PDF superior Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes

Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes

Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes

• La LTDA (art. 97-115 de la versión de 2001, 97-114 de las versiones de 2005 y 2010) establece un impuesto a la tierra, tal como lo prescribe la Cons- titución de 1999 en su artículo 307 (“El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vo- cación agrícola”). Encarga su cobro al Servicio Nacional Integrado de Admi- nistración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Se trata de uno de los objetivos más importantes de la Ley, que había sido aludido en el texto de 1960 (art. 20) sin precisión de su implementación. Es una medida esencial para incitar a la productividad de las tierras y evitar la especulación, recomendada, por ejemplo, por el Banco Mundial (Deininger, 2003). Pero hacen falta los elementos mate- riales indispensables para su cobro: un catastro al día, un registro confiable de las propiedades. La dirección del SENIAT pareció reconocer temprano que su cobro iba ser particularmente problemático (ver en particular la declaración de su Director reproducida en “El Nacional” del 28/3/2005). No enfoca más públicamente el tema desde varios años. Parecería más indicado confiar tal ta- rea a los Concejos Municipales, tal como es el caso en la mayoría de los países que aplican tal medida. Genera ingresos a nivel local, y el cobro es facilitado por el conocimiento que tiene la administración municipal de las características de las propiedades (Comby, 2007).
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Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes

Los derechos de propiedad sobre la tierra agrícola en Venezuela: problemática y planteamientos recientes

Ahora bien, se pueden observar varias incongruencias en estos datos censa- les: en primer lugar, subestiman considerablemente la importancia de las tierras públicas en general, y sobrevaloran la de la propiedad privada (Delahaye, 2006). En efecto, distintas fuentes apuntan a una superficie del patrimonio territorial del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN), ahora Instituto Nacional de Tierras (INTI), incluida entre 15 y 20 millones de hectáreas (Delahaye 2001); si se compara con la Superficie de las Explotaciones Agrícolas (SEA) de 30 millones de hectáreas determinada en este VI Censo Agrícola, se observa que más de la mitad de la superficie de las explotaciones agrícolas se encuentra en tierras del INTI, es decir del Estado, sin tomar en cuenta los baldíos no transferidos al Instituto. Consecuentemente, la cuantificación del derecho de propiedad privada que ofrece el Censo de 1997 (Delahaye, 2006) no es confiable, su proporción no puede ser en ningún caso mayor que 40%. Esta situación se debe tanto a la amplitud de la definición censal (que se refiere a la producción “a modo de propietario”), como probablemente también al carácter declarativo del censo; a la pregunta “¿de quién es la tierra que cultiva?”, el productor censado tiene una tendencia lógica en contestar que es suya. Por otra parte, la ocupación está también subestimada en 6,84%, cuando una importante proporción de las tierras públicas está ocupada (Delahaye, 2006). Se puede considerar que los datos del Censo no son confiables en cuanto a la cuantificación de los distintos derechos de propiedad existentes en el campo venezolano.
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Mercado de la tierra agrícola en un municipio andino (Ribas Dávila, estado Mérida, Venezuela) en el siglo XX

Mercado de la tierra agrícola en un municipio andino (Ribas Dávila, estado Mérida, Venezuela) en el siglo XX

