PDF superior Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Asimismo, el alumno accede desde una perspectiva global a los problemas principales que plantea el Derecho administrativo económico: así, debe dominar los elementos jurídicos de la contratación pública, tanto en su contenido teórico como en su aplicación práctica.

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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Permite al alumno alcanzar una comprensión global y práctica del Derecho de la competencia y la contratación administrativa que, pese a su tratamiento sumario en el grado, tienen importancia clave en la vida económica de cualquier empresa, como por ejemplo concentraciones empresariales y régimen de la competencia desleal.

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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Permite al alumno alcanzar una comprensión global y práctica del Derecho de la competencia y la contratación administrativa que, pese a su tratamiento sumario en el grado, tienen importancia clave en la vida económica de cualquier empresa, como por ejemplo concentraciones empresariales y régimen de la competencia desleal.

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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

1. Elaboración de dos trabajos colectivo monográficos, sobre derecho de la competencia y contratación administrativa, en los que se valorará la integración de los resultados de la partes asignadas a cada miembro del grupo, el conocimiento por parte de los alumnos de la regulación jurídica básica de los diferentes tipos de contratos, valorándose la capacidad para interpretar los principales documentos básicos que se acompañan, así como la elección de la solución contractual más adecuada de las planteadas en el supuesto en que el profesor les presenta: 90%
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La descentralización administrativa de la aplicación del Derecho de la competencia en España : La reforma del sistema español de defensa de la competencia

La descentralización administrativa de la aplicación del Derecho de la competencia en España : La reforma del sistema español de defensa de la competencia

estructura centralizada-descentralizada de la defensa de la competencia (…) (l)a vigente Ley alemana contra restricciones de la competencia (GWB), versión del 26 de agosto de 1998, despacha la cuestión apuntada en tan solo dos preceptos, los §§ 48 y 49. El primero de ellos, en su apartado II, establece la división de competencias, por razón del ámbito territorial de la infracción, entre el órgano federal (Bundeskartellamt) y la autoridad suprema de cada territorio competente conforme al Derecho territorial (Landesrecht), atribuyendo la competencia residual al órgano federal (Bundeskartellamt). Por su parte el § 49, que consta de dos apartados, regula la coordinación entre los dos niveles señalados. Cada autoridad, federal o territorial, se halla recíprocamente obligada a comunicar a la otra la apertura de diligencias de instrucción o de un procedimiento. Si la competencia corresponde al órgano de distinto nivel, el que ha iniciado las actuaciones deberá remitir las mismas al órgano competente. Es cuanto en la materia señala la GWB” 39 .
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Derecho de la competencia y del consumo : competencia desleal; abuso de la posición de dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor

Derecho de la competencia y del consumo : competencia desleal; abuso de la posición de dominio; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor

Acción de grupo o popular de libre competencia (perjuicio in generi). Si el anterior argumento no fuera suficiente y se encontrara una razón que desvirtúe que a través de un proceso ordinario se pueda reclamar una indemnización, quedaría otra vía, más expresa, que dejaría en claro que nuestro legislador considera que las conductas restrictivas generan daños que pueden ser exigidos por los particulares, como son las acciones de grupo, de origen constitucional, sin esperar decisiones administrativas. Dentro de la regulación de estas acciones se califica la libre competencia como un derecho colectivo. Según la Ley 472 de 1998, en la sentencia sobre acciones de grupo el juez debe condenar en perjuicios al culpable sobre el daño causado al Derecho colectivo y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas a su estado anterior. Dos puntos para observar: la necesidad de informar la demanda a los miembros de la comunidad, habida cuenta de los eventuales beneficiarios; es decir, la posibilidad de que terceros afectados partici- pen en estas acciones; y la condena de perjuicios in generi que es ordenada en la ley. Es preciso recordar que de esta acción conoce la jurisdicción civil. La acción de grupo será indemnizatoria y la acción popular será preventiva y de eliminación del hecho.
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La Libertad de Empresa y el Derecho de la Competencia en el marco de la Contratación Pública del Ecuador

La Libertad de Empresa y el Derecho de la Competencia en el marco de la Contratación Pública del Ecuador

