PDF superior Democracia y protección de datos

Democracia y protección de datos

Democracia y protección de datos

6. Pero la libertad del cuerpo físico y electrónico queda cuestionada ante la difusión de formas de vigilancia generales, de la conservación de datos de tráfico telefónico y en la red, de las tecnologías de localización. Ya es conocido el caso de Echelon, un sistema de escucha planetaria de las comunicaciones electrónicas realizado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estados Unidos está proyectando nuevos sistemas de control según el modelo del Terrorism Information Awareness (TIA), hoy sólo en apariencia abandonado. Se difunde la con- servación de datos de tráfico durante periodos más o menos largos (desde seis meses hasta cinco años), haciendo posible un control capilar y la re- construcción de relaciones y costumbres de las personas por medio de la conservación de datos que se refieren al correo electrónico, a los accesos a las páginas web, a las participaciones en chats. Por medio de la red telefó- nica móvil, o de los chips bajo la piel, las smart tags realizadas por medio de la tecnología de identificadores de radiofrecuencias (RFID), es posible localizar permanentemente a una persona, seguirla en sus desplazamien- tos: una red invisible nos acompaña, el cuerpo humano se transforma en un mero objeto en movimiento controlado por medio de tecnologías sate- litales.
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Sobre los límites de la protección penal de datos personales

Sobre los límites de la protección penal de datos personales

sustituye a la anteriormente citada y tenía como fecha límite para su trasposición el 31 de octu- bre de 2003. Asimismo, el Reglamento (CE) 45/2001, de 18 de diciembre del Parlamento Euro- peo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamien- to de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. Por último, el artículo 8 del texto de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, aprobada el 7 de diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, reconoce —de forma independiente al derecho “al respeto de su vida privada y fami- liar, de su domicilio y de sus comunicaciones” (art. 7)— el derecho a la protección de datos de carácter personal, consagrando, aparte de la independencia de la autoridad de control, la univer- salidad de este derecho, cuyo contenido alcanza al acceso y la rectificación e imponiendo el de- ber de tratamiento leal, finalista y legitimado en el consentimiento o en la ley 100 .
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SANCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

SANCIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Imponer a D. “I.F.R.", por una infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una multa de 60.101,21 € de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica. Imponer a la entidad SANIDAD Y RESIDENCIAS 21, S.A. por una infracción del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tipificada como muy grave en el artículo 44.4.b) de dicha norma, una multa de 300.506,05 € de conformidad con lo establecido en el artículo 45.3 de la citada Ley Orgánica.
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Protección de datos personales en los servicios de internet

Protección de datos personales en los servicios de internet

Teniendo en cuenta la relevancia económica y social de los países miembros de la Unión Europea, el RGPD es una guía importante para encontrar posibles mejoras o recomendaciones a la legislación colombiana actual, y así optimizar la protección de datos personales de los ciudadanos así como su derecho a la intimidad. Los artículos mencionados en la tabla 6 dan cuenta de las debilidades de las leyes colombianas con respecto a la protección de datos personales. Sin embargo, al analizar la legislación colombiana comparándola con el RGPD, también es posible encontrar muchas fortalezas entre las que se destacan la definición de un ente de vigilancia y control (Superintendencia de Industria y Comercio – SIC), la definición de principios para la protección de datos personales, los derechos de los niños y adolescentes y procedimientos para reclamos por parte de los titulares a los responsables del tratamiento.
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LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

(iii) El responsable del fichero (que normalmente será la productora audiovisual, que es quien recaba los datos en primera instancia) deberá resolver la solicitud de cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. (iv) Si los datos cancelados hubieran sido cedidos previamente (por ejemplo, a la cadena de televisión que vaya a emitir el programa) el responsable del fichero deberá comunicar dicha cancelación al cesionario, en idéntico plazo, para que a su vez, también en el plazo de diez días, proceda a cancelar dichos datos Por tanto, si aquel titular de los datos que dio su consentimiento expreso para la captación y difusión de su imagen, voz, etc., revoca su consentimiento expreso para la utilización de los mismos, se podrá solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados en los términos señalados en la Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen sin embargo, desde la óptica de la normativa de protección de datos, si dicho titular solicita la cancelación de sus datos, se tendrán que cancelar los mismos de forma gratuita en unos plazos muy breves.
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Sociedad civil en la promoción y protección de la democracia en las Américas