El centro poblado de Bailadores remonta a la épo- ca precolombina. Aparece por primera vez en los textos en 1558 (Fundación Polar, 1988). Los derechos de pro- piedad privada sobre la tierra se constituyeron desde los inicios del perío do colo nial. Decena (1985) señala tres “mer cedes” otorga das en Bailadores (con una superfi cie de 1 120 ha) entre 1625 y 1633. La agri cultu ra se de- sarrolló en el sector superior del valle del rió Moco tíes, “donde amplias terrazas y abanicos fluvia les proporcio- nan extensas tierras pla nas” (Venturini, 1983). Desde la crisis de la a gro-exportación, un im por tante sec tor cam- pesino andino emigró (Hernández, 1983); sin embargo, el desarrollo de nuevos cultivos comerciales en el distrito Ribas Dávila (Cuadro 2) al cual pertenecía el munici- pio, y de actividades vinculadas al turismo, mantuvieron una población estable en el municipio, entre 15 000 y 16 000 habitantes desde 1937 hasta 2001. Mientras el café pasó a ser un cultivo residual en el municipio (130 ha en 1997), se observa el desarrollo de hortalizas a partir de 1960 (Cuadro 2). Bartra (1969) confirma estas obser- vaciones para los años 1960: caracteriza la agricultura del munici pio como un “policultivo” de “pequeños pro- pietarios”. Efectivamente, el censo agropecuario de 1961 (Ministerio de Fomento, 1961) ubica 99,9% de la SEA en “propiedad del productor o que este posee a modo de propietario”. En las dos últimas décadas del siglo, el de- sarrollo de cultivos comerciales aumentó su importancia (Llambi y Arias, 2007).
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Problemática jurídica de los derechos personalísimos

Problemática jurídica de los derechos personalísimos

El tema elegido en el presente trabajo es “ La problemática jurídica de los Derechos Personalísimos”, y en especial la problemática jurídica del derecho a réplica en protección de los intereses difusos. Plantear, investigar y analizar las diferentes posiciones doctrinales, y jurisprudenciales, acerca de si procede el presente instituto en protección de intereses colectivos, o si únicamente procede en protección de dere- chos subjetivos (el honor e intimidad de las personas). Tema que ha despertado gran interés en la doctrina nacional, suscitando debates, y generando posiciones doctrinales contrapuestas, e incluso un importante cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Acrecentando la problemática jurídica, la falta de legisla- ción del derecho de respuesta (como también suele llamárselo) a un nivel nacional. Ya que si bien el mismo, ha sido legislado a nivel internacional mediante el Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por la ley 23.054, nunca se dictó una ley reglamentando el derecho a réplica. Lo que crea confusión alrededor del mismo, de su marco de aplicación, y bien jurídico a tutelar. Observando la imperiosa necesidad de legislar este derecho y concluir con la presente laguna legislativa.
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Derechos+de+Propiedad+Intelectual.desbloqueado

Derechos+de+Propiedad+Intelectual.desbloqueado

instrumentos idóneos para hacer valer sus derechos, y en segundo lugar, tales mecanismos de observancia, o su aplicación, no deben suponer una traba al comercio ni pueden promover su abuso. Las normas sobre observancia en los ADPIC están previstas en la parte III del Acuerdo, que está dividido en cinco Secciones. La primera sección contiene garantías y principios procesales básicos según los cuales los países se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Se anota además allí que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos y no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. Sobre las decisiones de fondo prevé que se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
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El Uso y Tenencia de La Tierra en Venezuela

El Uso y Tenencia de La Tierra en Venezuela

En Venezuela más del 50% del territorio nacional esta cubierto por amplias sabanas y enormes bosques hasta cierto punto vírgenes. Sin embargo, la vegetación está afectada directamente por agentes modificadores como: el clima, el relieve, los suelos y el drenaje de los ríos. Por esta razón existe una diversidad tan rica y sorprendente de paisajes vegetales.

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Capitalismo y derechos de propiedad,

Capitalismo y derechos de propiedad,

modelo de propiedad que prevalece es el capitalis- ta, aunque debidamente debilitado o atenuado para que el ejercicio individual del derecho revierta en la colectividad, la cual actúa a un tiempo como límite de ese ejercicio y como destinataria de los benefi- cios derivados del mismo (vía pago de impuestos y redistribución estatal). Asimismo, ya no existe una polémica tan acentuada acerca de si el Estado puede ser propietario de los medios de producción e inter- venir en la vida económica y social, pues se acepta sin ambages la respuesta afirmativa a este dilema 2 .

