PDF superior Diapositivas derecho procesal constitucional

Diapositivas derecho procesal constitucional

Diapositivas derecho procesal constitucional

Derecho Procesal Constitucional Proceso de #cción Po+ular  Artículo 133.- Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad  política de los Ministros. La ley establecerá el procediiento judicial correspondiente.

99 Lee mas

Programa de Cuestiones actuales del Derecho Procesal Constitucional

Programa de Cuestiones actuales del Derecho Procesal Constitucional

constitucional y los procesos constitucionales. El primer eje temático, engloba especialmente el control de constitucionalidad y los interrogantes que giran en torno de ¿quien debe ejercer el control de constitucionalidad? Integran - por consiguiente - el eje temático como institutos vinculados el sistema de selección y remoción de jueces federales del país y la teoría de la interpretación constitucional. El segundo grupo conceptual está conformado por las llamadas garantías constitucionales: el amparo; el hábeas corpus y el hábeas data y por el recurso extraordinario federal con las variantes introducidas por la doctrina de la arbitrariedad de sentencia; la gravedad institucional, el certiorari y el per saltum; así como por el
Mostrar más

12 Lee mas

La creación pretoriana del derecho procesal constitucional en la acción de tutela

La creación pretoriana del derecho procesal constitucional en la acción de tutela

las declaraciones en dicho auto son de fondo, sino porque lo decretado en él constituyen verdaderos derechos y garantías constitucionales cuya titularidad la ostentan las partes, los cuales devienen de la protección y aplicación de los derechos protegidos por la acción de tutela. Desde luego, que dirán los procesalistas que en la teoría general del proceso, el auto admisorio constituye una garantía al derecho fundamental de contradicción y de defensa; sin embargo, no es menos cierto que la naturaleza del auto admisorio en la acción de tutela contiene en ese solo acto, no es una acto de mera comunicación para que se el demandado o denunciado, ejerza su derecho a contradecir, sino que el mismo es el juez quien ejerce la defensa del derecho fundamental, tomando las medidas necesarias para proteger de manera efectiva el derecho supuestamente violado. También podrá decirse que en acciones como la de nulidad en el caso de la jurisdicción contenciosa administraba, el auto admisorio contiene también algunas disposiciones de fondo para la solución del caso planteado; pero entonces debe recordarse que la naturaleza de la acción de nulidad, es de control de legalidad, por lo cual el juez debe actuar de esta manera; la acción de nulidad es el antecedente histórico de la acción de inconstitucionalidad. Otro aspecto a considerar, está dado por la celeridad del proceso, en realidad el trámite de la acción de tutela en virtud del principio por el cual debe ser resuelta en máximo 10 días, deben tomarse este tipo de medidas, que obedecen a la psicología jurídica de los jueces de la república, procesalistas en su mayoría; pero en la praxis constituyen una verdadera invención de dicho tramites. Así, por ejemplo en la acción de tutela, el juez puede decretar pruebas de cualquier naturaleza y de oficio en cualquier tiempo, siempre que éstas sirvan para determinar la violación del derecho fundamental; aspecto este de lejos muy distinta a lo ocurre con los procedimientos tradicionales. De esta manera, este tipo de medidas son una verdadera “concretización” de los derechos fundamentales.
Mostrar más

19 Lee mas

Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional - Francisco Guillen.pdf

Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional - Francisco Guillen.pdf

