ilícito en tanto se brindó el servicio técnico correspondiente; no hubo daño resultante de la infracción en tanto el consumidor conocía desde el inicio las condiciones de garantía. Además se debía considerar que su representada no comercializa productos defectuosos y cuenta con un sistema de servicio técnico que atiende cualquier inconveniente con sus equipos.
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Protección del consumidor en el código civil y código de protección y defensa del consumidor frente a las clausulas abusivas en los contratos por adhesión de telefonía fija

Protección del consumidor en el código civil y código de protección y defensa del consumidor frente a las clausulas abusivas en los contratos por adhesión de telefonía fija

más débil, cuya protección debe brindar en sus tres niveles: En la formación del contrato, en la determinación de su contenido y en la fase de su ejecución, otorgándose de esta manera los siguientes mecanismos de protección: Protección Colectiva Autónoma, que no es otra cosa que la organización colectiva de los consumidores y Heterónoma, cuando este control está en manos del Poder Judicial, de las normas dictadas por el Poder Legislativo o de la Administración Pública que puede incluirse al Gobierno Central o a los Gobiernos Locales, Control en el Código Civil, Control en la Ley N° 29571, de fecha 02 de octubre del 2010. Estas normas ponen especial interés en que la protección debe ejercerse de manera prioritaria a través del ejercicio de la propia autonomía privada del consumidor. 10 Se asume que la autoprotección es el mejor camino. Dentro de esta línea, las normas señaladas pone énfasis en los mecanismos de transm isión de información.
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El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

La Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica otorgará la acreditación y la correspondiente renovación a los Proveedores de Servicios de Certificación, revocará o suspenderá la acreditación otorgada cuando se incumplan las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en la Ley; mantener, procesar, clasificar, resguardar y custodiar el Registro de los Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados; verificar que los Proveedores de Servicios de Certificación cumplan con los requisitos contenidos en el presente Decreto-Ley y sus reglamentos; supervisar las actividades de los Proveedores de Servicios de Certificación; inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios realizados por los Proveedores de Servicios de Certificación; abrir, de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos relativos a presuntas infracciones; actuar como mediador en la solución de conflictos que se susciten entre los Proveedores de Servicios de Certificados y sus usuarios, cuando ello sea solicitado por las partes involucradas, sin perjuicio de las atribuciones que tenga el organismo encargado de la protección, educación y defensa del consumidor y el usuario, conforme a la ley que rige esta materia; tomar las medidas preventivas o correctivas que considere necesarias conforme a lo previsto en la Ley e imponer las sanciones establecidas
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Eficacia de los mecanismos de resolución de reclamación para la protección del consumidor financiero, Arequipa 2014

Eficacia de los mecanismos de resolución de reclamación para la protección del consumidor financiero, Arequipa 2014

135 clave de protección del consumidor, las principales procons han adoptado posiciones que contradicen las respaldadas por los organismos de control financiero y posiblemente vayan en contra de los intereses de los consumidores. Por ejemplo, en el caso del sector de las tarjetas de pago, las procons defienden el derecho de “un precio” o “naosobrepreco” argumentando que los consumidores no deberían estar sujetos a costos más altos por comprar productos con tarjetas de crédito en lugar de dinero en efectivo. Sin embargo, en un estudio realizado por el Banco Central de Brasil en 2010, se observó que esta norma de no aplicar recargos genera distorsiones en el mercado y, en consecuencia, es perjudicial para los consumidores, ya que impide la competencia entre los proveedores de servicios de pago e incentiva a los consumidores a utilizar ciertos instrumentos de pago que tal vez no siempre sean la opción más económica. Además, con precios establecidos libremente se reducirían los efectos adversos derivados del poder de mercado de los adquirentes y, por otra parte, aumentaría el poder de negociación de los clientes. En el Reino Unido, la reglamentación de los créditos de consumo se transfirió recientemente de la Oficina de Comercio Justo a la nueva Autoridad de Conducta Financiera. Uno de los principales objetivos de la restructuración fue eliminar las duplicaciones y cargas regulatorias innecesarias que afrontan las instituciones financieras.
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“La ley orgánica de defensa del consumidor”

“La ley orgánica de defensa del consumidor”

En la actualidad, uno de los sectores más vulnerables en materia de consumo es el que se refiere a la regulación de los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, Para lo cual “...el proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; el proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella...”. Por su parte, “...e l consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor...” además “...el proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y el proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, y cuidará las prácticas de mercadotecnia dirigidas a población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población...”. 56
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LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

el consumidor por la circulación de productos defectuosos, o por la difusión de mensajes en- gañosos o erróneos. En este sentido, la Carta señala que los ordenamientos de los países miembros del consejo de Europa deberán es- tablecer “reglas generales que provean a la seguridad de los bienes y servicios”; que insti- tuyan controles sobre la productos del merca- do y sobre su composición y etiquetado; y que protejan los intereses económicos de los con- sumidores con controles sobre las condiciones generales de contratación. En la Carta se invita a cada país miembro a una revisión periódica de la legislación en materia de prácticas comer- ciales desleales y, en general. De todas las prác- ticas que resultan abusivas, incorrectas o poco deseables desde la perspectiva de la protección al consumidor.
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Infracciones contra la ley orgánica de defensa del consumidor