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Los derechos de propiedad en el neoinstitucionalismo

Los derechos de propiedad en el neoinstitucionalismo

imperfecta; otros, entre costes de transacciones positivos y ausencia de tales costes, pero en definitiva se refieren básicamente a los dos supuestos de arriba, esto [r]

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Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra: un diagnóstico de las prácticas de los derechos de la propiedad en el interior de Nicaragua

Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra: un diagnóstico de las prácticas de los derechos de la propiedad en el interior de Nicaragua

Aunque Terrabuena pertenece a la vieja frontera agrícola (Marchetti y Maldidier, 1996), y fue colonizada durante las primeras décadas del siglo XIX, la lógica de mi- gración/colonización y las relacionadas ideologías y visiones campesinas del mundo son todavía una importante referencia en la vida diaria. Como hemos indicado, esto es, entre otras cosas, ejemplificado por su historia antigua y reciente de resistencia campesina a la intromisión del Estado. Aunque un proceso de descentralización, iniciado recientemente llevó a las autoridades estatales un poco más cerca de las sociedades locales, podemos todavía asumir que Terrabuena mantiene gran parte de su carácter de frontera agrícola como “una barrera institucional bastante lejos de
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La propiedad de la tierra como un “haz de derechos”. Una contribución desde la campaña bonaerense en un momento transicional (1800-1829)

La propiedad de la tierra como un “haz de derechos”. Una contribución desde la campaña bonaerense en un momento transicional (1800-1829)

En el segundo tramo pudimos alumbrar estos matices. Cada argumento de las partes mostraba la existencia de un universo posible. Las exposiciones tenían como finalidad el desalojo del terreno o la resistencia, que implicaba mantener al menos la posesión, si es que la posesión era algo menor en términos jurídicos a la propiedad. En cierto modo, las estrategias para consolidar los derechos apelaban a diferentes órdenes normativos. Vimos demanda de tiempo hasta la próxima cosecha, la población en tierras realengas, el pago de arrendamientos a un propietario anterior, la manifestación de antigua posesión o condición de pobreza o de hacendado, el uso de los fueros personales y de las corporaciones –como el militar y el eclesiástico–, las redes de poder y las relaciones que funcionaban para reconocer derechos a otros, la demostración de animadversión de los demandantes (“malicia” o “actitudes temerarias”) o criterios políticos como la revolución de 1810, las recopilaciones y los valores asociados a una “economía moral” basada en el “bien común” y la tensión que generaba entre “disfrute” y “utilidad”, en la que la petición al ideal de la reposición de lo “justo” era una constante. La puja por los autos es un rasgo a destacar, al encontrarse que en dos casos se haya intentado cambiar la causa de “desalojo” en “despojo”, lo que implicaba otro tratamiento procesal. Así, las partes construían una “cultura judicial” que se ponía en juego en el proceso, y que constituía una especie de “recetario” de acción promovido por la costumbre, los presupuestos económicos y morales, las leyes escritas del derecho local y real e, incluso, algunas ideas que podemos referir a la economía política.
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Propiedad y derechos subjetivos