Por supuesto que al lado de ellos han destacado importantes juristas latino- americanos que aceptan la corriente científica del derecho procesal constitucional con diversos matices y contenidos, con importante obra escrita como Osvaldo Al- fredo Gozaíni (Argentina), Humberto Nogueira Alcalá (Chile) y Rubén Hernán- dez Valle (Costa Rica) . Asimismo, debe también destacarse los siguientes autores: Argentina: Víctor Bazán, Enrique A . Carelli, Juan Carlos Hitters, Fernando M . Machado, Pablo Luis Manili, Mario Masciottra, Adolfo Rivas, Sofía Sagüés y María Mercedes Serra . Bolivia: Jorge Asbun, René Baldivieso, José Decker y José Antonio Rivera Santivañez . Brasil: Marcelo Cantonni de Oliveira, Paulo Roberto de Gouveia Medina, Paulo Hamilton Siqueira Junior, José Alfredo de Oliveira Baracho, Marcus Orione Gonçalvez Correia, Gustavo Rabay Guerra, Roberto Rosas y Willis Santiago Guerra Filho . Chile: Andrés Bordalí Salamanca, Juan Colombo Camp- bell, Alfonso Perramont y Francisco Zúñiga . Colombia: Anita Giacomette Ferrer, Javier Henao Hidrón y Ernesto Rey Cantor . México: Gumesindo García Morelos, Raymundo Gil Rendón, Manlio F . Casarín y César Astudillo (México) . Nicaragua: Iván Escobar Fornos . Panamá: Boris Barrios, Rigoberto González Montenegro y Se- bastián Rodríguez Robles; y Perú: Samuel B . Abad, Edgar Carpio, Susana Castañe- da, Luis Castillo Córdova, Francisco J . Eguiguren, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Gerardo Eto Cruz, César Landa, José Palomino Manchego, Aníbal Quiroga León, Elvito A . Rodríguez Domínguez y Luis R . Sáenz Dávalos . Sólo por mencionar los que tienen obra escrita, enseñan la disciplina y que decididamente han contribuido significativamente a su consolidación . 360
Mostrar más

162 Lee mas

El derecho procesal constitucional como fenômeno histórico social y como ciência

El derecho procesal constitucional como fenômeno histórico social y como ciência

constitución hay reflexión político-jurídica de alcance constitucional, muy interesante por cierto, pero no hay ni puede haber todavía un intento de estudiar ordenada y metódicamente la nueva forma de articulación jurídica del Estado”. 37 En cambio, su estudio como fenómeno histórico social, como forma de poder y de organización del estado, se remonta a la Grecia antigua. Así puede advertirse de las obras de Aristóteles: Ética a Nicómaco, Política, y Constitución de Atenas; de Platón: sus Diálogos: República, Político, y Las leyes; y de Cicerón: Sobre la República, y Las leyes. Con estos autores se inicia el estudio de las instituciones políticas y se prolonga con muchos otras obras y pensadores clásicos a través del tiempo, como La ciudad de Dios, de San Agustín (413-426); Summa Theologica, de Santo Tomás de Aquino (1265-74); Defensor pacis, de Marsilio de Padua (1324); Breviloquium de potestate tyrannica, de Guillermo de Ockham (1346); El príncipe (1513) y Discursos sobre la primera década de Tito Livio (1512-17), de Nicolás Maquiavelo; Utopía, de Santo Tomás Moro (1516); Franco-Gallia, de François Hotman (1573); Los seis libros de la República, de Jean Bodin (1576); De Cive (1642) y Leviatán: la materia, forma y poder de un estado eclesiástico (1651), de Thomas Hobbes; El ejercicio de la magistratura y el reinado, de John Milton (1649); Ensayos sobre el gobierno civil, de John Locke (1660-1662); Ensayos sobre moral y política, de David Hume (1741-42); El espíritu de las leyes, de Charles-Louis de Montesquieu (1748); y El contrato social, de Jean-Jaques Rousseau (1762). Autores y obras universales, entre otras, que influyeron notablemente en el pensamiento político y especialmente en la filosofía política. Sin embargo, como lo expresa claramente Linares Quintana, “la ciencia del derecho constitucional reconoce un origen relativamente reciente, sea porque la idea de la consideración científica autónoma de las distintas partes del derecho data de hace poco tiempo, sea por la dificultad metodológica de aislar los problemas jurídicos del Estado de aquellos históricos, filosóficos, políticos y sociológicos.” 38
Mostrar más