Sociedad civil en la promoción y protección de la democracia en las Américas

El caso peruano de 1992 también evidenció otras incongruen- cias. Si bien, en junio de 1992, la intervención de la oea, junto con la preocupación demostrada por otros Estados y organismos multila- terales, obligó a Alberto Fujimori a convocar elecciones, el Sistema Interamericano demostró sus limitaciones en el aspecto preventivo y de detección de nuevas formas de irrupción del orden constitucio- nal. En ese sentido, si bien existen mecanismos que permiten instru- mentalizar el Sistema Interamericano para promover y consolidar la democracia representativa en la región y, de esta manera, dar una respuesta a la problemática de la protección de la democracia a nivel correctivo (Cancado Trindade, 2001; p. 151), la práctica internacio- nal ha demostrado la insuficiencia de estos mecanismos en cuanto a la prevención de quiebres democráticos.
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El derecho a la protección de datos personales

El derecho a la protección de datos personales

No será necesaria la autorización del Director para la realización de una transferencia internacional de datos que tuvieran por importador una persona o entidad pública o privada, situada en el territorio de un estado respecto del que se haya declarado por la comisión europea la existencia de un nivel adecuado de protección.

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Implicaciones institucionales de la ley de Protección de Datos

Implicaciones institucionales de la ley de Protección de Datos

El PNR es un fichero centralizado que contiene la información que las compañías aéreas recaban de sus pasajeros y que incluyen datos personales con muchísima información capaz de hacer un perfil del individuo. La Comisión, mediante la Decisión 2004/535/CE, consideró que la CBP (Servicio de Aduanas y Protección de fronteras de los EEUU) garantizaba un nivel adecuado de protección de datos de los PNR transferidos desde la Comunidad relativos a los vuelos hacia o desde los Estados Unidos, y el 28/05/2004 se firmó el Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el tratamiento y la transferencia de datos PNR por las compañías aéreas al Departamento de Seguridad Nacional, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Publicado en el DO L 142M), en el que se podían transferir hasta 34 elementos. Esta Decisión fue criticada tanto por el Supervisor Europeo de Protección de Datos como por el GT29. El 30 de mayo de 2006, el TJUE dictó sentencia por la que anulaba ambas Decisiones. Mediante la Decisión 2007/551/PESC/JAI del Consejo, de 23 de julio de 2007 (DO L 204), el Consejo aprobó otro acuerdo. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en 2011 se firmó un nuevo Acuerdo PNR con EEUU que entró en vigor el 1 de julio de 2012. En febrero de 2011 se presentó una propuesta de Directiva relativa a la utilización de datos de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delitos graves, que supondría la instauración de un sistema PNR que afectaría a los vuelos entre la UE y países terceros y obligaría a las aerolíneas a comunicar a las autoridades nacionales del Estado miembro de origen o de destino los datos de los pasajeros. Dicha propuesta fue rechazada en abril de 2013 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior por entender que se vulneraba el derecho a la protección de datos de carácter personal. La propuesta se bloqueó en el Parlamento y actualmente, tras los atentados de Charlie Hebdo en París se ha intentado desbloquear y se encuentra en primera lectura.
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Cloud computing y protección de datos

Cloud computing y protección de datos

También podemos avanzar un segundo elemento de rele- vancia, que –aunque no siempre estará presente– si es consecuente con el paradigma del cloud computing y lo que éste implica como ahorro de costes, tendrá mucho peso. Este segundo elemento será la prestación de estos servicios por parte de empresas globales, ubicadas en aquellos lugares del mundo en los que la instalación de centros de proceso de datos orientados al cloud com- puting resulte más rentable. A menudo, esto implicará la aplicación de la figura del movimiento internacional de datos personales, también prevista en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Más adelante volveré a analizar con algo más de detalle estas dos cuestiones, pero ahora querría añadir algunos otros comentarios de carácter general.
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Seguridad en las tecnologías de información y protección de datos

Seguridad en las tecnologías de información y protección de datos

En los países desarrollados, existen entes que velan por la seguridad de los datos que se transfieren a través de Internet; un ejemplo muy claro es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la cual es un ente regulador que vela porque la información de carácter personal de sus ciudadanos no sea usada en perjuicio y malversación

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Fuentes de información sobre protección de datos en Internet

Fuentes de información sobre protección de datos en Internet

1. AUTORIDADES DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DATOS En primer lugar aparecen los sitios web oficiales de las autoridades de control de protección de datos, catalogadas territorialmente. Estos organis- mos, como fuentes dimanantes de la información práctica de la aplicación de la legislación vigente, pueden considerarse los pilares de las fuentes de in- formación sobre protección de datos disponibles en Internet.