Propiedad y derechos subjetivos

pp. 58 y ss.; M. K ASER , Eigentum und Besitz im alteren römischen Recht, Böhlau Verlag, Köln-Graz, 1956, p. 6 y ss.; M. K ASER , Roman Private Law, trad. por R. Dannenbring, Butterworths, Durban, 1965, p. 83. Buckland observa que la posesión es el tema más debatido entre los romanistas. Señala igualmente: “The definition of possessio (...) is a matter of great difficulty. No perfectly correct solution may be possible”. W. W. B UCKLAND , A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian, Cambridge University Press, Cambridge, 1965, pp. 196- 197. Pero para los fines de este trabajo basta con la siguiente observación de von Ihering: “El hecho y el derecho; tal es la antítesis a que se reduce la distinción entre posesión y propiedad. La posesión es el poder de hecho, y la propiedad el poder de derecho sobre la cosa”. R. v. I HERING , Tres estudios jurídicos: Del interés en los contratos, La posesión y La lucha por el derecho, Atalaya, Buenos Aires, 1947, p. 92. Para Alessandri et al. esto coincide con la “significación vulgar” que denota “la ocupación de una cosa, el tenerla en nuestro poder, sin que importe mayormente la existencia de titulo o derecho para ello”. A. A LESSANDRI et al., Tratado de los derechos reales, 5ª. ed. Jurídica, Santiago, 1993, p. 357. Segun Alessandri et al. el Código Civil chileno concuerda con la teoría subjetiva de Savigny del animus domini y, por tanto, distingue entre mera tenencia (o posesión en sentido vulgar) y posesión propiamente tal que involucra ánimo o intención de comportarse como propietario de la cosa. Cfr. Ibidem, p. 394.
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Productividad de la tierra agrícola en el sudoeste bonaerense

Productividad de la tierra agrícola en el sudoeste bonaerense

Sin embargo, como se aclaró antes, la falta de datos desagregados a nivel regional nos impide en este primer abordaje del tema estimar el indicador global. Calcular la productividad parcial de la tierra agrícola es igualmente relevante, dado que posibilita tener información para la toma de decisiones en un momento en el cual el sector está reclamando políticas diferenciadas. Un índice de productividad de la tierra agrícola muestra de manera simplificada la evolución del cambio tecnológico Por lo tanto se asume que la brecha entre el índice local y el nacional, mide la deficiencia en la productividad del factor (cada hectárea de tierra rinde un mayor valor de producción a nivel nacional).
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Conflictos por la regulación de la propiedad de la tierra en Paraguay

Conflictos por la regulación de la propiedad de la tierra en Paraguay

Según el informe “Tierra Agronegocios y DDHH en el contexto Cartes”, Cárdenas había señalado en agosto que la misma empresa admitió que compró la tierra con los campesinos adentro y realizó pagos humanitarios, aludiendo a la compra ilegal de derecheras. Esto es respaldado por un comunicado de la asesora jurídica del ente, María Teresa Peralta, donde puntualiza los hechos irregulares cometidos por la firma en los siguientes términos: “La Ley Nº 4682/12 sanciona expresamente la adquisición de las comúnmente denominadas ‘derecheras’, en contravención al Estatuto Agrario. Sin embargo, la propia empresa Bioenergy reconoce, a través de los medios de prensa, haber Hermosilla. De esta forma, las tierras fueron tituladas a nombre de José Dias Filho, quien luego vende la propiedad a la firma ARCADIA SA (de Ioannidis), que a su vez transfiere a la empresa SANTA BASILICA SRL (también ligada al griego), para finalmente transferirla Bioenergy Corporation SA. El gran detalle es que la firma del juez Hermosilla en la SD N° 182 es falsa, según declaró ante escribanía el mismo magistrado. De esta forma, los títulos de Bioenergy SA tienen un origen falso que ahora es reclamado por los Laterza. Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/laterza-cue-titulo-de-firma-bioenergy-tiene-origen-falso- 639178.html fecha: 25 de noviembre de 2013.
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POTENCIALIDADES DE USO AGRÍCOLA DEL FOSFOYESO EN VENEZUELA

POTENCIALIDADES DE USO AGRÍCOLA DEL FOSFOYESO EN VENEZUELA

 Suelos con alta probabilidad de respuesta al azufre.  Suelos con encostramiento actual o potencial. Tomando como base el mapa de limitaciones para uso agrícola de la tierra en Venezuela, hace una breve descripción de cada una de las situaciones anteriores, señalando posibilidades de uso del Fosfoyeso en 1,7 MM de ha, estimando requerimientos totales de 2,4 millones de TM para suplir las situaciones anteriores.