26 Lee mas

Derecho Procesal Constitucional Boris Barrios Gonzalez

Derecho Procesal Constitucional Boris Barrios Gonzalez

que ello se haga a cuenta del interés en restaurar los valores fundamentales afectados por el Órgano Legislativo. Como los valores fundamentales pueden ser afectados también por actos emanados de órganos distintos del Legislativo, como, por ejemplo, el Ejecutivo, el objeto del control de la constitucionalidad debe extenderse a la preservación del orden fundamental frente a los actos emanados del Órgano Ejecutivo y del Órgano Judicial. Ello es así por cuanto el objeto del control de la constitucionalidad apunta, de manera general, al mantenimiento de los valores sociales de carácter fundamental que se consignan en las constituciones....Haciendo, por tanto, prescindencia de los ataques al orden constitucional representados por revoluciones, golpes de Estado y actos de fuerza en general, es obvio que la Constitución puede ser atacada por distintos frentes. De hecho, las constituciones se han visto atacadas tanto por actos del Legislativo y del Ejecutivo, como del propio Órgano Judicial. Ha sido por esta razón que en algunos países la defensa jurisdiccional se ha organizado de manera tal que no sólo resultan objeto del correspondiente recurso de inconstitucionalidad los actos del Legislativo, sino también los del Ejecutivo y del Judicial. En el centro de esta forma de organizar la defensa jurisdiccional de la constitucionalidad está el interés de proteger los valores sociales representados en el orden constitucional positivo. siendo indiferente el hecho de dónde partan los atentados contra dicho orden".
Mostrar más

308 Lee mas

De La Jurisdiccion Constitucional Al Derecho Procesal Constitucional - Domingo Garcia Belaunde2

De La Jurisdiccion Constitucional Al Derecho Procesal Constitucional - Domingo Garcia Belaunde2

El problema es saber si en estos órganos los encargados de decidir en materia constitucional, son magistrados o no lo son. Tratándo- se del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o de un tribunal constitucional europeo, es claro que existen magistrados. Pero sin lugar a dudas, hay órganos encargados de resolver estos problemas que han sido políticos (como es el caso del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales del Ecuador, desde 1945) o que na- ciendo como políticos, han dejado de serlo, pero no enteramente, o en todo caso, hay discusión en torno a ellos (como es el caso del Consejo Constitucional francés). A ú n más, existen realidades ta- les como la inglesa, en donde su máximo tribunal se encuentra ubicado dentro de la Cámara de los Lores, sin olvidar las numero- sas asambleas legislativas que tienen facultades jurisdiccionales. Por tanto, si llamamos a estos entes, órganos de control constitu- cional u órganos constitucionales, hacemos más justicia a la no- menclatura, toda vez que en realidad, se trata de órganos estatales, ubicados dentro de la estructura de un Estado determinado, que tienen a su cargo los problemas de la jurisdicción constitucional. Por tanto, el nombre más comprensivo, hasta ahora, puede ser ése. Sin embargo, es evidente que hay una tendencia cada vez más creciente a judicializar los temas de la jurisdicción constitucio- nal, y en consecuencia, a encargar tales tareas a jueces, sea cual sea el sistema de nombramiento (que también hay que analizar). En tal sentido, estamos yendo, a futuro, a la creación o consoli- dación de magistrados constitucionales, lo que aquí apuntamos, con esa salvedad.
Mostrar más

156 Lee mas

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL PROFUNDIZADO.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL PROFUNDIZADO.