Infracciones contra la ley orgánica de defensa del consumidor

El Usuario es toda persona física o jurídica que utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. En general, nuestra Ley Orgánica de Defensa del Consumidor inserta principios de avanzada en materia de protección al consumidor, así por ejemplo, como ya lo mencionamos anteriormente, en la definición del concepto mismo del consumidor incluye también a los usuarios; en este hecho, que es debatido por diferentes tratadistas y aún en varias legislaciones, no existe consenso respecto a considerar a los usuarios dentro del concepto de consumidores, sino que algunas hacen una distinción entre estos tratadistas, pero siempre con un sentido de protección para ambos.
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La legislación de defensa del consumidor y las cooperativas

La legislación de defensa del consumidor y las cooperativas

la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de dis- torsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la cali- dad y eficiencia de los servicios públicos de competencia nacional, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos efi- caces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servi- cios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las aso- ciaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control» (art. 42).
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La unidad especializada de defensa al consumidor

La unidad especializada de defensa al consumidor

La presente investigación habla acerca de los derechos de las personas usuarias y consumidoras del País una vez analizado minuciosamente y puesto en práctica el tema de estudio a través de una comparación legal y doctrinariamente en relación a estos derechos es así que la Constitución de la República del Ecuador específicamente en su artículo 52 se refiere a las personas usuarias y consumidoras que tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Los Instrumentos Internacionales y demás leyes conexas llegan a una misma definición cerca de los derechos de los consumidores en tanto que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor cuya Ley protege estos derechos cuando han sido víctima de alguna violación estableciendo los mecanismos de defensa a través de entidades públicas quienes son competentes para el control y los procedimientos de defensa del consumidor además de sancionar aquellas personas que han obrado de mala fe o de aquellos proveedores de algún tipo de empresas ya sean estas públicas o privadas. Obligándoles a la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no se ocasionan por caso fortuito o fuerza mayor. Constitución de la República del Ecuador, Sección Novena, Personas) Usuarias y Consumidoras, Págs. 12, 13).
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La ley orgánica de defensa del consumidor ecuatoriana

La ley orgánica de defensa del consumidor ecuatoriana

Este derecho hace viable y facilita a los consumidores con el libro o registro a su disposición, la presentación de los reclamos sobre los bienes o servicios que recibe. Sin embargo, creemos adicionalmente que este registro para que cumpla su finalidad en debida forma es preciso se lo instale en las diversas ciudades si se trata de un servicio público, de modo tal que sea fácilmente accesible al reclamante, estos registros o libros por lo demás, deben ser habilitados por la autoridad competente. El Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, debió reglar adecuadamente mecanismos que hagan expedita la vía del libro para canalizar sus reclamos, señalar un procedimiento de control de los reclamos interpuestos y para la contratación de las respuestas y soluciones que se hubieren dado. Hubiera sido valioso, que se fije un plazo corto para la redacción y envío de la respuesta y lo que es más importante para solucionar el problema reclamado, pues como se encuentra redactado y aprobado el establecimiento en las empresas de un libro de reclamos no tendrá mayor significación para los usuarios y consumidores.
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La protección del consumidor en el contrato de arrendamiento

La protección del consumidor en el contrato de arrendamiento

defensa del consumidor, finalidad que pudo ser perfectamente comprendida, con exposiciones de motivos como las presentadas en las ponencias ante las cámaras, donde se expresó “… hay un vasto clamor ciudadano, de muchos años atrás, pidiendo al Estado una legislación fuerte que proteja a los consumidores de la indolente y creciente sed de riquezas de los dueños de bienes y servicios… Es evidente que el Estado no debe estar ausente en la regulación de los precios del mercado, en su control y especialmente, en la defensa del consumidor, que es el extremo más débil de la relación, aunque sea el más numeroso… No hay duda, como se ha anotado, que la sociedad actual básicamente se divide entre expendedores y proveedores, por un lado y, por el otro, los consumidores que constituyen la inmensa mayoría de la Nación. El control de los primeros y la defensa de los segundos, debe ser uno de los objetivos fundamentales del Estado actual, si se quiere sinceramente conseguir una sociedad menos injusta, menos subyugante, en donde los abismos de desigualdad que la invaden comiencen a hallar frenos y remedios con una legislación efe ctiva y vigorosa” 3
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Ciberseguridad: mecanismos de ataque y defensa más
extendidos