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Derechos de propiedad y mercado de la tierra en la Cataluña Vieja (s  XV XIX)  El caso de Artés (Bages)

Derechos de propiedad y mercado de la tierra en la Cataluña Vieja (s XV XIX) El caso de Artés (Bages)

En el año 1125 se tenía que pagar por els plàcits i els establiments . Plàcits eran los in- gresos derivados de impartir justicia (multas, confiscaciones, costes judiciales…). Los es- tabliments tenían que ver con la entrada a pagar por cada mas que se establecía de nuevo. En el año 1151 aparecen las forcies i toltes , relacionadas con actos forzados cuyo conte- nido no se conoce muy bien. En el año 1204 se habla de acaptes i emparaments . Los acap- tes eran cantidades fijas que se imponían de forma periódica para financiar alguna situa- ción especial. Los emparaments estaban relacionados con quedarse todas las propiedades abandonadas y las confiscadas. En el año 1171 se hablaba de llòçol (pago por utilizar el servicio de herrería) y en el año 1202 de estancaments i firmaments . Los estancaments eran los pagos derivados del uso del molino del señor y los firmaments , los pagos derivados de la firma que tenía que hacer el señor para aceptar una venta o una hipoteca de bienes. En otra relación el castlà menor declaraba que le correspondían los siguientes derechos: «questies, toltes, fòrcies, ademprivis, estancaments, establiments, plàcits, intèsties, eixòrquies, homicidis, hominium, firmes de redempcions, laxacionibus, arcines, censos, usatges, serveis, senyorius i dominicatures» . Y en una tercera los adicionales de «terços, ledis, cugucies, ei- xorquies, vendes i establiments» . Los terços eran la parte a percibir cuando se vendía un do- minio útil (después se llamará laudemio), la ledis era un recargo sobre las mercancías que
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Propiedad Intelectual en Venezuela: Institucionalidad y desempeño

Propiedad Intelectual en Venezuela: Institucionalidad y desempeño

Una referencia de la influencia de la corrupción para los derechos de propiedad, son las investiga- ciones realizadas por Dong y Torgler (2011) en el que se ofrecen evidencia teórica y empírica, utilizando 108 países en el periodo 1995-2006, para mostrar que los efectos de la democratización en el control de la corrupción dependen de la protección de los derechos de propiedad y la igualdad de los ingresos. Así mismo, es de resaltar que diversas investigaciones científicas han tratado de explicar cómo el derecho de propiedad colabora en la prosperidad de los países: Talbott and Roll (2001) encontraron que la solidez de los dere- chos de propiedad es uno de los principales factores para la promoción del crecimiento del PIB per cápita; Meinzen-Dick, R., 2009 y Meinzen-Dick, Kameri- Mbote y Markelova (2007) se centran en la importan- cia de los derechos de propiedad para la reducción de la pobreza; y Singh y Huang (2011) en una investi- gación de 37 países del África subsahariana durante 1992-2006 concluyen que no sólo los derechos de propiedad refuerzan el efecto de reducir las desigual- dades con la profundización financiera, pero que su ausencia podría ser en detrimento de los pobres.
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Centro Agrícola  Centro de capacitación agrícola para la sociedad y reconciliación con la tierra en Cocorná

Centro Agrícola Centro de capacitación agrícola para la sociedad y reconciliación con la tierra en Cocorná

74 CENTRO AGRÍCOLA CENTRO AGRÍCOLA 75 La integración de las partes involucradas en la etapa de posconflicto genera una nueva forma de integración donde la ar- quitectura es el medio propicio para co- nectarlas. Siendo la misma responsable de un factor de contribución al mejoramiento social de las comunidades más desfavore- cidas; mediante programas acordes a las necesidades de los entornos comunitarios enseñándonos así que la arquitectura no solo es para los grandes músculos econó- micos mostrando a los nuevos arquitectos formas y fondos con sentido social aportan- do al mejoramiento del país.
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Tenencia de la tierra y democratización de la propiedad en El Salvador