• Que el alumno llegue a comprender e interpretar las normas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional cuando se presentan en conflicto ante la aplicación de un caso concreto. • Que el alumno aprenda a interrelacionar las normas del texto Constitucional. • Que el alumno conozca y aprenda a interpretar la doctrina Judicial de la Corte

13 Lee mas

2.3 Derecho Procesal Constitucional Recursos de amparo Trascendencia constitucional

2.3 Derecho Procesal Constitucional Recursos de amparo Trascendencia constitucional

Audiencia Nacional tras su dictado, y que el incidente de nulidad de actuaciones era una vía apta para hacerlos valer en el proceso judicial. STC 31/2019, FJ 3. Nos encontramos, pues, ante una de las situa- ciones, en referencia a las resoluciones judiciales que resuelven sobre el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, que este Tribu- nal ha considerado que adquiere dimensión constitucional en orden a una denuncia de una lesión diferenciada en amparo. Los supuestos en los que el recurso de amparo se dirige en exclusiva contra el auto o providencia resolutorios de dicho remedio procesal, en tanto que en ellos se habría cometido una vulneración autónoma con ocasión de la nulidad solicitada. En estos casos, este Tribunal decidió el recurso sin apreciar óbice procesal alguno por el hecho de que no se hubiera denunciado la vulneración autónoma a través del planteamiento de un nuevo incidente, por lo que no procede adoptar en esta ocasión otra decisión. En efecto, se debe recordar que nuestra jurisprudencia ha subrayado que a efectos del agotamiento de la vía judicial solo son exigibles los cauces procesales cuya viabilidad no ofrezca dudas inter- pretativas y que el art. 44.1 a) LOTC únicamente impone la utilización de los recursos o instrumentos de impugnación cuya procedencia se desprenda de modo claro, terminante e inequívoco del tenor de las previsiones legales, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad, máxime, cuando, además, el recu- rrente obra en la creencia de que hace lo correcto, absteniéndose de emplear recursos cuya procedencia podría ser razonablemente dudosa.
Mostrar más

84 Lee mas

Derecho Procesal Constitucional Gerardo Eto Cruz

Derecho Procesal Constitucional Gerardo Eto Cruz

41 El Consejo Editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional es presidido por Néstor Pedro Sagüés y sus integrantes son: Peter Häberle, Hans-Peter Schneider (Alemania); Roberto Berizonce, Germán Bidart Campos+, Osvaldo Alfredo Gozaíni, Juan Carlos Hitters, Augusto Morello, Rodolfo Vigo (Argentina); José Rivera Santibáñez (Bolivia); Carlos Barbosa Moreira, Paulo Benavides, José Alfonso da Silva, Ada Pellegrini Grinover (Brasil); Humberto Nogueira Alcalá, Raúl Tavolari Oliveros (Chile); Ernesto Rey Cantor (Colombia); Rubén Hernández Valle (Costa Rica); Hernán Salgado Pesantes (Ecuador); José Almagro Nosete, Perfecto Andrés Ibáñez, Manuel Aragón Reyes, José Luis Cascajo Castro, Faustino Cordón Moreno, Francisco Fernández Segado, Vicente Gimeno Sendra, Jesús González Pérez, Javier Jiménez Campo, Luis López Guerra, Juan Montero Aroca, Andrés de la Oliva, Javier Pérez Royo, Pablo Pérez Tremps, Francisco Rubio Llorente, Pedro de Vega (España); Louis Favoreau + (Francia); Mario Aguirre Godoy, Jorge Mario García Laguardia (Guatemala); Mauro Cappelletti +, Luigi Ferrajoli, Luca Mezzetti, Lucio Pegoraro, Giancarlo Rolla, Giuseppe de Vergottini, Gustavo Zagrebelsky (Italia); Elisur Arteaga Nava, Jorge Carpizo, Juventino Castro, José Ramón Cossío, Sergio García Ramírez, Cipriano Gómez Lara+, Manuel González Oropeza, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mario Melgar Adalid, José de Jesús Orozco Henríquez, José Ovalle Favela, José Luis Soberanes Fernández, Diego Valadés, Salvador Valencia Carmona, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (México); Iván Escobar Fornos (Nicaragua); Arturo Hoyos (Panamá); Carlos Blancas Bustamante, Francisco Eguiguren Praeli, César Landa Arroyo, Valentín Paniagua Corazao+, Marcial Rubio Correa (Perú); Krystian Complak (Polonia); Héctor Gross Espiell (Uruguay); Carlos Ayala Corao, Allan Brewer Carías (Venezuela).
Mostrar más