Ciberseguridad: mecanismos de ataque y defensa más extendidos

87 desplazando al tráfico legítimo. La ocultación esconde la localización del servidor o del servicio, por lo que el atacante al no conocer la forma de acceder al servidor, no puede atacar. El servidor suele estar oculto detrás de una "pared" y las solicitudes del cliente golpean la primera vez esta pared, y luego estos clientes tienen el reto de demostrar su legitimidad. Para validar al cliente se puede emplear cualquier validación del origen o prueba de trabajo tal como se ha comentado anteriormente, eso sí, la prueba de la legitimidad tiene que ser lo suficientemente confiable para descartar a los equipos atacantes. También tiene que ser distribuido, de modo que los agentes no puedan bloquearlo mediante el envío de demasiadas peticiones de servicio. Las peticiones de los clientes legítimos se retransmiten al servidor a través de una red superpuesta. En un extremo, a los clientes de confianza se les da una clave de acceso permanente que les permite tomar un camino rápido para el servicio sin tener que proporcionar de nuevo una prueba de legitimidad. Los enfoques de ocultación muestran una solución que parece definitiva, pero incurren en altos costes para configurar la red superpuesta y distribuir máquinas de guardia en todo Internet. Además, el software del cliente es probable que necesite modificaciones para hacer varias pruebas de legitimidad. Todo esto lo hace poco práctico para la protección de los servicios públicos, pero muy adecuado para la protección de los servidores corporativos o militares. Una de las principales desventajas de estos esquemas es que se basan en el secreto de la dirección IP del servidor protegido. Si se divulga este secreto, los atacantes pueden pasar por alto la protección mediante el envío de paquetes directamente a esa dirección.
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ESTUDIO DEL ART.235 DEL COIP Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

ESTUDIO DEL ART.235 DEL COIP Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN

Es así que la ley penal debe aplicársela para casos graves en lo que existan vulneraciones a bienes jurídicos o afectaciones a la convivencia social que no pueden ser resueltos por otros medios, dicho de otra forma debe dejarse a ejercicio del derecho penal aquellas conductas más lesivas para la sociedad y que no pueden resolverse por otra materia, situación que dentro del presente caso no sucede pues existe un procedimiento que se tramita mediante la ley Orgánica de Defensa del consumidor e cual también acarrea una pena, desde esta perspectiva debería ser esta la vía por la cual se juzguen estas infracciones. En el caso concreto, existe un mecanismo extrapenal que busca la protección de los consumidores y está inmerso dentro de la mentada ley.
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TítuloLa publicidad engañosa y las claúsulas abusivas en la actividad bancaria

TítuloLa publicidad engañosa y las claúsulas abusivas en la actividad bancaria

11 las consecuencias de su incumplimiento, pero también los órganos encargados de su elaboración y de su gestión y aplicación y las sanciones que se establecen en el caso de incumplimiento de sus resoluciones. Estos mecanismos poseen absoluta legitimidad en el momento de autorregulación además del tratamiento de la existencia de prácticas comerciales desleales sin excluir los procedimientos administrativos o judiciales que regulan estos actos. La adhesión a un código de conducta implica la obligación del cumplimiento de los compromisos incluidos en el mismo y con este pronunciamiento el consumidor puede creer que el empresario llevará a cabo prácticas comerciales incluidas en el mismo además de que éstas actividades están sometidas a un control y a una posible sanción y que en caso de la existencia de un problema su tratamiento será efectuado con mayor rapidez y facilidad.
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Economía colaborativa y protección del consumidor

Economía colaborativa y protección del consumidor

Tanto nuestras normas internas de consumo, como las de la Unión Europea, están dirigidas a la protección del consumidor en el marco de las relaciones de consumo tradicionales. En este sentido, el artículo 2 TRLGDCU, al describir el ámbito de aplicación de la norma, afirma que ésta regirá únicamente las relaciones entre consumidores y usuarios y empresarios. Asimismo, el artículo 1 de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (Directiva sobre los derechos de los consumidores), afirma tener por objeto proporcionar un nivel elevado de protección de los consumidores en los contratos celebrados con comerciantes. Nótese como ambas normas dejan fuera de su ámbito la participación del consumidor o usuario en otros modelos de negocio, donde la figura del empresario queda desdibujada.
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Daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor

Daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor

Leído así, el artículo pareciera sentar un presupuesto de hecho en el que basta con el simple incum- plimiento de una obligación legal o contractual, para reclamar daños punitivos. Para el autor Edgardo López Herrera, la norma contiene un indudable acierto, que es la mención de las obligaciones legales para terminar de despejar las dudas sobre si la responsabilidad por daño punitivo es contractual o legal; al mencionar las obligaciones legales ya no tiene mayor sentido preguntarse si sólo es necesario un incum- plimiento respecto de quien es consumidor contratante. La norma debe ser entendida como permisiva del reclamo también a los terceros consumidores no adquirentes o contratantes. Siguiendo al mismo autor, debe interpretarse que la mención de obligaciones legales apunta a tener en cuenta todos los estatutos que protegen al consumidor y no lo que se pueda haber pactado en el contrato de consumo, que por ser de adhesión puede dejar desprotegido al consumidor.
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 73 QUÁTER.- Todo bien inmueble cuya transacción esté regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía correspondiente, la cual no podrá ser inferior a cinco años para cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año. Todos los plazos serán contados a partir de la entrega real del bien. En el tiempo en que dure la garantía el proveedor tendrá la obligación de realizar, sin costo alguno para el consumidor, cualquier acto tendiente a la reparación de los defectos o fallas presentados por el bien objeto del contrato.
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