Tenencia de la tierra y democratización de la propiedad en El Salvador

En 1992, como consecuencia de la aplicación de los Acuerdos de Paz se amplió la redistribución de la tierra. 40,178 personas se beneficiaron con 148,083.4 hectáreas, de acuerdo con el PTT Tra- dicional, PTT FINATA y PTT ISTA, propiedades valoradas en US$993,594,204. El presente reporte es el resumen de cuatro documentos que integran el estudio denominado Estructura y dinámica de la tenencia de la tierra en El Salvador realizado entre fines de 2008 y mediados de 2009. Dicha investigación se basó en revisión bibliográfica y trabajo de campo, cubriendo los períodos: (a) 1970-1981, (b) 1982-1991 y (c) 1992-2008. Las entrevistas con los gru- pos focales de productores agremiados en la Asociación Nacional de Productores de El Salvador (ANPRES) permitieron tener un acercamiento a la realidad de su entorno vinculado con el tema de tierras y de este, a su vez, con urbanización, medio ambiente, seguridad alimentaria y otros temas. La evidencia empírica arroja resultados importantes para la elaboración de propuestas de políticas públicas relacionadas al mercado de tierras.
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TIERRA, REFORMA AGRARIA, USO Y PROPIEDAD

TIERRA, REFORMA AGRARIA, USO Y PROPIEDAD

Sin duda alguna, en la actualidad y teniendo en cuenta su contenido, el mejor ejemplo de afrontar con decisión la problemática de la tierra es el Plan de Jóvenes Agricultores de la CAPV elaborado por el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco en un proceso abier- to y participativo, aprobado en 2004, y en el que se contempla la creación de un Centro de Intermediación de Tierras. Aunque posea una terminología impropia, pues debería ser Centro u Organismos de Intervención de Tierras en el que la intermediación sea sólo una de las funciones de este centro, tendrá como función bási- ca de "...puesta a disposición de los agricultores demandantes de tierra, bien para su instalación, bien para la ampliación de sus actividades, del suelo necesa- rio para ello...", atribuyéndose como propias una plura- lidad de tareas derivadas de aquella función básica, tareas que serán asumidas gradualmente y que, supe- rando con mucho la mera intermediación, llegan inclu- so hasta la "..adquisición de terrenos, bien por compra o por alquiler, para su posterior redistribución a precios agrarios entre los agricultores/ganaderos que quieran acceder a este recurso básico para dimensionar las explotaciones".
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Propiedad de la tierra y pobreza agrorrural en Colombia: una combinación que pone en entredicho los Derechos Humanos de la población

Propiedad de la tierra y pobreza agrorrural en Colombia: una combinación que pone en entredicho los Derechos Humanos de la población

A este respecto, Santiago Perry (2010) afirma que estos factores estructurales, además de las dificultades para acceder a la tierra y a otros activos productivos (ganado, agua, tecnología, financiación), se centran en el precario desarrollo so- cioeconómico de las áreas rurales que impide la generación de ingresos suficien- tes, las carencias en infraestructuras viarias (especialmente grave en las zonas más periféricas) y de comercialización agroalimentaria, la escasa cobertura de los ser- vicios sociales y públicos, así como una debilidad institucional que conduce a la frágil coordinación entre las políticas sociales y las políticas agropecuarias, pues no son pocos los programas públicos que apenas llegan a los habitantes pobres del campo porque su objetivo primordial no es generar en los pobres rurales las capacidades productivas que les permita convertirse en pequeños empresarios rurales a medio plazo y gestionar sus propios procesos de desarrollo. Tampoco los diferentes organismos gubernamentales implicados en este asunto han sa- bido o podido apoyar los programas y procesos promovidos desde la sociedad civil para acompañar su desarrollo económico y acabar con la pobreza rural (Pe- rry, 2010, p. 11)
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