300 Lee mas

Desafíos del derecho procesal constitucional con relación al control de convencionalidad

Desafíos del derecho procesal constitucional con relación al control de convencionalidad

El derecho a ser oído constituye un principio cons- titucional-procesal, explícito o implícito, en los textos 7 Un ejemplo de ampliación del texto constitucional, para el caso argentino, es la prescripción del art. 115 de la ley suprema, que declara “irrecurrible” al fallo destitutorio de un juez, pronunciado por el Jurado de Enjuiciamiento previsto por el mismo precepto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras razones, entendió que tal irrecurribilidad no podía impedir el cuestionamiento de la sentencia de remoción del Jurado, ante el Poder Judicial, atento el recurso contemplado por el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica (caso “Brussa”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 326:4816). En otras palabras, ahora hay que entender como recurrible (judicialmente) lo que la constitución declara irrecurrible. A la inversa, un caso de reducción del texto constitucional puede encontrarse en las cláusulas constitucionales que (aunque con distintos alcances) permiten a los poderes públicos emitir amnistías o indultos. Según la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Dere- chos Humanos, tales competencias no pueden practicarse en materia de delitos de lesa humanidad, ya que violarían al derecho internacional de los derechos humanos (por ejemplo, ver los casos “Barrios Altos”, “Gelman”, “Ibsen Cárdenas”, “Almonacid Arellano” y “Radilla Pacheco”, entre otros; y para el caso argentino, ver Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Simón”, Jurisprudencia Argentina, 2005-IV-377, y Fallos, 328:2056; caso “Mazzeo”, Fallos, 330:3248). Las reglas constitucionales admisorias de los indultos y amnistías deben entonces leerse con las excepciones que mencionamos.
Mostrar más

7 Lee mas

Evolución del control constitucional en México. El Derecho Procesal Constitucional y el papel de la Suprema Corte como legislador positivo

Evolución del control constitucional en México. El Derecho Procesal Constitucional y el papel de la Suprema Corte como legislador positivo

la ampliación de la demanda de controversia constitucional cons- tituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualicen las hipótesis señaladas. Para determinar la opor- tunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la de- manda, con independencia del momento en que sucede o nace, en el hecho superveniente, si es trascendente el momento de su actualiza- ción, y es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presen- tación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción; tratándose de hechos nuevos, debe determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes debe definirse cuándo tuvieron lugar 13 .
Mostrar más

26 Lee mas

Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

proceso constitucional de amparo, teniendo como directriz que sea el propio Tribunal Constitucional peruano el que ejecute su propia sentencia, mediante este procedimiento se estaría recortando la dilatación en cuanto al cumplimiento de la ejecución de la sentencia, en el sentido que directamente sea él el que resuelva las aclaraciones y demás medios impugnatorios que en la práctica constituyen una nueva revisión de lo ya resuelto, y no tener el Colegiado Supremo el deber de remitir al juez de la demanda para que éste luego de un plazo que se puede ampliar por la carga procesal y otros incidentes pase nuevamente la sentencia al propio Tribunal Constitucional para que cumpla lo requerido por la parte ejecutada; ergo, con dicha modificación se estaría evitando la dilatación en cuanto a tiempo y dinero en desmedro del ejecutante que ve perjudicado la restitución de su derecho; y con ello, se está otorgando a los procesos constitucionales el propósito evidente que ellos cumplen; es decir, una verdadera tutela de urgencia.
Mostrar más

218 Lee mas

Factibilidad de la Figura de la Acción de Clases en el Derecho Procesal Constitucional Peruano, 2016

Factibilidad de la Figura de la Acción de Clases en el Derecho Procesal Constitucional Peruano, 2016