En el apartado 1.5. de este capítulo incluiré mis comentarios y reflexiones respecto a lo analizado hasta el momento, luego de que para el efecto efectúe un análisis adicional de derecho comparado desde la normativa española; de todos modos me adelanto a señalar que un viejo adagio económico proclama que “la iniciativa individual debería ser el viento que impulse la nave del Estado, aunque para no quedar a la deriva, el Gobierno debería sujetar el timón”; pero para que ese consejo tenga utilidad práctica se requiere que exista una brújula que señale la ruta al puerto de destino al que debemos ir y que nos evite flotar a la deriva; lo cual necesariamente conlleva no ubicarnos en situaciones de una “ideología extrema” que por más respetable que sea, nos impida pensar desde la lógica del sentido común 99 , desde la necesidad de un desarrollo no excluyente de ningún sector –ni económico ni político, sin venganzas ni sesgos que se conviertan en alienantes distorsionadores de una relación social armónica, sin perder de vista que cualquier medida de política económica –incluso bajo el paraguas de la economía centralmente planificada- que está vigente en la actualidad, tendrá validez, siempre que conlleve la creación de fuentes de empleo que reduzcan el aquellas actividades no cubiertas por la empresa privada, sino a promover una gestión eficiente de su actividad empresarial, evitando que esta sea utilizada para fines populistas, y por tanto, que distorsionen el correcto funcionamiento de los mercados, que generarían un desarraigo al Estado empresario de su origen servicialista, renovando el significado de las empresas públicas como categoría de organización administrativa, mediante una serie de garantías, tanto individuales como colectivas, que buscan resguardar y promover una gestión eficiente de las empresas públicas, ponderando de este modo los intereses concurrentes y sentando las bases para una participación igualitaria de todos los agentes, incluido el Estado, en el mercado; que conllevarían a lejos de consagrar un principio de subsidiariedad, recoger un principio de compatibilidad entre la iniciativa pública y privada en materia empresarial y de libre competencia entre ambas en el mercado. Lo cual, como se ha dicho denota la disparidad de criterios que al respecto de la intervención del Estado empresario existe en el debate doctrinario.
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La contratación administrativa: normas y principios

La contratación administrativa: normas y principios

instituto de la licitación pública en el sistema de derecho positivo argentino: sus principios rectores», cit., p. 116, nota 40. Por nuestra parte nos hemos adherido al criterio de la operati- vidad sostenido en el fallo Finmeccánica, glosado en nota anterior; señalando ahora que, aun en la postura más estricta, después de la sanción de la Ley 25188, de Ética Pública, promul- gada posteriormente, no podría decirse que la norma es programática. En tal sentido, el art. 2.º, inc. h), de la Ley 25188 exige a los funcionarios, en las contrataciones públicas en las que in- tervengan, la observancia de los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.
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Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

 Se solicitó información a las entidades encargadas de ejercer los diferentes controles a los funcionarios públicos de la zona norte del departamento de Antioquia, siendo ellas: La Fiscalía General de la Nación, quien ejerce el control penal: las Procuradurías Provinciales, quienes por competencia les corresponde ejercer el control disciplinario; y, la Contraloría General de Antioquia, quien ejerce el control fiscal. Tal ejercicio, con el fin de conocer si se habían llevado a cabo investigaciones en contra de los funcionarios de esta zona, por situaciones relacionadas con la contratación estatal, hallando que durante los últimos cinco años, en el periodo Junio de 2006 a Mayo de 2011, estas entidades sí llevaron a cabo investigaciones en contra de funcionarios públicos de la zona norte del departamento, por permitir que se presentaran falencias en los procesos contractuales. El resultado presentando es el siguiente:
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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Laura Reyes Yunis recibió su formación académica en el Colegio Ma- yor de Nuestra Señora del Rosario; allí, además de ser elegida colegial por sus méritos académicos cumplió funciones como secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia. Ha realizado estudios de posgrado en derecho administrativo y en derecho administrativo económico en su alma mater y en la Universidad de Salamanca.

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El ciudadano colaborador en la contratación administrativa argentina

El ciudadano colaborador en la contratación administrativa argentina

57 Agregó que tampoco se hace cargo de la jurisprudencia de la Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés o afectación directa; es decir, que la legitimación activa es amplia, de conformidad con el principio de máxima divulgación que rige la materia (ver Fallos: 335:2393 y sus citas, y el precedente C.830.XLVI "CIPPEC c/ E.N. - Min. de Desarrollo Social - dto. 1172/2003 s/ amparo ley 16.986", del 26 de marzo de 2014). A lo expuesto cabe agregar que el apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignarían carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla en los términos del artículo 16 del decreto 1172/2003.
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Autonomía política y autonomía universitaria

Autonomía política y autonomía universitaria

La combinación de todos estos factores (competencia administrativa, servi- cio público y derecho fundamental) es bastante compleja y su montaje no ha resultado fácil, debido en gran par[r]

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Derecho y contratación deportiva

Derecho y contratación deportiva

También son descritas las consecuencias por el doctrinante Miguel Cardenal veamos: “ conviene replantear cuál era el verdadero perjuicio que los trabajadores sufrían por el derecho de retención, ya que ni los contratos eran obligatorios ni el traspaso supone tratar al trabajador como un objeto: pues bien, lo que ocurría es que al deber renovar su contrato con el Club, carecía de fuerza negocial ante el que era su único empresario posible, es decir, se producía una restricción absoluta de la competencia, sólo levemente mitigada porque los Reglamentos Federativos imponían un leve incremento de la ficha en cada renovación del primer vinculo; de hecho, el derecho de retención se sigue admitiendo en la actualidad cuando las Federaciones lo estiman oportuno, en el ejercicio de las funciones públicas que tienen atribuidas, en el ámbito del deporte no profesional” 5
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La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