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Retos regulatorios de la protección de datos en Colombia

Retos regulatorios de la protección de datos en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio será el ente encargado de ejercer vigilancia y control para garantizar que el tratamiento de datos personales se respete los principios, derechos, garantías y procedimientos establecidos por la ley. A su vez en las funciones que desempeñara este ente se encuentran, velar por el cumplimiento de la legislación en protección de datos; realizar investigaciones de ser necesarias y ordenar medidas efectivas para el cumplimiento del derecho del hábeas data; solicitar que sean bloqueados los datos del titular siempre y cuando las pruebas realizadas arrojen un riesgo de los derechos fundamentales mientras toman las medidas correspondientes; promover campañas de divulgación para que los ciudadanos conozcan y se capaciten acerca del derecho fundamental a la protección de datos; difundir procedimientos y medidas para los responsables del tratamiento y los encargados como se encuentra en la ley; manifestar las declaraciones sobre la transferencia internacional de datos; Administrar el Registro Nacional Público de Bases de Datos emitiendo las ordenes necesarias para que se cumpla su funcionamiento; proponer mejoras a la normatividad actual conformes a la evolución tecnológica, informática y comunicacional; Solicitar cooperación a la entidades internacionales cuando los derechos de los titulares se vean afectados en la recolección internacional de datos personales.
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Régimen jurídico–administrativo de la protección de datos

Régimen jurídico–administrativo de la protección de datos

basándose en que “[…] en casos como el presente se exige ineludiblemente la información previa al trabajador. En el ámbito laboral, no existe razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE, sin que sea suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito o que pueda resultar eventualmente proporcionado al fin perseguido, debiendo el control empresarial asegurar en todo caso la debida información previa. Insiste la recurrente en que en el ámbito del contrato de trabajo, como núcleo de los derechos y deberes derivados del contrato, cuando se produce una sanción disciplinaria a trabajador por incumplimiento de éste, con sanción basada en imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el puesto de trabajo, deben de respetarse la protección de datos de carácter personal y su derecho a la información. El tratamiento de los datos sin haber informado al trabajador sobre la utilidad de supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen, a la que se ha de añadir la insuficiencia de la existencia de distintivos anunciando la instalación de cámaras y la captación de imágenes y de la notificación de creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos, para su validez, exige la necesidad de información previa, expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores sobre la captación de imágenes, su finalidad de control de la actividad laboral y su posible utilización para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. De no hacerse así, a su juicio, se vulnera el art. 18.4 CE. Señala que la protección de datos y el derecho de información en el ámbito laboral acarrea la inexistencia de razón que tolere la limitación del derecho de información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE, sin que sea suficiente que el tratamiento de datos resulte en principio lícito o que pueda resultar eventualmente proporcionado al fin perseguido” 68 .
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La protección de datos personales en Iberoamérica

La protección de datos personales en Iberoamérica

Tras constatar la experiencia europea como raíz legislativa de poste- riores desarrollos normativos en Iberoamérica, como es el caso de la Re- pública de Argentina, Uruguay y Colombia, consideramos necesaria la inclusión de los preceptos legislativos que regulan derechos relacionados al Derecho de protección de datos personales en aquellos países que care- cen de tal regulación, además, esto no implica sólo que se adopte una ley sobre esta materia sino que la misma debe darse en un marco normativo adecuado que incluya aspectos que se remitan directamente a la citada experiencia legislativa, lo que no ha de suponer una mera traslación de la norma española o argentina en la materia, sino una adecuación de tal regulación a las especificidades y la problemática de cada país. Lo que supondría definitivamente la tutela efectiva del derecho a la protección de datos personales, reconociéndolo constitucionalmente e integrándo- lo en el derecho a la intimidad personal y familiar.
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La protección de datos en España : análisis de actualidad

La protección de datos en España : análisis de actualidad

El tratamiento de la información personal de niños y adolescentes constituye uno de los retos al que se enfrenta nuestra sociedad, y en re- lación con él, no basta con aprobar un marco regulador. Se requiere en cambio una actuación decidida de los poderes públicos articulada de planes específicos de protección de los menores, lo que implica hacer lo posible por evitar que los datos personales de menores puedan ser utili- zados sin el consentimiento de sus padres o tutores. Pese a ello se constata que, con frecuencia, no se han desarrollado procedimientos que permi- tan conocer de manera efectiva la edad de los menores, especialmente, en productos o servicios accesibles en Internet. Advirtiendo de la necesidad de impulsar un acuerdo con los operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones y de la sociedad de la información de ámbito nacio- nal para la implantación de mecanismos efectivos de comprobación de la edad, la Agencia Española de Protección de Datos ha dedicado distintos esfuerzos a promover la conciencia social sobre este problema. En primer lugar, con motivo del Día de Internet elaboró y presentó la Guía sobre “derechos de niños y niñas y deberes de padres y madres”. Este documen- to incorpora recomendaciones básicas para concienciar sobre la impor- tancia de la protección de datos en el entorno de la familia y la escuela. La Guía obtuvo una muy buena acogida tanto entre su público objetivo como por los medios de comunicación, proporcionando un fuerte im- pulso a las políticas de concienciación de la Agencia.
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La protección de datos personales de las personas vulnerables