Respecto del plazo para interponer la demanda, en nuestro país conforme al Art. 44 del Código Procesal Constitucional, el plazo de para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación. Por su parte la acción de grupos colombiana menciona que, sin perjuicio de la acción individual, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo. Estamos entonces ante una disyuntiva, puesto que nuestro sistema tiene una consideración aparentemente gravosa en comparación con la colombiana. Prima facie, esto no quiere decir que la tutela en el amparo peruano sea defectuosa o limitante. Sin embargo, debemos tener presente la diferente jurisdicción de ambas figuras procesales: El amparo es una acción constitucional caracterizada por ser extraordinaria, de urgencia y residual; el agraviado acude al amparo habiendo ya agotado todo posible medio alternativo y buscando una tutela célere. Está bien podría ser la explicación del periodo reducido para la presentación de la demanda. Por otro lado, la jurisdicción de la acción de grupos es contencioso-administrativa y civil, que no tiene carácter de extraordinario y de urgencia, además que todos los afectados deben reunirse y organizarse como un grupo no menor de 20 individuos agraviados, así como elegir un representante y asesorarse por un abogado; está bien podría ser el motivo del plazo más amplio para la interposición de la demanda. 2. Imposibilidad para indemnizar a un grupo indeterminado de personas a
Mostrar más

213 Lee mas

Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. Arequipa 2014

Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. Arequipa 2014

como la versión europea, especialmente germana, de la denominada “doctrina del primado de la libertad” (preferred freedom doctrine) elabo- rada por la Corte Suprema fundamentalmente para frenar iniciativas públicas de interés social o colectivo en base a la intangibilidad o a la valoración preferente de los derechos de autonomía individual y de su proyección económica. También respecto al alcance herme- néutico de este principio resulta decisiva la perspectiva teórica de los derechos fundamentales desde que se le enfoca. La teoría positivista, estrechamente vinculada a los presupuestos ideológicos del Estado liberal de Derecho, ha propiciado una interpretación del principio in dubio pro libertate de marcado signo individualista y dirigida a la defensa del statu quo económico. Por el contrario, las teorías de los valores, institucional, así como la iusnaturalista crítica, acogen o reformulan este principio desde premisas contrapuestas, al contem- plarlo como una consecuencia de la fuerza expansiva del sistema de los derechos fundamentales, integrado por normas finalistas con vocación de irradiar todo el ordenamiento jurídico; a la vez que establecen una continuidad entre este principio y el de efectividad de los derechos fundamentales (Grundrechts effektivität), es decir, de la tendencia incita en el sistema de los derechos fundamentales de potenciar su eficacia en todos los ámbitos de la experiencia social y política. A partir de estas interpretaciones el principio in dubio pro libertate tiende a ampliarse en el postulado favor libertatis, o sea, no significa solo que en supuestos dudosos habrá que optar por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que implica concebir el proceso hermenéutico constitucionales como una labor tendente a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos fundamentales en su conjunto. Ello implica reemplazar la interpretación estática y defensiva de dicho principio, por su caracterización positiva y dinámica. Supone, al propio tiempo, contemplar el sistema de los derechos y libertades fundamentales como un todo unitario. Lo que obliga al intérprete a no considerar cada uno de los derechos fundamentales como un compartimento estanco dotado de una lógica propia y un sentido autosuficiente, sino como un elemento de un sistema unitario que expresa una estructura coherente y jerarquizada en función de los valores que lo informan. b. Principio de Progresividad.- En la medida que la existencia de los
Mostrar más

247 Lee mas

CUESTIONARIO PROCESAL CONSTITUCIONAL

CUESTIONARIO PROCESAL CONSTITUCIONAL

 La petición de derechos de 1628 mencionan el Habeas Corpus y viene a garantizar este derecho. 54. QUE ES EXHIBICIÓN PERSONAL  La real academia española la define como el derecho de todo ciudadano detenido o preso a comparecer inmediatamente y públicamente ante un juez y tribunal para que oyéndolo resuelva si su arresto fue o no legal, si debe alzarse o mantenerse.