modificaciones legales han sido constantes en la ampliación del ámbito de aplicación de las Leyes que rigen la contratación pública. El objetivo del legislador es someter la disciplina de la legislación de contratos a cada vez más entidades que, de alguna manera, se encuentran dentro de la órbita del sector público. Ante la huída del Derecho Administrativo que se ha venido produciendo en los últimos años, según expresión acuñada por García de Enterría y acrisolada en la doctrina, no procede sino, en línea con la nor- mativa comunitaria, que se va reflejando, de manera debida, en la legisla- ción española, siempre dentro del marco legal, controlar, al menos en las fases iniciales del iter procedimental de los contratos la forma en que los gestores públicos invierten recursos de dicha naturaleza en un campo tan sensible como el de la contratación. Esta tendencia va a ser iniciada ya por el Tribunal de Cuentas en sus próximos informes, sobre la contratación ce- lebrada por todas las entidades públicas. A continuación se van a poner de manifiesto algunas sugerencias sobre como pueda procederse a una fiscaliza- ción más eficaz de la contratación pública.
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La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

La agencia nacional de contratación: Unificación administrativa de la contratación pública colombiana

Inicialmente, la nueva Agencia tiene la función de proponer al Gobierno Nacional e implementar planes, políticas y normas en materia de contratación, así como criterios de racionalización normativa. Esto era necesario pues la administración carecía de un organismo especializado en esta esencial actividad del Estado, lo que redundaba en una improvisada normatividad contractual caracterizada por su inestabilidad y dispersión, lo que generaba varios problemas a los operadores de estas normas en cada entidad y a los oferentes. Este nuevo criterio de racionalidad normativa debe apuntar en el mediano y largo plazo a promover un derecho contractual más organizado, eficiente, claro y estable, pues aunque con el nuevo decreto 734 de 2012 el Gobierno Nacional buscó recoger todas la serie de decretos y corregir sus deficiencias más ostensibles, aún es una normatividad que corresponde al periodo anterior a la entrada en funcionamiento de la nueva Agencia, la cual, a partir de la nueva etapa que representa podrá implementar las reformas y mejoras sustanciales con vocación de permanencia en la normatividad pública contractual nacional.
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Corrupción administrativa en la contratación pública

Corrupción administrativa en la contratación pública

Este delito, denominado aprovechamiento de funciones para facilitar la participación, busca tutelar el principio de transparencia en la función pública, como también el de imparcialidad en la celebración de contratos, otorgamiento de licitaciones, ejecución de cláusulas, etc. Se hace para poner límite y penalizar, si se produce, la participación indebida de funcionarios en este tipo de contrataciones, en las cuales les está prohibido participar en razón de sus cargos y funciones. Además, para proteger el derecho a la igualdad que tienen los otros oferentes y personas naturales o jurídicas a conocer la información de determinada licitación o convocatoria u otro asunto de su interés.
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Vista de El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

Vista de El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

El colectivo moralidad administrativa y los principios en él conte- nidos, tienen una categoría propia en el derecho administrativo, y es la de concepto jurídico indeterminado, elemento que reconoce la imposibilidad de dar normas casuísticas a las autoridades admi- nistrativas, ya que ellas serían lesivas de los intereses que en cada caso debe consultar la administración, y dificultarían aún más su labor ejecutiva y el logro de los fines estatales propuestos; al tiem- po, los conceptos jurídicos indeterminados, aun cuando amplios en el contenido de situaciones que comprenden, no implican por ello escape al control del judicial, para el caso el juez popular obra no como sancionador, sino como garante del derecho colectivo a la moralidad y bajo esa línea ejerce una labor de concreción y con- sulta de su núcleo, en pro del sometimiento de las decisiones admi- nistrativas a los postulados constitucionales.
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El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

subject acción popular, contratos estatales, moralidad administrativa, principios del derecho administrativo. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol.[r]

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EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

contratación pública, además de para la adquisición de los servicios, suministros y obras necesarios, para colaborar en alcanzar unos objetivos predefinidos realizando una intervención en la vida económica y social. La contratación pública es, en este aspecto, la herramienta más potente de que disponen las administraciones públicas, dado su potencial como instrumento para orientar el mercado (hacia comportamientos socialmente responsables, por ejemplo) o para fomentar el desarrollo de productos o servicios innovadores, con el consiguiente efecto sobre la actividad económica. Es necesario que se la tenga en cuenta, como instrumento estratégico, en todos los proyectos políticos que se lleven a cabo por parte del Sector Público. Mediante la contratación se pueden conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación e innovación, siempre que se diseñen adecuadamente los modos de conseguirlos.
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Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

 Modificación al Estatuto General de Contratación para la Administración Pública, con lo cual se construya las bases de una política pública coherente en la materia, en la aspiración de hacer del principal instrumento de ejecución presupuestal, un hito de eficiencia en la administración del recurso público y un terreno adverso al accionar de la corrupción

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