La protección de datos personales de las personas vulnerables

de datos, pues, por un lado, su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos ex- tiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucional- mente protegida por el artículo 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextrica- blemente unidos al respeto de la dignidad. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cua- lesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado. Por tanto, el ob- jeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección de la Constitución, sino los datos de carácter personal. También alcanza a aquellos datos personales públicos, y que sean accesibles al conocimiento de cualquiera. También hay que señalar que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pu- diendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico, social o de cualquier otra índole.
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La protección de datos en las Pymes

La protección de datos en las Pymes

Las PYMES, normalmente externalizan sus servicios con asesores externos, que, aunque sean abogados, fiscalistas o informáticos de la ma- yor cualificación y valía, pueden no conocer esta normativa o pueden no saber cómo aplicarla. De ahí la importancia de que esta materia se imponga cada vez más como una asignatura a impartir en las Facultades y en los cursos de postgrado. El Derecho de la Protección de Datos de Ca- rácter Personal será una materia que todos los abogados que se dediquen al ejercicio de la profesión se van a encontrar en su carrera. Tanto si se ejerce como fiscalista, penalista, laboralista, mercantilista, etc, cualquier abogado se encontrará en su trabajo manejando datos que deberá saber proteger o al menos deberá asesorar sobre la necesidad de su protección.
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Integración europea y protección de datos personales  Las garantías específicas del derecho a la protección de datos personales

Integración europea y protección de datos personales Las garantías específicas del derecho a la protección de datos personales

Según el art. I-51 (cuya redacción coincide con la del art. 286 TCE): “1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. La Ley o Ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes”. Y conforme el art. II-68 (que reproduce el art. 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea): “1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. 2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a obtener su rectificación.3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente”. Sobre esta cuestión, entre otros, vid. DONATI, F. “Art. 8. Protezione dei dati di carattere personale”, en BIFULCO R. / CARTABIA M. / CELOTTO, A. L´Europa dei Diritti. Commento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell´Unione Europea, Società Editrice il Mulino, Bologna, 2001, p. 87; BERNSDORFF, N. “Kapitel II, Freiheiten: Artikel 6 bis 19”, en MEYER, J. (coord.), Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003, p. 164; y KÜBLER, J. Die Säulen der Europäischen Union: einheitliche Grundrechte?, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2002, pp. 197-198 y 201.
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La protección de datos ante el Internet de las cosas

La protección de datos ante el Internet de las cosas

- Respecto a la protección de datos, en primer lugar creo necesario que toda la sociedad adquiera conciencia de la importancia que tiene que sus datos estén protegidos y las consecuencias que puede entrañar que no lo estén. Debemos saber los derechos que tenemos sobre la protección de datos, las responsabilidades y donde acudir en caso de que no se cumplan. Creo que por ahora defender la privacidad de nuestros datos es algo a lo que no damos la suficiente importancia o prioridad, asumiendo ciertos comportamientos (Como la cesión de datos que no tienen que ver con el fin) y esto puede hacer que no estemos preparados para la llegada del IoT donde precisamente la protección de datos es una de las grandes amenazas. Por otro lado, después de analizar el marco legal vigente y futuro, creo que aunque se esté haciendo un buen trabajo al respecto, es necesario que las empresas se preocupen y no sólo hagan actos de buena fe. Es necesaria la inversión en seguridad hardware y software y un uso de los datos ético. La sociedad debe entender que la seguridad y la privacidad de los usuarios debe estar por encima del beneficio económico y, respecto a cuerpos de seguridad del estado, no traspasar la línea entre la seguridad y el control.
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La protección de datos en las Relaciones Laborales

La protección de datos en las Relaciones Laborales

Así lo demuestra el Procedimiento Sancionador 00239/2007 de la Agencia de Protección de Datos por el cual D. M. M presenta denuncia contra MANAGMENT HOTERLO PIÑERO, S.L. En el citado proceso dicha empresa cedió el currículo a BAHIA PRINCIPE CLUB RESORTS. El Director de la Agencia de Protección de Datos, acabó resolviendo “En el presente procedimiento, se imputa a Management Hotelero Piñero S. L, infracción del deber del secreto contenido en el artículo 10 de la LOPD: “Dado el contenido del precepto, ha de entenderse que el mismo tiene como finalidad evitar que por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en ficheros se realicen filtraciones de los datos no consentidos por los titulares de los mismos. “El deber del secreto es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática a que se refiere la STC 292/2000, y por tanto los datos tratados automatizadamente como el teléfono de contacto, no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad, pues en eso consiste precisamente el secreto”. “El deber de confidencialidad, obliga no solo al responsable del fichero sino a todo aquel que intervenga en cualquier fase del tratamiento”.
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