7 Lee mas

El Derecho Procesal Constitucional de Amparo-samuel Abad Yupanqui

El Derecho Procesal Constitucional de Amparo-samuel Abad Yupanqui

Posteriormente, la Ley 27600 de diciembre de 2001, optó por una alternativa y dispuso la reforma total de la Constitución siguiendo el procedimiento establecido en la Carta de 1993. El texto sería sometido a referéndum y, de aprobarse, derogaría al anterior. En julio de 2002, la Comisión de Constitución presentó al Pleno del Congreso, para el debate respectivo, el proyecto elaborado. El proyecto de reforma constitucional aprobado en el Congreso de la República introdujo algunas novedades respecto al proceso de amparo, aunque debido a la actual coyuntura política no resulta viable llevar a cabo un referéndum, pues debido a los escasos niveles de aprobación del Gobierno y del Congreso este podría resultar desfavorable. De ahí que en los hechos tal alternativa haya sido desestimada. El proyecto (artículo 58) mantiene la misma redacción de la Carta de 1993, reiterando que no procede contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular ni contra normas legales. Además, agrega un párrafo según el cual en caso de conflicto, "el juez ampara obligatoriamente al que protege la vida, la integridad física y la seguridad de las personas o evite riesgos contra ellas, así como las disposiciones necesarias para la convivencia armónica de la vida en sociedad". Una norma de tal naturaleza no solo resulta innecesaria, sino que afecta la autonomía que corresponde a los jueces pues son ellos quienes deben decidir en función del caso concreto la mejor medida a adoptar si se presenta un conflicto de derechos.
Mostrar más

317 Lee mas

La Codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia - Revista Boliviana de Derecho 2012

La Codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia - Revista Boliviana de Derecho 2012

del campo del derecho procesal, procesal, que se ocupa que se ocupa del estudio sistemático de las del estudio sistemático de las instituciones instituciones  y  y de de los los órganos órganos por por medio medio de de los los cuales cuales pueden pueden resolverse resolverse los los conictos conictos relativos relativos a a la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de la aplicación de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar la violación de los mismos. [...] Esta rama del derecho procesal general tiene reparar la violación de los mismos. [...] Esta rama del derecho procesal general tiene como contenido el análisis de las tres categorías que integran lo que se ha calicado como contenido el análisis de las tres categorías que integran lo que se ha calicado como ‘trilogía estructural del proceso’, es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. como ‘trilogía estructural del proceso’, es decir, la acción, la jurisdicción y el proceso. Pero estas tres categorías esenciales poseen aspectos peculiares en el derecho procesal Pero estas tres categorías esenciales poseen aspectos peculiares en el derecho procesal constitucional, y con este motivo, como un ensayo de sistematización de la materia de constitucional, y con este motivo, como un ensayo de sistematización de la materia de esta disciplina reciente, todavía en formación, adoptamos la terminología, ya acreditada, esta disciplina reciente, todavía en formación, adoptamos la terminología, ya acreditada, del notable procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien además ha sido uno de los del notable procesalista italiano Mauro Cappelletti, quien además ha sido uno de los  juristas que mayores aportaciones han hecho a este sector del der
Mostrar más

21 Lee mas

DIAPOSITIVAS derecho III.ppt.pps

DIAPOSITIVAS derecho III.ppt.pps

e) CARÁCTER LEGAL: El Poder Tributario se establece en normas legislativas de carácter constitucional; así tenemos que el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, otorga el Poder Tributario al Estado, para que éste por medio del Congreso de la República, pueda decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales.

116 Lee mas

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Dr. Mauro Chacón Corado

FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Dr. Mauro Chacón Corado

proceso constitucional; se ocupa de los engranajes instrumentales que hacen viables las garantías nacidas en los ordenamientos fundamentales. Estudia el trámite ritual desde la perspectiva del derecho constitucional, las cartas supre- mas modernas han constitucionalizado varias instituciones procedimentales dándoles sistematización .

31 Lee mas

Show all 10000 documents...